RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 35/2012 Resolución nº 066/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 14 de marzo de VISTO el recurso interpuesto por D. F.D.S en nombre y representación de la empresa KLÜH LINAER ESPAÑA, S.L. contra los pliegos que establecen las condiciones que han de regir la contratación del Servicio de limpieza de las dependencias del organismo Instituto de Salud Carlos III en los campus de Moncloa, Chamartín y Majadahonda, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. El organismo Instituto de Salud Carlos III anunció la licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias del organismo, los días 6 y 14 de enero de 2012, a través del Diario Oficial de la Unión Europea y del Boletín Oficial del Estado, respectivamente, con un valor estimado de ,00 euros. Segundo. Contra los pliegos que han de regir la licitación del contrato en cuestión, KLÜH LINAER ESPAÑA, S.L. (en adelante KLÜH), a través de su representante, interpuso recurso especial dirigido a este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en su registro el 21 de febrero de 2012 en el que, previas las consideraciones que entiende convienen a su derecho, solicita que por este Tribunal se acuerde anular el procedimiento. Con fecha 24 de febrero de 2012, previo requerimiento de este Tribunal al órgano de contratación de 22 de febrero, se recibió el correspondiente expediente acompañado del oportuno informe. Tercero. La Secretaría del Tribunal, el 27 de febrero de 2012, dio traslado del recurso a las otras empresas que habían participado en la licitación, otorgándoles un plazo de cinco. Pº DE LA CASTELLANA, 162, 15ª PLTA MADRID TEL: /41/45 FAX: Tribunal_recursos.contratos@meh.es.

2 2 días hábiles para que, si lo estimaban oportuno, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, sin que se haya evacuado este trámite por las interesadas. Cuarto. Con fecha 22 de febrero de 2012, el Tribunal acordó conceder la medida cautelar solicitada por la recurrente, consistente en la suspensión del procedimiento de contratación de manera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sea la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la suspensión. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El presente recurso se interpone contra los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que establecen las condiciones que han de regir la contratación del servicio de limpieza de las dependencias del organismo Instituto de Salud Carlos III en los campus de Moncloa, Chamartín y Majadahonda, correspondiendo a este Tribunal su resolución de conformidad con el artículo 41.1 del TRLCSP, al integrarse el organismo citado en el ámbito de la Administración General del Estado. Segundo. El acto recurrido son los pliegos de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, por lo que el recurso ha sido interpuesto contra acto recurrible de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.a) y 2.a) del TRLCSP. Tercero. La legitimación activa de la parte recurrente viene otorgada por aplicación del artículo 42 del TRLCSP. Cuarto. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, procede examinar si el recurso ha sido interpuesto en plazo, pues el órgano de contratación ha formulado alegaciones entendiendo que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo toda vez que entre la fecha de publicación de los pliegos en el perfil de contratante (4 de enero) y la de interposición del recurso (21 de febrero) han transcurrido más de los quince días hábiles previstos en el artículo a) del TRLCSP. Con respecto al cumplimiento del requisito temporal para la interposición del recurso debemos plantearnos si se ha cumplido en los términos previstos en el artículo 44 del

3 3 TRLCSP. En efecto, de conformidad con el apartado 2, letra a) del mismo, cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley. En relación a esta cuestión el Tribunal ya se ha pronunciado en la resolución 21/2011 de 9 de febrero de 2011, dictada en el recurso número 58/2010, en la que se pone de manifiesto, en relación con el cómputo del plazo para interponer el recurso contra los pliegos, lo siguiente: La cuestión que se suscita aquí es la de determinar el momento a partir del cual debe computarse el plazo establecido en el artículo de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público -vigente art TRLCSP- para la interposición del recurso especial en materia de contratación, según el cual éste será de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, añadiendo en su apartado a) que cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 142 de esta Ley -vigente art. 158 TRLCSP-. Así, de acuerdo con el citado artículo 142 habrá que distinguir si el acceso a los pliegos e información complementaria se realiza por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, o si por el contrario no se facilita el acceso por dichos medios. Puesto que el acceso a los pliegos a que se refiere el presente recurso se ha facilitado por medios electrónicos, concretamente a través del perfil de contratante, debe entenderse que el plazo de interposición del recurso no puede comenzar a computarse sino a partir de la fecha en que concluye el de presentación de las proposiciones por parte de los licitadores -el 9 de febrero de 2012-, y ello porque cuando el artículo 44.2, letra a) del TRLCSP se refiere a la cuestión lo hace mencionando el artículo 158 del citado texto legal, el cual se refiere a la obligación que incumbe a los órganos de contratación de suministrar los pliegos y demás documentación complementaria a quienes lo solicitaran, pero sin hacer mención alguna al otro supuesto.

4 4 Concretamente el citado precepto dice que cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los pliegos y a cualquier documentación complementaria, éstos se enviarán a los interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se haya presentado, antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas. La aplicación de este precepto en relación con el 44.2 del TRLSP nos llevaría a entender que el plazo para interponer el recurso cuando el pliego no se haya facilitado por medios electrónicos comenzará a partir de la fecha en que se hayan recibido éstos por el interesado que los solicitó, fecha que muy bien puede coincidir o incluso ser posterior a la de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. Precisamente por ello, debe entenderse con respecto a aquellos supuestos en que los pliegos y demás documentación complementaria se hayan puesto a disposición de los posibles licitadores a través del perfil de contratante o de la Plataforma de Contratación del Estado debe procederse a la aplicación analógica del citado precepto. Así lo declara este Tribunal en la resolución antes mencionada al decir que ante la imposibilidad de acreditar de forma fehaciente el momento a partir del cual los licitadores o candidatos han obtenido los pliegos cuando a éstos se acceda por medios electrónicos, la única solución, entiende este Tribunal, es considerar como fecha a partir de la cuál comienza a computarse el plazo para recurrir los pliegos el día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de las proposiciones, momento a partir del cual ya no podrá alegarse desconocimiento del contenido de los pliegos. Pues bien, aplicando al caso presente el criterio anterior, debe concluirse que el recurso fue presentado dentro de plazo toda vez que su fecha de presentación (21 de febrero) se encuentra dentro del plazo de quince días hábiles a computar desde la fecha límite para la presentación de ofertas (9 de febrero). En consecuencia, el recurso debe ser admitido. Quinto. En cuanto al fondo del recurso planteado, el mismo se contrae a determinar si el precio de licitación del contrato es inferior al coste del servicio, así como si la información del personal a subrogar -con motivo de la adjudicación del contrato- incluida en los pliegos es suficiente para que los licitadores al formular su oferta conozcan todos los datos que puedan influir en la misma.

5 5 La recurrente en su escrito alega que el precio del contrato recogido en los pliegos no es conforme con lo establecido en el artículo 87 del TRLCSP, ya que no es posible valorar los costes que tendrán las reducciones en las horas de limpieza -respecto del contrato anterior- para las empresas, y éstos no se contemplan en el precio. Añade que, los pliegos y el listado de personal a subrogar arrojan un total de horas de trabajo muy superior a las que se exigen en los pliegos, estableciendo el artículo 44 del Estatuto de lso Trabajadores y el convenio colectivo de empresas de limpieza que los trabajadores que se subroguen lo serán en las mismas condiciones y derechos, lo que incluye jornada y salario, habiéndose calculado el precio de licitación en base a esa reducción y no al coste real del servicio. Entiende que la reducción citada vicia el contrato, puesto que la empresa adjudicataria del contrato va a cobrar menos horas de las que va a pagar a los trabajadores y en caso de que se reduzcan las horas de la plantilla se van a encontrar con una enorme cantidad de reclamaciones que seguramente prosperarán e irán a su costa. Por su parte, el órgano de contratación en su informe, amén de la cuestión del plazo de interposición del recurso, ya resuelta, discrepa de las alegaciones del recurrente por cuanto considera que la información contenida en los pliegos es suficiente para determinar el coste de las indemnizaciones que pudiera tener que afrontar el adjudicatario en caso de reclamación de los trabajadores. Señala también que la disminución en el horario de trabajo se ha realizado evaluando la carga real de las dependencias a limpiar considerando que las zonas de despachos disminuyan la frecuencia de limpieza un 50%, quedando suficientemente cubiertas su necesidades de limpieza y justificando la reducción de horas en cuanto a la prestación del servicio de limpieza en las restriccciones presupuestarias que rigen en el momento actual. Sexto. En relación con la información del personal a subrogar -con motivo de la adjudicación del contrato- a proporcionar a los licitadores, el artículo 120 del TRLCSP establece que en aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores

6 6 a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. En este sentido puede citarse el informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 31/1999, de 30 de junio, cuando establece En definitiva se entiende que la subrogación de una empresa en las relaciones laborales de otra es cuestión cuya posibilidad ha de ser resuelta de conformidad con la legislación laboral vigente, en concreto determinando si resulta aplicable al supuesto de hecho el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o, en su caso, de los respectivos convenios colectivos, sin que nada al respecto tengan que establecer los pliegos de cláusulas administrativas particulares, matizado posteriormente por el informe 33/2002, de 23 de octubre, que señala La necesidad de que el futuro contratista conozca suficientemente cuáles serán las obligaciones que asume al resultar adjudicatario del contrato, que son no solo las propias relativas a la prestación en sí, sino también aquellas otras obligaciones que proceden de normas sectoriales distintas de la legislación de contratos, es un elemento propio de la definición de derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley.( ) Pues bien, examinado el expediente se observa que se cumplen las obligaciones de información a las que se refire el artículo 120 del TRLCSP antes transcrito. Así, la cláusula 3.1 del pliego de prescripciones técnicas relativa a los trabajos programados, especifica las horas de limpieza que se venían prestando con motivo del contrato en vigor (licitado en el año 2010) y las que se solicitan con el nuevo contrato, pasándose de un total de ,60 horas/año a ,60 horas/año para el contrato ahora impugnado, se trata por tanto de una minoración del 30% horas/año. El anexo II del pliego de prescripciones técnicas especifica el personal adscrito al servicio de limpieza por categorías, antigüedad y jornada, con indicación del plus que cobran los trabajadores, indicándose como información adicional que El nuevo contrato, de acuerdo con la tabla horaria del Pliego de Prescripciones Técnicas supone una disminución en horas/mes respecto al vigente por lo que el adjudicatario deberá recalcular los nuevos coeficientes porcentuales. De acuerdo con lo anterior, entiende este Tribunal, que los pliegos contienen la información necesaria para que los licitadores aplicando los costes salariales del

7 7 convenio colectivo en vigor conozcan la retribución que deben satisfacer a los trabajadores en los que se deben subrogar, así como en su caso las posibles indemnizaciones a pagar con motivo de la reducción de horas en la prestación del servicio. En consecuencia, procede desestimar lo alegado al respecto por el recurrente. Cuestión distinta de la anterior es si los licitadores, a la vista de los cálculos realizados, considerando, en su caso además, los gastos generales de la empresa y el beneficio industrial, están o no interesados en licitar. No obstante, en el expediente impugnado se observa que han concurrido tres empresas a la licitación lo cual abunda tanto en el conocimiento por parte de los licitadores de la información necesaria para realizar su oferta como en la suficiencia del precio de licitación para la prestación del servicio, cuestión esta que anlizamos a continuación. Séptimo. En cuanto al precio del contrato, el pliego de cláusulas administrativas en su cláusula V recoge tanto el precio de licitación ( ,40 euros, IVA excluido) como su valor estimado ( ,00 euros, IVA excluido), información esta contenida también en el apartado 7 de la hoja resumen del pliego de cláusulas, señalando el apartado 8 de la citada hoja resumen que el sistema de determinación del precio es A tanto alzado. En este sentido, interesa apuntar que en el momento de fijar el presupuesto o precio de un contrato habrá que partir del principio de control del gasto, cuya previsión normativa aparece en el artículo 1 del TRLCSP, al disponer que: La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El principio de control del gasto debe inspirar la interpretación del artículo 87 del TRLCSP de manera tal que cuando se indica que Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta

8 8 estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados, no se impone a la Administración un suelo consistente en el precio general de mercado, por debajo del cual no pueda admitir ofertas, sino todo lo contrario, se persigue el precio más económico, fijado en concurrencia, con el límite de los precios anormales o desproporcionados a la baja. De modo que lejos de encontrarnos con un suelo nos encontramos con un techo indicativo. En cuanto a la forma de determinar el precio, el apartado 2 del artículo citado dispone que el precio podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entregue o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Añadido que deba soportar la Administración. El TRLCSP en el artículo 87 establece las pautas para determinar el precio del contrato pero no contiene una norma expresa en la que se establezcan los conceptos que deba contener el presupuesto base de licitación de estos contratos. No obstante, si bien es cierto que el presupuesto de licitación no está definido en el TRLCSP, del contenido del artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP en adelante) referido al presupuesto en el contrato de obras, y de otros preceptos concordantes, se deduce que es el importe base de la licitación, IVA excluido, sin incluir las eventuales opciones, prórrogas y modificaciones. Es la referencia básica para que los licitadores realicen su oferta económica y debe de aparecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares tal y como dispone el artículo 67 del RGLCAP. El presupuesto base de licitación puede fijarse de forma global o bien en consideración a unidades de la prestación. A su vez el artículo 88 del TRLCSP se refiere a la forma de calcular el valor estimado de los contratos y en su apartado 2 dispone que La estimación debe hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación, o en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, al

9 9 momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato. En el apartado 5 se dispone que para los contratos de suministros y los de servicios que tengan carácter de periodicidad o que deban renovarse en periodo de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial. Para los contratos de servicios el artículo 302 del TRLCSP regula la determinación del precio señalando que en el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de determinación del precio, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades. Sobre la adecuación de los precios al mercado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid en su recomendación 2/1997, de 6 de mayo, insiste en que hay que tener presente la obligación que establece la Ley de que a la hora de determinar el precio de los contratos se procure que éste sea adecuado al mercado, y en su informe 19/1997, de 16 de diciembre, señala que la primera y más importante premisa a tener en cuenta sobre el precio de todo contrato que celebre la Administración es que sea cierto y adecuado al mercado. La exigencia de que el cálculo del valor de las prestaciones se ajuste a los precios de mercado tiene por objeto garantizar que en la contratación exista un equilibrio entre las partes y que ninguna de ellas obtenga un enriquecimiento injusto, así como garantizar la viabilidad de las prestaciones objeto del mismo, que se establecen en función del interés general que persigue la actuación administrativa. En concreto y sobre la adecuación del precio de los contratos al mercado y su relación con los convenios colectivos, la Junta Consultiva de las Islas Baleares, en el informe

10 10 4/2001, de 22 de febrero, sobre el artículo 14.1, último párrafo de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, (LCAP), relativo a la adecuación del precio de los contratos al mercado, considera que es ajeno a la contratación administrativa, y, por tanto, no puede incidir sobre ella de forma directa, lo pactado en un convenio colectivo laboral. No obstante añade ( ) se pueden considerar como momentos en los que el órgano de contratación puede tener en cuenta, de alguna manera, el contenido de los convenios colectivos, por una parte, cuando ha de fijar el presupuesto base de licitación, a la hora de cumplir con el mandato de que éste sea adecuado al precio de mercado (art.14 LCAP), fijando y justificando en la memoria correspondiente un precio que contemple, entre otros factores, el coste establecido en el Convenio Colectivo. En consecuencia, se considera que si bien los convenios colectivos del sector correspondiente no son vinculantes para la Administración, por tratarse de una regulación bilateral en la que los poderes públicos no son parte, sí pueden tomarse en consideración como indicadores a tener en cuenta al elaborar el presupuesto de licitación especialmente en aquellos servicios en los que el elemento personal es fundamental en la prestación objeto de contrato. Por otra parte la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su informe 34/2001, de 13 de noviembre, refiriéndose a un contrato de servicios de seguridad, señala que la Administración contratante debe considerarse ajena a las cuestiones relativas a los componentes que los licitadores han tomado en consideración para formular su proposición económica y en concreto los efectos derivados del convenio colectivo de empresas de seguridad, puesto que ello desvirtuaría el sistema de contratación administrativa obligando al órgano de contratación a realizar un examen y comprobación de diversos elementos o componentes con influencia en la proposición económica, como pudiera serlo, además de los del convenio respectivo, el pago de Impuestos, el disfrute de exenciones y bonificaciones, posibles subvenciones u otros aspectos de la legislación laboral. Y concluye La circunstancia de que una proposición económica en un concurso sea inferior a la cantidad resultante de aplicar el coste hora fijado en el Convenio colectivo del sector no impide la adjudicación del contrato en favor de dicha proposición económica, sin perjuicio de la posible aplicación de los criterios para

11 11 apreciar bajas desproporcionadas o temerarias en concurso con los requisitos del artículo 86, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en esencia, el que dichos criterios figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares, criterio éste aplicado por el Tribunal en diversas resoluciones (por todas, resolución 298/2011 de 7 de diciembre, recurso 278/2011). Octavo. En el caso que se analiza, para calcular el precio del nuevo contrato, el órgano de contratación ha tomado en consideración el precio del anterior contrato aplicando la correspondiente baja, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 3.1 del pliego de prescripciones técnicas, con motivo de La disminución que el Gobierno de la Nación impone en los gastos corrientes se aplicará a este nuevo contrato cuyo precio supone un ahorro aproximado del 20%, lo que conllevará la minoración en las horas de limpieza a contratar respecto de las actuales, ( ). En concreto, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento sexto, se observa que se minora el número de horas anuales del servicio a prestar en un 30%. En cuanto al precio del contrato (IVA excluido y dos años de duración), de acuerdo con la resolución de adjudicación del contrato vigente -incorporada de oficio al expediente por este Tribunal-, se observa que la minoración es del 16%, pasándose de un precio de adjudicación de ,93 euros a un precio de licitación de ,40 euros en el contrato que ahora se impugna. A estos efectos procede reseñar que al venir establecido como sistema de determinación del precio del contrato el de tanto alzado, y visto que el porcentaje de minoración en el precio del contrato que se licita (16%) es inferior a la minoración de las horas de prestación del servicio (30%), resulta razonable, entiende este Tribunal, admitir los cálculos realizados por el órgano de contratación para alcanzar el coste real del mercado, considerando que el artículo 87 del TRLCSP no recoge una norma expresa en la que se establezcan los conceptos que deba contener el presupuesto base de licitación de estos contratos. Igualmente, las consideraciones anteriores permiten a este Tribunal afirmar que el órgano de contratación ha tenido en cuenta el valor del contrato precedente interpretando lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, apartados 1 y 5, para el cálculo del valor estimado del contrato y con ello ajustar en su estimación el precio del contrato a los precios habituales en el mercado.

12 12 En consecuencia, no procede admitir las alegaciones del recurrente referidas al precio de licitación, en cuanto que el órgano de contratación debe cuidar que el mismo atendiendo al servicio a prestar sea adecuado al de mercado, sin considerar las presuntas reclamaciones a las que alude el recurrente con motivo del personal a subrogar -que pueden producirse o no- por la reducción en las horas del servicio de limpieza respecto del contrato anterior. Noveno. Las argumentaciones anteriores llevan a este Tribunal a desestimar la pretensión anulatoria de los pliegos de la recurrente, confirmando su legalidad respecto de las alegaciones realizadas al respecto por KLÜH. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. F.D.S en nombre y representación de la empresa KLÜH LINAER ESPAÑA, S.L. contra los pliegos que establecen las condiciones que han de regir la contratación del Servicio de limpieza de las dependencias del organismo Instituto de Salud Carlos III en los campus de Moncloa, Chamartín y Majadahonda, confirmando la legalidad de los pliegos. Segundo. Levantar la suspensión del expediente de contratación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.4 del TRLCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.