RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 1081/2015 Resolución nº 1049/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 13 de noviembre de VISTO el recurso interpuesto por D. P.L.C., en nombre y representación de ORGANIZACIÓN Y GUARDA DE ARCHIVOS S.L., contra el Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación del servicio de recogida, digitalización y custodia de la documentación clínica de Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (expediente nº 2/16), este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en lo sucesivo, Ibermutuamur), convocó, mediante anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 28 de septiembre de 2015, licitación por el procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de recogida, digitalización y custodia de la documentación clínica de la citada Mutua, con un valor estimado de ,80 euros, y en el que el plazo de presentación de ofertas vencía el 13 de octubre de Segundo Con fecha 15 de octubre de 2015 la mercantil Organización y Guarda de Archivos S.L. (en lo sucesivo, DOCLAND) presentó recurso especial en materia de contratación contra el pliego de condiciones particulares (en particular, contra los apartados 4.2, b) y 7.2) que había de regir la licitación, al que se asignó el número 1081/2015 de los sustanciados en este Tribunal. Tercero. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a los licitadores que habían concurrido a la convocatoria para que formulara las alegaciones que estimaran AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 oportunas en el plazo de cinco días hábiles, siendo así que, a sus resultas, el 3 de noviembre de 2015 la mercantil DOCOUT S.L. presentó escrito por el que interesaba su desestimación. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El recurso ha sido debidamente interpuesto ante este Tribunal, que es competente para su resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.5 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), al ser Ibermutuamur un poder adjudicador vinculado a la Administración General del Estado. Segundo. El recurso se hace valer con los pliegos rectores del procedimiento de licitación de un contrato de servicios comprendido en la categoría 27 del Anexo II del TRLCSP, de valor estimado superior a euros, por lo que es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 40.1.b), en relación con 40.2.a), todos ellos del TRLCSP. Tercero. De igual modo, debe afirmarse que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legalmente establecido, computado en los términos previstos en el artículo 44.2 TRLCSP. Cuarto. Resta por analizar el requisito de legitimación, en relación con el cual debe concluirse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada al efecto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo, TRLCSP), según el cual podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso. En efecto, la recurrente es una mercantil que, por su objeto, podría concurrir a la licitación objeto de controversia, por lo que resulta evidente que le es dable impugnar el pliego de condiciones particulares que la rige.

3 3 Quinto. Como ya se ha dicho, la impugnación hecha valer por la actora se concreta en tres apartados del Pliego de Condiciones Particulares, a saber, el b), el 4.2 y el 7.2. Se abordarán por el orden de su formulación los alegatos así depuestos por la actora. Sexto. El primero de los tales apartados exige, en relación con la acreditación de la solvencia económica y financiera del licitador, la necesaria aportación de una póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor al día de la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. En concreto, establece el citado apartado b) que, a tal fin, deberá aportarse: Documentación acreditativa de la existencia de una póliza de seguro de responsabilidad civil que venga a garantizar un capital mínimo Límite general por siniestro- de dos millones de euros ( ), a fin de cubrir cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de su actuación. Asimismo, se adjuntará copia del recibo bancario que acredite que el seguro está en vigor. (La póliza e importe a garantizar deberán estar contratados antes de la terminación del plazo de presentación de proposiciones). La póliza y el recibo bancario podrán sustituirse por un documento suscrito por la compañía de seguros o por el mediador (correduría) acreditativo de las anteriores circunstancias (contenido y vigencia de la póliza). (Bastarán simples fotocopias para acreditar la póliza y el recibo bancario. Se exigirá original o copia compulsada o legalizada en el caso de que se presente el documento de la compañía de seguros o del mediador). El contratista se obliga a mantener vigente dicha póliza durante la vigencia del contrato. La recurrente considera que tal exigencia, en tanto requiere, particularmente, que la póliza esté contratada antes de que termine el plazo de presentación de proposiciones, limita la presentación de aquéllas empresas que no tengan contratado el seguro por ese importe, pues las obliga a que amplíen las pólizas existentes y asuman costes innecesarios para cubrir un requisito previo (ante una posible adjudicación) y no una vez realizada la propuesta de adjudicación ante la inminencia de la celebración del contrato.

4 4 En rigor, si bien la actora hace descansar formalmente su alegato en la pretendida infracción del principio de no discriminación e igualdad de trato, apuntaría más bien al pretendido carácter desproporcionado e improcedencia de la exigencia de tal garantía a todos los licitadores, que no únicamente al adjudicatario, lo que determinaría, a su entender, una indebida restricción de la libertad de acceso a las licitaciones. En este punto, debe primeramente advertirse que, en la actualidad, el artículo 11.4.a) del Reglamento General de Contratación aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, vendría a avalar la tesis de la actora en lo que atañe a la improcedencia de la taxativa exigencia de la efectiva formalización del seguro dentro del plazo de presentación de las ofertas. En efecto, si bien el citado precepto afirma que en los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato, también añade que este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, no cabe perder de vista que, en rigor, tal dicción reglamentaria no es de aplicación, por razones temporales, al contrato objeto de controversia. En efecto, es bien sabido que la disposición transitoria primera del Real Decreto 773/2015 establece que los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto se regirán por la normativa anterior, añadiendo que a estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso analizado, como ya se ha dicho, los anuncios de licitación fueron publicados el 28 de septiembre de 2015, siendo así que el Real Decreto 773/2015 vino a entrar en vigor, de acuerdo con su disposición final única, a los dos meses de su publicación en el

5 5 Boletín Oficial del Estado, cuya publicación tuvo lugar el 5 de septiembre de 2015 (y, por ende, con notoria posterioridad al inicio del expediente de contratación). Sentado lo anterior, es lo cierto que en el marco normativo previo a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015 no existía, salvo error u omisión, norma alguna del exacto tenor ahora recogido en el meritado artículo 11.4.a) del Reglamento General de Contratación. Y, en este contexto, el órgano de contratación (en términos que reitera en sus alegaciones la interviniente DOCOUT S.L.) argumenta, en el informe emitido al amparo del artículo 46 TRLCSP, que el artículo 75.1.b) TRLCSP faculta para que el órgano de contratación puede exigir que la solvencia económica y financiera del empresario se acredite mediante un justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente, siendo así que el artículo TRLCSP advierte, como regla general, que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, lo que otorga fundamento, alega el citado órgano de contratación, a la concreta exigencia de que tal seguro haya sido ya formalizado al tiempo de expirar tal plazo. El alegato deducido por el órgano de contratación obvia, sin embargo, que el artículo 75.1.b) TRLCSP faculta la exigencia del citado seguro únicamente en los casos en que resulte apropiado. Y si bien es cierto que las Instrucciones de contratación de Ibermutuamur disponen, en su apartado 23.2, que Ibermutuamur podrá determinar en los correspondientes pliegos, además de los medios previstos en los artículos 75 a 79 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), otros medios de prueba para acreditar la solvencia, no lo es menos que ello no le dispensa, en lo que atañe a los medios previstos en los citados artículos 75 a 79 a atenerse a las previsiones legales que los rigen, tal y como evidencia el apartado 23.4 de esas mismas instrucciones al indicar que las condiciones de aptitud y capacidad para contratar con las Mutuas ( ) y los requisitos de capacidad y solvencia exigibles a las empresas y su concreción y

6 6 acreditación en cada tipo de contrato, se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público. Desde esta perspectiva, debe traerse a colación la doctrina plasmada en el informe de la Junta Consultiva de Contratación en su informe 78/09, de 23 de julio de 2010, en el que, tratando de la exigencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales como medio de acreditación de la solvencia económica, limitó su exigencia a los profesionales propiamente dichos, que no así a las empresas, y ello con base en el artículo 1.1.c) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo: Partimos, en efecto, de la base de que la exigencia de la póliza de indemnización de riesgos profesionales (técnicamente una póliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales), se circunscribe a los profesionales propiamente dichos y no es exigible a las empresas. Así lo hace el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo que a estos efectos debe servirnos de guía. Esta disposición, en su artículo 1.1, exige a efectos de clasificación, para las empresas, en general, la acreditación de un patrimonio neto mínimo, mientras que para los profesionales exige la disposición de un seguro de riesgos profesionales con una determinada cobertura económica. Y ello se hace porque, de conformidad con el mismo precepto, tales profesionales no tienen la condición de empresarios (art. 1.1, letra c) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). Resulta así, que la diferencia que justifica la exigencia de un seguro de responsabilidad civil a los profesionales, en lugar de exigirles la acreditación de estar en posesión de un patrimonio neto mínimo, radica, precisamente, en que el ejercicio de una profesión, en general, no requiere de la existencia de una organización ni contar con unos determinados medios financieros, sino que puede ser ejercida individualmente y con unos medios financieros irrelevantes, sin que por ello tenga que verse afectado el resultado del ejercicio profesional. Por el contrario, para el ejercicio de las actividades mercantiles propias de los contratos de obras y servicios que no tengan carácter profesional, sí es exigible la existencia de tal organización y disposición de medios. Trasladado este criterio al ámbito de aplicación del artículo 64.1 de la Ley de Contratos del Sector Público se traduce en que para las actividades que deben calificarse como

7 7 empresariales debe exigirse la acreditación de la solvencia mediante las declaraciones apropiadas de entidades financieras, mientras que para los profesionales procede exigir el justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. A este respecto, conviene tener en consideración que el precepto citado, en su letra a), cuando articula la posibilidad de acudir a uno u otro de los dos medios de acreditación que prevé lo hace utilizando la expresión en su caso lo que significa necesariamente que los supuestos de aplicación del primer medio (informes de entidades financieras) son distintos de los acogidos por la segunda opción (seguro de riesgos profesionales), y, en consecuencia, no puede optarse libremente entre uno y otro a la hora de elegir el medio de acreditación. Adviértase que el seguro de riesgos profesionales constituye un medio de mantener la solvencia de la empresa diferida en el tiempo de su vigencia, ya que permite que por medio del seguro se cubran los riesgos que dimanan de posibles crisis producidas una vez que el contrato ha sido recibido de conformidad momento en que, de no exigirse, haría compleja la restitución del daño causado. De ahí que deba distinguirse entre medios de acreditación de solvencia económica y financiera de carácter directo al momento de ejecutarse el contrato, como sucede con las cuentas anuales, y medios diferidos a momentos posteriores a la ejecución del contrato, como es el seguro de riesgos profesionales, en la consideración de que únicamente ha de formalizarlo el licitador que resulte adjudicatario. Si bien el citado informe fue emitido a la vista de la dicción originaria del artículo 64 de la Ley 30/2007, que no es coincidente con la del actual artículo 75 TRLCSP, no puede obviarse que su ratio decidendi, a saber, la dicción del artículo 1.1.c) del Real Decreto 817/2009, sigue vigente y se erige como medio idóneo para interpretar la referencia del citado artículo 75 TRLCSP a los casos en que resulte apropiado como presupuesto de la exigencia del tantas veces referido seguro de indemnización por riesgos profesionales. En efecto, el artículo 1.1.c) del Real Decreto 817/2009 establece que la solvencia económica y financiera de los profesionales que no tengan la condición de empresarios, a los efectos de su clasificación como empresas de servicios en aquellos subgrupos cuyo contenido se ciña al ejercicio de una actividad profesional regulada, se acreditará mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales cuya

8 8 cobertura sea de importe no inferior a la anualidad media de los contratos a los que cada categoría de clasificación permite acceder, o al importe al que por razón de su profesión o actividad esté legalmente obligado, si es superior. Ciertamente, podrá objetarse que el artículo 1 del Real Decreto 817/2009 tiene por estricto objeto la determinación de la solvencia económica y financiera a efectos de la clasificación. Sin embargo, ello no obsta a que, como señala el precitado informe 78/2009, constituya elemento decisivo en la interpretación del artículo 75.1.b) TRLCSP y, en particular, de cuales son los casos en que resulte apropiado a que allí se alude. A mayor abundamiento, y en tanto ratifica dicho criterio interpretativo, no cabe obviar que, por mucho que no resulte aplicable ratione temporis, el artículo 11.4.a) del Reglamento General de Contratación, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, circunscribe a los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales la acreditación de la solvencia económica y financiera mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato. Sentado todo lo anterior, debe concluirse, bien que sobre bases argumentales distintas a las expuestas por la actora (lo que, en todo caso, no contraviene el carácter revisor de la función encomendada a este Tribunal) en la pertinencia de estimar la pretensión que, en lo que atañe a la anulación del apartado a) del Pliego de Condiciones Particulares, ha hecho valer aquélla. En efecto, en la medida en que los servicios objeto de contratación no tienen carácter profesional, sino que revisten las notas propias de una actividad empresarial, no resulta conforme a Ley (dado que no se trataría de uno de los casos en que resulte apropiado a que alude el artículo 75.1.b) TRLCSP) la exigencia de la efectiva disposición de un seguro de responsabilidad civil como medio para acreditar la solvencia económico y financiera de los licitadores. Debe, por ello, como se ha dicho, estimarse este primer motivo de recurso. Séptimo. En segundo lugar, la recurrente pretende la anulación del apartado 4.2 del Pliego, al incluir dentro de los criterios de adjudicación del contrato la acreditación del cumplimiento de la norma ISO 22301:2012: Gestión de la continuidad de negocio.

9 9 El apartado 4.2 del citado Pliego, en relación con el 4.6, atribuye a la disposición del certificado correspondiente a la norma ISO 22301:2012 un total de 5 puntos, señalando que para valorarse, los certificados deberán estar expedidos por organismos conformes con la serie de normas europeas EN o españolas UNE 65500, añadiendo que la fecha de expedición del certificado deberá ser anterior o igual al plazo señalado, en el correspondiente anuncio, como último día para presentación de ofertas. En relación con esta previsión, la actora alega que dicha exigencia es redundante una vez que ha sido debidamente acreditada la solvencia técnica y financiera, destacando, a la par, que existen otras normas equivalentes u homólogas a la ISO 22301:2012 que no son contempladas en la valoración de las ofertas. El órgano de contratación, en el informe emitido al amparo del artículo 46 TRLCSP, tras destacar la cierta contradicción de que la actora únicamente impugne uno de los criterios de adjudicación vinculados a normas ISO, expone motivadamente las razones por las que cree que tal exigencia está justificada y contribuye proporcionadamente a la consecución del principio de eficiencia en la ejecución del contrato al tiempo que, según afirma, garantiza un mayor grado de igualdad en la valoración de las ofertas. En idéntico o similar sentido se manifiestan las alegaciones de DOCOUT S.L. Planteada así la cuestión, debe recordarse que este Tribunal ha elaborado una ya consolidada doctrina sobre la improcedencia de configurar los certificados de calidad (tales como el que es objeto de controversia) como criterio de adjudicación de los contratos. Así, en la reciente resolución 628/2015 se ha dicho sobre este particular: Siguiendo en este punto las Resoluciones 255/2015, de 23 de marzo, y 906/2014, de 12 de diciembre, el Tribunal ha reiterado (cfr.: Resoluciones 143/2012, 223/2012, 461/2013, 113/2014, 129/2014 y 782/2014), en consonancia con el parecer de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Informe 29/2010), que los certificados de cumplimiento de normas de garantía de calidad y de gestión ambiental a los que se refieren los artículos 80 y 81 TRLCSP son modos de acreditar la solvencia técnica de las empresas, o, si se prefiere, su aptitud para ejecutar el contrato, con lo que, por ser tales, no pueden ser empleados como criterio de valoración de las ofertas (cfr.: Sentencias TJCE de 19 de

10 10 junio de 2003 asunto C-315/01-, 24 de enero de 2008 asunto C-532/06- y 12 de noviembre de 2009 asunto C-199/07-; sentencia TJUE de 9 de octubre de 2014 asunto C-641/13-; Resoluciones de este Tribunal 187/2012, 220/2012, 290/2012, 189/2014 y 295/2014). Ello es consecuencia de la existencia de dos fases diferenciadas en el procedimiento de licitación, cada una sometida a reglas propias (cfr.: artículos y TRLCSP y 44.1 Directiva 2004/18/CE; Sentencias TJCE de 20 de septiembre de 1988 asunto C 31/87-; Resoluciones de este Tribunal 187/2012 y 220/2012): en la primera, se trata de comprobar la aptitud de los licitadores para asegurar que éstos pueden ejecutar la prestación objeto de contrato (Sentencias TJCE de 2 de diciembre de 1999 asunto C 176/98- y TJUE de 18 de octubre de 2012 asunto C-218/11); en la segunda, lo único relevante es la oferta que los admitidos presentan, no las condiciones subjetivas de quien la presenta y que no guarden relación con la prestación objeto del contrato (cfr: Sentencias TJCE de 18 de octubre de 2001 asunto C-19/00-, de 27 de octubre de 2005 asunto C-234/03; Resoluciones de este Tribunal 264/2012 y 189/2014). Sólo cabe atender a estos extremos subjetivos de la empresa cuando puedan redundar en mejor provecho de la oferta, tal y como sucede, por ejemplo, con una mayor adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato que los reputados imprescindibles (cfr.: Resoluciones de este Tribunal 264/2012, 514/2013, 644/2013, 10/2014 y 198/2014). En este mismos sentido, la Sentencia del TJCE de 28 de marzo de 1995 (asunto C-324/93) admitió la posibilidad de emplear como criterio de adjudicación la capacidad de las empresas para asegurar de manera fiable y constante el abastecimiento de un determinado estupefaciente ( ). En la medida de que el PCAP valora como criterio de adjudicación la acreditación por las empresas licitadoras de determinadas normas ISO, las cuales, conforme a lo indicado, han de operar como criterio de acreditación de la solvencia en la fase previa de selección, se ha de concluir que el Pliego resulta en este punto contrario a la doctrina y a la jurisprudencia expuestas. Debe, en consecuencia, estimarse también en este punto el recurso interpuesto.

11 11 Octavo. Finalmente, la recurrente se opone al apartado 7.2 del Pliego, en tanto el mismo exige que la solicitud para participar en este procedimiento y los tres sobres conteniendo la documentación señalada en la cláusula anterior ( ) se presentarán en mano en el Registro General de la Dirección General de IBERMUTUAMUR. Considera, en efecto, la recurrente, que esta exigencia de presentación en mano contraviene la dicción del artículo 80.2 del Reglamento General de Contratación, en el que se admite que la citada documentación que integra la oferta pueda ser entregada no solo en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio, sino también remitida por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél, y ello sin perjuicio de que el pliego autorice otro procedimiento, respetándose siempre el secreto de la oferta. El órgano de contratación se opone a este motivo de recurso alegando que la dicción del Pliego no excluye la supletoria aplicación de la dicción reglamentaria y que, de hecho, informó oportunamente a la actora de que se admitiría la presentación de ofertas por correo, en los términos del artículo 80.4 del citado Reglamento, según el cual cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo si se admite en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. En rigor, las alegaciones del órgano de contratación comportan una tácita admisión del buen fundamento del motivo de impugnación. En efecto, la dicción del apartado del Pliego impugnado es taxativa al exigir que la presentación sea en mano, sin dejar margen alguno a otra posibilidad. Al admitir que, necesariamente, debe tener aplicación la previsión del artículo 80 del Reglamento General de Contratación, se está aceptando que la dicción del Pliego contraviene dicha disciplina reglamentaria. Procede, en consecuencia, también la estimación de este motivo de recurso.

12 12 Noveno. Debe, en consecuencia, estimarse el recurso, acordando la anulación, con arreglo a lo expuesto en los fundamentos precedentes, de los apartados 4.2, b) y 7.2 del Pliego de Condiciones Particulares de aplicación. Por lo demás, en la medida en que la anulación de la cláusula 4.2 se contrae a uno de los criterios de adjudicación del contrato, debe recordarse que, tal y como señalaron las Resoluciones 629/2013, 207/2013, 173/2013, 180/2013, 97/2013, la apreciación de la nulidad de las cláusulas lleva consigo, obviamente, la de la propia adjudicación y, en fin, la del propio proceso de licitación, que no puede subsistir a la anulación de uno de los criterios de adjudicación, conclusión en la que abundaría la adicional anulación de las otras dos cláusulas, que se contraen a requisitos de participación en el procedimiento, por lo que deben retrotraerse las actuaciones a fin de que pueda procederse a la elaboración de un nuevo Pliego que se adapte a las consideraciones contenidas en la presente resolución. VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Estimar el recurso interpuesto por D. P.L.C., en nombre y representación de ORGANIZACIÓN Y GUARDA DE ARCHIVOS S.L., contra el Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación del servicio de recogida, digitalización y custodia de la documentación clínica de Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (expediente nº 2/16), disponiendo la anulación de los apartados 4.2, b) y 7.2 del Pliego de Condiciones Particulares de aplicación y ordenando la retroacción de las actuaciones a fin de que pueda elaborarse un nuevo Pliego adaptado a las consideraciones contenidas en la presente Resolución. Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de la reclamación, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1,

13 13 letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.