Los estatutos de la sociedad privada europea deben respetar los derechos de participación de los trabajadores

Transcripción

1 Los estatutos de la sociedad privada europea deben respetar los derechos de participación de los trabajadores Resolución de la CES adoptada por el Comité Ejecutivo en Bruselas de octubre 2008 Introducción El 25 de junio 2008, la Comisión europea publicó una propuesta de Reglamento del Consejo (COM (2008) 396 final) relativo al estatuto de la sociedad privada europea (Societas Privata Europea, SPE) Esta iniciativa se inscribe en el marco de una serie de medidas destinadas a facilitar a las PYME su funcionamiento, y por lo tanto mejorar su rendimiento en el mercado. La idea que subyace en la SPE es la creación de una sociedad de responsabilidad limitada en el plano europeo que está destinada a mejorar la competitividad de las PYME facilitando su creación y su funcionamiento en el mercado único. La SPE es una de las iniciativas prioritarias del programa de trabajo 2008 de la Comisión. La CES acoge con satisfacción las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de mercado para las PYME. Según la Comisión, las PYMES representan más del 99% de las empresas en la UE. La SPE podría llegar a ser una realidad para un gran número de empleados. Pero la CES insiste en que la mejora de la flexibilidad para las PYMES no debe hacerse en detrimento de los derechos de participación de los empleados en el consejo de administración de la sociedad. El derecho a la información y a la consulta es un derecho fundamental protegido por el derecho de la Unión (comunitario). La CES teme que los estatutos propuestos para las SPE inciten a las empresas, incluidas las grandes empresas, a crear empresas buzón para escapar a las legislaciones nacionales que más protegen los derechos de los trabajadores-. Para la CES, es fundamental aportar una serie de mejoras a la propuesta de la Comisión, para respetar los objetivos de la agenda de Lisboa a favor de más empleos y de mejor calidad (ver la posición de la CES adoptada en el Comité ejecutivo del 18 y 19 de octubre de 2006). Resumen de la propuesta La SPE tiene como objetivo facilitar a las PYMES los intercambios transfronterizos dándoles una forma jurídica europea uniforme en cada Estado miembro. Según la Comisión, la posibilidad de operar en varios Estados miembros con las mismas reglas profesionales debería reducir los costes de conformidad relativos a la creación y funcionamiento de las empresas, que resultan de la disparidad entre las reglas nacionales. Por esta razón la SPE debería, se afirma, mejorar la movilidad y la competitividad de las PYMES europeas. Ignoramos en qué medida los estatutos propuestos de las SPE sustituirán a la muy controvertida directiva 14 sobre la transferencia de las sedes sociales de las sociedades privadas.

2 La Comisión estima que los estatutos existentes de la Sociedad europea ( los estatutos de la SE ) no constituyen una opción viable para las PYME a causa de la exigencia de los de capital mínimo. La propuesta de la Comisión fija reglas uniformes en cuanto al procedimiento de formación de una SPE, sus acciones, su capital social, su organización, su derecho aplicable a la participación de los empleados y las condiciones de transferencia de la sede social hacia otro Estado miembro. El derecho nacional regiría las cuestiones que no están cubiertas por la reglamentación o por los estatutos de la SPE como la insolvencia o el derecho fiscal. Los estatutos de la SPE están destinados a ser un reglamento, lo que significa que no hay espacio para variaciones en el derecho nacional. La propuesta está basada en el artículo 308 del Tratado CE, lo que implica una decisión unánime en el Consejo y la consulta del Parlamento europeo. Observación previa: ausencia de consulta a los interlocutores sociales En julio 2007, la Comisión lanzó una consulta pública sobre la SPE. La CES se pronuncia en total desacuerdo con este procedimiento; una consulta on-line no puede en ningún caso ser considerada como una alternativa apropiada a la consulta de los interlocutores sociales prevista en el artículo 138 del Tratado CE. Teniendo en cuenta el impacto de la SPE en los actuales derechos de participación de los empleados, no hay duda de que el tema de la consulta está en el centro del ámbito de la política social mencionado en el artículo 138. Los interlocutores sociales a nivel europeo deberían pues ser consultados de una manera y con un peso claramente diferentes al gran público, para que pueden influir en un momento inicial del proceso la orientación de las iniciativas propuestas. Peligro para los derechos de los empleados: que se salten las legislaciones nacionales sobre la participación de los trabajadores. Las provisiones sobre los derechos de participación de los empleados contenidos en la propuesta de la Comisión constituyen una regresión con respecto a lo que se ha obtenido para la sociedad europea y la sociedad cooperativa europea. Los estatutos propuestos de la SPE no crean derechos de participación específicos. La participación de los empleados solo se prevé bajo el punto de vista del derecho nacional aplicable. Hay pues un riesgo grande de que las empresas utilicen el estatuto de la SPE para sustraerse a las legislaciones más protectoras y que los derechos de participación existentes se vean minados. El principio general es que se sometería a la SPE a las reglas de participación de los empleados del país donde tiene su sede social. Sin embargo, el artículo 7 de la propuesta permite igualmente a las SPE tener su administración central o su establecimiento principal en otro lugar distinto al estado miembro de la sede social. La 2

3 combinación de dos disposiciones es una invitación a que las empresas se salten las legislaciones nacionales. El artículo 5 de la propuesta de la Comisión prevé cuatro métodos de formación de una SPE, siendo tres de ellos problemáticos. a) Creación de una SPE partiendo de una nueva compañía La CES estima que el caso de una SPE constituida ex nihilo es muy problemático para los derechos de los empleados. Según la propuesta de la Comisión, el derecho aplicable para la participación de los empleados será el derecho de la sede que puede ser diferente del lugar en el que la actividad de verdad se ejerza. Conviene igualmente subrayar que se puede crear una SPE con un capital social simbólico de 1. Un problema general aquí es que, si las disposiciones nacionales no prevén reglas para la participación de los trabajadores (como por ejemplo en España y/o en los países que conocen umbrales elevados) no habrá tampoco participación de los empleados en el futuro. Necesitamos disposiciones especiales europeas a este respecto. b) Transformación de una sociedad ya existente en SPE Cuando esta operación va seguida por una transferencia de sede social, la propuesta de la Comisión contiene numerosas lagunas y es susceptible de minar los derechos de participación de los trabajadores. En caso de transferencia de la sede social, el derecho aplicable a los derechos de participación devendrá el derecho de la nueva sede social a menos que un tercio de la mano de obra total sea empleada en el Estado miembro donde la sociedad tenía su sede social antes de la transferencia ( el Estado miembro de origen ) y además que la legislación de la nueva sede social no prevea un nivel equivalente de derechos de participación de los empleados En un caso así, se iniciarán negociaciones con los representantes de los empleados con el propósito de llegar a un acuerdo sobre la participación de los empleados. Si después de un periodo de seis meses, que puede ser renovado conjuntamente seis meses más, no se llega a ningún acuerdo, se conservarán les reglas del Estado miembro de origen. Si las negociaciones previstas en el Artículo 37.3 fracasan, el Artículo 37.6 prevé que se mantengan las disposiciones de participación existentes en el país miembro de origen. Esto podría plantear un problema para algunos países miembros. Por ejemplo, la ley sueca sobre la participación solo se aplica a las sociedades suecas. Será pues imposible mantener las disposiciones de participación existentes en Suecia si la sede es transferida a otro país miembro. Para la CES estas disposiciones son absolutamente insatisfactorias. El umbral de un tercio de la mano de obra es arbitrario y no se puede justificar. Además los estatutos propuestos no definen los ajustes fundamentales que deberían regir las negociaciones. En particular siguen abiertas las cuestiones de la composición y del funcionamiento del órgano de negociación. Es pues posible que estas cuestiones sean decididas unilateralmente por los accionistas, privando así a las negociaciones de todo efecto práctico. 3

4 Además, la propuesta de la Comisión no trata de la cuestión de las transferencias sucesivas de sede social, por ejemplo cuando un acuerdo de SPE rige ya los derechos de participación y la sede social es transferida a otro Estado miembro. La CES estima que el silencio de la Comisión sobre esta cuestión es muy preocupante. De manera más especifica, no se sabe si un acuerdo ya existente podría seguir vigente. La CES estima que los estatutos de la SPE deberían ser completados por reglas europeas mínimas en cuanto a la participación de los empleados. Solo así los estatutos de la SPE estarían de acuerdo con las disposiciones relativas a la sociedad europea y la sociedad cooperativa europea. Se deberían adoptar reglas similares sobre los derechos de participación de los empleados en el marco de una SPE para evitar que se incumpliesen las leyes nacionales sobre la participación de los trabajadores. En efecto la CES recalca que las reglas sobre la representación de los empleados son ya una realidad para las pequeñas empresas en al menos 12 estados miembros. Además, la cuestión de la transferencia transfonteriza de la sede social no puede ser regulada únicamente en el nivel comunitario. La CES afirma categóricamente que una directiva 14 sobre las transferencias transfonterizas debe ser considerada antes de la entrada en vigor de los estatutos de la SPE. c) Creación de una SPE por la fusión de sociedades existentes En virtud del artículo 34.3 de la propuesta de la Comisión, se aplicarán las disposiciones contenidas en la directiva 2005/56/CE sobre las fusiones transfronterizas. La CES estima que se trata de una opción viable considerando que la directiva sobre las fusiones transfonterizas hace referencia directamente a los ajustes establecidos en la directiva 2001/86 completando los estatutos de la sociedad europea sobre la participación de los empleados (la directiva SE). Sin embargo, como la SPE está destinada a aplicarse a las PYMES, la CES estima que no debería haber un umbral mínimo sobre la cuestión de la participación de los trabajadores. Por lo tanto nos debemos replantear fundamentalmente el umbral de 500 trabajadores que plantea la directiva sobre las fusiones transfronterizas. Los estatutos propuestos de la SPE deben convertirse en un verdadero proyecto europeo. La CES teme que una SPE que opere en un solo estado miembro sea percibida como una sociedad nacional con una etiqueta europea, más que como un verdadero proyecto europeo. La CES incita a las instituciones europeas a que integren las mejoras siguientes en los estatutos de la SPE. Una exigencia transfonteriza La CES considera la ausencia de elemento transfronterizo en la propuesta de la Comisión como una violación del principio de subsidiaridad. Los estatutos propuestos de la SPE supondrían una gran presión sobre las formas jurídicas nacionales y las disposiciones 4

5 sobre la participación de los empleados que estén ligados a ellas. Es pues fundamental que una SPE solo se constituya cuando la sociedad opere en, al menos, dos estados miembros. La exigencia en materia de capital mínimo no debe ser simbólica. La propuesta de la Comisión abandona prácticamente el principio de una verdadera exigencia en materia de capital mínimo. Un mínimo de apenas 1 es contrario al interés de los acreedores. La disponibilidad de un cierto nivel de recursos en capital es un indicador de compromiso financiero y de sinceridad. Por ello la CES demanda que la exigencia en materia de capital mínimo para las SPE se eleve al menos a Órganos directores La propuesta de la Comisión solo prevé dos órganos directores obligatorios: un órgano de dirección y una asamblea general. No se sabe exactamente qué órgano director asumirá la representación de los empleados. Para asegurar normas uniformes a nivel europeo, los estatutos de la SPE deben al menos prever órganos de vigilancia obligatorios a partir de un determinado número de empleados. Transparencia Los estatutos de la SPE propuestos se caracterizan por una falta de transparencia. La CES teme que las disposiciones sobre la prueba literal destinadas a garantizar la transparencia y los controles externos sean virtualmente inexistentes. Por estas lagunas y ya que los SPE tendrán una gran autonomía en sus estatutos, la CES estima que, para garantizar la certeza jurídica mínima, es urgentemente necesario un asesoramiento notarial obligatorio. Evasión fiscal Los estatutos de la SPE no deben favorecer la evasión fiscal, es decir una empresa que se desplazara en la UE en función únicamente de los niveles de fiscalidad nacionales. Conclusión Si bien la CES acoge con satisfacción la mejora de un contexto competitivo dinámico para las PYME, no podemos aceptar que los estatutos de la SPE sean en realidad una cáscara vacía que evite la cuestión de la participación de los empleados. La CES solo dará su apoyo a este proyecto si se aportan modificaciones de fondo a la propuesta de la Comisión: Los estatutos de la SPE deben ir acompañados de reglas estándar mínimas sobre los derechos de participación de los empleados. Para tener la seguridad de que los derechos de participación de los trabajadores serán respetados, lo más apropiado sería, como en el caso de la sociedad europea y de la sociedad cooperativa europea, completar los estatutos de la SPE con una directiva separada sobre los derechos de participación de los trabajadores. 5

6 La adopción de una directiva sobre la transferencia transfronteriza de sociedades registradas es un requisito fundamental, en especial para prevenir la creación de sociedades buzón. Tienen que establecerse exigencias más detalladas sobre la dimensión transfronteriza de una SPE, sus exigencias en materia de capital mínimo, la manera en que los órganos directores podrán tomar en cuenta la participación de los empleados, la transparencia de sus operaciones y las condiciones mínimas en materia de impuesto de sociedades para evitar un shopping fiscal. 6