SENTENCIA N" 383/2014. :, siendo demandada la Delegación del Gobierno en IVladrid, asistida y representada por el Abogado del Estado.

Transcripción

1 ry *EHÉ úffie*rb. qrysr Admin slración de Jusllc a Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n" 2l de C/ Gran Vía, l NIG : IIiltHEiltililtN trl I lll r01i 30't8531CI355 Procedimiento Abreviad o Demandante/s: D./Dña. LETRADO D./Dña. JUANA M" DEL CARMENMALCA LEO, CLl: BRAVO MURILLO, 82 3o-C, C.P.:28003 MADRID () Demandado/s: DELEGACION DEL GOBIERNO Sr. ABOGADO DEL ESTADO SENTENCIA N" 383/2014 En, a23 dejulio de Vistos por la Ilma. Sra. Du Cristina Pacheco del Yerro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo no2l de, los presentes autos de Procedimiento Abreviado no , instados por la Letrada Du. Juana María del Carmen Malca Leo, en nombre y representación de D. :, siendo demandada la Delegación del Gobierno en IVladrid, asistida y representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha l8 de abril de 2013 fue repartida a este órgano judicial, procedente del Juzgado Decano, demanda formulada por la Letrada Dn. Juana María del Carmen Malca Leo, en nombre y representación de D., contra la Delegación del Gobierno en, la que fue admitida a trámite en decreto de 26 de noviembrc de 2013, reclamándosel expediente administrativo y señalándose día y hora paralacelebración de la vista. SEGUNDO.- El día 8 de julio de 2014 se celebró el juicio con la presencia de la Letrada del recurrente y del Abogado del Estado, con el resultado que consta en autos. TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se formula recurso contencioso administrativo contra resolución de la Delegada del Gobiemo en de 27 de marzo de 2013, desestimatoria del recurso de M.luzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2l de - Procedimiento Abreviado tt6

2 s.ffis. l&wh Administraclón de Justicia reposición interpuesto por el actor frente a resolución de 11 de diciembre de 2012 por la que se denegó la autoúzación de residencia de larga duración solicitada por el mismo; invocando como motivo de impugnación que la condena se impuso por un hecho aislado y se ha suspendido, y que se ha de valorar la situación personal del recurrente. SEGUNDO.- Consta en el expediente administrativo que, presentada por el actor la solicitud de autorización de residencia de larga duración, se dictó resolución el 11 de diciembre de 2012, por la que se denegaba dicha solicitud, al haberse emitido informe desfavorable por constarle antecedentes penales, en concreto, le constaba una condena por sentencia firme de fecha 23 de enero de dictada oor el Juzsado de lo Penal no 3 de Móstoles, por un delito de atentado. El artículo 148 del Real Decreto , de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica , dispone que "Tendrán derecho a obtener una outorización de residencia de larga duración los extranjeros que hayon residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante cinco años.". El artículo 71 del mismo texto legal, relativo a la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dispone que "Para la renovación de la autorización se valorará, en su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos informes; a) Que el extranjero haya cumplido la condena, haya sido indultado o se halle en situación de rentisión condicional de la pena o de suspensión de la pena... " El artículo 31.7 de Ley Orgánica412000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone lo siguiente: " Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará en su caso; a) Los antecedentes penales, considerando lq existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad..." En relación con la cuestión que nos ocupa, podemos citar una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de, de l1 de abril de 2011 que, en lo que nos interesa, estableció lo siguiente: "SEGUNDO.-.- Para la correcta resolución del recurso se hace necesario recordar lo que al respecto dispone la normativa aplicable. Señala el artículo 3l.l de la Ley Orgiinica 4/2.000 sobre Extranjería, reformadapor las Leyes Orgánicas 8/2.000 y I4/2 003, que "Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo a las circunstqncias que lllotivaron su concesión..."; precisando el artículo 51.3 del Real Deueto 2393/2.004 del Reglamento de Extranjería, en orden al procedimiento de tramitación de esta solicitud, que. "Recibida la solicitud, la autoridacl competente procederá a la instrucción del procedimiento y a su inmediata tramitación, y recqbaró de oficio el informe al respecto de la Agencia EsÍatal de la AdminisÍración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y del Registro Central de Penados y Rebeldes. Estos informes deberán ser emitidos en el plazo de I0 días". Por su parte, el artículo 32.2 de Ia.luzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2l de - Procedimiento Abreviado - l53l2}l3 to

3 ffi Adminislración de Juslicia Ley Orgánica 4/2.000, reformada por las Leyes Organicas 8/2.000 y l4/2.003, dispone que "Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años deformacontinuada..."; enlos mismos términos depone el artículo 72.1 del Real Decreto 2393/2.004, precisando su artículo 73.3, en orden al procedimiento de tramitación de esta solicitud, que "Recibida la solicitud, o subsanada ésta, el órgano competente recabara de oficio el correspondiente certificado de antecedentes penales, así como aquellos informes que estime pertinentes para la tramitación y resolución del procedimiento". Sobre cómo debenvalorarse los antecedentes penales, el artículo 31.4 de la Ley Orgánica 1/2000 señala para los casos de residencia temporal lo siguienle: "Paro autorizar la residencia temporal de un extraniero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamienlo español y no figurar como rechazable en el espacio tenitorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, Ia posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, Ios que han sido indultados, o que se encuentren en la situación de remisión condicional de Ia pena". En término similares depone el artículo 54.9 del Reglamento de Extranjería para los supuestos de renovación de las autorizaciones de residencia y trabaio por cuenta ajena cuando señalo lo siguiente: "Será causa de denegación de las solicitudes de renovación, además del incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en este artículo, Ia concurrencia de alguno de los supuestos de denegación previstos en esta sección, excepto el recogido en el apartado Lb) del artículo anterior. Se valorará, en función de la.s circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de residencia, trabajo a los extranjeros que hubieran sido condenados por Ia comisión de un delito y hayan cumplido la condena, Ios que han sido indultados o que se encuentren en la situación de remisión condicional de Ia pena". Por el contrario, el artículo 53.1.a) del mismo Real Decreto 2393/2.004 señala que se denegarán las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenla ajena "cuando consten antecedentes penales del trabajador en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existente en el ordenamiento españo ", precisando también su ort ü que también se denegará dicha autorización "cuando conste un iffirme gubernativo previo desfavorable". De todo lo dicho resulta que cuando nos encontramos ante un permiso o autorización inicial de residencia y trabajo, la tenencia de antecedentes penales determina que se deniega la misma, mieníras que en el caso de eslarse ante una renovación de la autorización de residencia y trabajo, dicha normativa permite en el caso de existir antecedente penal valorar dicha condena en función de las circunstancias del supuesto concreto, como exigen los artículos 31.4 de la Ley Orgánica 4/ del Real Decreto 2393/ En el caso de los presentes autos, como quiera que Ia autorización de residencia permanente implica en realidad unq renovación del permiso de residencia temporal que con anterioridad se ha concedido de forma renovada, entendemos que se debe valorar si pese a la concurrencia de un antecedente penal (condena en sentencia penal firme a pena de dos años de prisión por delito de lesiones), las circunstancias concurrentes habilitan para conceder la autorización de residencia solicitada. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2l de - Procedimiento Abreviado t6

4 Admin slración de Juslicia La Sala, en contra del criterio acogido por la Sentencia de instancia y la resolución administrativa recurrida, considera que en el presente caso se dan esas circunstancias que, pese al citado antecedente penal, habilitan conceder la autorización de residencict permanente solicitada. Y ello es así porque pese a ser cierto el citado antecedente penal a la fecha en que el permiso se solicita el recurrente se encontraba en la situación de remisión condicional de la pena, teniendo declarado el Tribunal Supremo, Sala Tercera, en su Sentencia de 25 de febrero de EDJ2008/25703 que la existencia de antecedentes penales no es impedimento para la concesión de la renovación si se está en alguna de las circunstancias expresamente indicadas en el art de la Ley Orgánica 4/2.000 ("hayan cumplido la condena, los que han sido indultados, o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena"), así como que la expresión "ester en situación de remisión condicional" debe entenderse como equivalente a estarse en siíuación de suspensión condicional de la pena ya que técnicamente no existe "situación de remisión condicional" sino situación de suspensión que, una vez finalizada, produce la remisión de la pena como acto único, no como "situación"(art. 85.2'del Código Penal). A lo que debe de añadirse, como circunstancias que también son ciertas y concurren en Ia persona del solicitante, que dicha condena (y no se ha demostrado lo contrario) lo fue por un hecho aislado que no consta se haya repetido, y que el recuruente lleva residiendo en España al tiempo de su solicitud más de cinco años, teniendo una hija nacida en en nuestro país, por lo que Ia denegación de la autorización de residencia impediría al solicitante poder trabajar legalmente en España con graves perjuicios económicos familiares. Todos estos datos que concurcen en el presente supuesto y en la situación y persona del apelante, Ilevan a Ia Sala, pese a la existencia del citado antecedente penal, a concluir c1ue en lavaloración a realizar en aplicación de los artículos 31.4 de la Ley Orgánica 4/2.000 y 54.9 del Real Deueto 2393/2.004 sobre la legítima posibilidad de poder solicitar en tales circunstancias la autorización de residencia permanente, debe entenderse que en tales circunstancias asiste al apelante el derecho a la autorizoción de residencia permanente solicitada. Y ello es así porque pese al demérito que implica dicha condena penal, se considera contrarreslado de forma bastante por el resto de circunstancias descritas y que a juicio de la Sala le hacen acreedor de la concesión de la autorización de residencia permonente por él solicitada en el expediente administrativo incorporado a los autos (así se ha pronunciado esta Sección con relación a casos análogos al presente en Sentencias de 2I y 22 de marzo de dictadas en Recursos de Apelación núms. 309 EDJ27 1/51842 y 137/10). Por lo expuesto y razonado, procede estimar el recurso de apelación revocando la Sentencia de instancia para en su lugar diclar otra por la que estimándose el recurso contencioso interpuesto se anule, por no ser conforme a Derecho, Ia resolución administrativa impugnada, reconociéndose al apelante D. Guillermo el derecho a que se le conceda la autorización de residencia permanente solicitada. " En el presente supuesto, sele denegó al actor la aufoázación de residencia de larga duración por constarle una condenaa la pena de seis meses de prisión menor, por sentencia firme de fecha 23 de enero de2072, dictada por el Juzgado de lo Penal no 3 de Móstoles, por un delito de atentado..luzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2l de - Procedimiento Abreviado - 153/2013 4t6

5 Éffie Administración de Justicia Ha aportado el actor auto del Juzgado de lo Penal no 3 de Móstoles, de 19 de junio de2012, en el que se acuerda la suspensión de la ejecución de la citada pena de seis meses de prisión por un plazo de dos años, al concurrir los presupuestoseñalados en el artículo 8l del código penal y haberse abonado la responsabilidad civil. Aparte de ello, ha aportado el actor documentación acreditativa de haber estado dado de alta en la Seguridad Social durante más de seis años, así como documentos que prueban que tiene dos hijos menores de edad nacidos en España que se hallan escolarizados. Todo ello, nos ha de llevar a concluir que se ha aportado por el recurrente prueba suficiente de la concuruencia de circunstancias que, como en el caso de la sentencia transcrita, contrarrestan el demérito que implica el antecedente penal, al no constar que haya sido detenido en más ocasiones ni condenado, por todo lo que procede la estimación del presente recurso. TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo de la LJCA, procede hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas a la parte demandada. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Letrada Du. Juana María del Carmen Malca Leo, en nombre y representación de D. r, contra resolución de la Delegada del Gobierno en de 27 de maízo de 2073, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el actor frente a resolución de l1 de diciembre de 2072, por la que se denegó la autorización de residencia de larga duración solicitada por el mismo, debo anular y anulo dicho acto por ser contrario a Derecho, reconociendo el derecho del actor a que se le conceda la autorización de residencia de larga duración que había solicitado; con expresa condena al pago de las costas causadas a la parte demandada. Así por esta mi sentencia, que se notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 248 de la L.O.P.J. y contra la que cabe interponer recurso de apelación dentro de los quince días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo..luzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2l de - Procedimiento Abreviado

6 ltb;f ü. J-E! EEEf,E ói T.K -ffi dre %w*r Admin stración de Justic a PUBLICACIÓN.- Leíday publicada fue la anterior sentencia, por la Ilma. Sra. Magistrada- Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2l de - Procedimiento Abreviado t6