En la ciudad de Santa Fe, a los 28 días de diciembre del año dos mil once, se reúnen en Acuerdo

Transcripción

1 En la ciudad de Santa Fe, a los 28 días de diciembre del año dos mil once, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral, Dres. José Daniel Machado, Julio César Alzueta y Sebastián César Coppoletta, para resolver el recurso de apelación puesto por la demandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Distrito 1 de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación de Santa Fe, en los autos caratulados: DOLINSKY, Sergio Gustavo c/ UNIDEM S.A. y otro s/ C.P.L. (Expte Fo Año 2011). Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones: PRIMERA: Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: Qué pronunciamiento corresponde dictar? Dispuesto el orden de votación, resulta: Coppoletta, Alzueta, Machado. A la primera cuestión el Dr. Coppoletta dice: Contra la sentencia dictada por el Sr. Juez A Quo que hace lugar a la demanda condenado en forma solidaria a los demandados C.G.& L. Santa Fe SA y Unidem SA al pago al actor de los rubros que se declaran procedentes e impone las costas a las demandadas, se alza la firma comercial Unidem SA mediante el recurso de apelación parcial que interpone a fs. 261 y resulta concedido a fs Elevados los autos ante esta instancia, la parte demandada recurrente expresa sus agravios a fs. 282/285, los que son contestados por el actor a fs. 288/292. Habiéndose decretado el pase de autos a resolución, quedan las presentes en estado de dictar sentencia. Se agravia la recurrente en que el A Quo haya condenado en forma solidaria a esa parte por las deudas laborales de la codemandada C.G.&L. Santa Fe SA. En sus argumentos sostiene la recurrente que no ha existido un contrato comercial entre las empresas codemandadas CG&L Santa Fe SA y Unidem SA. Sin embargo, ello no constituye técnicamente un agravio porque ese no ha sido el razonamiento del Sr. Juez A Quo. La sentencia de grado analiza detalladamente que el actor era empleado de CG&L Santa Fe SA y que a su vez esta empresa era subcontratista de SEM S.R.L., que el actor fue

2 (Expte. N Año 2011) despedido en fecha 30/03/95, devengándose en esa fecha el crédito que se reclama contra CG&L Santa Fe S.A. y contra SEM S.R.L., obligación ésta de SEM S.R.L. que asume luego Unidem SA por el contrato de fusión. Por lo tanto, no sostiene el A Quo como erróneamente lo denuncia el recurrente una vinculación comercial entre CG&L Santa Fe S.A. y Unidem S.A.. Como corolario, el agravio deberá ser rechazado. Luego se agravia el recurrente por la aplicación al caso del art. 30 ley Conforme los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en los casos "Vanni" (A. y S., T. 178, pág. 83); "Franco" (A.y S. T. 200, pág. 151), "Mergen" (A. y S., T. 225, págs ), "Prieto" (A y S T 228, págs ), "Manatini" (A y S T. 229, págs ), la aplicación del Art. 30 LCT debe efectuarse sin caer en un mero dogmatismo, analizando detalladamente las circunstancias del caso, con la dificultad que implica otorgar la protección propia del sistema del derecho del trabajo al trabajador como sujeto de especial tutela constitucional y, al mismo tiempo, proteger los derechos constitucionales del demandado quien podría verse en la situación de asumir como propia una deuda ajena. Y la Corte santafesina ha señalado una serie de criterios que deben ser valorados por los jueces de la causa al analizar la aplicabilidad al caso del art. 30 ley : a) comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en la norma; b) inaplicabilidad del dispositivo cuando un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución, aún con exclusividad; c) en los contratos de concesión, distribución y demás afines, no existe contratación de servicios mentada como determinante de la solidaridad; d) se reafirma la plena vigencia de la debida y severa tutela de los derechos del trabajador en supuestos de fraude laboral; e) la aplicación del artículo 30 debe hacerse en base a la actividad normal y específica de la empresa, la actividad real del establecimiento en vez del objeto social; f) para que nazca la solidaridad prevista en la norma debe tratarse de servicios contratados o subcontratados que complementen o completen la actividad normal de la empresa y existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratante.

3 Estimo que las pautas señaladas por la Corte Provincial han sido debidamente observadas por el Sr. Juez A Quo en su sentencia. Y, en especial, el detallado análisis de las pruebas producidas en el expediente que ha realizado el Sr. Juez A Quo garantiza la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en la norma, por lo que el fallo recurrido lejos está de ser una mera decisión dogmática del sentenciante. La recurrente dirige el fundamento de su agravio en considerar que no ha existido una cesión de la actividad normal y específica propia de la firma SEM S.R.L. a CG&L Santa Fe SA. Y ello pues SEM S.R.L. tenía por actividad societaria la atención de urgencias médicas y que cuando esa urgencia requería el traslado del paciente ello se realizaba con las unidades UCO propias de la empresa, y que los traslados de paciente que se contrataban con CG&L Santa Fe S.A. eran todos aquellos que no respondían a una emergencia médica. De este modo, según el argumento del recurrente, la actividad social normal y específica propia de SEM S.R.L. sería la atención médica de urgencia -incluidos los traslados de pacientes- y todo lo que sea atención médica sin urgencia -incluidos los traslados de pacientes- no sería actividad social normal y específica propia de SEM S.R.L. Y habiendo contratado con CG&L Santa Fe justamente el traslado de pacientes sin urgencia, no se configuraría la cesión de la actividad social normal y específica propia de SEM S.R.L., por lo que la solidaridad en base al art. 30 LCT resultaría inaplicable. Del propio argumento del recurrente se desprende, entonces, que SEM S.R.L. ofrecía en su contrato con sus asociados el servicio de traslado por situaciones de no urgencia, y por cumplimiento de ese contrato debía realizar el traslado del paciente. Esto lleva a considerar que el traslado de pacientes en situaciones de no urgencia formaba parte de la actividad societaria de SEM S.R.L. (fs. 124vta/125), debiendo entonces decidirse si esta actividad era la normal y específica, propia de la empresa, o era mas bien una actividad secundaria que imposibilitaría la aplicación del art. 30 ley La actividad societaria debe considerarse como principal toda vez que constituya una

4 (Expte. N Año 2011) ventaja competitiva en el mercado. Las empresas de similares actividades compiten entre sí en nichos de mercado buscando llegar al consumidor con mejores bienes o servicios al menor costo. En el caso de autos, el ofrecimiento por SEM S.R.L. a sus asociados del servicio de traslado aún en el caso de no urgencias se traducía en una ventaja competitiva en el mercado frente a otras empresas de urgencias médicas que no incluían en sus servicios este tipo de traslados. Luego, el por qué la empresa SEM S.R.L. dispuso que los traslados de no urgencia (según lo dice) se realice con ambulancias de CG&L Santa Fe S.A. y no con las unidades propias es una decisión empresaria que no ha sido suficientemente explicada por la empresa, pero evidentemente esa decisión ha dado lugar a la subcontratación del servicio. Y de esta forma, la prestación del servicio hacia el tercero consumidor se producía a través de una unidad técnica de ejecución, formada por las empresas SEM S.R.L. y CG&L Santa Fe S.A., lo cual se demuestra en el control del servicio que ejercía directamente la empresa SEM S.R.L., comercializándolo como propio frente al consumidor. Además, la caracterización de actividad societaria como principal o accesoria no puede quedar sin más a una mera consideración unilateral de la propia empresa, pues de este modo, la demandada podría alegar que la actividad principal era la relacionada a urgencias de cierto tipo de patología y no cualquier urgencia y, así, manejando a su antojo el argumento de la verdadera actividad principal podría siempre escapar a la aplicación del art. 30 ley De todas formas, también observo que el argumento de la parte recurrente respecto que los traslados de pacientes que efectuaba CG&L Santa Fe S.A. respondían únicamente a situaciones de no urgencia y eran programados tampoco se desprende de las pruebas de la causa. Así, el testigo Sr. Del Petre (fs. 148vta), ex empleado de la firma SEM, declara que se solicitaba el servicio de ambulancias a CG&L no solamente para traslados programados sino también cuando se saturaba el servicio en horas picos; y el testigo Sr. Montes (fs. 150vta) afirma que SEM se comunicaba a la base por radio y desde allí le enviaban a la ambulancia la orden de traslado, lo cual no implica ningún traslado programado.

5 Como corolario, el argumento recursivo de la demandada no puede prosperar, y la condena en los términos del art. 30 ley luce correctamente resuelta conforme las circunstancias de la causa y las pautas señaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Por último, realizando el control de constitucionalidad de oficio que corresponde efectuar a cada Juez conforme la estructura difusa del mismo en el sistema argentino, no observo que existan normas jurídicas que por violación al bloque constitucional federal deban ser declaradas inconstitucionales de oficio. Voto por la afirmativa. A la misma cuestión el Dr. Alzueta dice: Que coincide con las conclusiones del preopinante, por lo que vota en igual sentido. A la misma cuestión el Dr. Machado dice: Que expone las mismas razones vertidas por los preopinantes y, como ellos, vota en igual sentido. A la segunda cuestión los Dres. Coppoletta, Alzueta y Machado dicen: Que atento el resultado de las votaciones precedentes corresponde: 1) rechazar el recurso de apelación; 2) las costas en esta 2a. Instancia serán impuestas a la demandada recurrente; 3) los honorarios de los letrados por el trámite del recurso de apelación se regularán en el 50% de los que, en definitiva, se regulen en primera instancia. Por los fundamentos y conclusiones del Acuerdo que antecede, la SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO LABORAL R E S U E L V E: 1) Rechazar el recurso de apelación. 2) Las costas en esta 2a. Instancia serán impuestas a la demandada recurrente. 3) Los honorarios de los letrados por el trámite del recurso de apelación se regularán en el 50% de los que, en definitiva, se regulen en primera instancia.

6 (Expte. N Año 2011) Resérvese el original, agréguese copia, hágase saber y oportunamente bajen. Concluido el Acuerdo, firman los Señores Jueces por ante mí, que doy fe. Dr. COPPOLETTA Dr. ALZUETA Dr. MACHADO Dra. Claudia M. BARRILIS Secretaria