El Derecho de la Competencia en República Dominicana

Transcripción

1 El Derecho de la Competencia en República Dominicana 1. Una breve reseña del Derecho de la Competencia en la República Dominicana La Constitución de la República Dominicana consagra varios derechos y principios que permiten el desarrollo de una legislación del Derecho de la Competencia, de esta forma en el artículo 8 numeral 12 consagra la protección a la libertad de empresa, comercio e industria. Además prohíbe los monopolios con excepción de los que sean permitidos por ley. Sólo la ley tiene la facultad para crear monopolios. ART. 8.- Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas: La libertad de empresa, comercio e industria. Solo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por ley. A partir de este artículo se ha desarrollado la protección al derecho de la competencia en República dominicana, en complemento con la Ley No , Ley General de Defensa de la Competencia, publicada con fecha 16 de enero de De acuerdo con su Art. 1, la ley General de Defensa a la competencia se encuentra destinada a promover y defender de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios a fin de generar beneficio y valor a los consumidores. Así, su carácter de orden público quedó expresamente consignado, mientras el Principio de Unidad de Ordenamiento, en el Art. 2, reconoce el derecho constitucional a la libre empresa, comercio e industria compatible con la eficiencia económica, la competencia efectiva y la buena fe comercial y señala su aplicabilidad sobre todo el territorio nacional y todas las áreas de la actividad económica, en el modo organizado por el estatuto 2. Las autoridades encargadas de la defensa de la competencia en República Dominicana El Título II de la Ley General de Competencia, establece la estructura administrativa a cargo de entidad encargada de ejecutar la ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sus autoridades nacionales, es decir, el Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva; la relación de esta con otros entes reguladores de mercado; sus fuentes de

2 financiamiento, así como, normas de conductas, requisitos, funciones impedimentos, calificación, incompatibilidades de sus miembros Comisión Nacional de Defensa de la Competencia De esta forma, el Artículo 16 de la comentada ley, crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), como un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y patrimonio propio e inembargable. Tendrá plena independencia administrativa, técnica y financiera y estará vinculado orgánicamente a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Ejercerá sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico establecido por la presente ley y sus reglamentos y será fiscalizado por la Contraloría General de la República. tiene como objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras 2.2. El Consejo Directivo De acuerdo con el artículo 26 de la Ley General de Competencia, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, estará integrado por cinco (5) miembros nombrados por el Congreso Nacional de una propuesta de diez (10) candidatos presentada por el Poder Ejecutivo de la manera siguiente: a. Cinco (5) candidatos serán presentados al Senado de la República para una elección de tres (3) miembros que, en el primer período de funcionamiento de la Comisión, durarán en sus funciones dos (2) años; y, b. Cinco (5) candidatos serán presentados a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, para una elección de dos (2) miembros que durarán en sus funciones, desde el mismo primer período de funcionamiento de la Comisión, cinco (5) años. De esta forma, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podrá, a través de su Consejo Directivo, ostenta las siguientes facultades entre otras: 1. Divulgar el contenido de la ley y sus reglamentos; 2. Asegurar el cumplimiento del objetivo y disposiciones de la presente ley, por las empresas, las demás dependencias del Estado y la sociedad en su conjunto; 3. Celebrar audiencias para la comparecencia, con derecho de participación en los debates y formulación de pedimentos, de los presuntos responsables, denunciantes y perjudicados por la comisión de conductas sancionadas por la

3 presente ley, así como para la audición de testigos y peritos, a fin de recibirles declaración y ordenar careos; 4. Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden judicial, la que será solicitada por el Consejo Directivo ante el juez competente, y deberá realizarse con el auxilio del Ministerio Público, conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. En tal diligencia se deberá autorizar el secuestro si hubiere la necesidad de ello. El juez competente deberá resolver la petición en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas; 5. Proponer la adopción de medidas cautelares y correctivas que juzgue necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos y disposiciones de la presente ley; en tal sentido, conceder autorizaciones a la Dirección Ejecutiva para que practique diligencias probatorias, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que ésta solicite en el curso de una investigación administrativa o para el aseguramiento de pruebas, conforme las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal 6. Dictar resoluciones reglamentarias de carácter general y de carácter especial en las materias de su competencia, así como para el buen funcionamiento administrativo de la Comisión; 7. Imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas previstas en la presente ley y decretar la suspensión de los actos infractores; así como, ordenar las medidas e imponer obligaciones contra el agente económico o persona sancionada, a los fines de corregir la distorsión en el mercado y restaurar la competencia; 8. Dictaminar el inicio del procedimiento de consulta pública de los proyectos de reglamento de la presente ley, conforme lo establecido en la reglamentación 9. Pronunciar dictámenes no vinculantes solicitados por otros entes reguladores del mercado, de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 20 de la presente ley; 10. Realizar actividades de abogacía de la competencia 11. Proponer al Poder Ejecutivo las políticas nacionales de promoción y defensa de la competencia; en particular aquellas medidas y acciones que tengan por objeto facilitar la entrada al mercado de nuevos competidores, incluyendo desburocratizar y modernizar la administración pública y mejorar el entorno económico para un mejor desempeño de los agentes económicos. 12. Recomendar o adoptar, según el caso, las normas y medidas necesarias para la aplicación y cumplimiento en la República Dominicana de los acuerdos, convenios y tratados internacionales relativos a la defensa de la competencia; 13. Concluir acuerdos de cooperación internacional con instituciones homólogas para asegurar la consecución de los objetivos de la presente ley 3. Las sanciones aplicables por infracciones a la normativa de libre competencia

4 A quienes incurran en las prácticas y conductas prohibidas señaladas en esta ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles, atendiendo a la gravedad de la infracción, podrá aplicar las siguientes sanciones: a. Por haber incurrido en las prácticas contempladas en el Artículo 5, Incisos a), c), d) y e), multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo, y máximas equivalentes a 3000 veces el salario mínimo; b. Por haber incurrido en las prácticas establecidas en el Artículo 5, Inciso b), los actores de esta violación, deberán pagar unas multas mínimas equivalentes a 200 veces el salario mínimo y máximas equivalentes a 3000 veces el salario mínimo; c. Por haber incurrido en las prácticas enumeradas en el Artículo 6, multas mínimas equivalentes de 30 veces el salario mínimo a un máximo de 3000 veces el salario mínimo. d. Por haber proporcionado información falsa a la Comisión, multa equivalente a un mínimo de 50 veces el salario mínimo y máxima equivalente a 200 veces el salario mínimo En este sentido, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para determinar la gravedad de la infracción e imponer sanciones, utilizará los siguientes criterios: a. Modalidad y alcance de la restricción de la libre competencia; b. La dimensión del mercado afectado; c. El efecto de la restricción de la libre competencia, sobre otros competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes del proceso económico y sobre los consumidores y usuarios; d. La premeditación e intencionalidad; e. La participación del agente económico en el mercado y capacidad económica, así como el tamaño de los mercados afectados; f. El tiempo que ha durado el acuerdo, práctica o conducta prohibida; 4. Algunos aspectos del procedimiento de acuerdo con el proyecto de ley El Título III de la Ley General de Competencia, organiza el procedimiento en un régimen administrativo sancionador. De acuerdo con el Art. 36 de la Ley No , este se inicia con investigaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva a solicitud de parte con interés legítimo o de oficio. Las denuncias tendrán un carácter público y deben estar basadas en indicios razonables, basados en principios y normas de la ley que la sustancien. Se establecen la forma y plazos para recibir denuncias y determinar su procedencia o no. Esta decisión o la falta de esta en determinado plazo son apelables ante el Consejo Directivo y la decisión de esta última instancia, no admite recurso administrativo ulterior, según el Art. 38.

5 La instrucción y la investigación quedan a cargo del Director Ejecutivo, quien podrá recabar pruebas y visitar lugares para realizar inspecciones, esto último, con la autorización previa de los ocupantes o con una orden judicial dictada por el tribunal competente, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. En el proceso de investigación se respetan las garantías de derecho de defensa y representación. Esta fase concluye con la preparación de expediente de instrucción o una resolución de desestimación, apelable ante el Consejo Directivo. La admisión a juicio y solución de expediente, se encuentra a cargo del Consejo Directivo, quien podrá agotar una segunda fase probatoria y celebrar audiencias de prueba e indagatorias. La motivación del contenido de tales decisiones, se encuentran estrictamente regladas en el Art. 50, e incluye temas tales como: Síntesis de la denuncia o actuación de oficio, relación de los hechos fundamentales; conclusiones del informe del Director Ejecutivo; descripción de las posiciones y conclusiones de la partes y fundamento legal para acoger o rechazar cada una de ellas; la declaración si fuera el caso, de la existencia de una práctica anticompetitiva (acuerdo prohibido, posición dominante o acto de competencia desleal) en atención a las tipificaciones de la normativa o de la declaración de la inexistencia de ellas en el caso concreto; órdenes de cesación de conductas en un plazo determinado; el monto y criterio de fijación de las multas administrativas, de conformidad con los criterios de calificación previamente consignados en la ley; medidas e instrucciones ordenadas por la Comisión, para corregir la conducta anticompetitiva y restaurar la competencia; el dispositivo y cualquier otra decisiones que le faculte la ley a adoptar a dicho Consejo en sus atribuciones dirimentes. Al término del procedimiento administrativo, verificándose la decisión del Consejo Directivo, la ley señala de manera expresa, el derecho a recurrir por ante el Tribunal Contencioso Administrativo y ulteriormente, en casación ante la Suprema Corte de Justicia.