Ana Fernández Abadía Juan Castro Fernández

Transcripción

1 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SREVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD EN LAS II JORNADAS TÉCNICAS DEL SISTEMA ARAGONÉS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Próximos pasos de la Ley de Dependencia a nivel estatal Zaragoza, 8 de febrero de 2008 Saludos: - Dª. Ana Fernández Abadía, Consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón - D. Juan Castro Fernández, Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. - Señoras y señores: Deseo agradecer a la Consejería de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, y a los responsables de la Feria de Zaragoza su invitación para intervenir en las Segundas Jornadas Técnicas del Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia, que se celebran en el marco del Salón de la Autonomía, Dependencia y Discapacidad. Estas Jornadas constituyen un entorno de encuentro indispensable entre los diferentes agentes vinculados con la atención a las personas en situación de dependencia. 1

2 Encuentros como el que hoy celebramos contribuyen no sólo al debate y a formar a unos cualificados técnicos y profesionales, así como a ciudadanas y ciudadanos dispuestos a poner sus conocimientos al servicio de los demás. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha sido la iniciativa con mayor impacto social desde la aprobación de la Ley de Pensiones No Contributivas, también por un Gobierno Socialista, en el año Esta Ley constituye una verdadera revolución social en el ámbito de los servicios sociales. Pero, para hablar con la perspectiva adecuada de los próximos pasos de la Ley de Dependencia para los años venideros estamos obligados a enmarcar sus objetivos en un marco estratégico más amplio. Desde el Gobierno de España nos proponemos alcanzar el pleno empleo, y desarrollar y consolidar la política social propia del Estado del bienestar más avanzado; acometer la modernización de la España del siglo XXI, afrontando con éxito los nuevos retos que se les plantean a todos los países desarrollados; y garantizar y reforzar, como hemos hecho hasta ahora, la convivencia y la cohesión social. Como ha señalado el Presidente Rodríguez Zapatero Hoy ya nos podemos fijar una nueva frontera: estar junto a los primeros, estar junto a lo países más prósperos, y también más decentes, del mundo. 2

3 Una sociedad de pleno empleo, o que se acerca a este objetivo, tiene que ser una verdadera sociedad del bienestar, pues permite dirigir los recursos de que dispone el Estado a garantizar la cohesión social, a avanzar en justicia redistributiva y en calidad de vida para todos. En la próxima Legislatura se nos presenta la oportunidad de situar a nuestro Estado del Bienestar entre los más avanzados de Europa, dando nuevos pasos hacia delante y consolidando los avances producidos en estos últimos cuatro años. Con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia hemos avanzado substancialmente en la mejora de la calidad de vida de la población española. Su pertenencia al Sistema de Servicios Sociales posibilita un avance en los recursos y organización de la protección social en España que contribuye a crear el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Es una Ley, que en estos primeros catorce meses de implantación, ya ha conseguido unos resultados espectaculares y positivos en áreas como: La mejora en la atención a las personas en situación de dependencia y en la calidad de vida de sus familiares; la contribución a la regulación de los servicios sociales españoles y su profesionalización; la generación de empleo y riqueza nacional; la racionalización del gasto sanitario; 3

4 y, por último, la convergencia social y económica con la Unión Europea y los países más avanzados de la OCDE. Es una Ley que ya tiene su cuerpo central de desarrollo normativo aprobado con el consenso de todas las partes implicadas, principalmente los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, los sindicatos y organizaciones empresariales y los órganos consultivos del tercer Sector. La competencia normativa de desarrollo de la ley se comparte entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, ya que, aunque sea el Gobierno el que dicte los reglamentos de desarrollo, su contenido es fruto del acuerdo previo en el seno del Consejo Territorial. El Gobierno de Estapa ha cumplido, según los plazos y formas establecidos en la Ley, los diferentes mandatos que tenía encomendados. Así, el Gobierno, una vez oído el Consejo Territorial, ha establecido mediante Reales Decretos el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del sistema y la incorporación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el Régimen General mediante la suscripción del convenio especial, así como los requisitos de su afiliación, alta y cotización. 4

5 También hemos regulado por Real Decreto el baremo de valoración de las situaciones de dependencia, los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos para la dependencia, y las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones económicas establecidas en la ley. En el año 2007 hemos aprobado el Marco de Cooperación Interadministrativa y firmado los Convenios de Colaboración y puesto en marcha el Aplicativo Informático del Sistema. Se ha garantizado la financiación del Sistema. El Gobierno ha destinado casi 871 millones de euros en 2008 a la aplicación de la Ley. Lo que supone que en esta legislatura el Gobierno habrá destinado más de millones de euros a la atención de la dependencia. En estos momentos, personas han sido valoradas y reciben los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Desde la puesta en marcha de la ley hasta la fecha de hoy, ya se han tramitado, a través del SISAAD, solicitudes. Entre las comunidades más avanzadas está Aragón, con solicitudes, personas valoradas y beneficiarios de servicios y prestaciones. En los próximos años, aproximadamente, un millón y medio de personas en situación de dependencia van a ser sus beneficiarios directos. 5

6 Pero este no es el único gran logro de la Ley. Los servicios sociales españoles tienen con esta Ley una magnífica oportunidad para su indispensable transformación general, a medio plazo, en un sistema de protección de derechos subjetivos. Igualmente, ofrece una ocasión para mejorar sus estándares de calidad, sus equipamientos, la formación de los profesionales y conseguir la equiparación de las condiciones laborales y salariales de sus empleados con los otros sistemas de protección social. La generación de empleo y riqueza nacional es el tercer gran impacto de esta Ley. Los servicios sociales, como ha señalado la Comisión Europea, son uno de los sectores más intensivos en trabajo y constituyen uno de los yacimientos de empleo más importantes. El mayor número de empleos que se crearían estarían relacionados con los servicios de Atención Residencial y Ayuda a Domicilio, seguidos por la atención en Centros de Día, el servicio de asistente personal para la autonomía y la Teleasistencia. Con la puesta en marcha de la ley, en los últimos datos de la Seguridad Social de diciembre de 2007, ya se ha registrado un considerable incremento de la afiliación en el sector de servicios sociosanitarios, que ha supuesto un aumento del 20,49% respecto al pasado año. Y esta es únicamente la antesala de los crecimientos futuros. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es uno de los grandes nichos de creación de empleo para los próximos años. 6

7 Se estima en un mínimo de los empleos directos a generar para la atención directa de las personas beneficiarias y en varias decenas de miles los puestos de trabajo que se crearán para la construcción, adecuación y mantenimiento de nuevos equipamientos como residencias, centros de día y centros de noche, una vez se encuentre en plena operatividad. Otro impacto fundamental es la optimización de recursos que se está operando en la prestación de los servicios sanitarios. Por citar un ejemplo, una cama para una persona crónica en el Sistema Nacional de Salud tiene un coste medio de unos cuatrocientos euros / cama / día. En el SAAD será de unos cien euros. Es decir un 25% del coste sanitario. Teniendo en cuenta que las primeras personas atendidas son las que se encuentran en situación de dependencia más grave es evidente la mejora que va a suponer a medio plazo en la gestión de los recursos sanitarios. Su reto fundamental es la coordinación sociosnitaria: así, las personas en situación de dependencia estarán mejor atendidas, con profesionales más próximos y programas de intervención adecuados a la tipología de su problemática. La convergencia social y económica con la Unión Europea es otra de las consecuencias de la Ley. Una adecuada atención de las personas en situación de dependencia supondrá un importante esfuerzo económico, del orden de un punto del PIB anual. Esta Ley nos va permitir apoyar la convergencia con los países más adelantados de la Unión Europea en términos de protección social, y en la equiparación de tasas de actividad y de empleo. 7

8 En cuanto a los próximos pasos que vamos a dar con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito del Estado, comenzaré por indicar que en 2008 ya se ha ampliado la acción protectora del Sistema a los dependientes severos. Igualmente, en los primeros días del año que acabamos de iniciar se ha aprobado el Real Decreto en el que se establecen las cuantías para el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para los beneficiarios valorados en el grado II, nivel 2. También se ha aprobado el Real Decreto que actualiza las cuantías de las prestaciones económicas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En materia de cooperación y participación institucional, vamos a abordar en el seno del Consejo Territorial los contenidos del Acuerdo Marco de Cooperación Interadministrativa, así como los acuerdos sobre acreditación de Centros, Servicios y Entidades y la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios junto a los criterios de participación de éstos en el coste de los servicios. Para ello, y con carácter previo, se mantendrán reuniones con las Comunidades Autónomas para consensuar criterios sobre los requisitos y estándares de calidad exigidos para que los Centros puedan formar parte e incorporarse al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. 8

9 A partir de estas reuniones se elaborará un documento abierto que facilite al Consejo Territorial llegar a los acuerdos anteriormente citados. La atención a las personas en situación de dependencia es una de las prioridades del Gobierno. En los presupuestos del ejercicio 2008 se destina una cantidad de 871 millones de euros al desarrollo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, del que se van a beneficiar durante 2008, según las previsiones, unas personas en situación de dependencia y sus familias. Esta cantidad viene a duplicar la destinada a este fin en el anterior año de 2007 y nos va a permitir financiar servicios de ayuda a domicilio, plazas residenciales y prestaciones económicas. La implantación del Sistema, desde este año 2008 hasta 2015, requerirá una inversión pública de millones de euros hasta alcanzar su pleno rendimiento y consolidación. La atención a las personas en situación de dependencia no puede analizarse de manera independiente al resto de políticas sociales del Gobierno. Para alcanzar un bienestar social adecuado de la población española durante los próximos años debemos sumar y coordinar muchas actuaciones y esfuerzos. 9

10 Por ello, durante los próximos años queremos seguir trabajando por la conciliación de la vida familiar y laboral, con la ampliación del permiso de paternidad y creando plazas de escuelas infantiles de cero a tres años. Tenemos que mejorar las pensiones mínimas, llegando hasta los 850 euros mensuales para las personas con cónyuge a cargo y hasta los 700 para los pensionistas que viven solos; subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 euros; ayudar a los jóvenes para garantizar su acceso a la vivienda, con la propuesta de promover viviendas protegidas en 10 años y con la renta de emancipación de 210 euros mensuales para pagar el alquiler. La amplitud, la ambición, los objetivos compartidos y la necesidad de dar respuesta a un derecho y una demanda real de la sociedad española justifican sobradamente el trabajo y el esfuerzo de consenso que tenemos por delante. Proponemos un programa ambicioso. Pero somos una sociedad que está en condiciones de asumir apuestas de largo alcance como ésta y de llevarlas adelante. Lo ambicioso es hoy realista. Muchas gracias 10