FETE-UGT Madrid acudió a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid

Transcripción

1 07 de marzo 2013 FETE-UGT Madrid acudió a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid El pasado día 12 de febrero se celebró en la Asamblea de Madrid una sesión de control de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad a la que comparecieron la Directora General de Servicios Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid Dª Carmen Pérez Anchuela, y el Presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Madrid (ACEEM) D. Diego Javier Álvarez-Ossorio Santos. La Directora General de Servicios Sociales acude a esta sesión de control para explicar, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, cuáles son las medidas de apoyo sociosanitario que reciben los estudiantes con discapacidad en las universidades madrileñas así como las medidas de apoyo y adaptación a su puesto de trabajo que tienen los profesores con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Estas dos preguntas se formulan en base a lo siguiente: SOBRE LAS MEDIDAS DE APOYO SOCIOSANITARIO A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LAS UNIVERSIDADES MADRILEÑAS. Existen muchas dificultades para algunos estudiantes con discapacidad en las universidades madrileñas como prueban las denuncias reiteradas que viene realizando FAMMA-COCEMFE en relación a la supresión del servicio de apoyo a las personas con discapacidad en la Universidad Complutense. Las consecuencias de esta situación fueron denunciadas en el periódico El Mundo en un reportaje titulado Una estudiante discapacitada se orina encima al no tener ya personal de ayuda La prestación de apoyo sociosanitario eliminada se estaba ofreciendo en los campus de Somosaguas y de la Ciudad Universitaria de la Complutense. Las personas que solicitan estos servicios son personas que en muchos casos no tienen autonomía suficiente para llevar a cabo necesidades básicas de la vida diaria, como la de acudir a los aseos por ejemplo. Las dificultades a las que se enfrentan estos estudiantes estarían mucho mejor resueltas si la sepm@fete.ugt.org

2 prestación de asistencia personal que contempla la Ley de Dependencia estuviera suficientemente desarrollada en la Comunidad de Madrid. SOBRE LAS MEDIDAS DE APOYO Y ADAPTACIÓN A SU PUESTO DE TRABAJO PARA LOS PROFESORES CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En cuanto a las dificultades a las que tienen que hacer frente algunos profesores con discapacidad en la Comunidad de Madrid, el problema no sería la legislación vigente, sino la voluntad política para aplicar las normas existentes. La Ley 53/2003 de 10 de diciembre, de Empleo Público de Discapacitados destaca los principios que inspiran el acceso de las personas con discapacidad al empleo público: igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas. Esta Ley se incumple en algunos casos como se puso de manifiesto en un artículo publicado en el diario El País hace unas semanas donde se cuenta que una profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro, casi ciega, que hasta la fecha ha podido contar para desarrollar su trabajo con un profesor de apoyo encargado de las tareas que ella no puede realizar, en este curso la Consejería de Educación decidió retirar estos apoyos. Para intentar solventar este problema el centro público en el que trabaja se ha visto obligado a complementar su trabajo con un profesor del departamento, con la consiguiente carga de trabajo adicional que supone para este trabajador. Y LA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES CONTESTÓ ASÍ. El Gobierno Regional tiene un especial interés en el acceso a la universidad para todos los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, por ello se reserva un 5% de las plazas universitarias para personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%. Además las pruebas de acceso a la universidad se han adaptado a este tipo de personas, garantizando las condiciones de igualdad con el resto de estudiantes y pueden optar a becas que eximen del pago del pago de la matrícula. Gracias a los programas de vida independiente, los estudiantes con discapacidad cuentan con pisos de transición a la vida independiente y residencias altamente especializadas. Y en cuanto a las medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, en las diferentes universidades de la Comunidad de Madrid se facilita información y orientación, así como los apoyos necesarios para todas las personas que los necesiten, la asistencia personal se ha extendido a todos los grados de valoración de la dependencia. En cuanto al problema planteado anteriormente sobre la supresión del servicio de apoyo a las personas con discapacidad en la Universidad Complutense, la Directora General explica que es una situación concreta circunscrita a una universidad muy concreta y citamos textualmente en la que no solo hay, parece ser, dejación o no preocupación por las personas con discapacidad que estudian allí sino otros muchos problemas que se concretan en una serie de convocatorias de huelgas. Por tanto, no se puede generalizar la situación de todos los estudiantes con discapacidad en la Comunidad de Madrid basándose en lo que ha sucedido a un grupo concreto en una universidad muy sepm@fete.ugt.org - 2

3 concreta, creo que por la falta de sensibilidad de las personas que, a la hora de establecer cuáles son los programas que como universidad tienen obligación de poner en marcha para facilitar esa igualdad de oportunidades y ese acceso, no lo están haciendo. El caso denunciado en el periódico El Mundo es un caso aislado, que obedece a una decisión de la propia Universidad Complutense, y se está trabajando para encontrar una solución. En definitiva, según Carmen Pérez Anchuela, la culpa es de la universidad que, según ella, es la que ha quitado estos apoyos. Y en cuanto a las dificultades que tienen los profesores con discapacidad para hacer frente a su trabajo en la Comunidad de Madrid, la Directora General de Servicios Sociales dice que el empleo y la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Comunidad de Madrid son ámbitos de especial importancia para el Gobierno Regional, por lo que viene trabajando para apoyar que las personas, cualquiera que sea su discapacidad, puedan encontrar ese puesto de trabajo libremente elegido. Y todo esto se lleva a cabo con la publicación del Decreto 54/2006, por el que se regula el Acceso de las Personas con Discapacidad en la Administración de la Comunidad de Madrid. Además, la Consejería de Educación y Deportes aplica lo establecido en la Directiva 2000/78, y que establece que los empresarios estarán obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad, salvo que estas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. En este sentido, y en función de las demandas derivadas de las discapacidades de cada profesor, se adoptan las medidas concretas y personalizadas que razonablemente, en función de las características de cada centro y de las enseñanzas que impartan, puedan aplicarse en cada caso. Además, cuando por las características del centro docente no sea posible realizar las adaptaciones necesarias se les autorizará, a solicitud del propio docente el cambio de centro, mediante la comisión de servicios, a otro centro en el que sea más fácil realizar sus tareas. Vuelve a insistir en que el caso planteado de la profesora de la Escuela de Idiomas es un caso concreto con el que no se puede generalizar, y afirma: que hay bastantes docentes con discapacidad que no están saliendo en los medios y, por tanto, todos debemos entender que están ejerciendo sus funciones docentes en condiciones de igualdad de oportunidades con respecto a otro profesor sin discapacidad. Y adquiere el compromiso de la Consejería de Educación para resolver este tema. sepm@fete.ugt.org - 3

4 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID El Sr. D. Diego Javier Álvarez-Ossorio Santos, Presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Madrid (ACEEM) comparece en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. ACEEM representa una parte importante y significativa de los centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid, donde están empleados más de 2000 trabajadores con diferentes capacidades, siendo más del 30% considerados de alta discapacidad o en riesgo de exclusión social. Más del 80% por ciento del empleo que se genera en nuestro país para personas con discapacidad lo generan los centros especiales de empleo, empleando en la actualidad a más de trabajadores con discapacidad en toda España y cerca de 9000 en nuestra Comunidad. Un trabajador discapacitado en activo en un centro especial de empleo, revierte a la Administración 2,5 veces lo que ésta aporta como ayudas a su puesto de trabajo. Estamos sufriendo la crisis económica más importante de los últimos 30 años y la no priorización del fomento del empleo protegido en las políticas actuales de nuestra Comunidad, realizándose ajustes presupuestarios en el sector de la discapacidad muy por encima del porcentaje de ajuste llevado a cabo en el conjunto de presupuestos anuales institucionales, circunstancias estas que hacen que nuestro sector esté en una situación de muerte clínica. Muchos de los centros especiales de empleo de la Comunidad de Madrid se encuentran en grave riesgo si no de desaparecer, sí de perder todos los logros conseguidos en su larga andadura como motores del empleo de las personas con discapacidad con el quebranto social y drama personal y familiar que esto supone para los trabajadores y sus familias. Esta situación no está originada por falta de viabilidad comercial sino como consecuencia de falta de apoyo de las Administraciones Públicas, que ha motivado la demora o la cancelación del pago de ayudas y subvenciones solicitadas, y en algunos casos incluso concedidas, como consecuencia de la desinversión pública dentro de las partidas presupuestarias destinadas a las políticas activas de empleo, y en especial en las ayudas y subvenciones que facilitan y mejoran la gestión de los centros especiales de empleo. Estas partidas presupuestarias han pasado de 200 millones de euros en 2011 a 60 millones en 2013, es decir, una reducción del 70%. Tan solo con esta cifra de ajuste, sobran las palabras. Todo esto ha creado una incertidumbre económica en todo el sector debido a la deuda acumulada, que a cierre de 2012, alcanza una cifra estimada de más de 30 millones de euros. La situación es de angustia y ahogo económico, de incapacidad de gestión, de impago de nóminas, de generación de deudas que ponen en grave riesgo la sostenibilidad de muchos de los proyectos empresariales, sociales, asociativos y familiares no solo de los 9000 trabajadores sino también de sus familias y entorno social. sepm@fete.ugt.org - 4

5 Es por eso que nos gustaría sugerir como solución inmediata que la Administración de la Comunidad de Madrid, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, si no dispone de partidas de donde poder redirigir las cuantías necesarias para garantizar la cobertura real de las necesidades de nuestro sector, pueda acudir a los fondos sociales habilitados por el Ministerio de Economía, a través de los fondos de liquidez autonómica, destinados en una parte del presente año a la liquidación de deudas prioritarias generadas por los impagos a los centros especiales de empleo. Solicitamos también que se consideren las ayudas asignadas a los centros especiales de empleo como exclusivas para nuestro sector, evitando que puedan ser transferidas o utilizadas para otras partidas o necesidades; es decir, que se consideren como partidas finalistas. Pedimos que la fiscalización para la liquidación de estas subvenciones y ayudas se agilice y simplifique en la mayoría de lo posible, buscando procedimientos telemáticos o simplificación de la documentación que evite la demora y actual dilatación de los pagos y plazos de más de un año para la posibilidad de cobro de las mismas. Otra de las necesidades de nuestro sector se trata de nuestro requerimiento a que las Administraciones se decidan definitivamente a ordenarlo, generando un marco claro para los centros especiales de empleo. No existe hoy en día una delimitación rigurosa y clara ni una definición contundente respecto a qué debe ser un centro especial de empleo. Pedimos que la ley refleje la necesidad de reservar un porcentaje de la contratación pública a los centros especiales de empleo, de igual forma que se obliga al cumplimiento de las medidas alternativas a la empresa privada. Una nueva legislación debería contemplar una ampliación del ámbito empresarial en cuanto a la demanda de cobertura de puestos de trabajo para personas con discapacidad, no sólo a empresas de más de 50 trabajadores sino a todo el tejido empresarial y no mediante el endurecimiento de las sanciones aplicadas a las empresas que no cumplan con la cuota de reserva, sino mediante incentivos a su contratación con otros beneficios adicionales a los actuales o a través de su responsabilidad social. Es necesario también atajar el problema que surge a la hora de gestionar la integración de los trabajadores en la empresa ordinaria. La falta de regulación de la legislación laboral al respecto dificulta o impide en la mayoría de los casos el tránsito a la empresa ordinaria. En definitiva, los problemas expuestos anteriormente sumergen al colectivo de los centros especiales de empleo en una profunda incertidumbre sobre su sostenibilidad. El desamparo por parte de las Administraciones genera una profunda frustración, ya que nuestras demandas y necesidades se ven desatendidas. sepm@fete.ugt.org - 5