El Lote 64, un mundo de conflictos. Riesgo de afectaciones a los derechos indígenas Achuar y Wampis por las empresas GeoPark y Petroperú

Transcripción

1 El Lote 64, un mundo de conflictos Riesgo de afectaciones a los derechos indígenas Achuar y Wampis por las empresas GeoPark y Petroperú Febrero

2 El lote 64, un mundo de conflictos. Afectaciones a los derechos indígenas Achuar y Wampis por las empresas GeoPark y Petroperú Informe preparado con financiamiento de Rainforest Foundation Norway Autor del documento base: Alberto Chirif Tirado Complementación y edición: Frederica Barclay Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad Febrero Este informe puede ser reproducido parcial o totalmente citando la fuente. 2

3 Índice Resumen ejecutivo Presentación El petróleo en la Amazonía norte Mapa1: Lote 64 Los pueblos Achuar y Wampis. Historias paralelas hacia la autonomía y los territorios integrales Mapa 2: Territorio integral Achuar del Pastaza Mapa 3: Superposición del Lote 64 al territorio de la nación Wampis Lotización de la Amazonía, traspasos y tácticas divisionistas Talisman Energy GeoPark Petroperú Estado y empresas, una estrategia conjunta El pueblo Achuar y la Nación Wampis, una acción conjunta de resistencia Una mirada al estudio de impacto ambiental para el proyecto Situche Central El Estudio de Impacto Ambiental: la dimensión social El Campamento Base Sargento Puño en el Proyecto Situche Central El Estudio de Impacto Ambiental: la dimensión ambiental Conclusiones 3

4 ACRÓNIMOS ACODECOSPAT AIDESEP AIM ARCO ATI CORPI-SL DISAFILPA ECA EIA EIA-d FASAM FIAMK FENAP GTANW OIT FECONACOR FEDIQUEP OPIKAFPE ORACH OSHAM SENACE ZR Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca) Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Asociación Indígena del Morona Atlantic Richfield Perú Inc. Achuarti Iruntramu Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas, San Lorenzo Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Estándar de calidad ambiental Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Impacto Ambiental a nivel detallado Federación Achuar del Setuch y Anas del Morona Federación Indígena Achuar del Morona Katira, Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú Gobierno territorial Autónomo de la Nación Wampis Organización internacional del Trabajo Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes Federación Indígena Quechua del Pastaza Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador Organización Achuar Chayat Organización Shakai Achuar del Morona Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenible Zona Reservada 4

5 Resumen ejecutivo Este informe da cuenta de un largo historial de conflictos generados por el intento del Estado peruano de imponer un proyecto de extracción y transporte de petróleo en el Lote 64 que se superpone a los territorios tradicionales del pueblo Achuar del Pastaza y de la nación Wampis, sin que haya mediado un proceso de consulta previa. En ese marco analiza las tácticas divisionistas de las empresas que han tenido la concesión del Lote. Estas mismas son aplicadas hoy en día por las actuales concesionarias, GeoPark y Petroperú, en su afán de lograr brechas que les permitan exhibir la aceptación de su presencia de parte de algunos líderes locales. Estas tácticas promueven enfrentamientos entre comunidades, los que aún antes del inicio de las operaciones, han producido y siguen produciendo afectaciones sociales y culturales. El informe también documenta la resistencia continuada de los pueblos Achuar y Wampis, quienes basan su oposición en la demanda de respeto a sus derechos colectivos y en el conocimiento de las afectaciones experimentadas por los Achuar, Quechua, Kichwa, Urarinas y Kukama en los lotes vecinos 192 (ex 1AB) y 8. Por el Lote 64 han desfilado numerosas empresas desde A pesar del hallazgo en éste de algunos pozos con petróleo ligero, la sólida resistencia presentada por el pueblo Achuar del Pastaza ha resultado en el retiro sucesivo de estas empresas que han debido admitir que carecen de licencia social. En su afán por poner en producción el Lote el Estado peruano se ha prestado a desestimar derechos en lugar de garantizarlos. Para la explotación del Lote 64 el nuevo consorcio conformado por GeoPark y Petroperú ha elaborado un proyecto denominado Situche Central y presentado en julio del 2018 un estudio de impacto ambiental (EIA) al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenible, SENACE. En ese marco, el informe reseña el EIA destacando que si bien, por la envergadura del proyecto este debe responder a la categoría de detallado, resulta notoriamente impreciso en algunos temas técnico-ambientales, extremadamente pobre en identificar y calificar riesgos para el ambiente y las personas y, por lo tanto, débil en la formulación de medidas de mitigación. Así mismo, muestra que el EIA presentado para el proyecto Situche Central falsea la realidad socio-cultural para fundamentar su propuesta de intervención territorial para el desarrollo del proyecto petrolero y omite reconocer la situación de conflictividad social que impera en el área comprometida por el proyecto. Finalmente señala que el proyecto se asienta sobre un vicio legal, cual es no contar con las autorizaciones debidas para pretender emplear un recinto militar, el Campamento Sargento Puño, ubicado a orillas del Morona en territorio Wampis, como punto de acopio del crudo y lugar de embarque del mismo en barcazas que se pretende hagan un recorrido largo y riesgoso de 225 kilómetros hasta la estación de bombeo Nº 4 del Oleoducto NorPeruano que presenta serios problemas de mantenimiento y fatiga. El informe concluye que mal haría SENACE en aprobar un Estudio de Impacto Ambiental con este nivel de deficiencia. 5

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7 Presentación 1 El Lote 64 tiene ya un largo historial de conflictos generados por el intento del Estado peruano de imponer un proyecto de extracción y transporte de petróleo, que los pueblos Achuar y Wampis han rechazado consistentemente a lo largo de más de dos décadas. Este rechazo se basa en el derecho de los pueblos originarios de gozar de un medio ambiente sano y preservar, para las futuras generaciones, los territorios que heredaron de sus antepasados. También se basa en el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural que el Convenio Nº 169 de la OIT protege 2. El rechazo de los pueblos Achuar del Pastaza y Wampis a la operación del Lote 64 mantiene su vigencia hoy en día, cuando un nuevo consorcio, integrado por las empresas GeoPark y Petroperú, pretende iniciar operaciones en el corto plazo, con el denominado proyecto Situche Central que generará afectaciones a sus derechos. El presente informe pone de manifiesto las razones de este rechazo, las mismas que ellos han expresado a lo largo del tiempo mediante numerosos documentos presentados ante instancias estatales nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y reseña los impactos que la explotación de hidrocarburos ha generado en territorios de pueblos vecinos, con total impunidad, causando graves daños a la salud del ambiente y de las personas 3. Si bien puede alegarse que parte de ese daño fue causado cuando la industria de hidrocarburos en el Perú estaba escasamente regulada, está perfectamente documentado que las prácticas contaminantes han continuado bajo las nuevas regulaciones y que el número de sitios impactados no deja de crecer, sin que las empresas y el Estado hayan cumplido con su obligación de remediar. Tampoco las empresas han intentado compensar e indemnizar, si acaso esto fuese cabalmente posible, los impactos sociales y ambientales que 1 El texto se ha visto enriquecido con precisiones señaladas por el Gobierno Territorial de la Nación Wampis y por el Instituto Internacional Derecho y Sociedad, así como diversos mapas elaborados por Ermeto Tuesta Cerrón. 2 Tal como lo establece el Art. nº 7 del Convenio 169 de la OIT -americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_ pdf 3 Ver, por ejemplo, ERI, Racimos de Ungurahui & Amazon Watch. Un Legado de Daño. Occidental Petroleum en Territorio Indígena de la Amazonía Peruana En Campanario Baqué, Yaizha & Doyle, Cathal. El daño no se olvida. Impactos socioambientales en los pueblos indígenas de la Amazonía Norperuana afectados por las operaciones de la empresa Pluspetrol. Lima: Perú Equidad. 2017; PNUD Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB. Lineamientos estratégicos para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex Lote 1AB en Loreto, Perú. En 7

8 han causado. Algunas empresas, como la holandesa-argentina que aún opera el Lote 8, superpuesto al territorio Achuar del Corrientes, han concluido contratos (en el Lote 1AB) sin implementar un plan de abandono, como era su obligación. Pero no es solo la violación de sus derechos y la evidencia del daño lo que alimenta este rechazo. Desde su establecimiento y primera adjudicación a empresas petroleras, en 1995, el Lote 64 ha pasado por diversas manos, de empresas petroleras grandes y pequeñas que, protegidas por el Estado peruano, han hecho siempre gala de falta de escrúpulos en su actuación. Como reseña el presente informe, en el intento de imponer el lote se han dado situaciones de afectación, sociales y culturales, en los pueblos Achuar y Wampis. Resalta el hecho de que los programas comunitarios de esas empresas han intentado cooptar a líderes para ponerlos de su lado, y quebrar a las organizaciones, fomentando otros gremios a la medida de sus necesidades corporativas. De esta manera han pretendido, ante el Estado, aparentar que cuentan con licencia social. En el camino, estas tácticas han generado conflictos entre comunidades, algunos de los cuales han estado a punto de desembocar en enfrentamientos físicos. La gravedad de una de estas situaciones alcanzó responsabilidades penales cuando la empresa Talisman generó una situación de confrontación entre Achuar de diversas comunidades 4. Una vez que Talisman fue denunciada de tentativa de genocidio, la empresa optó por abandonar el proyecto, en Recientemente, una situación similar pudo tener graves consecuencias de no haber mediado la prudencia de los integrantes de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP 5. En episodios más recientes de maniobras de confrontación para debilitar la resistencia indígena frente a su proyecto, la empresa GeoPark ha ofrecido a algunas comunidades que gestionará la ampliación de sus territorios comunales. En efecto, GeoPark ha logrado que, en contra de toda costumbre, las autoridades regionales de Loreto reaccionen con celeridad al pedido de ampliaciones comunales. Se trata de titulaciones que van en desmedro de los territorios integrales Achuar y Wampis, pueblos que se resisten a la presencia de la empresa. Las ampliaciones están orientadas a lograr que los pozos con reservas probadas (2X y 3X) queden dentro de comunidades donde el consorcio GeoPark-Petroperú tiene influencia. 4 El año 2009, Talisman entregó armas a un grupo de comuneros Achuar aliados de la empresa que iba a encontrar a otro que se resistía a su proyecto petrolero (ver nota sobre la acusación penal en 5 Un comunero Achuar presente en un encuentro tenso en septiembre de 2018, cuando se dirigía a una diligencia para deslindar el territorio de la jurisdicción de la organización Asociación Indígena del Morona, base de FENAP, relata que junto a la partida de funcionarios de DISAFILPA contratados por GeoPark llegaron veinte Achuar armados. Conociendo las tácticas de las empresas que promueven los enfrentamientos para acusarlos luego de violentistas, los de FENAP habían acordado que: ninguno de nosotros iba a disparar primero; eran familias, primos, cuñados. 8

9 La falta de escrúpulos ha llegado al punto de que las compañías petroleras contraten empresas especializadas para procurar sustituir liderazgos, como se señala en este informe. Es muy grave que la empresa nacional Petroperú, uno de los miembros del consorcio, emplee fondos de su presupuesto corporativo para estas contrataciones 6. A lo largo de los más de 20 años el proyecto de explotación del Lote 64 ha producido daños sobre los que nadie se responsabiliza pero que han sido documentados por las organizaciones indígenas 7. De estos no da cuenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que GeoPark ha presentado a las autoridades peruanas, en julio del 2018, en un intento de evadir que se incluyan en un plan de manejo o en futuros planes de abandono del lote a su cargo 8. La piedra angular del proyecto de Situche Central es la conexión entre las instalaciones de producción y las de acopio y embarque, situadas a orillas del río Morona, entre las cuales se pretende tender un ducto de seis pulgadas, a lo largo de 44 km, paralelo a una carretera por construir que atravesará el territorio Achuar. El punto de llegada del ducto previsto es un recinto militar, el Campamento Sargento Puño, adscrito a las Sexta Región Militar, y está ubicado en el territorio Wampis. Una aclaración solicitada al Ministerio de Defensa respecto de la naturaleza de un acuerdo de cesión a GeoPark pone de manifiesto una grave irregularidad. La respuesta de este Ministerio, fechada el , señala que no consta en sus archivos información relacionada a convenios u otros documentos de cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y la empresa Geo Park para la instalación de sus oficinas en el puesto militar Sargento Puño, no obstante de que durante el año 2018 GeoPark ha tenido instaladas oficinas en el campamento 9. Otras solicitudes de este tipo dirigidas al Comando Conjunto y al Ministerio de Relaciones Exteriores (considerando que se trata de una zona de frontera y de que la empresa GeoPark tiene fuerte vínculos con Chile), no fueron respondidas 10. Más recientemente ha trascendido que GeoPark se encuentra tramitando un contrato de alquiler por el Campamento militar Sargento Puño, lo que como ha señalado FENAP, en una ampliatoria de observaciones al EIA del proyecto Situche Central en el Lote 64 es 6 Contrato Petroperú, Subgerencia de Relaciones Comunitarias Orden de Trabajos a Terceros Nº , Ver también Corresponde a SENACE evaluar y aprobar el EIA. 9 Oficio Nº 6005 / 1-5 b.02/sdaip/dinfe Cartas del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis al Comando Conjunto, y al Ministerio de Relaciones Exteriores,

10 inaceptable en la medida que los fondos (recursos financieros, bienes y efectos) de las Fuerzas Armadas deben ser destinados exclusivamente a sus fines institucionales, según la Constitución (art. 170), con el objeto de garantizar la independencia y seguridad nacional, y no a fines de empresas privadas, máxime si se trata de empresas extranjeras 11. Es también irregular y peligroso que el crudo que se almacenaría en tanques construidos en el campamento, pretenda ser trasladado desde allí en barcazas hasta la estación de bombeo Morona, del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, también conocida como Nº 4. Se trata de un recorrido largo y riesgoso, sujeto al encallamiento de naves y derrames 12. Como única medida de prevención en un río como el Morona, que se caracteriza por ser angosto, con muchas vueltas 13, la empresa señala que las barcazas solo viajarán de día. A lo largo de 225 km de recorrido por el curso sinuoso del río, las naves deberán atravesar al menos por veinte comunidades: Mayuriaga, San Juan de Morona, Santa Cruz, El Triunfo, Nueva Alegría, Kusuimi, Nuevo Arutam, Shinguito, Tres de Mayo, Sánchez Cerro, Nueva Creación Chapra, Tigre Yaku, Fortaleza, Bagazán, Caballito, Atunhuachi, Puerto Luz, Nazareth, Fernando Rosas y Unión Indígena. El riesgo de accidentes, ya sea a lo largo del recorrido o durante las faenas de embarque y desembarque, no es algo remoto. Aunque el EIA lo considera como un impacto de alta importancia durante la fase de operación, solo lo menciona dentro de los planes generales de contingencia. Accidentes en ambientes fluviales han ocurrido con frecuencia en el embarcadero de San José de Saramuro, en el río Marañón. Uno de los de mayor impacto ocurrió en el año 2000, con grave afectación a comunidades situadas a orillas de dicho río. Las consecuencias en este caso no serían insignificantes, pues afectarían directamente a las comunidades que dependen de la pesca en el río Morona y en las cochas conectadas con este. Afectarían no solo de las situadas a lo largo del recorrido de las barcazas sino de todas las que se encuentran aguas abajo. En razón de que muchas de las especies de consumo migran a lo largo de grandes distancias, la contaminación de peces afectaría inevitablemente un ámbito aún más grande. Se debe tener en cuenta que en las inmediaciones de la Estación N 4 o Morona del Oleoducto NorPeruano, ubicada en la comunidad Wampis de Mayuriaga, se han producido derrames en los últimos años. Estos son consecuencia de la antigüedad y falta de mantenimiento de las tuberías. 11 Ver: Observaciones presentadas por: Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) ante SENACE de fecha: 28/01/2019, ampliatorio de las Observaciones presentadas el 30/12/2018, con referencia al Expediente N H-EIAD , p Cabe señalar que hasta la presentación del proyecto Situche Central de GeoPark, se tenía previsto conectar los pozos al oleoducto NorPeruano a través de una ruta que no incluía el paso por el campamento Sargento Puño, ni su utilización como centro de acopio de crudo y embarque para su despacho fluvial. 13 Faura, Guillermo. Los ríos de la Amazonía Peruana. Lima. 1964: El Almirante Faura añade que el Morona tiene poco caudal, muchos malos pasos con palos incrustados y rocas, y que crece y decrece intempestivamente por ser un río de cabeceras. 10

11 En el Perú, las externalidades ambientales de los proyectos extractivos son siempre trasladadas a la población local, que debe lidiar con las consecuencias ambientales y sociales de dichos emprendimientos. Estas no se valoran y cuantifican en los proyectos y los daños se endosan sin más a los supuestos beneficiarios del desarrollo de la industria de hidrocarburos. A pesar de su extensión, el Estudio de Impacto Ambiental presentado por GeoPark para el proyecto Situche Central es notoriamente impreciso en algunos temas técnico-ambientales, y extremadamente pobre en identificar y calificar riesgos para el ambiente y las personas. Por lo tanto, es débil en la formulación de medidas de mitigación. Claramente el documento y sus anexos no cumplen los estándares de un EIA detallado, que es el nivel que le corresponde por la envergadura del proyecto. El tema sobre cómo el EIA identifica y califica los riesgos es abordado en el presente documento. El Estado peruano no ha prestado debida atención a las prácticas prepotentes de las empresas que, sucesivamente, han tenido a su cargo el Lote 64, y en ocasiones, ha colaborado en la manipulación de la población indígena, dándole información confusa acerca del modo en que operará el proyecto y sus potenciales consecuencias. El principal interés del Estado en el Lote 64 radica en sus reservas de crudo ligero. Ya que el lote 192, explotado a lo largo de más de 40 años, produce principalmente crudos pesados, se espera que el que se extraiga del Lote 64 haga más rentable las operaciones de aquel, que también ha sido asignado a Petroperú para que lo opere en sociedad. Cabe señalar que el contrato por el Lote 64 tiene vigencia hasta mayo del El presente documento pone en evidencia una estrategia conjunta entre el Estado y las empresas interesadas en el Lote 64, al punto de negar derechos y articular argucias legales para ello. Hoy en día siguen siendo válidas las palabras que el entonces presidente de ATI, Kashijint Reynaldo Saant Juur, dirigió a los accionistas de Talisman en Calgary la década pasada: Nuestro pueblo va a desaparecer, eso no le importa al Estado ni mucho menos a las empresas petroleras. No solo hacen daño al medio ambiente, sino también matan al pueblo y las autoridades nunca dicen nada. Nuestra visión es de defender el territorio integral por pueblos, respetando nuestro Plan de Vida, como el espíritu de la razón de ser y de existir en este planeta. Solo pedimos respeto y que el Estado Peruano nos ayude a defender nuestros derechos. Es claro que el Lote 64 es parte de una estrategia que permitirá que se operen otros lotes en el área hasta ahora no activos, como el 102, y que se articulen las operaciones del lado peruano con las de la nueva ronda de licitaciones de bloques planificada por Ecuador. Pero a qué costo? 11

12 Los pueblos Achuar y Wampis ya han manifestado su intención de no permitir que opere el Lote 64. Qué hará el Estado peruano? Hay que recordar que el Convenio 169 de la OIT, que el Perú ha ratificado y tiene rango constitucional, señala: No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Art. Nº 3 del Convenio. 12

13 El petróleo en la Amazonía norte No quiero el petróleo, no quiero la contaminación. Quiero que mis hijos crezcan como yo misma he podido crecer, comiendo perdiz, comiendo pescado sano, sin vivir preocupados de si vamos a morir por la contaminación como les ha pasado a los Achuar que viven en el río Corrientes. Mujer achuar de la cuenca del río Huasaga 15 El Lote 64, ubicado en la Provincia de Datem del Marañón, Loreto, en el que se ubica el proyecto de Situche Central, abarca cerca de un millón de hectáreas afectando directamente al territorio integral del pueblo Achuar del Pastaza y al territorio de la nación Wampis. El Lote 64 se extiende sobre el corazón del territorio Achuar superponiéndose a todas las partes altas de las subcuencas Huasaga, Manchari y Huitoyacu, las que vertebran el territorio integral del pueblo Achuar del Pastaza. Estas subcuencas están conformadas por numerosas quebradas, entsa, que atraviesan los microterritorios de las familias Achuar incluidos o no en títulos comunales. En su extremo más occidental el Lote 64 se superpone al territorio de la nación Wampis, incluyendo el curso bajo del río Situche. El proyecto actual afecta además directamente a un área del territorio Wampis fuera del Lote, a través de la construcción de un ducto al norte de la quebrada Rayayacu, la utilización del Campamento Militar Sargento Puño, y de la ruta prevista para el traslado fluvial del equipamiento para la construcción de los pozos, facilidades y ductos y el recorrido de las barcazas que llevarán el crudo hasta la estación de bombeo de Morona. Así mismo, la superposición del Lote 64 en las partes altas de las subcuencas de Huasaga, Manchari y Huitoyacu tiene implicancias para los Quechua del Pastaza y los Kandozi. El lote se superpone además a la cabecera del río Chapulli, cuenca donde se asienta el pueblo Chapra. Al pueblo Achuar los impactos de la actividad petrolera no le son desconocidos. Ni a ellos ni a los demás pueblos indígenas asentados en las principales cuencas de extracción de hidrocarburos de la Amazonía norte del Perú: Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Y esto se debe a que, desde el inicio de la década de 1970, el Estado peruano estableció lotes en esa parte del país y los ofertó a compañías petroleras para que realizaran trabajos de 15 Intervención realizada durante la Segunda Asamblea Ordinaria de Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú del año 2018 (Puerto Rubina, ). 13

14 exploración. Todo se hizo sin la más mínima coordinación con las personas que habitaban en esas cuencas, principalmente indígenas de los pueblos Achuar, Kichwa o Quechua, Urarina y Kukama y afirmando que nada negativo para el ambiente y las personas podía esperarse de tal emprendimiento 16. Cuarenta años después los daños están a la vista y vienen siendo constatados por diversas entidades públicas. El año 1971, la empresa pública Petroperú descubrió yacimientos de hidrocarburos en la cuenca del Corrientes y, casi simultáneamente, la compañía Occidental Petroleum Co., de los Estados Unidos de Norteamérica, encontró petróleo en un yacimiento en la cuenca alta del Pastaza. Las expectativas que generaron estos hallazgos fueron muy grandes y, basadas en ellas, el gobierno peruano decidió, en 1973, construir un oleoducto para llevar el crudo desde San José de Saramuro, en el Marañón, hasta el puerto de Bayóvar, en Piura. La obra fue culminada en Un año más tarde, se construyó el llamado Ramal Norte para unir Andoas con la estación 5 del oleoducto Norperuano. Las actividades de prospección de hidrocarburos en esas cuencas alcanzaron su punto más alto en 1974, cuando llegaron a operar en la zona 14 empresas, la mayoría de los Estados Unidos. Sin embargo, dado que no lograron el éxito de las primeras, se retiraron del área entre 1975 y Un relato recogido por María Antonieta Guzmán-Gallegos refiere la experiencia y percepción de los indígenas locales respecto del inicio de la actividad petrolera en la zona: Doña Teresa Chuje, quien entonces era pequeña, recuerda claramente la llegada de la compañía United a Vista Alegre. Al ver a los "gringazos" que se acercaban, ella y varios niños se fueron corriendo al monte, pues pensaban que eran los "pelacaras". Sin preguntar a la gente, nos cuenta ella, los trabajadores de la United hicieron un tremendo campamento. Una de las líneas sísmicas pasó muy cerca de tres casas y atravesó varias chacras, entre ellas, las de su abuelo Santiago Chuje 18. Refiriéndose a lo narrado por una pobladora de la comunidad de Marsella entonces también muy joven cuenta: estaba en su casa cuando de pronto escuchó un ruido ensordecedor producido por un helicóptero que sobrevolaba el patio de su casa. Desde el helicóptero, que no lograba aterrizar, lanzaron unas cuerdas por las que se descolgaron algunas personas. Al ver que eran unos hombres blancos y grandes, doña Georgina corrió aterrorizada a esconderse pues pensó que tal 16 Barclay, Frederica. Economía extractiva y seducción en la amazonía. Ensayo sobre la continuidad de los métodos empresariales en la amazonía peruana. En Articulando la Amazonía. Una mirada al mundo rural amazónico. Lima: AECID Santos Granero, Fernando & Barclay, Frederica. La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2002: Capítulo Guzmán-Gallegos, María Antonieta. Ñukanchi Ñawpa Timputa Yarisha Tandarishun. Department of Social Anthropology. University of Oslo. 2017: 14. Se refiere a operaciones de una contratista de Occidental en el río Tigre. 14

15 vez venían a matarlos. Los hombres cortaron un árbol de caimito [Pouteria caimito] que estaba en el patio y el helicóptero logró aterrizar. Sus tripulantes sacaron carpas, ollas, y muchas cosas más, y comenzaron a armar un campamento. En ese lugar, que ahora le llaman la banda, había tres o cuatro casas, una de ellas era la de don Nicolás Vargas, padre de doña Georgina 19. (pp ) Intentemos imaginar una escena similar en un barrio urbano de Lima o en un balneario de la costa donde existen más garantías de derechos: obreros y técnicos descendiendo de helicópteros y tomando posesión de las calles, las casas y las áreas verdes; declarando que, por necesidad nacional, esos lugares serán dedicados a la explotación de hidrocarburos, y procediendo a talar árboles de parques y jardines privados, mientras excavan pozas, ponen cargas de dinamita y las hacen explotar para determinar, a través de la lectura de los gráficos resultantes, si las condiciones del recurso aseguran el buen éxito de la actividad. Se trata solo de un ejercicio de imaginación porque en nadie osaría tal violación de derechos. En cambio, en la Amazonía rural e indígena ha sido una práctica habitual que solo se explica por el racismo y la calificación de los indígenas como ciudadanos de segundo orden. Una actitud similar solo se encuentra en la historia de los primeros conquistadores que arribaron a América, quienes al llegar a una localidad recitaban un discurso, declarando que tomaban posesión de esas tierras y la gente, en nombre de Dios y del Rey de España, y dejaban sentado que, a partir de ese momento, sus moradores eran súbditos de la Corona. La actitud del Estado peruano al tomar la determinación de permitir que las empresas nacionales y extranjeras simplemente invadieran los territorios indígenas no se puede justificar diciendo que en esa época no existía el Convenio N 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Perú en el año 1993 y ratificado un año más tarde. Debieron haber sido razones suficientes el reconocimiento de su condición de seres humanos y de su calidad de ciudadanos peruanos, para que se tuviera en consideración sus derechos como poseedores y dueños originarios de esos bosques. Nada de eso se hizo y, en cambio, se actuó con total desprecio de los derechos de los pobladores de morar en un ambiente tranquilo y sano. Por lo demás, como veremos más adelante, el Estado ha continuado actuando con la misma arbitrariedad después de la entrada en vigor del mencionado Convenio. La gravedad del atropello referido en los lotes 8 y 1AB (hoy 192) no se limitó a la invasión de territorios ajenos, sino al uso de prácticas de extracción del crudo que, desde hacía 30 años en ese entonces, estaban prohibidas en los Estados Unidos. Recordemos que una de esas empresas, la Occidental, era de ese país, es decir sabía que dichas prácticas estaban prohibidas, y el Estado peruano, como depositario del patrimonio natural y humano de la 19 Guzmán-Gallegos: op. cit:

16 Nación, debía saberlo. El estado de Luisiana, por ejemplo, tenía prohibido, desde 1942, el vertido de aguas de producción en cuerpos de agua dulce, porque ya se sabía de los efectos que estas causaban sobre el medio ambiente y la salud humana. Los estados de California y Texas también habían establecido medidas similares. Las aguas de formación, también llamadas de producción, brotan juntas con el petróleo, a una temperatura de 90ºC, son dos veces más saladas que las del mar y contienen hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio, arsénico y otros. Desde 1932 en Luisiana y 1939 en Texas estaba prohibido usar pozas de tierra no revestidas para almacenar desechos tóxicos y subproductos petroleros. Es decir, si la Occidental hubiera querido explotar hidrocarburos en esos estados habría sido obligada a reinyectar aguas de formación en el subsuelo y a revestir adecuadamente las pozas a fin de evitar la contaminación por filtración y desbordes. En el Perú no lo hizo y, lo que es peor, el Estado se lo permitió. Estas prácticas continuaron sin cambio, causando la contaminación del ambiente del que la población indígena depende para su alimentación, a pesar de que desde inicios de la década de 1980 el tema había sido levantado por diversos organismos del Estado 20. Varios estudios y análisis en esa misma década confirmaron las afectaciones causadas contra el medio ambiente y la salud de los pobladores. Sin embargo, el Ejecutivo se mantuvo cerrado frente a los reclamos de los pobladores, restándoles importancia a pesar de los enormes esfuerzos de las organizaciones indígenas y sus aliados de documentar los hechos. El Estado, las empresas y buena parte de la prensa vocean como verdades irrefutables los beneficios de la explotación petrolera un conjunto de fantasías o de abiertas mentiras- que nada tienen que ver con lo que sucede en la realidad. El solo dato de la contaminación de suelos y, sobre todo, de los cuerpos de agua, debería ser suficiente para desmentir esas falacias. Pero hay más. Los organismos de las personas, como lo han comprobado diversos análisis médicos, contienen metales pesados por encima de los límites tolerables establecidos por instituciones internacionales de salud y el propio Estado peruano 21. Por último, los indicadores de pobreza ubican a los distritos de la zona entre los peores del país y lo mismo sucede con los que dan cuenta de la situación educativa. En suma, se puede entonces señalar que para las comunidades indígenas amazónica la explotación petrolera ha originado el deterioro de su medio ambiente, con lo cual ha debilitado sus fuentes de alimentación, ha afectado su salud y no les ha aportado los beneficios que plantea el desarrollo: aumento de ingresos, mejores servicios de salud y educación, y mayor calidad de vida. En el año 2006 la continuidad de esas prácticas, que hacía insostenible e insoportable esta situación, llevó a las comunidades Achuar del río Corrientes reunidas en la Federación de Comunidades de la Cuenca del Corrientes adoptaran una medida de fuerza que consistió en 20 Ver, por ejemplo. ONERN. Inventario y evaluación de los recursos naturales de la microregión Pastaza - Tigre: departamento de Loreto (Reconocimiento) En 21 MINSA. Análisis de la Situación de Salud del Pueblo Achuar Lima: DGE

17 la captura pozos y campamentos de la cuenca, para obligar al Estado y a la empresa (en ese momento, la holandesa-argentina Pluspetrol) a atender sus reclamos y poner en marcha medidas efectivas que frenaran y remediasen los daños causados al ambiente y a la salud de la gente. Como resultado de esa acción de fuerza, la federación, el Estado y la empresa suscribieron un histórico acuerdo, conocido como Acta de Dorissa. En los más importantes acuerdos constaba la obligación de la reinyección de las aguas de formación al subsuelo, un costo que la empresa contratista y sus antecesoras (incluyendo la consorciada del Lote 64, Petroperú) había logrado evitar y que solo se había considerado tardíamente, como medida para evitar la corrosión de sus propias instalaciones 22. Si bien la empresa puso rápidamente en marcha un plan para reinyectar las aguas de formación en el subsuelo, sus resultados en el campo de la remediación de sitios contaminados han sido muy pobres, con el agravante de que las malas condiciones de las instalaciones y secundario, tuberías menores y tanques) han continuado generando contaminación pues cerca del 80% de los ductos secundarios no habían sido adecuados 23. La contaminación ha continuado también debido al calamitoso estado del oleoducto principal, causante de frecuentes derrames 24. Los pueblos indígenas Achuar, Quechua, Kichwa, Urarina y Kukama conocen lo que implica la explotación petrolera no porque se los haya contado gente que no quiere el progreso del país y tiene motivaciones subalternas, contrarias al interés nacional, sino porque han vivido la experiencia y sufren ahora las consecuencias de habitar en un medio ambiente deteriorado y de una salud resquebrajada. Conocen también que los ofrecimientos de desarrollo que debe traerles la exploración de hidrocarburos, no son más que discursos que intentan maquillar los verdaderos impactos que causa la actividad sin salvaguardas. No llegan. El pueblo Wampis, lo mismo que el pueblo Achuar, representado por la Federación de Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), están conscientes de esta realidad y buscan garantizar sus derechos y el futuro de las próximas generaciones A partir del Reglamento para la Protección Ambiental (1993), el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Lote 1AB formuló un Plan del Sistema de Tratamiento de Agua Producida que consistía en implementar proyectos piloto solo para reducir la cantidad de crudo residual en las aguas descargadas y evitar el daño potencial a las instalaciones debido a su alta salinidad. En pozos tan antiguos como la mayoría los de río Corrientes, la reinyección favorecía además la recuperación de petróleo. 23 Un informe de Pluspetrol Norte, elaborado doce meses antes del término de su contrato, a requerimiento de OSINERGMIN, referido al Plan de adecuación de ductos, revela que había mínimos avances en materia de protección de la corrosión y revestimiento de ductos expuestos al ambiente Respuesta al Oficio N /0S-GFHL-UPPD, Avances del Programa de Adecuación San Isidro, Informe de la Comisión investigadora del Congreso sobre derrames en el oleoducto, noviembre E_FINAL.PDF 25 Revista Alertanet Lima, IIDS: Caso FENAP: (p. 81-) vista_alertanet_

18 Mapa 1: Lote 64 Fuente: Estudio De Impacto Ambiental Detallado. Proyecto de desarrollo del área noroeste (Situche Central) del Lote 64 p Geopark & E&E Perú SA

19 Los pueblos Achuar y Wampis. Historias paralelas hacia la autonomía y los territorios integrales Los pueblos Achuar y Wampis pertenecen a la gran familia lingüística Jíbaro. Los territorios de ambos pueblos se ubican en la región fronteriza con el Ecuador. Mientras el territorio Wampis se encuentra a orillas de los ríos Santiago (Kanus) y Morona (Kankaim) en las Regiones de Amazonas y Loreto, respectivamente, los Achuar tienen una distribución espacial más amplia que abarca las cuencas del Morona, Pastaza y Corrientes en la Región Loreto. Ambos territorios se verían afectados por operaciones en el Lote 64 cuya concesión nunca fue consultada. La iniciativa de constituir o reconstituir territorios integrales y de ejercer la gobernanza autónoma de ellos a través de instituciones de los pueblos indígenas como sujetos de derechos es una reivindicación que diversos pueblos originarios del Perú y de otros países vienen formulado, desde hace ya varias décadas a los Estados que los albergan. En el Perú, los dos procesos más avanzados son el de la Nación Wampis y el del pueblo Achuar del Pastaza. El sistema de vida de los pueblos indígenas, entendido bajo el nombre de territorio integral, incluye la continuidad del espacio habitado por un pueblo indígena u originario, la propiedad ejercida como colectivo sobre el medioambiente y sus recursos, y la facultad de autogobernarse. El derecho al territorio integral está contemplado en el Convenio N 169 de la OIT: La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera (Art. 13, 2). Por otra parte, el derecho a la libre determinación está garantizado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, concretamente en su artículo 3º, que lo define. El Perú se ha adherido a dicha Declaración, así como ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados por las Naciones Unidas en 1966, documentos que desarrollan el derecho a la libre determinación que la Declaración ha hecho extensivo a los pueblos indígenas. Las demandas reivindicativas para la recuperación de territorios integrales en el Perú empezaron a ser formuladas de manera formal desde mediados de la década de 1990, cuya gesta obedece, entre otras razones, el proceso natural de desarrollo socio político y organizativo; las grandes amenazas nacionales y mundiales, el aseguramiento de la continuidad de la identidad cultural y el logro de Tarimat Pujut; la desaparición de las garantías constitucionales de la inembargabilidad y la inalienabilidad de los territorios indígenas. Y cobraron forma (en el caso de los pueblos indígenas de Loreto), cuando, en coordinación con las organizaciones indígenas, el municipio provincial de Datem del 19

20 Marañón, aprobó en el año 2008 una ordenanza estableciendo un procedimiento autónomo de ordenamiento y zonificación territorial para los ocho pueblos indígenas de la provincia, entre los cuales se encontraban los Achuar y los Wampis 26. Para formular las demandas territoriales de dichos pueblos, las federaciones establecieron que era preciso elaborar expedientes compuestos por mapas que mostraran los territorios demandados, con linderos georreferenciados; por estudios antropológicos que fundamentaran el carácter ancestral de la ocupación; y por sustentaciones jurídicas que explicaran por qué los pueblos indígenas tienen derecho a esos territorios. El Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) ha resistido consistentemente la operación del Lote 64 que amenazaría su territorio. FENAP está compuesto por tres organizaciones de cuenca (Organización Achuar Chayat - ORACH, Achuarti Iruntramu ATI, y Asociación Indígena del Morona -AIM) y reúne 45 comunidades ubicadas en las cuencas afluentes del Pastaza y Morona 27. El objetivo primordial de FENAP, que es una institución de autogobierno, es el reconocimiento de su derecho a un territorio integral y la defensa de este ante las amenazas de empresas petroleras y madereras. En su afán de ver reconocido su territorio integral, en el año 2011, FENAP, presentó al Congreso de la República un expediente para la titulación integral del territorio tradicional, sin que obtuvieran respuesta. Posteriormente, en el 2014, el Pueblo Achuar del Pastaza, representado por FENAP, solicitó al Gobierno Regional que encause su solicitud del 2011, con el fin de emitir un reconocimiento administrativo de su personalidad jurídica como pueblo o nación y titular la propiedad de su territorio integral. Paralelamente, inició el procedimiento administrativo para que se declare la nulidad de los lotes petroleros establecidos sin consulta 28. Una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto, Perupetro y Ministerio de Cultura y otros, presentada en el 2015, fue rechazada de plano por el Juzgado Civil de Iquitos. Ello llevó a FENAP a plantear una apelación por falta de motivación, exigiendo el cumplimiento de estándares internacionales. Ese mismo año, la Corte Superior de Loreto acogió la apelación y obligó al Juzgado a revisar el caso, que resultó en una sentencia favorable, en parte, en primera instancia. La sentencia del 2017 ordenó que se demarcara y titulara el territorio del Pueblo Achuar del 26 Promovieron esta ordenanza los pueblos Achuar, Wampis, Awajún, Kandozi, Chapara, Shiwilu, Shawi, Kukama-Kukamiria y Kichwa del Pastaza, varios de los cuales están en proceso de constituir instituciones de gobierno autónomo. 27 Revista Alertanet Lima, IIDS: Caso FENAP: (p. 81-) Revista Alertanet Lima, IIDS: Caso FENAP: Pueblo Achuar del Pastaza se defiende frente a petroleras (p. 81- ) - Revista Alertanet Lima, IIDS. alertanet 2016 p

21 Pastaza-FENAP y se reconociera su personalidad jurídica como pueblo, al amparo de una Ordenanza Regional expedida por el Gobierno Regional de Loreto ese año 29. En junio de 2018, amparado en su Ordenanza del 2017, el Gobierno Regional de Loreto reconoció administrativamente la personalidad Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), mediante la Resolución Ejecutiva Nº GTL-P 30. Sin embargo, como se verá más adelante, en su afán de consolidar las operaciones en el Lote 64 en favor de las empresas petroleras GeoPark y Petroperú, el Estado peruano ha realizado diversas acciones orientadas a bloquear el derecho al territorio integral y a la autonomía e/2017/12/22/poder-judicialordena-titular-territoriointegral-del-puebloachuardel-pastaza-fenap/alertanet/ ; Revista Alertanet 2017 Caso de FENAP: ta_alertanet_2017. La Ordenanza, que ha sido motivo de una acción de inconstitucionalidad, había sido gestionada por la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas CORPI San Lorenzo dad-noticias/28/06/2018/loreto-pueblo-achuar-es-reconocidocomoprimer-pueblo-originario ; 018/06/27/momento-historicogorel-reconocepor-primeravez-la-personalidad-juridica-deun-pueblo-indigena-uoriginario/alertanet/ 21

22 Mapa 2: Territorio integral Achuar del Pastaza Fuente: FENAP. 22

23 De su lado, el pueblo o nación Wampis posee un territorio que se extiende a orillas de los ríos Santiago y Morona, cuencas articuladas por la cordillera de Kampankis, cuya cumbre señala a su vez el límite entre las regiones de Amazonas y Loreto. La población actual Wampis es de unas 15,300 personas. En la década de 1970 conformaron junto a los Awajún una de las primeras organizaciones indígenas modernas, el Consejo Aguaruna-Huambisa, que impulsó una acción sistemática hacia el reconocimiento de los derechos de estos pueblos. El pueblo Wampis dio un paso más cuando, el año 2014, inició una serie de debates para elaborar su estatuto como gobierno autónomo con reuniones en las cuencas del Kanus (Santiago) y Kankaim (Morona). Una vez redactado, el borrador fue socializado en las comunidades de dichas cuencas y validado posteriormente en una asamblea realizada en Nueva Alegría (Kankaim), entre el de junio de Allí se nombró una comisión, integrada por representantes de ambas cuencas, para continuar la socialización del estatuto, mediante visitas a casi todas las comunidades Wampis. En noviembre del 2015 acordaron constituirse como Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), dotándose de un estatuto interno. A continuación la constitución del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis fue dada a conocer formalmente a los tres poderes del Estado de manera de ejercer sus derechos y promover su reconocimiento. 23

24 Mapa 3: Superposición del Lote 64 al territorio de la nación Wampis Fuente: Mapa elaborado por Ermeto Tuesta Cerrón a base del Mapa del Territorio Integral del GTANW y mapas del EIA del proyecto Situche Central. 24

25 Lotización de la Amazonía, traspasos y tácticas divisionistas El gobierno de Alberto Fujimori ( ) promovió la lotización de la Amazonía peruana estableciendo nuevos lotes petroleros con la finalidad de entregarlos en concesión a diversas empresas para los que los exploren y exploten, sin tomar superponiéndolos en la mayoría de casos a los territorios indígenas 31. Sobre el territorio del pueblo Achuar se superpuso el lote 64, que abarca, por el norte, las partes altas de las cuencas de los ríos Morona y Pastaza hasta la frontera con el Ecuador, descendiendo desde allí por dichas cuencas hacia el sur, hasta encontrar los afluentes Huituyacu y Huasaga del Pastaza. La operación de este lote requeriría necesariamente que líneas de conducción del crudo atraviesen territorio Wampis. Este lote tiene una larga historia de resistencia por el pueblo Achuar. Desde mediados de la década de 1990 el Estado ha suscrito diversos contratos para que empresas petroleras puedan operar en la zona. Esta es una decisión que ha sido firmemente rechazada por la gran mayoría de las comunidades y sus organizaciones. En 1995, la empresa Atlantic Richfield Perú Inc., Sucursal del Perú (ARCO), recibió en concesión el Lote Pese a estar en vigencia el Convenio 169 de la OIT, el Estado no respetó el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. De hecho, ni siquiera comunicó a los Achuar haber suscrito este contrato, quienes se enteraron de este hecho por los medios de prensa. De inmediato los Achuar expresaron su rechazo a este atropello. Para salvar parte de sus intereses, en septiembre de 1999 ARCO cedió el 50% de su participación en la Licencia de Exploración y Explotación del lote a la empresa Occidental Exploradora del Perú Ltd. Sucursal Perú, empresa que había realizado trabajos de sísmica 2D en el área durante la fase de auge de exploración petrolera en Loreto, y había operado hasta el año 2000 el lote 1AB donde dejó un reguero de daños 33. Un año más tarde, a pesar de las presiones de la dictadura de Fujimori y de la empresa, el pueblo Achuar consiguió que ARCO abandonara el lote 34. La empresa terminó por darse de baja en el Perú en Esta política incluyó también la lotización de bosques para la actividad de extracción forestal y un plan para subastar cualquier área que no hubiera sido titulada, sin considerar que gran cantidad de comunidades aún no habían sido tituladas. 32 Atlantic Richfield Company (ARCO) operaba anteriormente un lote antiguo dedicado a la producción de gas al sur del Marañón. ARCO fue parte de Standard Oil, una empresa que ha tenido un complejo historial en el Perú a través de su subsidiaria la International Petroleum Co. 33 ERI, Racimos de Ungurahui & Amazon Watch. Un Legado de Daño. Occidental Petroleum en Territorio Indígena de la Amazonía Peruana En Occidental había explorado también el Lote 4, donde su presencia fue resistida por los Kandozi a cuyo territorio se encontraba superpuesto dicho lote. 34 Posiblemente facilitó esta decisión el hecho de que la empresa estaba revisando sus prioridades y que fuera comprada, el año 2000, por la empresa Amoco. 25