TERRITORIO, CONFLICTOS AMBIENTALES Y ACCIÓN COLECTIVA EN LAS COMUNIDADES NEGRAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

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1 TERRITORIO, CONFLICTOS AMBIENTALES Y ACCIÓN COLECTIVA EN LAS COMUNIDADES NEGRAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO David López Matta Estudiante del Doctorado en Ciencias Ambientales. Universidad del Valle. Elkin Salcedo Hurtado Docente del Departamento de Geografía. Universidad del Valle. Oscar Buitrago Bermúdez. Docente del Departamento de Geografía. Universidad del Valle. INTRODUCCIÓN Desde finales de los años 80 s del siglo XX las comunidades negras del pacífico colombiano emergen como un actor político en busca de la reivindicación como grupo étnico y lo territorial como un elemento central de su discurso. A partir de su reconocimiento como grupo étnico en la constitución política de 1991 se ha dado todo un desarrollo legislativo que incluye la titulación colectiva de los territorios ancestrales y la creación de los Consejos Comunitarios como institución encargada de la administración y máxima autoridad en los territorios colectivos. El crecimiento de la minería de oro legal e ilegal en el Pacífico colombiano a través de los impactos que genera, pone en riesgo estos procesos, causando destrucción de los ecosistemas y deterioro de la calidad de vida de las comunidades. La relación entre la minería mecanizada, las comunidades y sus propuestas políticas no es aun completamente entendida. Por un lado hay una ausencia grande de información, son muchas las denuncias, pero pocos los estudios que se han realizado; por 3694

2 otro lado, aunque los estudios muestran que hay un impacto sobre los ecosistemas, no se han enfocado en aspectos claves para entender sus impactos sobre las comunidades como son la territorialidad y la institucionalidad tradicional de las comunidades negras, aspectos claves para generar propuestas políticas de alternativa a las visiones depredadoras de los ecosistemas y destructoras de las culturas. La revisión de la literatura, las entrevistas y la experiencia en campo nos permiten analizar los impactos de la minería mecanizada y sus estrategias de introducción a los territorios, sobre los Consejos Comunitarios como institución, así como sobre la territorialidad de las comunidades. En este trabajo vamos a mostrar estos impactos, así como plantear hipótesis de investigación, que permitan entender la compleja relación entre la minería, las instituciones y la territorialidad de las comunidades negras. EL PACÍFICO COLOMBIANO El pacífico colombiano es una franja angosta de tierras de km2 localizada al occidente del país, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico; y entre las fronteras con Panamá al norte y Ecuador al sur. Hacen parte de esta región 4 departamentos del país: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño (Figura 1). Figura 1. Departamentos de la región del Pacífico colombiano 1. 1 Tomado de

3 El Pacífico colombiano hace parte del complejo ecorregional Chocó-Darién, el cual engloba un conjunto de ecosistemas húmedos a muy húmedos tropicales que se extienden desde la Serranía del Darién en Panamá, a lo largo de la vertiente pacifica de Colombia, hasta el noroccidente de Ecuador. La combinación de mar y montañas generan una diversidad de patrones climáticos locales (precipitación anual desde 3,000 mm a 13,000 mm en un gradiente altitudinal y latitudinal), que explican la diversidad de ecosistemas y especies, por lo que se la considera como una de las ecorregiones de mayor biodiversidad en el mundo (WWF, 2008). Sin embargo, el Pacífico también es considerado como un hotspot, es decir, una región de altísima biodiversidad, que se encuentra amenazada por las actividades humanas (Wilson, 1992). La mayor población de esta región corresponde a las comunidades negras, descendientes de esclavos negros traídos por los españoles en el siglo XVII, como mano de obra para la extracción de oro aluvial, los cuales representan más del 70% del total de la población. A pesar de hallarse en una región de enorme riqueza las poblaciones del Pacífico presentan los peores indicadores en relación con las necesidades básicas insatisfechas (Romero, 2009). La minería de oro en el Pacífico colombiano y sus impactos En los últimos años la producción de oro en Colombia ha mostrado una tendencia al crecimiento pasando de un volumen de producción de ,80 onzas en el año 2000 a ,77 en el año Entre los años 2000 y 2010 hubo un incremento del 1089% en el otorgamiento de títulos mineros, siendo otorgados 9230 títulos en esa década. 24 de estos títulos fueron otorgados en parques nacionales naturales y 400 en zonas de páramos, zonas en las cuales la minería está prohibida (Contraloría General de la República, 2011). En relación con el Pacífico, un estudio realizado recientemente muestra que en el departamento del Chocó en el año 2010 estaban concesionadas hectáreas para el desarrollo de la minería; en el año 2011 estaban solicitadas hectáreas, que corresponden al 59% del territorio departamental. Las empresas multinacionales tenían 157 concesiones mineras otorgadas, mientras que otras estaban en trámite (Observatorio Pacífico y Territorio, 2013). Por otro lado, la minería ilegal se extiende cada vez más en el Pacífico sur, siendo realizada fundamentalmente con retroexcavadoras, las cuales se encuentran en manos de 3696

4 paramilitares, narcotraficantes y guerrilla. Esta minería ilegal es usada por estos grupos como una forma de lavar dinero y como fuente de ingresos para financiar la guerra. Al revisar la situación en los departamentos del Pacífico colombiano, el Observatorio Pacífico y Territorio (2013) encuentra que en el Chocó la afectación más fuerte se sufre en el alto y medio Atrato, así como en el San Juan: En los municipios de Lloró y Bagadó se encuentraban 34 retroexcavadoras y dos dragas. En el río San Juan en la zona de Istmina desde mediados de los años 80 s del siglo pasado se dio la entrada inconsulta de mineros que venían de otras zonas del país, que con retroexcavadoras han destruido amplias zonas, las cuales se pierden definitivamente para la realización de otras actividades fundamentales para la supervivencia de las comunidades. Esta situación afecta los suelos aguas abajo tal como lo denunciaron los indígenas Wounaan que viven en la zona del delta del río San Juan (CAMAWA, 2005). En el Valle del Cauca se denunció el caso del río Dagua, en donde había 263 retroexcavadoras en una extensión de 22 km de río, en el mes de febrero del año Además, se presentó una migración incontrolada de más de personas que se encuentran hacinadas en tugurios construidos en plástico a lo largo del río (Observatorio Pacífico y Territorio, 2013). En los territorios colectivos del departamento del Cauca en el año 2011 habían 119 retroexcavadoras dedicadas principalmente a la extracción de oro, llevadas por personas externas a los territorios, pero alrededor de las cuales se ha generado una inmensa actividad de personas locales, que buscan en la minería una alternativa de ingresos sin medir las consecuencias económicas, sociales, culturales y ecológicas de esta actividad. En la Costa nariñense la minería se ha convertido en la principal fuente económica para las personas que antes estaban dedicadas a los cultivos ilícitos, pero que debido a las continuas fumigaciones han tenido que abandonar esta actividad. En el área de los municipios de Barbacoas y Magüí Payán se han reportado al menos 180 retroexcavadoras (Observatorio Pacífico y Territorio, 2013). Las relaciones entre instituciones y la minería son complejas. El Ministerio de Minas y Energía viola los derechos de las comunidades negras al conceder títulos mineros sobre sus territorios, sin realizar la debida consulta previa. En algunos casos las instituciones del Estado, han sido sancionadas por ser corresponsables de los daños sufridos por las comunidades y sus territorios al no actuar oportunamente y en correspondencia con sus obligaciones legales, como fue el caso de la alcaldía de Buenaventura por la situación de 3697

5 Zaragoza sobre el río Dagua. En el Cauca el Ministerio de Minas y Energía expidió 26 títulos mineros a empresas nacionales y extranjeras desconociendo la presencia de las comunidades negras, así como sus derechos colectivos. En Nariño las autoridades municipales de Barbacoas y Magüí Payán han dado permisos a empresas foráneas para realizar la explotación minera sin los debidos requisitos legales. Las autoridades militares también se han visto involucradas, en el Chocó desalojaron a comunidades de algunos sectores de su territorio, impidiendo la circulación de las personas y destruyendo cultivos para facilitar la exploración y explotación de recursos mineros en territorios de comunidades negras (Observatorio Pacífico y Territorio, 2013). En Istmina Chocó la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) intermedia entre los mineros mecanizados y los propietarios de los lotes donde se va a realizar la explotación, para tratar de formalizar la relación entre ellos y evitar conflictos (Quinto-Mosquera, 2013). En relación a las instituciones comunitarias, algunos Consejos Comunitarios han denunciado los impactos de la minería y sus líderes se encuentran amenazados por ello; algunos han enfrentado este problema tratando que se dé la declaratoria de Zona Minera Tradicional de Comunidades Negras. Otros, como el Consejo Comunitario del río Raposo tiene contemplada la prohibición explícita de la minería con retroexcavadoras en su reglamento interno (Artículo 74) (Consejo Comunitario del río Raposo, 2011). Los representantes legales de algunos Consejos Comunitarios han gestionado la entrada de las retroexcavadoras buscando su lucro personal, mientras que otros Consejos Comunitarios han llegado a acuerdos con los mineros externos para recibir como organización una parte de los beneficios de esta actividad. La entrada de la minería mecanizada a los territorios se da también a través de la relación de los propietarios de la maquinaria con los propietarios de los terrenos donde se va a realizar la minería. Esta relación es inequitativa ya que los mineros se quedan generalmente con el 80% o más de lo producido, mientras que el propietario del terreno se queda con el 20% restante o menos (Quinto-Mosquera, 2013). Además, los propietarios del terreno pierden el control sobre las actividades que se puedan desarrollar sobre los terrenos que han sido arrendados. Según este autor el origen de estas asimetrías de poder se encuentran en la posesión de los medios de producción. La presencia de la actividad minera en los territorios de grupos étnicos en el Pacífico colombiano ha incrementado los conflictos, trayendo consigo graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades por parte de los grupos armados ilegales que buscan hacerse al control de los territorios colectivos y sus recursos (Garay-Salamanca, 3698

6 2013), para incrementar sus ingresos y lavar los dineros de la droga exportada (Ronderos, 2011). Esta competencia por el uso del suelo y del subsuelo se ha convertido en una forma de despojo de la tierra (PNUD, 2011), a través del desplazamiento forzado y desestabilización de la vida comunitaria (Rodríguez, 2011). Quinto-Mosquera (2013) agrupa los conflictos generados por la minería mecanizada en dos tipos, conflictos por acceso y control de los recursos naturales, y conflictos por deterioro de las condiciones socioambientales. En los primeros resalta los conflictos por linderos y los conflictos familiares por la distribución de los beneficios, que puede causar la ruptura de las relaciones de parentesco, las cuales sustentan las relaciones de cooperación y reciprocidad. Entre los conflictos socio ambientales se mencionan el aumento de los costos de vida en la región, afectación de la soberanía alimentaria, disminución de la minería artesanal y aparición de enfermedades transmitidas por vectores. Vargas-Porras et al. (2010) en su estudio sobre los impactos ambientales de la minería en el municipio de Atrato en el Chocó muestran que las fuentes de agua fueron el componente ambiental más afectado. En el proceso extractivo los ríos y quebradas son fuente de abastecimiento y de disposición final de residuos. Se generan desviación de cauces, represamientos, afectación de procesos naturales de escorrentía debido a las modificaciones en los relieves naturales, alta sedimentación debido al aporte de sólidos. El impacto sobre el suelo se da especialmente en la fertilidad debido al lavado que se realiza en los diferentes horizontes. El intercambio catiónico, que expresa la capacidad del suelo de intercambiar cationes de nutrientes para que sean aprovechables por las plantas se reduce, debido a que está relacionado con la disponibilidad de materia orgánica. En relación con la vegetación, los bosques aledaños sufren un fuerte impacto en su estructura y composición por la fragmentación de los mismos y la desaparición de especies que se encuentran amenazadas. Esto no solo afecta a la vegetación sino también a la fauna. Las comunidades reportan la desaparición de múltiples especies faunísticas, muchas de las cuales tiene estatus de especies amenazadas. Construcción de la territorialidad en las comunidades negras del Pacífico sur colombiano. Durante la colonia hubo varios ciclos de explotación aurífera en el país. El primer ciclo se había dado en la región andina, especialmente en la región central de país, Antioquia y la gobernación de Popayán; durante este ciclo la fuerza de trabajo estaba constituida 3699

7 principalmente por indígenas. En el Pacífico la explotación del oro hizo parte de un segundo ciclo de producción aurífera en el que se abrió la frontera minera principalmente en las provincias de Chocó, Raposo, Iscuandé y Barbacoas. Esta actividad que era realizada con herramientas rudimentarias como la batea, se daba en dos tipos de minas principalmente, una eran los reales de minas que eran de propiedad del rey de España y otras eran minas privadas que debían pagar un impuesto del 20% del producido al gobierno virreinal (Poveda-Ramos, 2002). La incorporación de los espacios mineros en el Pacífico llevó a la desestructuración de las sociedades indígenas que lo habitaban, pero no a su uso como fuerza de trabajo, para lo cual los españoles vincularon la fuerza de trabajo de negros esclavizados provenientes del África (Echeverri & Gómez, 1993). Como lo expresa este autor, esta explotación del oro de la región no representó mejoras en la calidad de vida de las poblaciones locales, sino por el contrario su exterminio y agotamiento del recurso, tampoco ayudó al surgimiento de otras actividades económicas que sirvieran en el largo plazo como fuente de trabajo y sustento de la población. Sólo hasta el siglo XVIII llegó cierto nivel de tecnificación cuando el Rey Carlos III envió ingenieros de minas de Alemania para mejorar la producción de oro y plata. En el siglo XIX, después de la independencia, el naciente gobierno trajo ingenieros ingleses que mejoraron la minería de socavón y de aluvión. La minería atrajo la inversión de capitales extranjeros y de su mano llegaron procesos como la amalgamación con mercurio, la cianurización, equipos como el molino californiano, la turbina pelton, las bombas hidráulicas, la draga de ríos y el monitor hidráulico, entre otros (Poveda-Ramos, 2002). Durante los primeros años del siglo XX los metales se constituían aún en el principal, sino el único producto de exportación del País. En esta época se dio un segundo auge minero en el Pacífico, de la mano con el crecimiento en la demanda de materias primas en Estados Unidos y Europa. En este nuevo auge se necesitaba del uso de nuevas tecnologías que demandaban una gran inversión de capital, que fue cubierta por empresas extranjeras (Echeverri & Gómez, 1993). Este auge minero tampoco trajo prosperidad a la zona, pero si múltiples conflictos sociales. Se dieron restricciones a la movilidad de las comunidades por los ríos que eran objeto de explotación minera, así como la explotación por parte de las personas nativas de la región. En síntesis, la tradicional pobreza de los habitantes de la región del Pacífico, la cual contrasta con su riqueza metalífera, se debe al flujo de la riqueza hacia otras 3700

8 regiones y hacia otros países que se han constituido en centros de poder financiero, tecnológico y político (Echeverri & Gómez, 1993). El 21 de mayo de 1851, se decreta la abolición de la esclavitud en Colombia, cuando José Hilario López se encontraba a la cabeza del gobierno. Antes y después de la abolición se venía dando el poblamiento de los ríos, esteros y costas por parte de las familias negras que dejaban el trabajo de minería que se realizaba en las zonas media y alta de los ríos. En la primera mitad del siglo XX empiezan a darse cambios importantes en el patrón de distribución de la población, cuyo aumento limita la cantidad de tierra disponible para repartir entre las nuevas generaciones, presentándose una disminución en los tiempos de descanso de los terrenos entre una y otra cosecha (Villa-Rivera, 1998). Esta situación lleva a dos cambios importantes. En primer lugar, la movilidad hacia los principales centros poblados de la región y las principales ciudades del interior del País. En segundo lugar, el incremento de las actividades de extracción de recursos naturales aumentando la presión sobre los ecosistemas (Villa-Rivera, 1998). En la segunda mitad del siglo XX se dan varios hechos importantes. Por un lado, la expedición de la Ley 2 de 1958 que declara como baldíos de la nación las tierras del Pacífico, abriendo el camino para una nueva etapa de expropiación de los territorios de las comunidades, especialmente por parte de las empresas madereras (Villa-Rivera, 1998). Ante este tipo de ordenamiento que causa la destrucción de los territorios, los campesinos negros en el Chocó empiezan a delimitar sus territorios, definir regulaciones para la explotación de los recursos y poner barreras para la presencia de foráneos, ya sean personas o empresas. Este es el inicio de una nueva forma de propiedad en el Pacífico en donde los límites ya no son fluidos y los territorios no son abiertos, y se pasa a una forma de territorio que se define en un mapa y en el que se puede saber con precisión quiénes son sus propietarios (Villa-Rivera, 1998). Sin embargo, esto no representaba un reconocimiento legal sobre la propiedad de esos territorios. No es sino hasta el año de 1991 a través del artículo transitorio 55 de la nueva Constitución Política de Colombia que le son reconocidos derechos territoriales a las comunidades negras (Hoffmann, 2002). Este reconocimiento es el resultado de un proceso organizativo empezado por los campesinos negros desde los años 80 s del siglo XX con el apoyo de la iglesia, para luchar contra las amenazas de desalojo de sus territorios que proferían las empresas madereras y mineras. A través de este proceso emergen las comunidades negras como un actor social y político, y se da origen a un discurso territorial 3701

9 negro, en donde el territorio es la base y fundamento de la identidad y punto focal del debate alrededor de la reivindicaciones de estas comunidades (Hoffmann, 2002). Así, las actividades económicas desarrolladas por foráneos se han convertido a lo largo de la historia en una fuente de expropiación territorial para las comunidades en el pacífico, ante lo cual éstas han respondido con un fortalecimiento de las luchas por la conservación y control del espacio. La idea de un territorio de las comunidades negras en el Pacífico está soportada en la territorialidad que han construido históricamente, a través de todas las acciones que realizan y a través de las cuales construyen su espacio; así, el territorio no es solo el espacio físico, sino también las plantas, los animales, es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido; es la forma de disposición de los caseríos y las viviendas; la economía; las formas de trabajo; los calendarios de fiestas religiosas y culturales; el territorio es el espacio apropiado por el grupo humano para su reproducción física, social y cultural (Vargas, 1999). Los negros traídos al Pacífico llegaron con un desconocimiento total de los ecosistemas de la región, la apropiación de ese espacio ha sido una construcción histórica, que según Mosquera (2001) empieza con la apropiación espiritual del mismo. Según este autor la espiritualidad es el factor que determina la identidad porque es la ideología que construye una manera diferente para entenderse, actuar y recrearse en el medio físico y psico-social. Prácticas como el entierro del ombligo del neonato y las ombligadas, en las cuales el ombligo de los recién nacidos es curado con cenizas de materiales vegetales o animales, o con minerales como el oro, generan un fuerte vínculo con el territorio, crean un profundo sentido de pertenencia y apropiación del mismo. Otro elemento clave en la territorialidad de las comunidades negras es su apropiación material a través del sistema productivo caracterizado por la multiplicidad de actividades, que se realizan a lo largo de toda la cuenca hidrográfica, según un complejo calendario anual. Hacen parte de este sistema actividades como la pesca, la agricultura, la cacería, la recolección de productos vegetales y animales de los ecosistemas y la minería. DISCUSIÓN En la actualidad podemos encontrar tres expresiones territoriales entre las comunidades negras del río Raposo. Una primera noción de base económica, presente desde la época colonial, en la cual el espacio y todo el sistema social se organiza en función de la extracción de oro aunque también se ha dado alrededor de la extracción de madera, la 3702

10 piangua y el palmito de Naidí. Actualmente, esta noción de territorio se vive con la minería en las cuencas media y alta de los ríos, con cambios importantes en la tecnología en donde se ha habido una transición desde la batea y el almacofre, pasando por las minidragas y los monitores, hasta las retroexcavadoras y las grandes dragas. Los agentes también cambian, hacen presencia los mineros foráneos, provenientes del interior de país o aún otros países; también hacen presencia distintos actores armados que protegen o promueven los intereses de la minería mecanizada. La explotación de los recursos naturales se da articulada a un comercio en escalas mayores. Estos flujos están controlados por agentes externos al río, aunque en ocasiones hay agentes locales aliados o alineados a ellos. Por otra parte, los agentes que promueven una visión de este tipo buscan activamente apropiarse del Consejo Comunitario como forma de favorecer sus intereses facilitando sus actividades de explotación, dándoles además cierto nivel de legitimidad. La segunda concepción fundamentalmente cultural, se empieza a construir también desde la época colonial con la fuga o liberación de los negros, quienes se desplazaron hacia las zonas bajas de las cuencas; la apropiación del espacio estuvo fundamentada en la supervivencia y uso de los diferentes ecosistemas de las cuencas según un elaborado calendario productivo que dependía de los ciclos naturales. Entre las actividades que se desarrollan se encuentran la agricultura, la pesca, la cacería, la extracción forestal y la minería. La realización de estas actividades se da en diferentes ubicaciones a lo largo de la cuenca, desde la parte baja en donde predomina la pesca, hasta la parte alta en donde predomina la minería. Esto determina patrones de asentamiento y favorece una movilidad a lo largo y ancho de toda la cuenca, facilitando su reconocimiento y generando un conocimiento alrededor de los patrones identificados, las similitudes y diferencias de los entre los espacios, conocimiento fundamental para la vida en el río. En este modelo no se presentan límites fijos, sino por el contrario límites fluidos en donde se comparte el manejo de los ecosistemas con las comunidades vecinas (Vargas, 1999). Las personas que habitan una cuenca pueden pasar a cuencas vecinas y tener terrenos en ellas sin ningún problema, aspecto que se ha reforzado por los lazos de parentesco. Con este sistema se garantizaba la continuidad de los ecosistemas al mantener una baja presión, posible gracias al uso alternado de éstos a lo largo del año. Esto permitió la supervivencia del colectivo a lo largo de los años a partir de los aportes de los ecosistemas, garantizando cierto nivel de autonomía. La apropiación no es solo material sino también espiritual. Para las comunidades 3703

11 negras el río es la casa de múltiples seres espirituales que lo habitan y que se apropian de algunos espacios tanto acuáticos como terrestres, siendo considerados sus verdaderos dueños. Todos los seres vivos, animales y vegetales, así como los elementos minerales tienen una energía vital que puede ser apropiada y utilizada por las personas ya sea para protección o para hacer daño, ejemplo de esto son las ombligadas y las curadas; en las primera se toman zumos o cenizas de productos de origen vegetal o animal, o fragmentos minerales como el oro y se aplican en el ombligo, una vez caiga el remanente del cordón umbilical entre los 3 y 5 días de nacido. De esta manera las personas adquieren las propiedades del elemento con el cual fueron ombligadas. Las curadas son bebidas que son elaboradas con un aguardiente elaborado localmente al que se le añaden diferentes tipos de plantas del monte y la montaña, así como partes de animales. La preparación de una curada requiere de un conocimiento profundo de las plantas del monte, los espacios en los que se encuentran, así como los tiempos y la forma en que deben ser cosechadas. La preparación específica de cada curada depende de la función que tenga la misma, que pueden estar dirigidas a proteger a la persona que la toma de los seres dañinos que se pueda encontrar en el monte, otras pueden ser elaboradas para tratar dolencias particulares o para mantener el vigor corporal. A través de estas prácticas las personas se conectan no solo material, sino también en una dimensión espiritual. Son prácticas espaciales vinculadas a los espacios de representación, la esperanza y deseo de mantenerse vivo y vigoroso a través de la protección de la energía vital de los seres de la selva y el agua. La tercera noción, dada a partir de los desarrollos jurídicos posteriores a la Constitución Política de 1991 con los cuales se hace un reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico, produce la idea de territorio político basado en la titulación colectiva de las tierras y la creación de los Consejos Comunitarios, como la institución que representa la máxima autoridad comunitaria en el territorio colectivo. Esta noción de territorio nace como parte de una estrategia para proteger los territorios ancestrales de las amenazas del capitalismo desde el interior del país. Desde su inicio las acciones han estado dirigidas principalmente al desarrollo de instrumentos jurídicos que permitan la protección y conservación de los territorios, así como el respeto a los derechos de las comunidades negras como grupo étnico. Otro aspecto importante a resaltar es la articulación de instancias organizativas comunitarias en diferentes escalas que van desde lo local, pasando 3704

12 por lo regional, hasta lo nacional e internacional. Estas nociones de territorio coexisten en los ríos y generalmente se encuentran en tensión y conflicto. Por un lado, la visión económica capitalista con sus fuertes impactos sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como sobre la cultura, es contraria al proyecto político local de las organizaciones, basado en el buen vivir, no solo por la destrucción de los aportes de los ecosistemas, sino por la apropiación de los Consejos Comunitarios. Históricamente aunque las comunidades han mostrado diferentes estrategias de adaptación para mantenerse en el territorio, por ejemplo, el tipo de poblamiento de los espacios acuáticos, la movilidad (Motta-González, 1995), la creación de un discurso étnico en tiempos más recientes (Hoffmann, 2002) o la inserción a las dinámicas propias de los auges económicos que se imponen en la región, retomando su sistema económico tradicional cuando éstos entran en recesión (Motta-González, 1995), la intensidad de los cambios generados por la minería mecanizada actualmente puede homogenizar el territorio a partir de la destrucción física de algunos espacios y los cambios en la forma de apropiación de otros. Estos impactos están llevando a un cambio en la percepción que los jóvenes tienen de su río, el cual ya no es visto como un espacio de vida que garantice no solo su vida actual, sino también sus proyecciones futuras, perdiendo la visión del territorio como espacio de esperanza. Con todo esto se erosionan y pierden elementos fundamentales en la construcción de identidad, así como las posibilidades de la acción colectiva y la movilización social y, por tanto, de organización en el proceso de reproducción y pervivencia territorial. No es raro entonces que ante toda esta situación las posibilidades de la acción colectiva en función de la protección del territorio se vea limitada. En el pasado organizaciones locales y regionales se unieron para expulsar retroexcavadoras de los territorios colectivos, sin embargo, hoy en día con la implementación de nuevas estrategias por parte de los agentes que promueven una visión económica del territorio, esta posibilidad se ve cada vez más lejos. Esto está relacionado a los temores en las organizaciones comunitarias e instituciones estatales a reportar lo que pasa en sus territorios, ya que la minería se encuentra en poder de actores armados legales e ilegales. Desde la concepción economicista del territorio promovida por estos actores, la violencia y la intimidación son algunos de los mecanismos mediante los cuales se imponen 3705

13 en las diferentes cuencas del Pacífico. La unión de los mineros foráneos con este tipo de actores ha doblegado la acción colectiva en contra de este tipo de actividades económicas. Pero no son estos los únicos elementos de la estrategia, también se da la asociación con propietarios de terrenos ricos en oro, con los cuales se establecen contratos bastante inequitativos; también se da la asociación con líderes comunitarios que permiten o favorecen la entrada de las retroexcavadoras en los territorios colectivos. Esta tensión lleva a que el Consejo Comunitario se vuelva laxo en la aplicación de las normas. El reglamento interno de algunos Consejos Comunitarios prohíbe la minería con retroexcavadoras, a partir de la experiencia previa con este tipo de maquinarias, sin embargo, la realidad es que en este momento hay retroexcavadoras en la parte media-alta de muchas de las cuencas, dedicadas a la extracción de oro. Las instituciones del Estado tampoco ejercen un adecuado control sobre esta actividad, cometiendo graves fallas ya sea por acción o por omisión. Esta ausencia del Estado debilita aún más a los Consejos comunitarios que no hallan una institucionalidad que garantice y proteja sus derechos. Los conflictos internos que la introducción de la minería mecanizada genera al interior de las comunidades rompen con la unidad de las comunidades que ha permitido en el pasado la acción colectiva en contra de estas actividades, más aún cuando son desarrolladas por personas que no son propias del río, ni son parte del grupo étnico. Esta unión viene del reconocimiento de unos intereses comunes, colectivos que van más allá de los intereses de unas cuantas personas. Sin embargo, el conflicto se da porque hay otras situaciones de fondo que los originan; el conflicto hace evidente que la comunidad no es una entidad homogénea, sino que hay diferentes valores, visiones e intereses en su interior. Las instituciones tradicionales y los agentes comunitarios que promueven valores de armonía con los ecosistemas, con el río y la selva, están siendo superados por las estrategias implementadas por la minería mecanizada y los agentes que la promueven. En este sentido es posible que el fortalecimiento del Consejo Comunitario como máxima autoridad del territorio, pero sin el suficiente reconocimiento por parte de la comunidad ya sea porque es una institución creada por ley o por ser relativamente nuevos, está afectando negativamente a las instituciones tradicionales en su rol de generadores de control, unión y movilización de la comunidad. Esta situación empeora dado que por su estructura y forma de funcionamiento los Consejos Comunitarios fácilmente pueden ser manejados por agentes externos, al apoderarse de sus juntas de gobierno a través de las elecciones de las mismas. 3706

14 Las organizaciones comunitarias locales y regionales en su afán de fortalecer a los Consejos Comunitarios, no han fortalecido a las instituciones comunitarias tradicionales en su justa dimensión. Las estrategias se fundamentan también en la denuncia tanto nacional como internacionalmente, pero habría que analizar cuál es su impacto sobre la movilización de los agentes comunitarios locales. REFERÊNCIAS CAMAWA Maach Thumaankhun Durr (El territorio de todos nosotros). Plan de vida del pueblo Wounaan del Bajo San Juan. Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico CAMAWA. Consejo Comunitario del Río Raposo Plan de manejo territorial. PCN. WWF. CVC. Buenaventura, Colombia. Consejo Comunitario del Río Raposo Reglamento Interno. Contraloría General de la República Informe del Estado de los recursos naturales y del ambiente Bogotá. Echeverri, M.C. & A. Gómez Minería y desarrollo marginal. En Pablo Leyva (Ed): Colombia Pacífico. Tomo II. Fondo FEN.- Bogotá. grafia/cpacifi2/52.htm Garay-Salamanca, L.J Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista. Contraloría General de la República de Colombia. Imprenta Nacional, Bogotá, D.C. Hoffmann, O Conflictos territoriales y territorialidad negra. Pag: En: Mosquera, C.; Pardo M. & Hoffmann, O. Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias. 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Universidad Nacional de Colombia; Instituto Colombiano de Antopología e Historia; Institut de Recherchepour le Developpement & Insituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Bogotá. Mosquera, S.A Visiones de la espiritualidad afrocolombiana. IIAP. Quibdó, Chocó. Colombia. Motta-González, N Enfoque de género en el Pacífico colombiano. Nuevas estrategias para el desarrollo. Editorial Universidad del Valle. Cali, Colombia. Observatorio Pacífico y Territorio Acercamiento a la problemática minera en el Pacífico colombiano. Disponible en: Oslender, U Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano. Hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Santa Fe de Bogotá. Colombia. Oslender, U La búsqueda de un contra-espacio: hacia territorialidades alternativas o cooptación por el poder dominante? Geopolítica. Vol 1. Num. 1: Poveda-Ramos, G La minería colonial y republicana. Cinco siglos de variantes y desarrollos. Credencial Historia. Edición 151. Julio. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011: Colombia rural, razones para la esperanza. Quinto-Mosquera. J Pan para hoy, hambre para mañana : Minería mecanizada en el Alto San Juan, Chocó. Revista de Estudios del Pacífico Colombiano. No. 1:

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16 TERRITORIO, CONFLICTOS AMBIENTALES Y ACCIÓN COLECTIVA EN LAS COMUNIDADES NEGRAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO EJE 1 Transformaciones territoriales en perspectiva histórica: procesos, escalas y contradicciones RESUMEN La región Pacífica colombiana, es una franja angosta de tierras de km2 localizada al occidente del país, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico, cuyas condiciones geográficas y físicas, la hacen rica en biodiversidad y procesos de mineralización. Hoy en día, la mayor población de esta región corresponde a descendientes de esclavos negros traídos por los españoles en el siglo XVII, como mano de obra para la extracción de oro. Desde su llegada al Pacífico los negros han desarrollado diferentes estrategias territoriales, en las cuales se da una incidencia variable de aspectos culturales, económicos y políticos. A partir de la experiencia en terreno, la realización de entrevistas y la revisión de literatura, se plantea como hipótesis central que en el Pacífico sur colombiano actualmente coexisten tres expresiones territoriales, las cuales se encuentran en tensión y conflicto, teniendo impactos en las posibilidades reales de proteger los ecosistemas, base fundamental del bienestar de la población. Una primera noción de base económica, presente desde la época colonial, en la cual el espacio y todo el sistema social se organiza en función de la extracción de oro. Actualmente esta noción de territorio se vive en las cuencas media y alta de los ríos, con cambios importantes en la tecnología y agentes, pero igualmente con fuertes impactos sobre el ambiente y la cultura de las comunidades negras. La segunda concepción fundamentalmente cultural, se empieza a construir también desde la época colonial con la fuga o liberación de los negros, quienes se desplazaron hacia las zonas bajas de las cuencas; la apropiación del espacio estuvo fundamentada en la supervivencia y uso de los diferentes ecosistemas de las cuencas según un elaborado calendario productivo que dependía de los ciclos naturales. La tercera noción, dada a partir de los desarrollos jurídicos posteriores a la Constitución Política de 1991 con los cuales se hace un reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico, produce la idea de territorio político basado en la titulación colectiva de tierras tradicionalmente apropiadas por negros, bajo la nueva figura de Consejo Comunitario, como máxima autoridad comunitaria en el territorio colectivo. Estas nociones generalmente se encuentran en tensión y conflicto. Por un lado, la visión económica capitalista con sus fuertes impactos sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como sobre la cultura, es contraria al proyecto político local de las organizaciones, basado en el buen vivir. Por otro lado, la noción política estatal socava la noción cultural al debilitar las instituciones comunitarias necesarias para la regulación de las prácticas culturales. Con todo esto se erosionan y pierden elementos fundamentales en la construcción de identidad, así como las posibilidades de la acción colectiva y la movilización social y, por tanto, de organización en el proceso de reproducción y pervivencia territorial. De esta forma, las distintas tensiones territoriales están llevando a un deterioro de los ecosistemas, fundamento del buen vivir de las comunidades negras. Palabras clave: territorio; afrodescendientes; minería. 3709

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