PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO Y EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS COMO BASE PARA UNA INCLUSIÓN SOCIAL EFECTIVA 1

Transcripción

1 PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO Y EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS COMO BASE PARA UNA INCLUSIÓN SOCIAL EFECTIVA 1 El Informe de Olivenza 2014 es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29de noviembre); centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito productivo y laboral. El eje económico de inclusión social del Informe aborda dos dimensiones fundamentales, según el sistema de indicadores propuesto: por un lado, la participación en la producción, es decir, en el empleo, y por otro, en el producto social, es decir, generación de ingresos, pobreza y consumo. Los resultados indican que la desventaja de la población con discapacidad en el eje económico se cuantifica en casi un 33% respecto a la población general, que se explica fundamentalmente por la enorme diferencia en cuanto a tasa de actividad laboral por un lado, y por una distancia también relevante en los niveles de pobreza. Es el porcentaje de población en situación laboralmente activa (-51,55%) y el porcentaje de población en pobreza severa (-52,8%), los que muestran mayor diferencia con respecto a la población sin discapacidad. Podría decirse, esta diferencia apuntaría a señalar el significado del derecho a oportunidades en el mercado de trabajo y modelo productivo para obtener ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, un medio de prevenir la pobreza y favorecer la inclusión social. Otros indicadores, que relevan estas desventajas, son la tasa de paro, el salario medio y la población en riesgo de pobreza, cuyas diferencias con respecto a la población en general, como se observa en el siguiente gráfico representativo, extraído del informe citado líneas arriba: 1 Extracto de información del Informe de Olivenza 2014, disponible en la web del OED. 1

2 Fuente: OED. Informe Olivenza En concreto, el riesgo de pobreza afecta al 32% de la población con discapacidad, casi 5 puntos por encima de la población en general. Por su parte, la pobreza severa afecta a un 14,7% de la población con discapacidad frente a un 9,6% en la población sin discapacidad. Respecto a la población en situación laboral activa, el análisis de la ganancia bruta (salario) indica diferencias relevantes cercanas a los 2,500 euros anuales entre personas con y sin discapacidad, diferencias muy acusadas, además, en función del sexo y la edad, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad. En este sentido, las mujeres reconocen disponer, en general, menos recursos de apoyo que los varones para actividades de la vida diaria. Adentrándonos aún más en la situación diferencial de la población con y sin discapacidad con relación al eje económico, resaltamos a continuación tendencias extraídas del análisis de los datos vertidos en las tablas correspondientes de dicho informe, que explicitan con mayor detalle los límites de exclusión social a los que se acercan más las personas con discapacidad y, más marcadamente las mujeres con discapacidad: Participación en la producción y el empleo Respecto a la tasa de actividad, desde 2008 hasta el 2013, se observa un incremento leve de dicha tasa en las personas con discapacidad, muy similar al de las personas sin discapacidad, aunque se mantiene una diferencia bastante amplia entre unos y otros, en contra de los primeros. Es verdad que se detecta una mejoría en el año Siguen siendo las mujeres las menos representadas en la tasa de actividad, incluso con diferencias respecto a las mujeres sin discapacidad. Esto se refleja, 2

3 también, en la bajada de la tasa de empleo en estos años y, al mismo tiempo, el aumento de la tasa de paro, con las mismas diferencias respecto a las personas sin discapacidad. Por grupos de edad y su relación con la actividad económica, se observa que es el grupo de 25 a 44 años el que incrementa más su participación el mercado laboral, con mayores diferencias en el caso de las mujeres con discapacidad. Aunque se observa mayores tasas de actividad en las zonas de mayor concentración de población respecto a las menos pobladas, las diferencias son mínimas. 3

4 A mayor nivel de estudios más incremento de población con discapacidad activa se observa, además de más personas en situación de ocupadas, lo mismo que en la población sin discapacidad. Por tipo de discapacidad, son las personas con discapacidad sensorial las que presentan mayores tasas de actividad, seguidas de las personas con discapacidad física, intelectual y por último mental, igualmente se observa estas tendencias en las tasas de empleo. Sin embargo, las tasas mayores de desempleo se encuentran en las personas con trastorno mental, seguidas de las personas con discapacidad intelectual. Por grado de discapacidad, a menor grado de discapacidad mayor tasa de actividad (de 44% y menos), lo mismo que sucede con la tasa de empleo. La tasa de desempleo, coherente con esta tendencia, es mayor en el caso de las personas que tienen un grado de discapacidad superior al 45% y más a partir del 65%. Predominan, por encima del 80%, los asalariados con discapacidad frente a los que están por cuenta propia, con mayor representación en el sector privado. Es en el sector Servicios donde se dan las mayores tasas de ocupados, siendo en el 2013 del 81%, observándose un incremento desde el año Es elevado el porcentaje de personas con discapacidad con contratos indefinidos con relación a los contratos temporales, casi el doble. Aunque, en el caso de las mujeres se observa más personas con contratos temporales que en el caso de los hombres con discapacidad. Es también relevante que más del 50% de los contratos son sin bonificaciones o reducciones, sin dejar de ser relevante el dato de aquellos contratos con bonificaciones o reducciones. En este caso, son también las mujeres las que acceden a contratos de trabajo sujetos a bonificaciones o reducciones. Aunque es relevante el porcentaje de personas con contratos específicos para personas con discapacidad, predominan otros contratos y, en este caso, es mayor en los varones que en las mujeres con discapacidad. En los Centros Especiales de empleo, vemos, también, una predominancia de contratos eventuales y por obra o servicio, aunque no dejan de ser relevantes los de mayor estabilidad laboral. Sí que podemos señalar un incremento de las personas contratadas desde el 2008 al 2013, tal como resume el siguiente gráfico 4

5 Aunque la población con discapacidad ha visto incrementado su participación en el mercado de trabajo, no deja de ser indicativo el porcentaje de personas con falta de oportunidades de empleo (31,3), siendo igual percibido por hombres (31,1%) y mujeres (31,5%), aunque algo mayor en estas. Participación en ingresos y riesgo de pobreza: Aunque resulta llamativo que es mayor el riesgo de pobreza (62,7%) de la población sin discapacidad respecto a la población con discapacidad (53,2%), sí que se observan diferencias importantes respecto al grado de severidad de la pobreza. En el caso de la pobreza absoluta, el 14,7% de las personas con discapacidad frente al 9,6% en la población sin discapacidad están en situación de pobreza severa. Esa diferencia, también, se detecta respecto al indicador de pobreza relativa, según la Encuesta de Integración Social y Salud del Si revisamos el salario de las personas con discapacidad, estas reciben menos ganancia anual bruta y por hora trabajada respecto a las personas sin discapacidad, siendo aún mayor la diferencia en el caso de las mujeres con y sin discapacidad, principalmente en las primeras. Los salarios más altos se observan en las personas de 45 y más años, siendo menor a medida que se es más joven, tanto en las personas con y sin discapacidad (Fuente: INE, El salario de las Personas con discapacidad, ). 5

6 Son las personas con contratos de duración determinada las que menos salario perciben con relación a los contratos de duración indefinida, encontrándose igual diferencias en favor de las personas sin discapacidad respecto al monto de dicho salario, percibido anualmente. No deja de ser significativa las diferencias respecto a las mujeres, estas cobran menos y sobre todo las mujeres con discapacidad. Por tipo de discapacidad, predominan mayores salarios en las personas con discapacidad sensorial seguidos de las físicas. Son las personas con discapacidad mental e intelectual las que presentan salarios más bajos, principalmente las personas con discapacidad intelectual. Como tendencia permanente, no deja de ser relevante los menores salarios de las mujeres. En este caso, las mujeres con discapacidad física presentan salarios más elevados que el resto de las mujeres con discapacidad, seguidas de las mujeres con discapacidad sensorial. Por grado de discapacidad, son las personas que presentan un grado menor del 44%, las que perciben un salario más elevado con respeto al resto de personas con mayores grados de discapacidad. Las personas con discapacidad asalariada con bonificaciones a la Seguridad Social, tienen salarios más bajos que los que no las perciben. En el caso de las mujeres, estas siguen ganando menos en ambos casos. En cuanto al importe medio de las pensiones, aunque han ido subiendo desde 2010 a 2014, las personas con discapacidad siguen percibiendo pensiones por debajo de los 1000@. Las personas con discapacidad con prestaciones no contributivas siguen siendo bajas, por debajo de los 400. En General, se observan diferencias importantes entre las Comunidades Autónomas respecto a las prestaciones económicas y subsidios dirigidos a las personas con discapacidad, además del tipo de destino de dichas prestaciones. Es Andalucía la Comunidad Autónoma que más prestaciones y beneficiarios registra, seguida de Murcia y Castilla y León. Gastos asociados a la discapacidad Un total de de personas con discapacidad, declaran tener gastos asociados a algún familiar con discapacidad que ronda los 3000 anuales, lo cual implica un gasto más con relación a aquellos hogares que no tienen ningún miembro con discapacidad. No se observa diferencias importantes entre hombres y mujeres, aumentando a medida que se es 6

7 adulto, sobre todo a partir de los 70 años. Los principales gastos van dirigidos a tratamientos médicos (29%) fármacos (28.3%), Ayudas Técnicas (28%), Transporte y desplazamiento (24,3%) y asistencia personal (21,6%), principalmente, según la proporción de hogares que citan dicho gasto. Se observa que estos se distribuyen entre los diferentes tipos de discapacidad, como por ejemplo las personas con deficiencia auditiva tienen más gastos en Ayudas Técnicas, mientras que las personas con deficiencia motora en Transporte y desplazamiento. En el caso de las personas con discapacidad predominan aquellos hogares que ingresan entre 500 y 999 (34,1%), mientras que en los hogares sin personas con discapacidad el mayor porcentaje se encuentra en ingresos entre 1000 y 1400 (23,5%). A partir de estas tendencias, las personas con discapacidad presentan una menor participación en el empleo y en los ingresos que la población en general, conllevando, por tanto, mayores riesgos de pobreza y de exclusión social, especialmente para las mujeres con discapacidad. Este eje económico, como parte del Sistema de Indicadores para la Inclusión Social revela, precisamente, la pertinencia de abordar políticas y estrategias que reduzcan las brechas de acceso a los ingresos necesarios, precisamente, para acercar a estas personas a un nivel de vida de calidad, que esté por encima del nivel mínimo de pobreza y de exclusión social consensuado por los diferentes agentes económicos y sociales

8 El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura. 8