DICTAMEN Nº. 15/2008, de 30 de enero. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 15/2008, de 30 de enero. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X, por los daños y perjuicios sufridos en el vehículo de su propiedad cuando realizaba labores correspondientes a su puesto como Jefe de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Toledo. ANTECEDENTES El día 6 de marzo de 2007 D. X, Jefe de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Toledo, presentó escrito en el que se exponía que con fecha 20 de febrero de 2007 en la carretera CM-401 en el término municipal de Polán y sobre las 11:30 de la mañana mientras me dirigía a visitar una obra sufrí un accidente de tráfico. Como consecuencia del accidente se han producido daños en mi vehículo que se valoran en [ ]. Terminó solicitando una indemnización por el importe de esta última cantidad. Al escrito de reclamación adjunta los siguientes documentos: - Factura pro forma de fecha 26 de febrero de 2007, de reparación del vehículo dañado, por un importe total de euros. - Declaración amistosa de accidente cumplimentado en fecha 20 de febrero de 2007 por los dos conductores implicados en el accidente, y en el que se hace constar que el interesado colisionó con su vehículo en la parte de atrás el otro automóvil, que circulaba en el mismo sentido y en el mismo carril. Durante la tramitación del procedimiento y a solicitud del Jefe de Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Educación y Ciencia, el 26 de marzo de 2007 el interesado aportó el permiso de circulación del vehículo, fotocopia del último recibo del seguro y fotocopia de las condiciones particulares del mismo. Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial se propuso la desestimación de la reclamación interpuesta, por entender que no existía relación de causalidad entre los daños alegados y el servicio público de educación. EXTRACTO DE LA DOCTRINA Prosiguiendo con el análisis del nexo causal, hay que partir de que la reclamación no imputa un funcionamiento anormal de la Administración, sino que señala que en cumplimiento de sus tareas ordinarias, como Jefe de la Unidad Técnica de la Delegación Provincial Toledo, acudía a un pueblo de Toledo, Los Navalucillos, a visitar una obra perteneciente a la Administración educativa, señala que utilizó su propio vehículo porque el único coche del que disponía la Delegación estaba ocupado por otro servicio, pero en ningún momento refiere que la utilización del vehículo privado constituya un elemento de anormalidad en el funcionamiento de la Administración. Por tanto, hay que concluir que la utiliza- * Ponente: Inmaculada González de Lara y Ponte 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha ción del vehículo propio para desplazamientos necesarios en el ejercicio de las responsabilidades encomendadas a un funcionario, es un estándar de normalidad dentro del funcionamiento de la Administración. Cuestión evidente si se constata que en las relaciones de puestos de trabajo existen complementos salariales que compensan la disponibilidad y necesidad de viajar en el ámbito provincial y también están previstas en nuestro ordenamiento indemnizaciones por razón de servicio del personal al servicio de la Administración, que vienen reguladas en el Decreto 36/2006, de 4 de abril, de la Consejería de Economía y Hacienda, contemplando, entre otros supuestos, la indemnización por kilometraje. El reclamante, que omite cualquier dato en relación a sus complementos salariales o las indemnizaciones por razón de servicio que haya podido percibir por sus viajes por cuenta de la Administración, basa su reclamación, según manifiesta en alegaciones, en que de haber sufrido el mismo accidente utilizando el coche oficial es de todos conocido que el conductor no habría abonado los gastos. Si bien dicha alegación es efectuada sin alusión a término de comparación, por lo que resulta imposible efectuar un juicio de igualdad del que pueda desprenderse una discriminación, cumple advertir que de ser así, es una cuestión de seguro a todo riesgo, unido a la levedad de la infracción, pues nada impide a la Administración pedir responsabilidad a sus funcionarios cuando producen un daño a la misma o a terceros, cuando la conducta de aquellos está incursa en dolo, culpa o negligencia graves y en cualquier caso, la Administración no responde por las sanciones de tráfico o seguridad vial que puedan ser impuestas a sus conductores, por serlo intuitu personae. En conclusión, desechada la posibilidad de la existencia de trato discriminatorio y habiendo admitido el reclamante su culpa en el accidente sufrido, tal y como reconoció en el parte amistoso suscrito con el conductor del vehículo golpeado por detrás, resulta imposible anudar una relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y el resultado lesivo, pues resulta patente que la causa eficiente del accidente que causó los daños a un tercero y al propio vehículo, no fue el actuar de la Administración, sino la distracción del reclamante, que en momentos en que las condiciones del tráfico exigían la máxima atención y prudencia, no fue capaz de detener el vehículo para impedir el alcance, lo que impone que la reclamación sea desestimada pues la Administración no viene obligada a indemnizarle por no concurrir los requisitos que exige la Ley para aplicar el instituto de la responsabilidad patrimonial, debiendo ser indemnizado exclusivamente con las prestaciones salariales y las indemnizaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación estatutaria. Todo ello en aplicación de la reiterada y pacífica jurisprudencia, citándose al efecto y por todas la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2003 (Ar. 2003,2358), que dice: la clave para resolver el enunciado conflicto está en la normalidad o deficiencia en la prestación del servicio y, en su caso, si esta última es o no imputable al funcionario o servidor público. [] En el supuesto de funcionamiento normal, el servidor público ha asumido voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de soportar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación estatutaria, siendo este el criterio mantenido en la Sentencia de esta Sala de 10 de abril de [...] En el caso de funcionamiento anormal del servicio público, se debe discernir si la deficiencia o anormali- 2

3 dad es consecuencia exclusivamente de la propia actuación del servidor o funcionario público, en cuyo caso su misma conducta sería la única causante del daño o perjuicio sufrido, con lo que faltaría el requisito del nexo causal [...] o si la deficiencia o anormalidad del servicio obedece a otros agentes con o sin la concurrencia de la conducta del propio perjudicado. [] En el caso de que ninguna participación hubiese tenido el funcionario o servidor público perjudicado en el resultado producido, debe ser cabalmente resarcido e indemnizado por la Administración Pública de todos los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado hasta alcanzar su plena indemnidad, pero en el supuesto de que hubiese cooperado en el funcionamiento anormal del servicio, la indemnización habrá de moderarse en atención a su grado de participación. Esta doctrina ha sido mantenida por el Alto Tribunal en sus posteriores Sentencias de 6 de junio de 2005 (Ar 2005,5207) y 24 de enero de 2006 (Ar 2006,1037). DICTAMEN Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento de la Consejería de Educación y Ciencia, y los daños sufridos por el funcionario D. X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 3

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