Consejo de la Magistratura

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1 RESOLUCION N 400/08 En Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil ocho, sesionando en la Sala de Plenario del del Poder Judicial de la Nación Dr. Lino E. Palacio, con la Presidencia del Dr. Mariano Candioti, los señores consejeros presentes, y VISTO: El expediente N 145/2007, caratulado Remite copia de Expte. M. 3067/2007 Resoagli Ferrini Wiens Pinto s/ Act. Dra. Mill de Pereyra, del que RESULTA: I. La remisión efectuada por el Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, de la presentación realizada por los Sres. Fiscales, Dres. Oscar E. Resoagli, Flavio A. Ferrini y Germán Wiens Pinto, en relación con la actuación de la Sra. Juez integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Dra. Rita Mill de Pereyra, en el marco de la causa N 237/2005, caratulada Palacios Jorge Eduardo y otros s/ sup. Inf. Ley y , de cuyas partes pertinentes se adjuntaron las correspondientes fotocopias (fs. 1/4). En el informe anexo emitido por los fiscales, expresan que en el referido expediente, del registro del Juzgado Federal de Corrientes, en el que se investigaban delitos tipificados por las leyes y , el Sr. Palacios se encontraba imputado por contrabando agravado de estupefacientes. En tal sentido, señalan que Palacios estaba detenido en el Escuadrón 51 de Gendarmería Nacional (Resistencia, Chaco), como consecuencia de la investigación que se llevaba a cabo por sospecharse su actuación como organizador de una banda dedicada al narcotráfico, utilizando para ello aviones de su propiedad. Refieren, además que, luego de denegada su excarcelación se solicitó al Juez Federal se le concediera prisión domiciliaria, la que una vez rechazada, fue recurrida por la defensa técnica del imputado, ejercida en apariencia por el Dr. Jorge Benítez Sivori, ante la Cámara 1

2 Federal que la concedió con inusitada celeridad, resolutorio que había llamado la atención de la Fiscalía, en atención a que no existían antecedentes de situaciones similares. Asimismo, sostienen que, puestos a analizar la legitimidad y procedencia de la resolución, se encontraron con la situación hasta ese momento inadvertida, de que el abogado del imputado Palacios había fijado domicilio en la casa particular (domicilio real) de la Dra. Mill de Pereyra, Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Agregan luego que investigando dicha casualidad, se percataron de que en realidad el Dr. Benítez Sívori es socio del Dr. Eduardo Pereyra (h), hijo de la Dra. Mill de Pereyra, lo cual surge de notificaciones en conjunto en expediente de la Provincia (...) y de poder para prescripción otorgado por Eduardo Pereyra (esposo de la Dr. Mill de Pereyra) a favor de los Dres. Benítez Sivori y Pereyra. Expresan los Sres. Fiscales que los letrados mencionados habían promovido conjuntamente demanda de usucapión ante el Juzgado Federal de Corrientes, en el Expediente N 161/05, caratulado: Pereyra Eduardo A. c/ E.N.A. y/o quien resulte responsable s/ prescripción, cuestión respecto de la cual, según señalan, había existido una denuncia ante este pues tendría aristas cuestionables que surgen claramente de esta demanda donde de la usucapión se beneficia la sociedad conyugal Mill-Pereyra. Destacan que en el expediente Palacios, tramitaban, a su vez, dos incidentes de entrega de automotor a favor del hijo del imputado, en uno de los cuales el letrado patrocinante era el Dr. Eduardo Pereyra, mientras que en el otro el Dr. Benítez Sivori intervenía como apoderado, en ambos casos con domicilio fijado en la casa de la magistrada. Agregan los Fiscales que, asimismo, al solicitar la lista de visitas recibidas por el preso Palacios, habían advertido que Benítez Sívori no había ido a verlo nunca, en tanto que en varias ocasiones había concurrido el Dr. Eduardo Pereyra, surgiendo de las constancias acompañadas que el médico que realizó el informe de parte, en base al 2

3 cual se otorgó el beneficio, nunca habría visitado al preso. Finalmente, luego de sostener que se había confrontado el domicilio legal constituido del imputado con el de la Dra. Mill de Pereyra que figuraba en la guía telefónica local, entienden que, con lo expresado, tomaba importancia la declaración brindada ante el Tribunal Oral Federal por un imputado de apellido Billordo en la que habría manifestado que el Dr. Pereyra le dijo que tenía muchas influencias en el Juzgado Federal. En definitiva, según consideran, la actuación de la magistrada no lucía transparente, por lo que los Sres. Representantes del Ministerio Público plantearon la nulidad de la resolución en la que intervino la Dra. Mill de Pereyra, y el inicio de una investigación para determinar la posibilidad de responsabilidades penales. II. El Dr. Germán Wiens Pinto, remitió a este Consejo copia certificada del requerimiento de instrucción incoado ante la Justicia Federal de Corrientes contra la Dra. Mill de Pereyra (fs. 8/11). III. El 27 de de julio de 2007, se presenta ante este, la Dra. Rita Mill de Pereyra, en los términos del artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, brindando el informe correspondiente y solicitando se declare abstracta la denuncia o en su defecto se desestime la misma (fs. 79/82). IV. El 9 de mayo de 2008, en función de las medidas preliminares, la Sra. Jueza Federal Ad-Hoc de Corrientes, Dra. María Gloria F. de Pinsker, remitió a la Comisión de Disciplina y Acusación, copias certificadas de las actuaciones preliminares, caratuladas Investigación Preliminar p/ Sup. irregularidades en el legajo de apelación en autos: Palacios Jorge Eduardo y otros p/ Sup. Infracción a Leyes y Expte. N 237/05, conforme se solicitara oportunamente. CONSIDERANDO: 1 ) Que las facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura, al igual que antes las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se limitan a lo estrictamente administrativo, no pudiendo inmiscuirse, directa o indirectamente, en la competencia jurisdiccional. 3

4 En otros términos, las sanciones disciplinarias apuntan a que este Cuerpo logre disciplina en el cumplimiento de reglas ordenatorias para la administración del universo de conflictos, no para la decisión de un conflicto determinado ni, consecuentemente, para imprimir una determinada línea a los actos procesales (Kemelmajer de Carlucci, Aída, El Poder Judicial en la Reforma Constitucional, en AAVV, Derecho Constitucional de la Reforma de 1994, Mendoza, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, 1995, T. II, pág. 275). Así, se ha entendido que existe responsabilidad administrativa cuando media inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de magistrado, ejercicio impropio de las funciones judiciales, descuido voluntario, falta de asiduidad en el cumplimiento de estas funciones o actos que perjudiquen el servicio público. De modo que responsabilidad administrativa y responsabilidad disciplinaria son conceptos sinónimos (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, 1994, T. III- B, pág. 369). Que sobre esas bases, el artículo 14 de la ley y modificatorias, prevé expresamente los supuestos que constituyen faltas disciplinarias y que, por ello, dan lugar a la responsabilidad de esa índole de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación. Que, por su parte, el artículo 53 de la Constitución Nacional prevé las causales que constituyen mal desempeño y, como consecuencia, ameritan la remoción de los jueces del Poder Judicial de la Nación, estableciendo el artículo 114 de la Carta Magna, dentro de las atribuciones de este la de decidir la apertura de dicho procedimiento de remoción cuando los hechos denunciados fueran los previstos en el referido art. 53 (cfr. ley y modificatorias). 2 ) Que, en el presente, se cuestiona la actuación de la Dra. Rita Mill de Pereyra, en oportunidad de desempeñarse como Juez integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, conforme causa que se formara N 1 caratulada Investigación Preliminar p/sup. Irregularidades en el Legajo de apelación en autos caratulados: Palacios Jorge Eduardo y otros p/sup. Infracción a Leyes y expte. N 237/05, en 4

5 virtud de la denuncia interpuesta por el Ministerio Público Fiscal sosteniendo que la magistrada no se habría inhibido en un expediente, a los fines de garantizar la imparcialidad del proceso. En virtud del cuestionamiento efectuado, la magistrada brindó las explicaciones en el marco del artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación. En razón de ello, expresó que entiende que la denuncia debería ser declarada abstracta en atención a que ha sido aceptada su renuncia en el cargo que presentara para acogerse a los beneficios de la jubilación, por lo que no revistiendo la calidad de magistrado no le resultaría aplicable la normativa en cuestión. Seguidamente, contesta los términos de la denuncia rechazando las imputaciones que se le formularan tan livianamente. Comienza diciendo que respecto a la supuesta celeridad con que se tramitara el incidente de solicitud de prisión domiciliaria en la causa Palacio Jorge Eduardo p/sup. Infracción a las Leyes y , ello se debió a que se trataba de un imputado con un importante riesgo de sufrir agravamiento de su patología, y que el Estado es garante de la salud de los detenidos y debía velar por ellos. Que el sistema carcelario es deficiente, por lo que habría efectuado presentaciones y reclamos a los tres poderes del Estado donde con invocación de la normativa supranacional sobre Derechos Humanos, reclamaba algún tipo de respuesta para la zona. Que, además de ello, se trataba de un encausado cuyos antecedentes médicos ya habían sido tenidos en cuenta por el tribunal cuando en el mes de diciembre de 2006 se resolvió un habeas corpus en su favor, y que la causa en dicha oportunidad también con otro defensor, fue resulta en la misma mañana en que tuviera su ingreso sin que ello causara la sorpresa de nadie. Cuestiona que los fiscales habrían manifestado que, en el marco de la investigación se habrían percatado de que el Dr. Benítez Sívori es socio del Dr. Eduardo Pereyra, cuando en realidad ya en el incidente de nulidad planteado manifestaron que era de público y notorio conocimiento la actuación conjunta desplegada en numerosísimas causas de ambos profesionales. Que el Sr. 5

6 Fiscal conocía tal situación y omitió advertirla al tribunal y no la habría en consecuencia recusado. Que en la denuncia se hace referencia que los Dres. Benítez Sívori y su hijo habrían sido apoderados en un juicio de usucapión de su esposo, pero que omiten decir que la otra apoderada era la Dra. Ravano, que fue quien en realidad tramitó el juicio en su totalidad. En relación a ello se hace alusión a una supuesta denuncia ante el pues tendría aristas cuestionables, señalando que nunca la magistrada se habría tomado conocimiento. Por lo que considera que todo es malicioso y mal intencionado. Que ignoraba que su hijo había patrocinado al Sr. Palacio en un incidente de entrega de automotor, de lo que tomó conocimiento recién cuando el Fiscal Dr. Wiens Pinto (con posterioridad de haber suscripto la resolución) le informó, solicitando en consecuencia la remisión de todas las actuaciones y una vez comprobado dichos extremos se excusó de seguir entendiendo en la causa de referencia. Agrega que todos sus funcionarios y encargados de los despachos (civil o penal) tenían instrucciones precisas de advertirle que debía apartarse (debían redactar un escrito en este sentido) cuando el Dr. Pereyra (hijo) actuaba en cualquier carácter en una causa que ingresara en la Cámara. Ello se puede corroborar con las declaraciones testimoniales de las Dras. Rípula y Graciela Gómez además de los restantes encargados de los Despachos. Que el beneficio de arresto domiciliario se habría otorgado con fundamento en un informe de el médico de parte, el que ni siquiera ha sido citado en atención a que se tornaba innecesario por la contundencia de la historia clínica que data de mas de diez años atrás, a lo que se sumó el dictamen del médico de la Policía Federal. Que las supuestas influencias que tenía su hijo en el Juzgado Federal, conforme las manifestaciones de un imputado, no fueron precisas y respondieron a las preguntas formuladas por el Fiscal Dr. Resoagli. Que no se puede afirmar con precisión que se tratara de la misma persona o profesional, que no fue claro en su descripción y que no especificó si se trataba del fuero federal o provincial, amén de que en la ciudad existen tres o cuatro abogados del mismo apellido. 6

7 Que en cuanto a la denuncia penal, de la misma tomó conocimiento a través del diario digital de Corrientes. Que el Fiscal Ferrini ha formulado requerimiento fiscal en su contra pero que no puede dar mayores detalles. Existen además otras afirmaciones respecto de la actuación de los Dres. Sívori y Pereyra de las que no puede dar detalles pero surgirían de la contestación de traslado que se le hace el primero de ellos en el Incidente de Nulidad, el que se adjunta con la presentación. Dice también que el propio Fiscal Ferrini recusó a varios abogados desinsaculados para actuar como conjueces en la integración del tribunal, de lo que se formó incidente de recusación que ha sido elevado a la CSJN. Que por múltiples razones no ha tenido un avocamiento personal del tema de los conjueces no ha dado instrucciones al respecto, que ofrece a la Secretaria de Superintendencia Dra. Sandra García, a fin de explicar el procedimiento utilizado al respecto. Posteriormente, se explaya respecto del trámite que se le imprimiera al incidente de prisión domiciliaria. Menciona el mismo ingresó a la cámara el 12 de Abril; que al día siguiente el Dr. Tessare firmó la primera providencia en razón de encontrarse de licencia; que una vez contestada la vista fiscal, la jefe de despacho penal le trajo confeccionada la providencia, fijando la audiencia del art. 454 del CPPN., y se tuvo por denunciado el nuevo domicilio del Dr. Benítez Sívori. Que una vez que tomó conocimiento de las actuaciones habría consultado si no figuraba su hijo en la causa como defensor y el domicilio fijado, habiéndosele respondido que no y que el domicilio establecido era en la calle Buenos Aires. Que su inquietud se basó en que el Dr. Sívori llevaba algunas causas con su hijo, pero otras tantas con su suegro y esposa, incluso con la Dra. Ravano. Además de ello, evaluó con sus relatores penales la posibilidad de inhibirse, pero la normativa procesal no contempla dicha causal respecto de los apoderados. En concordancia con lo expresado reitera que no intercedió ante sus pares para resolver el tema y que era usual que se sacaran acuerdos extraordinarios en los casos de que la causa tuviera presos. Niega rotundamente que 7

8 hubiera existido imparcialidad de su parte, y que su intervención, entiende, ha sido sin violar lo dispuesto en el código del rito. Que no conoce al imputado ni a sus familiares. Refiere la magistrada, que su conducta estuvo siempre siendo monitoreada por los fiscales y que sería muy torpe de su parte no considerar cosas tan evidentes como que su hijo sea el defensor y el domicilio cuestionado. Pasando a considerar la temática impresa al caso, recuerda que como integrante de la Cámara del Crimen N 1 de la Pcia. de Corrientes, siendo la misma la única titular del cuerpo, en el año 1992 suscribió ya una resolución concediendo prisión domiciliaria a una persona condenada por delito de violación. Que, en este caso se trataba de una persona imputada, que goza aún de la presunción de inocencia en su favor. Por otra parte, el planteo de que no reunía el Sr. Palacio los requisitos de la ley , es decir que fuera mayor de 70 años y que estuviera en período terminal de la enfermedad que padece no debe ser considerado con una interpretación tan restringida. Que, la reforma constitucional del año 1994 introdujo el concepto de la incorporación de los tratados internacionales, por lo que el juez debe tener una interpretación amplia. Se sustenta en la doctrina más actualizada y que señala la no taxatividad de tales previsiones legales (Cf. Zaffaroni, Plagia y Slokar, Derecho Penal ps.908/909). Finalmente, en razón de que las fotocopias que acompaña no son certificadas, solicita que se requiera a los diferentes tribunales intervinientes. 3 ) Que, en tal sentido, si bien desde un punto de vista formal la no excusación de la jueza en el expediente fue objeto de denuncia y que los cargos formulados revisten entidad suficiente para realizar una exhaustiva investigación, no obstante ello no es posible avanzar en la determinación de la responsabilidad de la Dra. Mill de Pereyra, habida cuenta que el Poder Ejecutivo Nacional ha aceptado su renuncia al cargo de Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, para acogerse al beneficio jubilatorio. Que, compulsadas las actuaciones y valorados los cargos y descargos producidos en estos actuados, se 8

9 advierte que podría haber existido una alteración en la correcta administración de justicia desplegada por la magistrada en la causa de referencia, en oportunidad de desempeñarse como Juez integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Ello, sin perjuicio de tenerse en cuenta que la omisión en la que se incurriera en el particular, no constituyó una actitud habitual por parte del juez involucrado. Que, en definitiva, más allá de las consideraciones reglamentarias efectuadas por la camarista denunciada, en virtud de las circunstancias expuestas, amén de sopesar la inexistencia de otros antecedentes negativos (y las normas legales aplicables a la especie) podría haber existido una falencia en la actividad jurisdiccional ejercida. Que sin perjuicio de lo que resulte en definitiva de la causa penal instaurada, que aún está en sus comienzos en atención a las múltiples excusaciones formuladas por los diferentes abogados desinsaculados, habiendo aceptado recientemente el cargo la Dra. María Gloria F. de Pinsker, es dable señalar que este Consejo no puede dejar de tener en cuenta que la Dra. Mill de Pereyra se ha acogido a los beneficios de la ley por lo que se tornaría abstracta la denuncia interpuesta. 4 ) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, cabe recordar que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N 749/2007 (publicado en el B.O. N del 20/6/07), aceptó la renuncia presentada por la Dra. Rita Aurora Mill de Pereyra, al cargo de Juez integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Que, en consecuencia, en virtud de lo prescripto por el artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto confiere facultades disciplinarias y acusatorias al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación sólo respecto de los magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación, la cuestión ha devenido abstracta, sin perjuicio de lo cual cabe dejar sentado que de haber subsistido la potestad disciplinaria de este Cuerpo, con fundamento en los argumentos oportunamente vertidos en la denuncia penal interpuesta por el Ministerio Público, en el presente caso hubiera correspondido realizar una profunda 9

10 investigación a los efectos de poder determinar la responsabilidad de la entonces magistrada a cargo de la causa que tramitó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y su correspondiente citación en los términos del artículo 20 del Reglamento de esta Comisión de Disciplina y Acusación. 5 ) Que, no obstante no haberse advertido desde la fecha de obtención del correspondiente beneficio jubilatorio y hasta el presente, voluntad por parte de la magistrada en cuestión de desempeñar función judicial alguna, teniendo en cuenta que podría eventualmente resultar convocada, si bien como ya se adelantara- la cuestión que dio origen a estas actuaciones se ha tornado abstracta, corresponde con acuerdo a lo propuesto por la Comisión de Disciplina y Acusación (dictamen 193/08)- que las mismas sean puestas en conocimiento de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial de este Consejo de la Magistratura. Que, por otra parte, de presentarse eventualmente la Dra. Mill de Pereyra, en un futuro, como candidata para la cobertura de alguna magistratura judicial, se efectivice la citación en cuestión, la cual queda, entonces, pendiente, debido a las circunstancias aludidas precedentemente. Por ello, SE RESUELVE: 1 ) Declarar abstracta la denuncia formulada contra la doctora Rita Aurora Mill de Pereyra, ex integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. 2 ) Aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, declare que, de haber desempeñado en la actualidad el cargo de magistrado, hubiera correspondido la citación de la magistrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y acusación, de conformidad con lo expresado en el considerando 5. 3 ) Remitir las presentes actuaciones a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, a los fines expuestos en la última parte del considerando 4. 10

11 4 ) Notificar a la Procuración General, y al magistrado denunciado, y archivar las actuaciones. Regístrese y notifíquese. Firmado por ante mí, que doy fe. Fdo.: Mariano Candioti Hernán L. Ordiales (Secretario General). 11