RESUMEN PROYECTO DE LEY INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Transcripción

1 RESUMEN PROYECTO DE LEY INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO OBJETIVO DE LA LEY: Cuales son las modificaciones que hace? Modifica el artículo 49 de la Constitución al establecer que La interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse en los casos señalados por la ley. En la actualidad los casos permitidos por la ley son los establecidos por la Corte Constitucional es decir cuando existen violaciones, malformaciones del feto o riesgo para la salud de la madre El proyecto abre la posibilidad para que en otros casos se permita la IVE? Si y no. Si a futuro cuando a través del desarrollo legal o de la Corte Constitucional se permita la IVE en nuevos casos y NO en este momento y de inmediato porque actualmente sólo se permite en los tres casos ya señalados. Osea el acto legislativo per se no permite cualquier IVE, sino que esto está sujeto al desarrollo legal, es decir al debate y discusión ya sea en el legislativo o en la Corte. Principales argumentos Con el proyecto lo que buscamos es que de manera específica en los casos que ha establecido la Corte, no exista ninguna duda de que las mujeres pueden llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo sin ser objeto de sanciones penales con penas que actualmente van de uno a tres años. Pero también queremos reivindicar los derechos fundamentales relacionados con la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la vida y la salud física y mental de las mujeres. De igual manera con el proyecto queda abierta la posibilidad de que si en el futuro la sociedad colombiana considera que deben permitirse otros casos de IVE, así se haga, esto de acuerdo con la Sentencia C-355/06, la cual deja las puertas abiertas para que el legislador regule la materia, e inclusive extienda la permisión para tener derecho a acceder a una IVE legal. Cuando abordamos temas como la Interrupción Voluntaria del Embarazo no podemos olvidar que aparte de la vida del no nacido, también se encuentra la vida de la mujer que lo lleva en su vientre. Y es que es imposible apreciar la totalidad del panorama, si nos restringimos a un sentido meramente biológico, como si vivir, como si estar vivo se explicara solamente en términos de células, tejidos, órganos en funcionamiento, extremidades en movimiento. Vivir tiene un significado más amplio, es tener derecho al amor de una familia, a construir un proyecto de vida, con metas, sueños, ambiciones, expectativas, entre otras consideraciones.

2 Ahora bien, ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es diferente hablar de la vida a secas y el derecho a la vida, por cuanto la primera transcurre en diferentes etapas y el segundo tiene un titular que se restringe a la persona humana, y aquí cabe señalar que ni los tratados internacionales (como la Convención de los Derechos del Niño) ni la misma Carta Política le otorgan ese segundo status al nasciturus 1. Adicionalmente, sea vista esa vida como derecho o bien jurídico tutelado, no es un derecho absoluto, y debe someterse a una ponderación cuando se encuentra en conflicto con otros derechos fundamentales, es decir la Corte ha aclarado en numerosas ocasiones que cuando existe conflicto entre derechos fundamentales no puede aplicarse una fórmula de Superioridad incuestionable de unos derechos sobre otros. Por consiguiente, en cada caso deben aplicarse los criterios de adecuación, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para que la respuesta otorgada apropiada de cara al Ordenamiento Jurídico actual y a la realidad social. Tampoco podemos olvidar que Colombia es un Estado pluralista y laico y por lo tanto desde el Estado y la ley no puede imponerse ningún tipo de moralidad religiosa o hegemónica, por el contrario debemos trabajar en pro de la autonomía individual y los derechos fundamentales a la dignidad humana, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. La nuestra es una posición PRO- ELECCIÓN, lo que queremos es que las mujeres que en su autonomía decidan llevar a cabo una IVE lo puedan hacer con todas las garantías y sin obstáculos. Aquí no vamos a obligar a todas las mujeres a que se practiquen una IVE, como señalan equivocadamente algunos sectores, quienes quieran tener sus hijos aún en los casos señalados por la Corte, pueden hacerlo; pero tampoco vamos a obligar a ninguna mujer a que tenga un hijo con malformaciones o producto de una violación y mucho menos vamos a obligar a las mujeres a morir cuando su embarazo supone riesgos para su salud. Aquí lo que planteamos no es un debate en términos de si la IVE es algo correcto o incorrecto porque eso implica un juicio moral, aquí vamos hablar de lo que es permitido o no y en razón de eso si algo está permitido, en este caso la IVE, cada cual tiene que decidir él mismo, de acuerdo con su conciencia, con su religión, con sus representaciones sobre moral si lo practica o no. Y es que no podemos olvidar que hablar de IVE implica enfrentar un problema, atendiendo a lo que la realidad social exige y en Colombia se ve la necesidad imperiosa de cambiar de enfoque. Lo que está fuera de cuestionamiento, es que las mujeres acuden a procedimientos poco recomendables cuando quieren interrumpir un embarazo, poniendo consecuentemente sus derechos en serio peligro, como ocurre con la vida y la salud. 1 Es un término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento

3 El más reciente informe sobre embarazo no deseado 2 y aborto inducido en Colombia señala que cerca del 44% de loe embarazos no deseados en Colombia termina en un aborto inducido, esto es más de 400 mil abortos al año. De esos en 2008 sólo 322 se llevaron a cabo en instituciones de salud legales, hecho que muestra claramente cómo las mujeres, en razón de la prohibición, se encuentran arriesgando sus vidas al practicarse interrupciones voluntarias del embarazo en la clandestinidad y sufriendo complicaciones en un porcentaje que va del 54 % al 65%. Señalan igualmente que el número de interrupciones voluntarias del embarazo ha aumentado un 40% desde 1989 a 2008 y que actualmente hay 52 interrupciones por cada 100 nacidos vivos. Así pues el Derecho no puede ser ajeno a las transformaciones sociales, ni ciegamente adjudicarse la defensa de postulados del ayer que requieren una reevaluación hoy. Es un llamado a la consciencia, es un llamado al respeto, es un llamado a la tolerancia, es un llamado a vivir el pluralismo, no a compadecerse de él y limitarse a su reconocimiento en el papel. Por ello es que se requieren acciones, por ello es que se requieren cambios. Acaso cuando legislamos las minorías no cuentan, o sólo la opinión dominante es valedera?. Tener pretensiones de verdad absoluta, es algo que no es solamente vanidoso y soberbio, sino también violento. Cuando una mujer se plantea el dilema de si interrumpir o no su embarazo voluntariamente, los discursos conservadores tienen como argumento principal que un feto es un ser humano no parcial o potencial, sino una vida humana hecha y derecha, como si esa postura fuese incuestionable, olvidando los derechos de la mujer a ser tratada dignamente, al libre desarrollo de la personalidad (es decir, a tomar decisiones sobre su cuerpo y los hijos que desea tener, ello en relación con el art. 42 Superior), a la salud (física o mental), a la igualdad, a la vida e integridad. Ya El Ministerio de Justicia en su más reciente informe sobre política criminal en Colombia señaló que la doctrina de la Corte Constitucional sea el piso mínimo de protección de los derechos de la mujer frente a la penalización del aborto, no quiere decir que, en términos de política criminal, el Estado colombiano no pueda ni deba avanzar a una más vigorosa despenalización del aborto. Esa despenalización es constitucionalmente posible y la Comisión considera que es recomendable, puesto que en este campo, la experiencia comparada y los estudios de la realidad colombiana muestran que es mejor, tanto para reducir los abortos como para proteger los derechos de las mujeres, adoptar una perspectiva de salud pública, que combine campañas vigorosas 2 Elaborado por el Instituto Guttmacher.

4 para promover la salud sexual y reproductiva y para prevenir el embarazo no deseado, con una despenalización amplia de la interrupción voluntaria del embarazo, que permita a las mujeres acceder a un aborto seguro en los casos en que tengan legalmente derecho a interrumpir el embarazo 3 Y concluye el informe que Por todo lo anterior, la Comisión considera que una política criminal frente al aborto debe despenalizarlo mucho más ampliamente que lo previsto por la sentencia C-355 de Reiteramos, nuestra posición es pro-elección y no pro-ive, sumada al hecho de la conveniencia de la creación o reafirmación de políticas públicas que incentiven una sexualidad responsable, que fomenten el correcto empleo de los distintos métodos anticonceptivos, pero no estancándose allí. Como dice el lema de diversas organizaciones Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y abortar para no morir. Es aquí donde cobran gran importancia entonces las políticas públicas y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son considerados derechos humanos y constitucionalmente protegidos, que tienen estrecha relación con otros derechos como Vida, Salud, Igualdad, Libertad, Integridad personal, Intimidad etc. Es un deber del Estado atender y hacer eficaces los derechos sexuales y reproductivos, puesto que ellos se articulan con el principio, valor y derecho fundamental constitucionalmente reconocido de la dignidad humana, esa dignidad que, reconoce que la persona es un fin en sí mismo, no un medio, por lo cual el Estado es el que debe plantear políticas y adoptar medidas en función de dicha dignidad ella, a su servicio, no al contrario. Que no se nos olvide que las mujeres no somos una cosa, un mero instrumento que cumple funciones reproductivas, que tenemos derecho al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a que no se nos imponga un perfeccionismo moral y finalmente que nuestros derechos a la salud a la vida y a la integridad también deben ser reconocidos. 3 Informe política criminal. Ministerio de justicia 2012 pag 97 4 ibid

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