Carta de la iniciativa Righting Finance al Secretario General de la ONU, noviembre de 2014:

Transcripción

1 Los derechos por sobre las ganancias: Recomendaciones de los co-organizadores del Caucus de Derechos Humanos Post-2015 sobre responsabilidad corporativa El sector privado puede desempeñar un papel importante en generar nuevos recursos para la realización del desarrollo sostenible y la agenda post Sin embargo, si no existen lineamientos claros sobre rendición de cuentas existe un riesgo inminente de que la agenda del desarrollo durante los próximos 15 años sea desproporcionadamente afectada por el financiamiento, las actividades y las prioridades del sector privado sin restricción alguna, lo que socava los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil y las coaliciones que participan en los procesos del post-2015 y del Financiamiento para el Desarrollo (FpD) han expresado reiteradamente su preocupación por la participación desregulada y sin rendición de cuentas del sector privado en el financiamiento y la implementación del desarrollo sostenible. Por otra parte, varios Estados miembros han pedido garantías y propuestas concretas sobre cómo integrar la responsabilidad corporativa en los mecanismos de seguimiento y revisión del post y FpD. En su informe de síntesis, el Secretario General también hizo hincapié en la necesidad de regulación, de cláusulas de salvaguardia y la presentación de informes obligatoria para las inversiones privadas en el desarrollo sostenible. Los Estados tienen la obligación legal de proteger a todas las personas dentro de su territorio de violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, lo que incluye a las entidades empresariales. Este deber de protección también se extiende fuera de su territorio. Los Estados tienen la obligación por el derecho internacional de proteger los derechos humanos más allá de sus fronteras, lo que incluye garantizar que las entidades empresariales que están en condiciones de regular - por ejemplo, las empresas con sede en su territorio - respeten los derechos humanos en todas sus operaciones en el extranjero. Los Estados también son los principales garantes de los derechos humanos: sus obligaciones no pueden ser tercerizadas hacia el sector privado, por ejemplo mediante la privatización de los servicios públicos que son esenciales para el disfrute de los derechos humanos. El Estado es siempre responsable de asegurar que estos servicios se presten de una manera que sea compatible con las obligaciones de derechos humanos del Estado y los principios relacionados. 1 1 Cualquiera de los servicios que son esenciales para la realización de los derechos (tales como agua, educación y salud), deben ser 1) accesibles, disponibles, adaptables y de calidad suficiente; 2) se deben proporcionar de manera no discriminatoria, dando prioridad a mejorar el goce de los derechos de las personas más pobres y

2 Siete recomendaciones para asegurar la responsabilidad del sector privado en el contexto del FpD y el seguimiento de la agenda post Estos incluyen recomendaciones que deben ser integradas en los documentos finales del post-2015 y FpD, y que los Estados miembros deben considerar a nivel nacional. 2 1) Integrar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos Los documentos finales de los procesos de FpD y post-2015 debe hacer referencia explícita a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos como marco normativo clave con el que estructurar la participación del sector privado en el desarrollo sostenible. 3 Los gobiernos deben garantizar la integración y coherencia entre sus planes nacionales de implementación de la agenda post-2015 y sus Planes de Acción Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos últimos deben ser diseñados e implementados por todos los Estados sin más demora. 2) Establecer estándares robustos y salvaguardias para las asociaciones público-privadas Se deben establecer criterios específicos ex ante, basados en las normas de derechos humanos, para determinar si un actor del sector privado es apto o no para una asociación en el marco de la agenda post Estos incluirían si el actor privado ha participado o está actualmente involucrado en abusos de los derechos humanos y/o incumplimientos de las normas ambientales en cualquier país e incluyendo la conducta de sus filiales y a lo largo de sus operaciones; si el actor del sector privado ha participado en actos de corrupción con funcionarios del gobierno nacional o local; si el actor del sector privado cuenta con políticas y procesos adecuados de diligencia debida para garantizar que sus acciones no causen o contribuyan a violaciones de derechos humanos, incluyendo en sus actividades transfronterizas; si es totalmente transparente en su información financiera; y si se respeta plenamente las obligaciones tributarias existentes en todos los países en los que opera. El financiamiento del sector privado y de las asociaciones público-privadas para el desarrollo sostenible deben ir acompañadas de estándares y procesos obligatorios de diligencia debida en desfavorecidas que pueden ser excluidas por las entidades privatizadas; 3) respetar los niveles mínimos esenciales de derechos económicos, sociales y culturales. 2 Las recomendaciones se centran en acciones que los propios Estados deben adoptar, incluso a través de los organismos intergubernamentales como la ONU (es decir, no se centran solo en las políticas de autorregulación de las empresas). 3 Ver también las recomendaciones del informe 2015 del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, A/HRC/29/28. 2

3 materia de derechos humanos; transparencia y salvaguardias para la rendición de cuentas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. 4 La participación del sector privado en los ODS debe estar sujeta a estándares estrictos y obligatorios, basados en el mecanismo de control de la OIT, estándares internacionales de derechos humanos incluyendo (aunque no limitado) a los Principios Rectores de ONU sobre las empresas y los derechos humanos, y otras normas internacionales relevantes. 5 Las instituciones financieras internacionales y otros actores involucrados en la financiación de los ODS no debe imponer condicionalidades al otorgar préstamos o ayuda que fuercen a los Estados a aceptar la participación del sector privado. Teniendo en cuenta las preocupaciones en materia de derechos humanos que surgen de la privatización de los servicios esenciales cruciales para el disfrute de dichos derechos (incluyendo el agua y el saneamiento, la educación y la salud), los procesos del post-2015 y del FpD no deben ser utilizados como un foro para promover acríticamente la privatización de estos sectores. 3) Fortalecer los marcos regulatorios y salvaguardias Reconociendo que las instituciones financieras internacionales, tanto del Norte como del Sur, participarán en la puesta en práctica de los ODS, estas deben integrar adecuadamente las normas internacionales de derechos humanos en sus políticas y procedimientos de salvaguardia, llevar a cabo la debida diligencia en relación con sus actividades y rendir cuentas por violaciones de los derechos humanos que pudieran resultar de sus políticas y prácticas nocivas. Los acuerdos e implementación de los ODS y FpD deben promover medidas legislativas y reglamentarias eficaces que exijan a las empresas actuar conforme a las normas y estándares de derechos humanos a lo largo de sus operaciones globales, por ejemplo, haciendo que las empresas matrices o rectoras sean legalmente responsables por los abusos contra los derechos humanos que surjan de las acciones de sus subsidiarias en el exterior. 6 Cuando las empresas no cumplan con su responsabilidad de respetar, los Estados deben garantizar la rendición de cuentas y el derecho a reparaciones efectivas. 7 En línea con su deber de proteger los derechos humanos más allá de su territorio en cumplimiento con los compromisos adoptados sobre desarrollo sostenible en forma común, los gobiernos deben aprovechar el momento de post-2015 para garantizar una adecuada regulación de los mercados financieros internacionales (tal como se sugiere en el ODS 10) para prevenir y mitigar 4 Carta de la iniciativa Righting Finance al Secretario General de la ONU, noviembre de 2014: 6 Litmus Test del Caucus de Derechos Humanos Post Informe de Amnistía Internacional: Injusticia, S.A. Los abusos empresariales y el derecho humano a un recurso 3

4 futuras crisis financieras y asegurar que los recursos financieros públicos estén protegidos cuando estas ocurran. 8 Los Estados deben garantizar que los acuerdos internacionales de inversión (incluidas las disposiciones relacionadas con las decisiones de Solución de Controversias Inversionista-Estado) no prioricen la protección de los inversores por sobre la capacidad del Estado para regular en el interés del desarrollo sostenible y los derechos humanos. 4) Compromiso con las evaluaciones de impacto Los Estados deben comprometerse a llevar a cabo evaluaciones de impacto periódicas y ex ante para analizar los efectos de las políticas fiscales, comerciales, de endeudamiento, regulación financiera e inversión en el desarrollo sostenible y los derechos humanos en su territorio y en el extranjero. 9 Estas evaluaciones estarán firmemente en línea con la necesidad de los Estados de garantizar y promover la coherencia entre las políticas, reflejadas en el ODS 17 y en el borrador del documento final del FpD. 5) Hacer obligatoria la presentación de informes Los gobiernos deben comprometerse a elaborar guías claras y específicas para la presentación de informes integrando normas de derechos humanos y desarrollo sostenible para aquellas empresas que están en condiciones de regular. Esto incluiría requisitos de debida diligencia sobre los impactos en los derechos humanos de los acuerdos tributarios y financieros con las empresas, así como su historial en materia de derechos humanos e impactos ambientales hasta la fecha. 10 La agenda post-2015 debe actuar como catalizadora para mejorar el acceso a la información (tal como se refleja en el ODS 16), mediante la introducción de requisitos de divulgación obligatoria para las empresas - y en la matriz con respecto a sus operaciones globales. 11 Los mecanismos de información puramente voluntarios no son suficientes. 6) Proporcionar acceso a reparaciones Los Estados deben asegurar el acceso a reparaciones efectivas en casos de abusos a los derechos humanos perpetrados por las empresas que puedan derivarse de la participación del sector privado en la ejecución de los ODS. Los Estados donde estas empresas tengan su sede principal deben proporcionar reparaciones por los abusos cometidos por sus empresas en el extranjero. 8 Center for Economic and Social Rights y Third World Network (2015), Universal Rights, Differentiated Responsibilities: Safeguarding human rights beyond borders to achieve the Sustainable Development Goals 9 Por ejemplo, para evaluar de qué forma sus leyes y políticas alientan o permiten que las empresas evadan impuestos en los países en desarrollo en los que operan (por ejemplo, proporcionando jurisdicciones secretas o alentando la competencia tributaria internacional desmedida para maximizar las ganancias). Estas políticas socavan la base de ingresos de muchos países en desarrollo, que pierden mucho más por flujos financieros ilícitos de lo que ganan por AOD. Ver: 10 CESR y TWN, Universal Rights, Differentiated Responsibilities 11 Amnistía International, Injusticia, S.A. Los abusos empresariales y el derecho humano a un recurso, 2014, (páginas ) 4

5 7) Asegurar capacidad suficiente de los mecanismos de seguimiento y revisión de la agenda post Los mecanismos de rendición de cuentas del post-2015 deben ser robustos y lo suficientemente amplios como para cubrir a los actores del sector privado, las asociaciones público-privadas, las instituciones financieras internacionales, y los Estados, bajo los principios de la plena transparencia, la rendición de cuentas sobre los impactos en los derechos humanos y el derecho a la información, abarcando las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Por lo tanto, se le debe dar un mandato claro a los mecanismos y los procesos encargados de monitorear y examinar la aplicación de las agendas post-2015 y FpD. Los mecanismos de revisión y monitoreo deben tener suficiente capacidad, experiencia y recursos para examinar las consecuencias transfronterizas para el desarrollo sostenible y los derechos humanos de las políticas y prácticas de los estados, en particular en las áreas de regulación corporativa, políticas tributarias, comerciales, de la ayuda, la inversión, las finanzas y el medio ambiente. El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) podría llevar a cabo el monitoreo a nivel global de las asociaciones realizadas con el sector privado en nombre del desarrollo sostenible. En cualquier presentación de informes por parte de los Estados miembros sobre la aplicación de los ODS - y la revisión de su progreso a nivel regional o global - se deben incluir las asociaciones público-privadas en este marco y someterlas a una evaluación de impacto. El HLPF podría pedir informes temáticos anuales sobre los medios de implementación que implican al sector privado (y que también pueden ser facilitadores sistémicos u obstáculos para el desarrollo sustentable) tales como tributos, comercio, inversión y finanzas. Los impactos de los actores transnacionales deben ser un componente central para el sistema de seguimiento y la rendición de cuentas a nivel nacional y regional de la agenda post-2015; por ejemplo, los órganos de revisión nacionales podrían examinar la contribución de las empresas transnacionales al desarrollo sostenible a nivel de país Recomendaciones de Beyond 2015 sobre la rendición de cuentas, el seguimiento y la revisión de la agenda post