CICIACS: SISTEMATIZACIÓN DE UN PROCESO

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1 CICIACS: SISTEMATIZACIÓN DE UN PROCESO Guatemala, junio 2004

2 ÍNDICE 0. PRÓLOGO 3 I. INTRODUCCIÓN 4 II. PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA CREACIÓN 7 DE LA CICIACS A. Primeros contactos, acercamientos iniciales de las organizaciones de Derechos Humanos para discutir agendas en común. 7 B. Conformación de la comisión 13 C. Integración de la PDH 20 D. Integración de la Cancillería 25 D.1. Intervención de Human Right Watch como mediador 25 D.2. Proceso de integración 27 E. Integración de las Naciones Unidas 30 III. BREVE ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 32 IV. DEBATE ACTUAL 36 V. CONCLUSIONES 51 VI. ANEXOS 53 VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 72 2

3 0. PRÓLOGO Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, la sociedad civil guatemalteca se enfrentó a una dinámica de propuesta y de negociación para impulsar políticas públicas tendientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco. En este caminar, muchas organizaciones se distanciaron entre sí, ya sea porque se concentraron en su trabajo puntual o porque incluso defendieron posiciones diferentes ante la solución del problema. El Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para crear una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS signado el 7 de enero de 2004 tiene una historia detrás de alianzas, negociaciones, investigación y cabildeo que como Coalición queremos compartir con la sociedad civil guatemalteca, así como con otras organizaciones y académicos interesados en replicar la CICIACS en sus países. Aunque la historia de la CICIACS no se ha terminado de escribir y su futuro aún es incierto, el proceso que llevó a la firma del convenio con Naciones Unidas debe ser escrito. En la dinámica actual y la desinformación existente en los medios escritos, la verdad de lo ocurrido y el papel clave de sus actores puede perderse. Por otra parte, los esfuerzos de unidad desarrollados por la Coalición pueden perderse de vista en la dinámica política más compleja que vivimos en el Esta sistematización no recoge las lecciones aprendidas y los retos a futuro que tenemos. Será necesario que la Coalición enfrente ese esfuerzo cuando el capítulo CICIACS quede cerrado y tengamos funcionando este órgano internacional en Guatemala. La sistematización del proceso de creación de la CICIACS fue solicitada a la Licda. Karla Olascoaga Dávila. Agradecemos la participación en este esfuerzo de todas las personas entrevistadas. 3

4 I. INTRODUCCIÓN La presente publicación responde al interés de presentar una sistematización del proceso de creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS. Adicionalmente, de las etapas que ello implicó, desde los primeros contactos y acercamiento entre organizaciones de Derechos Humanos, pasando por la experiencia de la conformación de la coalición, el proceso de incidencia con actores nacionales e internacionales, y la etapa en la cual participaron tanto la Procuraduría de Derechos Humanos, como la Cancillería de la República y el sistema de Naciones Unidas. Este proceso comprendió además, la concreción de la iniciativa, misma que contempló la implementación de estrategias de difusión y cabildeo, un proceso de revisión de reformas legales, y una serie de estudios especializados de viabilidad para finalmente concluir en la firma del Acuerdo marco para su creación. Por tal razón, el objetivo fundamental de la publicación de este libro es ofrecer una visión del proceso de creación de la CICIACS, dejar constancia del trabajo conjunto realizado y coadyuvar con la experiencia documentada a futuras iniciativas de carácter similar, tanto a nivel nacional, como regional. Asimismo, se pretende destacar el proceso de gestión proveniente de grupos de sociedad civil, quien en conjunto son los actores principales de este proceso, entre ellos, Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH; Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH; el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, la Fundación Myrna Mack, FMM; la Fundación Rigoberta Menchú Tum, FRMT; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, IECCPG, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG, y Seguridad en Democracia, SEDEM. En el compromiso IV del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos se establece la necesidad de desarticular los cuerpo ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sin embargo, dicho compromiso aun no se ha cumplido. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, ha verificado este componente en su informe correspondiente al período entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001, en el que establece que existen indicios de que la influencia y participación de estos grupos (cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos) en actividades ilegales y delictivas habría crecido, pero su naturaleza clandestina y el encubrimiento del que gozan, dificulta su verificación. El gobierno debe combatir la impunidad que los ampara, especialmente la tolerancia, aquiescencia o complicidad de algunos funcionarios públicos. 1 Tanto el Acuerdo como el Informe mencionados constituyeron el sustento jurídico y a la vez ético para dar continuidad al arduo trabajo de las organizaciones involucradas en la creación de la CICIACS. A mediados de junio del año 2002, las organizaciones de Derechos Humanos acordaron dar relevancia y espacio a la idea de la creación de una Comisión de Investigación que se encargara de los grupos clandestinos que han operado y operan impunemente a lo largo de la historia del país. Esta idea entonces pareció inviable, ya que no se consideró la posibilidad de recibir la aprobación respectiva por parte del gobierno. Sin embargo, el 16 de enero del 2003, la Procuraduría de Derechos Humanos, 1 Numeral 57, del Decimosegundo informe sobre Derechos Humanos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. 4

5 encabezada por su titular, Sergio Morales, recibió la iniciativa y la acogió. A escasos cinco días, el Congreso de la República y el gobierno aceptaron el reto de dar inicio a su proceso de creación. El 13 de marzo del mismo año se firmó el Acuerdo para la Creación de la CICIACS, entre el gobierno, representado por el entonces Canciller Edgar Gutiérrez, y la Procuraduría de Derechos Humanos, al cual se añadieron dos Adendum, fechados 25 de junio y 5 de noviembre del 2003 respectivamente. El primero, en función de ratificar la firme voluntad de realizar todas las acciones necesarias para acelerar la instalación de la CICIACS; así como reafirmar la suscripción del Acuerdo del 13 de marzo, específicamente en lo referente al mandato, integración, funciones, facultades y características del informe final; brindar apoyo a la ONU para establecer la Comisión con carácter de Misión Internacional, con el objeto de garantizar la mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de su mandato. El segundo adendum, fue redactado en función de reconocer el aporte de Naciones Unidas para la creación de la CICIACS, expresado en el informe de su misión técnica que evaluó la iniciativa, reiterar la decisión del gobierno de establecer la CICIACS y aceptar como base de trabajo, las recomendaciones formuladas en el citado informe. En consecuencia, se convino establecer una mesa de trabajo técnico integrada por equipos técnicos nombrados por la PDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las organizaciones de Derechos Humanos. Asimismo, en el Adendum se establece la necesidad de solicitar el acompañamiento técnico de la Organización de Naciones Unidas en el apoyo de la mesa de trabajo, que se encargara de preparar la propuesta de convenio internacional y demás instrumentos necesarios para establecer la CICIACS, como Misión Internacional. Finalmente, el segundo adendum estipula un plazo de 45 días para que la mesa técnica presente al gobierno su propuesta y un plazo similar para que el gobierno de Guatemala presente a la Organización de Naciones Unidas un proyecto de convenio internacional para la creación de la CICIACS. Posterior a ello se inició un largo proceso de trabajo que involucró a las instancias mencionadas. De ese proceso surgió el Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, CICIACS, que fue signado el 7 de enero de 2004, documento que rebasa las propias expectativas provenientes de las organizaciones de Derechos Humanos que impulsaron su creación. El procedimiento de aprobación interno del Convenio Internacional de Derechos Humanos que contiene el establecimiento de la CICIACS se ha extendido e implica que las organizaciones involucradas deberán mantener pendiente una estrategia de lobby. Adicionalmente deberán implementar otra de difusión que supere no sólo los obstáculos que actualmente afronta y que han desencadenado un debate nacional a través de los medios de comunicación, en donde existen posicionamientos antagónicos con relación al tema, sino también una revisión pormenorizada y objetiva del Acuerdo Marco. Esta revisión deberá ser vía la Corte de Constitucionalidad, visto que las Comisiones de trabajo del Congreso de Gobernación y Derechos Humanos, respectivamente adujeron la existencia de algunas inconstitucionalidades en el documento; o, de manera conjunta entre un representante designado específicamente por el Gobierno y un representante Ad hoc, designado por las Naciones Unidas. Sin embargo, para dar ese paso se requiere de una férrea voluntad política por parte de la actual administración pública. Independientemente de los esfuerzos que las organizaciones pro Derechos Humanos desarrollen en el marco de la coalición, se debe impulsar las reformas al sistema de investigación y persecución penal guatemalteco, teniendo presente y haciendo valer el 5

6 reconocimiento público por parte del Estado, de la existencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. A la vez, las organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando la creación de la CICIACS deberán tomar en cuenta las acciones realizadas por el Ejecutivo, que entregó el lunes 7 de junio a la Corte de Constitucionalidad, CC, el documento que contiene las 20 preguntas que buscan determinar si los preceptos y disposiciones del Convenio de Establecimiento de la CICIACS, contraviene la Carta Magna. El cuestionario enviado por el Presidente de la República, Oscar Berger a la CC inquiere acerca de los artículos del acuerdo que otorgan facultades a la CICIACS. De ellos, 17 están vinculados directamente a los artículos que generan controversia y el resto busca determinar si el convenio como Tratado Internacional en materia de Derechos Humanos llena los requisitos para ser aprobado por el Legislativo 2. El presente documento fue elaborado a partir del material de archivo que nos proporcionado por la Secretaría de la CICIACS, y de entrevistas realizadas a los actores principales del proceso, tanto nacionales como internacionales. 2 Diario Siglo Veintiuno, 9 de junio Página 10, artículo de Fredy Portillo. 6

7 II. PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA CREACIÓN DE LA CICIACS A. Primeros Contactos, acercamientos iniciales de las organizaciones de Derechos Humanos para discutir agendas en común. Aunque los puntos de vista de los representantes de las organizaciones participantes en el proceso de conformación de la coalición para la CICIACS Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH; Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH; Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, Fundación Myrna Mack, FMM; Fundación Rigoberta Menchú Tum, FRMT; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, IECCPG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG, y Seguridad en Democracia, SEDEM divergen en cuanto a detalles, existe una identificación clara del extenso trabajo previo a manera de iniciativas aisladas en función del respeto a los Derechos Humanos en Guatemala. Asimismo, el orden de involucramiento y participación de estas instituciones se debe considerar dentro del proceso mismo, y por tanto inserto en etapas identificables y no necesariamente paralelas. Claudia Virginia Samayoa 3, quien funge en la actualidad como Secretaria de la Coalición sostiene que el proceso empezó en noviembre del 2001 cuando se reunieron seis directores de organizaciones de Derechos Humanos que en ese momento dirigían los destinos de la política de los D.D.H.H. desde sus propias organizaciones y que desde allí evidenciaban la necesidad de unirse y establecer una agenda en común, para hacer frente al gobierno del FRG y a la clara presencia de entidades represivas que cada vez se hacían más visibles. Asimismo, Samayoa señala que los primeros actores que trabajaron de manera conjunta fueron Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack; Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG; Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM; Frank La Rue, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH; Miguel Ángel Albizúrez, de la Alianza Contra la Impunidad, ACI y ella, quien entonces era Directora de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Es en ese momento en que surge como G6 denominado así en el 2001 por Frank La Rue, ya que la agrupación estaba constituida por seis organizaciones. En ese entonces la motivación coincidente entre las organizaciones fue lograr acuerdos en puntos en común, con relación a iniciar acciones de lobby con actores internacionales, tanto gubernamentales, como de grupos de solidaridad, en donde los planteamientos con relación a la situación de los Derechos Humanos convergían. Inicialmente, la agenda conjunta era básicamente la situación de los Derechos Humanos y el tema de justicia, como temas prioritarios. El establecimiento de agendas concretas y de incidencia por parte de las organizaciones se centraba en mantener la atención sobre el deterioro de la situación de los defensores y la responsabilidad que tenía en ese entonces el gobierno del FRG. Helen Mack 4, Directora de la Fundación Myrna Mack, precisa que el momento en el cual en Guatemala se activó el interés por el tema, fue a partir del establecimiento de la Comisión Conjunta en El Salvador, en el marco de la Comisión de Esclarecimiento 3 Entrevista realizada a Claudia Virginia Samayoa, el 17 de febrero de Entrevista realizada a Helen Mack, Directora de la Fundación Myrna Mack, el 18 de marzo de

8 Histórico del país vecino, a mediados de los noventas, con la inquietud de que en algún momento se tendría que instalar una comisión similar en el país. Pero la dinámica en Guatemala fue distinta a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, ya que estos fueron implementados sin haberse creado una comisión similar a la mencionada. Posterior a ello, luego del denominado Gobierno de la Paz, en 1999, el tema de la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos se encontraba vigente. Mack señala que las amenazas se seguían dando de una manera sistemática, en menor proporción con relación a la época del conflicto armado interno. En su experiencia personal, Helen Mack sostiene que existía un patrón fácilmente identificable que entorpecía el accionar de las organizaciones como la Fundación Myrna Mack, y que operaba desde las propias instituciones democráticas del sistema judicial. Ese mismo año 1999 Param Cumaraswami, Relator de Naciones Unidas para la Independencia de jueces, fiscales y abogados, visita Guatemala y presenta un informe en el cual recomienda el establecimiento de una comisión similar a la Comisión Conjunta de El Salvador. Sin embargo, su recomendación no fue tomada en consideración y fue tildada de inconstitucional por un sector de abogados nacionales. Pese a las abiertas oposiciones, Helen Mack señala a Cumaraswami como el primer actor internacional que concibe la idea de la creación de una comisión para la investigación de ataques en contra de los defensores de los derechos humanos. Por su parte, Nery Rodenas 5 de la ODHA, identifica el momento de los contactos iniciales a finales del año del 2001, a partir de una convocatoria que realizara Helen Mack. En esa época se tenía claro que diferentes directores de las organizaciones de derechos humanos tenían alguna participación pública a través de los medios de comunicación y se reunían para discutir estrategias conjuntas dentro de ese marco y en el contexto del hostigamiento en contra de las organizaciones de derechos humanos.( ) Empezaron a realizarse reuniones con el gabinete de seguridad y derechos humanos del gobierno de la República, presidido por el entonces Vicepresidente Juan Francisco Reyes López, comenta el Director de la ODHA. Y añade, que tanto las organizaciones de Derechos Humanos que se vieron afectadas, como otras que no lo fueron, se acercaban para solicitar acciones concretas al gobierno. Así se inició la dinámica de las reuniones con el gabinete de gobierno, en la cual se exigían actos concretos que garantizaran el cese del hostigamiento del que estaban siendo objeto las organizaciones en si. Pese a ello, advierte Rodenas, no se veían acciones concretas de investigación a los cuerpos clandestinos que se presumía se hallaban detrás de todas estas actividades intimidatorias y amenazantes. Dentro de este contexto señala Rodenas las organizaciones de Derechos Humanos que nos reuníamos en ese entonces y que estaban representadas por sus directores o sus presidentes, como en el caso de la Fundación Myrna Mack a través de Helen Mack; el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos con Frank La Rue; la Alianza contra la Impunidad con Miguel Ángel Albizúrez; Mario Polanco por el Grupo de Apoyo Mutuo; Orlando Blanco por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala que entonces se conocía como CONADEGUA y que actualmente ya no existe; Claudia Samayoa en su calidad de directora de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y mi persona en representación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, empezamos a ver la posibilidad de crear o proponer un espacio que permitiera realizar una 5 Entrevista realizada a Nery Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el 5 de marzo de

9 investigación de esos cuerpos clandestinos. Empezamos a tener un espacio donde discutíamos la propuesta, para ello ya contábamos con la experiencia de la Comisión que investigó los escuadrones de la muerte en El Salvador y con fundamento en eso, empezamos a manejar la estructura y el contenido que iba a dar vida a la comisión investigativa correspondiente a aparatos ilegales de seguridad. En ese sentido, fuimos discutiendo diferentes aspectos de lo que queríamos que fuese nuestro objetivo para la comisión. Que no solamente investigara la existencia de cuerpos clandestinos, sino que también pudiera tener acciones concretas para desarticularlos. Al mismo tiempo no sólo su desarticulación, sino su posterior enjuiciamiento, teniendo en cuenta que la experiencia que se tuvo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico advertía que no muchas veces se lograba llegar hasta donde estaban los informes, en virtud de que entidades del gobierno principalmente el ejercito, cerraba los espacios, y que si no se contaba con una orden de un juez no podían dar información. Por ello añade Rodenas nosotros no queríamos que esto se repitiera y queríamos ver acciones concretas de investigación para la desarticulación y enjuiciamiento de estos cuerpos clandestinos. Después de mucho discutir en innumerables reuniones surge finalmente la primera propuesta de crear una comisión que pudiera estar integrada por un representante de la Organización de Naciones Unidas, ONU, de la Organización de Estados Americanos, OEA y un representante nombrado por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta por el Procurador de los Derechos Humanos. Además, que se pudiera también contar con la participación de un fiscal especial nombrado por parte del Fiscal General de la República, mismo que pudiera llevar adelante las investigaciones e ir en contra de estos cuerpos clandestinos, pero que a su vez permitiera trabajar adecuadamente con la propia comisión. Orlando Blanco 6, quien inicialmente representó a CONADEGUA y actualmente es Director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, y quien estuvo desde la etapa inicial de acercamiento de las organizaciones, comenta que como una reacción necesaria en contra del hostigamiento del cual eran víctimas los defensores de Derechos Humanos, se convocó a un espacio de intercambio de las organizaciones que en ese entonces tenían mayor presencia a nivel público en el tema. En un primer momento estuvieron en este espacio Alianza Contra la Impunidad, CALDH, la Fundación Menchú, la Fundación Mack y el GAM. Este espacio estuvo funcionando en el 2002 y CONADEGUA se incorporó muy poco tiempo después. Allí se venían discutiendo diferentes posiciones que se sustentaban a nivel de Derechos Humanos, fundamentalmente posiciones relacionadas con el agravamiento de la situación que se estaba dando en esa materia, en torno a comunicaciones conjuntas ante casos relevantes que se estaban desarrollando: audiencias del caso Mack o del caso Gerardi, respectivamente. Blanco asegura que el momento preciso en el cual surge el tema de la CICIACS en el grupo es impreciso, ya que se habló por diferentes escenarios y en diferentes momentos de la necesidad de crear una instancia que se ocupara del tema de los aparatos clandestinos de seguridad y de su modus operandi. Asimismo, añade que en algún momento se tocó el tema en Estados Unidos, y en otro momento se hizo en Guatemala; pero el punto clave para el inicio del tema de la CICIACS es la coyuntura que se dio en marzo del 2002 con el tema del allanamiento que sucedió en AVANCSO, y que posteriormente devino en la acción de emplazamiento que las organizaciones de Derechos Humanos hicieron al Gabinete de Seguridad, en torno a los 6 Entrevista realizada a Orlando Blanco, Director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, el 18 de marzo de

10 hechos de violencia que se veían. Es decir, comenta Blanco, el hecho de que existieran responsables de los hechos de violencia y que pudieran operar impunemente llegó a ser intolerable y producto de ese emplazamiento empezamos a identificar cuales podían ser los mecanismos de desarticulación de los procesos de violencia, revisamos el tema de los Acuerdos de Paz. Posteriormente, estuvimos discutiendo el tema de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, ya que para nosotros estos grupos clandestinos siempre estuvieron vinculados al ejercito y en el informe de la CEH hay una recomendación que se refiere a la conformación de una comisión de depuración del ejercito, es decir, de aquellos agentes perpetradores de violaciones a Derechos Humanos. En esa época fue que empezamos a hablar de la conformación de la comisión, pero nuestras expectativas eran más amplias y por ello empezamos a estudiar el caso de la Comisión Conjunta que se estructuró en El Salvador. Posteriormente, revisamos el tema del Acuerdo Global de Derechos Humanos y allí encontramos las coincidencias que estábamos buscando como sustento legal. Gustavo Meoño 7, actual Director de la Fundación Rigoberta Menchú califica la relación de las organizaciones que actualmente conforman la coalición por la CICIACS como una relación histórica, en donde han sabido coexistir todas las organizaciones con una larga y previa historia de lucha y de participación en el movimiento de Derechos Humanos. Por ello, señala que no es extraño que exista un antecedente fundamental que fue la Alianza Contra la Impunidad. Resalta por ello el hecho de que todas las organizaciones que actualmente conforman esta coalición estuvieran antes vinculados con la ACI. Meoño distingue y destaca por encima de la relación histórica, las dificultades y las contradicciones propias de cualquier movimiento de esa naturaleza, que probablemente en otro ámbito hubiera generado lo contrario, no coaliciones ni unidades, sino divisiones y conflictos. El caso de Guatemala no ha sido a opinión del Director de la FRMT la excepción. En 2002 recuerda que las organizaciones enfrentaron una situación bastante conflictiva, por diferentes razones y por diferentes temas, pero principalmente por el posicionamiento frente al gobierno del FRG: unos a favor de dialogar, otros abierta y totalmente en contra de cualquier tipo de dialogo o de vinculación con ese gobierno. Unos a favor de plantear iniciativas; otros en contra. A instancias de organizaciones solidarias de Holanda, recuerda fueron invitados prácticamente todas las organizaciones que integraba ésta coalición para participar allá en una serie de actividades para promover la solidaridad y para establecer vínculos con el gobierno holandés. Ese, considera Meoño, fue en realidad el contexto de oportunidad que permitió crear las condiciones para abordar y debatir muchas de esas diferencias y contradicciones que se tenían, y, en un ambiente de mucha franqueza, de mucha claridad y con planteamientos frontales, directos, de críticas y señalamientos se logró sentar las bases para discutir de otra manera, a fondo y ser capaces de encontrar los puntos en común, de destacar las coincidencias y posponer o derivar para otros momentos y circunstancias las diferencias. A Holanda se viajó con la intención de posesionarse frente a la situación política en Guatemala frente a la coyuntura e identificar las prioridades. En ese espacio las organizaciones lograron converger en el hecho de que una de las prioridades básicas y fundamental era (entonces) y es (ahora) la lucha contra el sistema de impunidad que le permite a las mafias y a las estructuras clandestinas existir, funcionar y ejercer su poder. El haber llegado a ese punto fue fundamental amplia Meoño permitió reconocer que quedaba muy claro que cualquier diferencia, contradicción o desavenencia entre las 7 Entrevista realizada a Gustavo Meoño, Director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, el 18 de marzo de

11 organizaciones pasaba a un segundo plano frente a un enemigo común. Porque precisamente se tenía claro que eran esas estructuras clandestinas las que nos estaban golpeando, amenazando y hostigando, aclara. Ya que ante la ausencia de una oposición política, las organizaciones de Derechos Humanos se constituyeron, en la práctica, en quienes ejercían y jugaban el papel de una oposición política. Por eso eran golpeadas; así que identificar al enemigo común permitió llegar a una cuestión de fondo y a partir de allí se desarrolla el resto del proceso, donde en determinado momento se llegó al planteamiento de la propuesta de la CICIACS, especifica el Director de la FRMT. Al mismo tiempo Meoño reconoce que aunque el nombre de coalición por la CICIACS, es un nombre relativamente reciente, las mismas organizaciones y las mismas personas que ahora la constituyen han venido trabajando ininterrumpidamente desde el año Como antecedente más preciso señala a toda una serie de reuniones en las que se hablaba de unas seis organizaciones, a la cual asistían seis representantes de seis organizaciones distintas, misma que se le denominó en algún momento G6. Sin embargo, a partir de febrero o marzo del 2002 el trabajo fue mucho más sistemático. Y aunque el nombre de coalición por la CICIACS aparezca mucho después, en realidad se puede encontrar en las reuniones de Holanda un elemento dinamizador y catalizador, porque allí se encontraron las bases para una nueva unificación. Por su parte, Mario Polanco 8, del GAM identifica el proceso de acercamiento institucional desde dos años antes de la salida a luz pública de la propuesta del Acuerdo marco para la creación de la CICIACS. El Director del GAM señala que desde entonces un grupo de organizaciones de Derechos Humanos sostenían algunas reuniones, sin hablar siquiera sobre el tema de la CICIACS, sino más bien en función de ir definiendo algunos aspectos que les permitieran coordinar actividades entre cada una de las organizaciones. A lo largo de todo ese proceso de conocerse, acercarse y compenetrarse organización con organización, fueron llegando a la conclusión de que había que tomar alguna decisión y alguna actitud con respecto a quienes estaban violando los Derechos Humanos y estaban en la total impunidad. Ello implicaba que había que tomar medidas dirigidas a quienes estaban en esos poderes paralelos y ocultos. De allí que se formularon una idea que podría parecer descabellada que era propiciar un proceso de investigación hacia ese tipo de sectores. Esta idea descabellada se fue concretando poco a poco. Algo que parecía irreal y hasta soñador en los primeros meses, fue siendo cada vez más real y concreto. Esa es la razón que a la fecha ha mantenido a las organizaciones trabajando en función de impulsar y concretar el proceso. Como coyuntura clave, Polanco destaca no sólo el allanamiento a AVANCSO, sino también toda una serie de fenómenos que se fueron suscitando durante el 2002 y que provocaban que los defensores coincidieran en distintos espacios. A ello habría que agregar todo el conglomerado de situaciones que mantenía a las organizaciones muy preocupadas. También durante el año 2002, se sostuvo una reunión con el gabinete de seguridad, en donde el entonces Secretario de Análisis Estratégico, Edgar Gutiérrez reconoció la existencia de patrones comunes en cada uno de los crímenes que en esa época se cometieron. De esa cuenta, toda una serie de elementos que se fueron amarrando uno tras otro, hicieron concluir la existencia de patrones comunes que se evidenciaban en ataques sistemáticos y permanentes en contra de las organizaciones, a través de allanamientos, intimidaciones y amenazas. Por ello, Polanco añade que esa situación originó en las organizaciones el deseo y la motivación de generar propuestas para frenar la situación que se tornaba incontrolable. 8 Entrevista realizada a Mario Polanco, Director del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, realizada el 1 de abril del

12 El Director de GAM recuerda que en un viaje que realizó a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2002, adonde fue invitado a participar en la Primera Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, aunque su estadía no tuviera relación directa con la temática y la coyuntura que se vivía en Guatemala con relación a la situación de los defensores de Derechos Humanos, se reunió e inició un proceso de cabildeo con actores internacionales que asistían a dicha Asamblea de la ONU. Claudia Paz y Paz 9, del ICCPG, se refiere de manera similar al proceso de acercamiento de la organización que representa, ya que lo identifica a partir del año 2002, cuando las organizaciones de sociedad civil son invitadas a Holanda. La idea central de la reunion fue establecer una agenda comun en el tema de Derechos Humanos para realizar incidencia ente diversos espacios, entre ellos la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OEA. Paz y Paz sostiene que de allí salieron los ejes principales de trabajo para ese año con relación a la temática de los Derechos Humanos. Y añade, que aunque para entonces todavía no se mencionara la CICIACS, el grupo siguió trabajando la agenda común. Ella personalmente dejó de representar al ICCPG ya que estuvo durante una temporada en España, pero el instituto a su cargo continuó apoyando esta agenda. Ya en febrero o marzo del 2003, el ICCPG volvió a tener una reunión similar para acordar los puntos de trabajo que se presentarían ante el Grupo Consultivo, sobre la base de una agenda en común en los temas de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia. En esa época añade Claudia Paz el instituto trabajaba prioritariamente los temas de justicia y seguridad, por ello se pudo acordar los ejes de trabajo y darles continuidad a los del Ya para entonces se estaba trabajando claramente por la CICIACS. Los aportes del ICCPG fueron dirigidos en función de ofrecer una visión acerca de cuál sería la mejor forma jurídica que permitiera implementar la comisión de investigación. La incorporación institucional del ICCPG, según Paz y Paz fue en diciembre del Iduvina Hernández 10, Directora de Seguridad en Democracia, SEDEM, comenta al respecto que la organización que representa se integran formalmente a la coalición en la etapa final. SEDEM, por ello no formó parte del equipo que originalmente dio vida a la coordinación de organizaciones, aunque tenía por su trabajo y la naturaleza de este trabajo, relación con prácticamente todas las organizaciones que desde la primera fase integraron la coalición. Hernández añade que SEDEM trabajó intensamente con todo lo que tiene que ver con desclasificación de archivos vinculados a los servicios de inteligencia, análisis y contenido de esos archivos. Además trabajan en la promoción de mecanismos de control democrático a servicios de seguridad e inteligencia, eje que pasa por toda la temática inicial de depuración de estos servicios de unidades. Este trabajo cotidiano, añade, de alguna manera se vincula a la investigación de cuerpos ilegales y de aparatos clandestinos de seguridad, cuyo origen se remonta a las estructuras de los servicios de inteligencia en la etapa contrainsurgente. Por ello la relación es casi de carácter natural, profesional e institucional con los temas básicos de funcionamiento de la CICIACS. Desde el primer momento en que surge el planteamiento, para SEDEM es una iniciativa a la cual se debe respaldar y contribuir, aclara. 9 Entrevista con Claudia Paz y Paz, actual Directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, realizada el 3 de marzo del Entrevista realizada el 3 de marzo de 2004, a Iduvina Hernández, Directora de Seguridad en Democracia, SEDEM. 12

13 Hernández es específica en señalar que SEDEM no era parte de la coalición en un primer momento, al igual que el ICCPG. Sin embargo, comenta que más adelante y en función del trabajo conjunto realizado se invita a la institución a integrar la coalición, a través de un planteamiento formal canalizado a través de la Secretaría Ejecutiva del grupo que decide consultar a Hernández como Directora de SEDEM si se está en disposición de integrar el equipo de trabajo. SEDEM accede, se discute en el colectivo de la coalición y finalmente se incorpora a finales de B. Conformación de la propuesta de la Comisión Independientemente de las coincidencias o no de los representantes de las organizaciones involucradas en la conformación de la Comisión, con relación a la etapa de acercamiento de sus instituciones, el proceso de conformación de la CICIACS fue extenso e involucró a otras instituciones y entidades gubernamentales, no gubernamentales y de solidaridad, así como entidades con larga trayectoria en las temáticas de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad. Claudia Samayoa, actual Secretaria de la CICIACS, asegura que para el 2002, año en que la coalición deja de ser la G6 al incluirse a CONADEGUA en su seno, surge un factor que afecta a lo interno del grupo. En primer lugar, durante ese año se estuvo solicitando la participación de sociedad civil para el Grupo Consultivo y el gobierno del FRG dispuso que Helen Mack e Iduvina Hernández, asistieran en representación de sociedad civil a Washington. Sin embargo, hasta esa fecha, la persona que había estado trabajando y haciendo lobby en Washington acerca del tema había sido Frank La Rue, entonces Director de CALDH, actualmente Director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH. El nombramiento de Mack y Hernández por parte del gobierno crea fricciones dentro de la coalición, porque los representantes de las organizaciones de manera conjunta entendían que a partir de una agenda previamente discutida y establecida de manera común, ésta debía ser usada como plataforma ante el Grupo Consultivo, independientemente de quien fuera la persona que viajara como representante por parte de sociedad civil. A ello habría que agregar que a lo interno, la coalición no había designado a un representante en específico, sino que había sido el gobierno quien se había tomado la libertad de realizar las designaciones de Mack y Hernández. Sin embargo, esta crisis fue superada gracias al apoyo de la plataforma holandesa. En Holanda, recuerda Samayoa, adonde fuimos invitadas las organizaciones pro Derechos Humanos se discutió abiertamente acerca de los dos factores que habían generado un cierto nivel de roce entre las instituciones. Se llegó a un acuerdo consensuado en el cual se establecía el compromiso de las organizaciones de mantener la dinámica y un mínimo de respeto hacia el trabajo de cada quien. En el cual básicamente se buscaba limar asperezas y dejar establecido que las organizaciones no se interpondrían en el trabajo de las otras, como una especie de pacto de caballeros. Esta reunión marcó un paso importante que ha constituido la base sobre la cual se rigen actualmente las organizaciones que conforman la coalición, puntualiza. La actual Secretaria Ejecutiva de la coalición añade que la agenda y la propuesta respectivas para retomar los Acuerdos de Paz y la denuncia de los procesos había sido poco proactiva. Se podían aprobar una serie de compromisos, pero la dinámica se tornaba lenta a la hora de implementarlos, en lo cual era posible identificar un trabajo adjudicable a los poderes paralelos o poderes ocultos, en esa época cada vez más evidentes. Esa coyuntura se 13

14 desarrolló coincidentemente entre enero y marzo de 2002, meses en los cuales se desarrollaron atentados contra defensores de los Derechos Humanos. El punto álgido señala Claudia Samayoa en coincidencia con Orlando Blanco se da con el allanamiento de AVANCSO. La trayectoria de esta institución ha generado una amplia capacidad de convocatoria, por ello el hecho del allanamiento generó un fuerte apoyo proveniente de muchos sectores. Esto motivó de parte de veinticinco organizaciones, una dinámica de emplazamiento al gobierno, para que garantizara seguridad. Se le denominó La seguridad no se negocia 11 y se llevó a cabo el 22 de marzo, mediante dos reuniones consecutivas de las 25 organizaciones mencionadas en las referencias al pie del texto. La primera reunión se llevó a cabo en la sede de AVANCSO, en la cual se acordó el diseño de una estrategia conjunta, basada en la exigencia al gobierno de transparencia y respeto al derecho de acceso a la información, y en el mantenimiento permanente y actualizado del flujo de información y análisis de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, entre las organizaciones participantes. Asimismo, se acordaron actividades prioritarias, tales como la sistematización de los casos de violaciones a los derechos humanos de personas, comunidades, organizaciones tanto de la ciudad, como del interior del país. Se acordó además contactar y sensibilizar a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala y al Grupo Consultivo. Adicionalmente, se acordó invitar a otras organizaciones a que apoyaran el movimiento. La segunda reunión, inmediatamente después de concluida la primera en AVANCSO, se llevó a cabo en la Casa Presidencial, lugar donde los dirigentes e integrantes de las organizaciones sociales y de defensores de Derechos Humanos fueron recibidos por el entonces Vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes López. Dicha reunión se desarrolló inicialmente con la exposición del documento La seguridad no se negocia y la presentación de casos concretos recientemente documentados. Poco después, se exigió al representante del Ejecutivo el cese de la represión y el desmantelamiento de la fuerzas clandestinas de seguridad articuladas y de los poderes ocultos responsables de acciones sistemáticas de violación a los Derechos Humanos, tanto de personas, como de organizaciones sociales, defensores de DH y de comunidades en el interior del país. Es 11 El viernes 22 de marzo de 2002, el Grupo Coordinador, constituido por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC; el Comité de Unidad campesina, CUC; el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH; el Centro de estudios, Información y Bases para la Acción, CEIBAS; la Fundación Rigoberta Menchú Tum, FRMT; la Asociación para el Avance de las Ciencias en Guatemala, AVANCSO; la Asociación Feminista La Cuerda; la Fundación Myrna Mack, FMM; la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAHG; el Movimiento Social por los Derechos Humanos de la Niñez y Juventud, MSNJ; la Alianza Contra la Impunidad, ACI; el Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas, CAFCA; Casa Alianza; Casa de Desarrollo Comunitario; la Coalición Guatemalteca por la Corte Penal Internacional, CGCPI; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, CONADEGUA; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA; Grupo de Apoyo Mutuo, GAM se reunió y elaboró el documento denominado La Seguridad no se negocia, en el cual se exige al gobierno a que cesen las acciones de amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos en contra de los defensores y organizaciones de Derechos Humanos y Sociales en el campo y la ciudad; que cesen los desalojos judiciales y de hecho que se realizan por disposición de los finqueros para privilegiar el diálogo y la negociación, como lo dispone el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Asimismo, se emplaza al gobierno, a través de su Gabinete de Seguridad para que el 15 de abril, otorgue una cita a los defensores y a las organizaciones amenazadas durante los últimos dos años para: presentar un informe de los resultados de la investigación que se realiza tendiente a la investigación y procesamiento de los cuerpos de seguridad ilegales, los aparatos clandestinos y los elementos de los aparatos de seguridad del Estado que están actuando fuera de la ley. Presentar un informe sobre los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los diversos casos de amenazas, ataques y asesinatos, con especial énfasis en las amenazas en contra de campesinos, el allanamiento de centros de Derechos Humanos y académicos, las amenazas en contra de religiosos y los antropólogos forenses. Dicha investigación deberá arrojar resultados en torno a la autoría material e intelectual. Presentar un informe sobre los mecanismos de seguridad e investigación que se implementan para la seguridad de los defensores y organizaciones de derechos Humanos y Sociales en el campo y la ciudad. Y por último se demanda que se desarticulen los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos; se de marcha atrás a los nombramientos de militares en los puestos del Ejecutivo que están destinados a civiles; que se reduzca el presupuesto militar y se den explicaciones de lo gastado al momento. 14

15 precisamente en este contexto en donde aparece por primera vez articulada la exigencia al Estado para que reaccionara, señala Samayoa. Posteriormente, el 3 de junio sale a luz pública el comunicado de prensa que hace oficial el emplazamiento y que se detalla a continuación: COMUNICADO DE PRENSA Las organizaciones que emplazamos al gobierno a través del Gabinete de Seguridad el pasado 22 de marzo, hemos asistido a dos reuniones con dicho Gabinete, una el 16 de abril y la otra el 28 de mayo, esperando recibir respuestas concretas a tres asuntos fundamentales: la identificación y desarticulación de los cuerpos clandestinos responsables de la represión a nuestras organizaciones; resultados en la investigación de los diversos casos presentados y cese de la represión y mecanismos de seguridad para nuestras organizaciones. Durante los más de dos meses que ha durado el emplazamiento, no hemos recibido respuestas concretas a lo planteado y, peor aún, la situación de acoso y represión se ha agudizado, al punto que después del 16 de abril se ha registrado un asesinato y ha habido un caso de secuestro y tortura. Dada esta situación, nuestras organizaciones han decidido: 1. Mantener el emplazamiento, pero no asistir a reunión alguna mientras no haya información y respuestas concretas. Se estará a la espera de resultados a través de los órganos de Estado correspondientes; 2. No participar en la Comisión Presidencial formada para investigar los casos presentados. La problemática que hemos planteado debe ser resuelta en los órganos del Estado correspondientes y no en instancias ad hoc. Asimismo, consideramos que el Estado no debe hacer caer en las víctimas la responsabilidad de investigar. 3. Solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar encontrarse en una situación de vulnerabilidad y acoso. 4. En la medida en que en la reunión del 28 de mayo se dio una aceptación tácita de la existencia de cuerpos clandestinos por parte del Gabinete de Seguridad, exigir al gobierno la profundización en las investigaciones de los casos dentro de ese marco. (Al final del comunicado aparecen las firma de las 25 organizaciones involucradas.) De este comunicado se concluye lo siguiente: la primera reunión oficial de la coalición con el gobierno, se realizó el día 16 de abril del 2002, posterior a la dinámica del emplazamiento del 22 de marzo de ese mismo año. Una segunda reunión oficial se sostuvo el 28 de mayo. En ambas reuniones estuvieron presentes los representantes que constituyen el Gabinete de Seguridad: el Ministro de la Defensa, el Titular de Gobernación, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Secretario de la SEPAZ, el Comisionado de la COPREDEH y los Secretarios de la SAE y la SAAS, respectivamente. Sin embargo, ese mismo día el Diario de Centroamérica, órgano oficial de prensa, publica el Acuerdo por medio del cual se crea la Comisión Presidencial para la investigación de amenazas e intimidaciones denunciadas por miembros de organismos y organizaciones de Derechos Humanos, misma que estaría integrada por el Vicepresidente de la República, el Secretario Análisis Estratégico de la Presidencia, el Ministro de Gobernación y el Fiscal General de la República. Sin embargo, hasta un día después de haberse hecho público el comunicado (4 de junio) las organizaciones no habían recibido respuestas concretas por parte del gobierno, salvo un intercambio de cartas entre el entonces Vicepresidente, Juan Francisco Reyes López y las 15

16 Directoras de la Fundación Myrna Mack y de AVANCSO, respectivamente, en el cual básicamente se confirman las resoluciones asumidas por las 25 organizaciones firmantes del Comunicado de Prensa del 3 de junio.. Por otra parte, y a partir del propio emplazamiento comenta Claudia Samayoa éste se convierte en una dinámica de agudización de las contradicciones internas para el gobierno del FRG. El entonces Secretario de la SAE, Edgar Gutiérrez asumió que él era la persona idónea para tratar el tema. Sin embargo, las organizaciones, de manera conjunta habían decidido acudir con el representante de gobierno menos pensado, el Vicepresidente y con quien hasta la fecha se había mantenido un cierto nivel de comunicación. Este tipo de acciones el emplazamiento y las reuniones con el Gabinete de Seguridad generan (tal como lo indica el comunicado de prensa) una dinámica de vigilancia y de atentados que se fueron desarrollando sistemáticamente, tal como el secuestro a Domingo Yaxón, chofer de CONAVIGUA, el asesinato de Guillermo Ovalle de León, contador de la Fundación Rigoberta Menchú y una serie persecuciones a activistas de diversas organizaciones y asaltos a sedes. En el caso del asesinato de Ovalle, Samayoa amplía que se pudo identificar a alrededor de 10 personas que se presume estuvieron vigilando el lugar en donde ocurrió el crimen. Sin embargo, pese este tipo de acciones, se sostuvo el emplazamiento. Contra todo pronóstico, la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, SAE, asume el reto y hace llegar a las organizaciones un extenso Memorandum oficial, clasificado como confidencial, en el cual se evidencia el reconocimiento, por parte del gobierno, de la existencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala. Este documento es una sistematización y validación del Décimo primer informe de MINUGUA sobre el compromiso IV del Acuerdo Global de Derechos Humanos, en el cual se establece la existencia de este tipo de cuerpos. A ello habría que agregar que en el mismo memorandum, el entonces Secretario de la SAE, Edgar Gutiérrez, establece que hay suficientes elementos que corresponden a un patrón de ataque determinado, que los hace similares. Este documento genera serios problemas a lo interno del gobierno del FRG, ya que Reyes López lo acepta, pero los Ministros de Gobernación y de la Defensa lo niegan enfáticamente. Todos estos sucesos amplía Claudia Samayoa se desarrollan antes de la llegada de Hina Jilani, Relatora de Derechos Humanos y representante especial de Naciones Unidas, quien arriba a Guatemala el 26 de mayo, con el propósito de comprobar en qué medida se ha cumplido el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, compromiso adquirido en 1996 y verificar la situación de los defensores de Derechos Humanos en el país. En este orden de cosas, las organizaciones ya han logrado iniciar el proceso de sistematización de los hechos, en función de hacer público un documento formal y confirmar la inacción del Estado. Esta sistematización arroja evidencias concretas de la existencia de un subregistro oficial de intimidaciones, amenazas y allanamientos. La coalición, ante la expectativa de la llegada de la Relatora de la ONU y ante los hechos evidentemente difíciles, se cuestiona acerca de las acciones, planteamientos y solicitudes en materia de Derechos Humanos que deben trasladarse a Jilani. Entre ellos se incluyó la creación de una comisión ad hoc para investigar grupos clandestinos. La Relatora de Naciones Unidas recoge esta recomendación y la hace pública como una primera reacción. Poco después, declara que es necesaria la creación de una comisión que aborde el tema. 16

17 Con la finalidad de ahondar en el tema, las organizaciones convocan a una reunión a la Directora de la Fundación Mack, quien lleva al grupo la propuesta de investigar a nivel internacional experiencias similares, en función de crear la comisión Ad hoc que el grupo plantea. Helen Mack viaja en junio de 2002 a Estados Unidos, y allí se reúne con representantes de la Oficina de Washington para Latinoamérica, WOLA. En ese espacio Mack plantea la necesidad de generar una propuesta más formal sobre la creación de una comisión como la propuesta por al organizaciones, a lo cual los representantes de WOLA le responden haciendo referencia a la experiencia de la creación de la Comisión Conjunta de El Salvador, adicionalmente, WOLA se compromete a hacer un estudio especializado. Un mes después llega a Guatemala una misión de WOLA que designa a Susan Peackok y a Joy Oslon como las especialistas que apoyarían el trabajo de la coalición. Las dos expertas presentan los resultados de su investigación con relación a la Comisión Conjunta salvadoreña, en donde queda explícito el hecho de que ésta comisión se constituyó como una misión especial que se estableció a solicitud de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, como una reacción ante la ola de asesinatos de miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación, FMLN, que cada vez se tornaba más incontrolable. La Oficina de las Naciones Unidas para El Salvador, ONUSAL por sus siglas, no tenía mandato para la investigación de este tipo de hechos. Su mandato se extendía sólo al componente de la verificación. Es así que la Procuraduría de Derechos Humanos en El Salvador convence a las Naciones Unidas para que se establezca su participación en la conformación de un grupo conjunto, a manera de misión extraordinaria que coadyuve a la comunidad internacional de investigadores y especialistas a que generen un informe público muy general. El documento presentado por el grupo conjunto reconoce y acepta la existencia de grupos paramilitares que hasta ese momento estaban haciendo limpieza social y usaban a la policía para sus fines. A través de esta comisión se evidencian 25 casos, que generan expedientes de agentes que debían ser enjuiciados por el Estado salvadoreño. De manera general, el grupo conjunto de El Salvador estaba conformado por expertos internacionales, en el cual existía un fuerte componente de policías y especialistas españoles. Cuando el grupo conjunto concluye su mandato, la cooperación española mantiene la presencia de sus expertos para coadyuvar a una policía que se conforma en función del establecimiento de la persecución penal a los miembros de los grupos paramilitares. Al concluir su trabajo la Comisión Conjunta, el grupo especial capacitado, la policía y los testigos son reubicados por haber participado, como una forma de presión o castigo. Sin embargo, durante la época en la cual funcionó la Comisión, desde el punto de vista de la persecución penal, nada ocurre. A partir de la información que ofrece WOLA, la coalición empieza a trabajar con más seriedad en el diseño de un modelo. Se empieza a elaborar el primer documento mártir (o una primera versión del documento). Se busca darle un nombre adecuado a la comisión y se rescata el nombre que le da los Acuerdos de Paz. De esa cuenta inicialmente se llama Comisión Internacional de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Posteriormente se le retira el calificativo de Internacional y queda estructurado el nombre que tiene hasta la fecha: Comisión de investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS. Posteriormente se intentó volver a revisar el nombre en función de modificarlo, pero luego de largos e interminables debates se trasladó la discusión para ocasiones posteriores que nunca se concretaron. Por esa razón el nombre de la comisión, quedó como se había establecido luego de la corrección preliminar. 17

18 Una de las personas que promulgó e impulsó vehementemente durante el año 2001 la creación en Guatemala de una comisión similar a la del Grupo Conjunto de El Salvador, fue Helen Mack, de la FMM. Y los consideró a partir de la situación de incremento de los casos de allanamientos y amenazas de las cuales fueron víctimas los defensores de Derechos Humanos 12 y a partir del reconocimiento de algunos casos de intimidación a parte del personal de la Fundación Mack. Estos coincidieron con la presión que ocasionó el hecho de concretar y hacer pública la fecha del juicio en contra de los autores intelectuales del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, caso por el cual Helen Mack, su hermana, ha venido trabajando en los últimos 14 años. Mack también identifica el allanamiento a AVANCSO como el detonante de la reacción en conjunto de los defensores de Derechos Humanos. En un primer momento, como apoyo a la investigadora de esa entidad que fue intimidada se planificó ofrecer una conferencia de prensa. Sin embargo, en la reunión que se organizó para preparar dicha conferencia se reconoce que las 25 organizaciones allí presentes estaban bajo la misma situación de intimidación. De allí nace la iniciativa de la reunión con el Vicepresidente, quien funge como Coordinador del Gabinete de Seguridad. Posteriormente, como ya se mencionó, son invitadas por el gobierno Helen Mack e Iduvina Hernández, como representantes de sociedad civil ante el Grupo Consultivo, espacio internacional en donde los temas de justicia, seguridad y Derechos Humanos son prioritarios. Ambas representantes van a la reunión del Grupo Consultivo y a su retorno verifican muy de cerca que las amenazas se incrementan vertiginosamente, ese es el momento en que se da el emplazamiento al gobierno. Bajo estas circunstancias, la coalición ya estaba constituida de facto. El Director de la Fundación Menchú coincide con que el allanamiento de AVANCSO fue un desencadenante muy importante. Eso significaba que a partir de ese suceso, los allanamientos no se iban a detener ante nada y que el modus operandi estaba más que claro, que utilizaban toda clase de recursos, vehículos, una cantidad X de personas, armas, equipos de comunicación y que iban por la información. Es decir, que los allanamientos tenían como objetivo sustraer, copiar o controlar la información en archivos físicos, grabados y sobre todo en las memorias de los equipos de cómputo. El allanamiento de AVANCSO fue en opinión de Meoño un elemento desencadenante, aunque siguieran los golpes. De esa cuenta, el 28 de abril del año 2002 ocurre el asesinato de Guillermo Ovalle de León, mencionado con anterioridad, quien trabajaba como contador de la Fundación Rigoberta Menchú, lo cual significó una escalada muy grande, de la cual nunca se tuvo dudas que fue un crimen político, una forma extrema de amedrentar, de neutralizar a las organizaciones, que así lo entendieron. Por ello, en la temática del emplazamiento se llegó a un punto en el cual las organizaciones se dieron cuenta de que eran usadas y se estaban burlando de sus iniciativas. Meoño ubica la noche de la procreación de la CICIACS, como una noche en la casa de Helen Mack, en la cual se entró en una discusión muy fuerte que llegó a nivel de confrontación. Durante esta discusión se tocó el tema del emplazamiento al gobierno, se propuso hablar con el entonces Vicepresidente de la República, Francisco Reyes López y 12 En 2004 la Coalición, en coordinación con el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos y las organizaciones que integran la Coalición para la CICIACS, publicaron el libro El rostro del terror, análisis de los ataques en contra de Defensores de Derechos Humanos del 2000 al 2003, documento que presenta la situación de los Derechos Humanos en Guatemala y sistematiza la información acerca del tema, a partir de una base de datos creada y alimentada con información de primera fuente. 18

19 habían algunas opiniones encontradas con relación a los reales, posibles y probables interlocutores y al alcance de las acciones conjuntas. A partir de esa confrontación comenta Gustavo Meoño los representantes de las organizaciones nos dimos cuenta de que no se trataba de que fuera Paco Reyes o Portillo, que son exactamente lo mismo y son parte del mismo juego. Cuando les conviene uno aparece como el policía malo y otro como el policía bueno. Uno el que golpea y el otro es que escucha y nos quiere ayudar. Al rato se cambian los papeles, entonces es una burla. Y, en última instancia si quien está detrás de Paco Reyes es la mafia de Ríos Montt y quien está detrás de Alfonso Portillo, es la mafia de Ortega Menaldo, el problema es cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a defendernos. Cómo vamos a combatir a estas mafias. Entonces definitivamente hay que romper esta dinámica, este emplazamiento al gobierno ( ) ya absolutamente se agotó. Esto no nos permitió llegar a ningún lado, tenemos que explorar otras alternativas. Pero no podemos perder algún tipo de interlocución con el Estado. Lo tenemos que encontrar de alguna manera, porque si perdemos la interlocución con el Estado nos aislamos dentro y fuera de Guatemala ( ). En esa reunión surgió la idea de una alianza con la comunidad internacional, cosa que se veía difícil por la falta de interlocución directa en ese sentido. Como alternativa surgió la idea involucrar al Procurador de los Derechos Humanos. También se comentó acerca de la existencia de un antecedente similar, una figura parecida estructurada con anterioridad en El Salvador, en donde se creó una comisión especial, (La Comisión Conjunta, mencionada en más de una ocasión con anterioridad) que sirvió para investigar a los escuadrones de la muerte. Añade Meoño, que fue precisamente durante esa memorable reunión que se concibió a la CICIACS, se engendró a lo que después, mediante un proceso largo de discusión, de búsqueda de asesoría, de búsqueda de referencias, sería la CICIACS. Orlando Blanco, otro de los actores y casi fundadores de la coalición sostiene que los aportes de las organizaciones que desde un principio se reunían fueron muy importantes, ya que sin ellos no se hubiera conseguido construir en un primer momento la propuesta política y, posteriormente, la propuesta técnica. Asimismo, destaca particularmente el trabajo de lobby que realizó la coalición a través de sus representantes. Para el representante de la Oficina de Derechos Humanos de Arzobispado, Nery Rodenas es desde finales de 2002, cuando se pretendió recuperar la experiencia de la Comisión Conjunta de El Salvador, se involucró a la figura del Procurador de Derechos Humanos y se lanzó la propuesta, que se empieza a obtener respuestas positivas como coalición. Mario Polanco, del GAM, por su parte sostiene que la coalición se fue estructurando por partes. La primera era entender qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que perseguíamos; incluso buscar el sustento legal. Entonces ese antecedente yo diría, que es la fase preparatoria que ubico en el primer semestre del Eso nos llevó a lo mejor hasta octubre de ese año. Buscábamos en la Constitución, buscábamos en los Acuerdos de Paz, buscábamos en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. No encontrábamos. Buscábamos experiencias de otros países, ( ) y al fin nosotros teníamos algunos elementos, pero no habíamos entendido realmente a profundidad qué era lo que se pretendía. Ya habíamos iniciado un cabildeo con la comunidad internacional. Total, de que se da ésta situación de entender más o menos y empezamos a pensar cuál era el momento oportuno para dar el brinco, para salir. Y allí fue donde nosotros decidimos que podía ser a través del Procurador de los Derechos Humanos, y el 16 de enero del 2003 es cuando se da la conferencia de prensa, sale ya, explota ya esto. Yo creo que todavía no teníamos claro cómo iba a funcionar esa idea descabellada. Sin embargo, creo que el proyecto llegó a agarrar forma en esa otra etapa, que fue la del cabildeo internacional. 19

20 Polanco piensa que los Estados Unidos han apoyando en el arduo proceso de creación de la CICIACS y por ello sostiene que existe un interés concreto y puede ser posiblemente la cercanía geográfica con ese país. Guatemala está comenta Polanco a dos horas de la frontera de ellos, en un pueblo comercial cualquiera y cualquier terrorista se les puede infiltrar por aquí, si hay un Estado débil. Y entonces la idea es fortalecer ese Estado. La segunda etapa del proceso de conformación de la coalición a la que se refiere el Director del GAM comprende la etapa preparatoria, la de publicidad o difusión; la etapa de negociación. Esta última, reconoce que fue la que sirvió al grupo para aprender sobre el tema y superar algunos obstáculos como coalición. Reconoce que a la vez se logró elaborar un mandato bastante amplio, posteriormente se inició la fase de negociación entre el Estado de Guatemala y el sistema de Naciones Unidas. Etapa que para Polanco fue muy secreta, ya que a la coalición se le mantuvo a cierta distancia. Luego identifica la fase siguiente como aquella en la cual la ONU empezó a evaluar, a elaborar un diagnóstico acerca de la conveniencia de la propuesta técnica. Posterior a la definición de la ONU se aceleró el proceso de negociación con el gobierno de Guatemala y entramos a la última de la etapas que es en la que nos encontramos en este momento, advierte Polanco. Con relación a la situación que enfrenta la CICIACS actualmente, Polanco señala que existen dos vías pendientes de resolver. Una que es el aspecto formal, legal, que lo constituye el hecho de que la propuesta (el Acuerdo de creación de la CICIACS) se encuentre en el Congreso de la República. 13. A la vez existe el fenómeno del debate público, que a su parecer es toda esa guerra sucia que se ha librado por parte de los enemigos de la CICIACS. C. Integración de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH De manera general, todos los actores y representantes de las instituciones que conforman la coalición coinciden en el papel relevante que desempeñó la Procuraduría de Derechos Humanos, a través de la figura del Procurador, Sergio Morales Alvarado, tanto en el proceso de negociación con el gobierno del FRG, como en la fase de divulgación y lobby a nivel nacional e internacional de la propuesta de creación de la CICIACS, hasta la fase de constitución del Acuerdo Marco respectivo. Sergio Morales Alvarado 14 asumió la Procuraduría en agosto del 2002, propuesto por el Movimiento de Derechos Humanos 15, en un contexto marcado por las denuncias acerca de la existencia de grupos clandestinos de poder. Claudia Samayoa, actual Secretaria Ejecutiva de la coalición recuerda la reunión en donde se decidió hablar con el Procurador; ésta reunión coincide con la que Gustavo Meoño 13 Posterior a la entrevista realizada a Mario Polanco, las Comisiones de Trabajo del Congreso, encargadas de dar seguimiento al Acuerdo, de Gobernación y Derechos Humanos respectivamente, dictaminaron que el Acuerdo contenía inconstitucionalidades y fallaron en contra de su promulgación. Mayo Sergio Fernando Morales Alvarado, es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Previo a su cargo como Procurador, laboró como Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue consultor de organizaciones internacionales, como AID y OIT. Ejerció la docencia en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala, respectivamente. 15 Prensa Libre, entrevista realizada por Teresa López a Sergio Morales Alvarado el 30 de mayo de 2002, fecha en que fue electo por el Congreso de la República como Procurador de Derechos Humanos, respaldado por las bancadas del PAN, URNG, UNE y ANN 20