Diego Cornejo Menacho CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS

Transcripción

1 Diego Cornejo Menacho CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS

2 Diego Cornejo Menacho (Quito, 1949), es escritor y comunicador social, editor general del diario "Hoy". Para la elaboración de este informe contó con la colaboración de Juan Francisco Freire y María Gabriela Paz y Miño, periodistas de "Hoy". Las fuentes informativas consultadas fueron, principalmente, varias ediciones de los diarios "Hoy", "El Comercio", "Expreso", "El Universo" y revista "Vistazo". 2

3 EL CASO: Fondos reservados de la Vicepresidencia de la República del Ecuador en el Gobierno de Sixto Durán Ballén. LO PRESUNTOS DELITOS: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito LA CIFRA: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres LOS SINDICADOS: Alberto Dahik, ex presidente de la República (con orden de prisión, prófugo, tramita un estatuto de refugiado político en Costa Rica); Diego Paredes, ex ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador (con orden de prisión, prófugo, destino desconocido); Mauricio Pinto, ex ministro de Finanzas (sin orden de prisión); Juan Carlos Faidutti, contralor general del Estado (sin orden de prisión); Francisco Costales, subcontralor (sin orden de prisión); Ricardo Muñoz Chávez, ex superintendente de Bancos (sin orden de prisión); Gladys Isabel Merchán Merchán, ex secretaria de la Vicepresidencia de la República (con orden de prisión, prófuga, destino desconocido); Juan Mario Crespo Burgos, ex secretario de la Vicepresidencia de la República (con orden de prisión, prófugo, destino desconocido). LA ACUSACION FISCAL: Autores de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito: Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. Autores del delito de peculado: Diego Paredes Peña y Mauricio Pinto. Cómplice del delito de peculado: Juan Carlos Faidutti. Encubridores del delito de peculado: Ricardo Muñoz Chávez y Francisco Costales. LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS: 287 personas naturales y/o jurídicas. 3

4 LOS DENUNCIANTES: Xavier Neira y Rafael Cuesta, los dos diputados del Partido Social Cristiano en el periodo del Congreso Nacional. EL JUEZ: Carlos Solórzano Constantine, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. EL FISCAL: Fernando Casares, ministro fiscal general de la Nación. 4

5 CONTENIDO Prólogo 1. El escenario 2. El pez por su propia boca muere 3. Los gastos reservados 4. La historia de Radio Democracia 5. El juicio en el Congreso 6. De acusado a acusador 7. Intermedio patético 8. Las cuentas secretas 9. La aritmética del contralor 10. La lista de Dahik 11. Un incidente procesal 12. Poder y clientelismo 13. La opinión pública 14. La teoría de la venganza 15. Posfacio 16. Anexos 5

6 PROLOGO Por Alberto Acosta "Habían sido inútiles las muchas y arduas diligencias oficiales para aplacar el ruido público de que la matriarca de la patria se estaba pudriendo en vida, divulgaban cédulas médicas inventadas, pero los propios bandos confirmaban que era cierto lo que ellos mismos desmentían, que los vapores de la corrupción eran tan inmensos en el dormitorio de la moribunda que habían espantado hasta a los leprosos, que degollaban carneros para bañarla con la sangre viva, que sacaban sábanas ensopadas en una materia tornasol que fluían de sus llagas y por mucho que las lavaran no conseguían devolverlas su color original..." "El otoño del patriarca", Gabriel García Márquez La corrupción se ha transformado en un tema de urgente actualidad en el Ecuador. Los medios de comunicación están llenos de denuncias y escándalos. Sin embargo, a pesar de la creciente difusión, en pocas ocasiones se realiza un análisis profundo sobre este fenómeno social y menos aún se llega a alguna sanción. La mayoría de las veces las denuncias que devienen escándalos son olvidadas por la llegada de nuevos escándalos, con lo que la corrupción se complementa con una rampante impunidad. En esta oportunidad Diego Cornejo Menacho, uno de los investigadores periodísticos más perseverantes y profundos, nos 6

7 ofrece una crónica pormenorizada de un delito de blancos. Una crónica apasionante sobre la aritmética del poder, en la cual la suma del despilfarro y del cinismo pretende ser minimizada o aún anulada, restando las responsabilidades en el marco de leyes insuficientes y confusas. Operación en la cual también se resta desde el exterior, a través de un "asilo político", que hoy sirve para proteger a un reo de la justicia... En concreto estamos frente a un delito de blancos, digámoslo más claramente de "cuello blancos", que implica a la cúpula del poder gubernamental, empezando por su vicepresidente, ahora prófugo. Y, a pesar de su resonancia, este es un delito que aparece condenado a la desmemoria, perdido en los vericuetos legales que no desembocarán en una sentencia legal contra sus implicados. Algo que no es inédito en nuestra República. Cuántas veces los implicados en un atraco, pasado el tiempo de la prescripción o aún antes, retornan libres de cualquier sospecha, envalentonados para volver a figurar en la vida pública: en la acción política, en la gran empresa, en los mismos medios de comunicación... Si pudiéramos escribir una historia de la corrupción y de su complemento, la impunidad, ésta sería una suerte de telón de fondo del devenir en nuestra sociedad. Corrupción e impunidad que serían impensables sin el cinismo y la prepotencia. A tal nivel hemos arribado que hay quienes reconocen haber realizado prácticas corruptas y que, al mismo tiempo, intentan erigirse como campeones en la lucha contra la corrupción: basta observar la actuación del propio ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik Garzozi, quien pretendió liderar una gran campaña en contra de los corruptos al tiempo de aceptar públicamente que su Gobierno, en repetidas ocasiones, tuvo que recurrir a arbitrios poco santos, digámoslo mejor, corruptos, al ceder ante diversas presiones políticas o chantajes, según sus diversas versiones, destinados a impulsar su programa "modernizador", entre otros a aprobar la ley que permita privatizar la Empresa Estatal de Telecomunicaciones o a reformar la Ley de Hidrocarburos, con el fin de crear las condiciones para que las transnacionales del petróleo sienten sus bases oligopólicas en el mercado doméstico. Y este personaje poderoso, el de mayor trascendencia e influencia en el Gobierno de Durán Ballén, desde su autoexilio en Costa Rica, luego de recibir el malhadado asilo, no tiene empacho en afirmar que "no me arrepiento de lo que dije y si se presenta la oportunidad, lo diré las cien veces que sea". 7

8 El pez por su propia boca muere, demuestra Cornejo en su texto. El autodenunciante, que presidía el Consejo Directivo de Transparencia Internacional, una organización creada para combatir globalmente a la corrupción, acató, además, una norma generalizada en los diversos gobiernos del mundo: en sus acusaciones de corrupción no asomaron sus correligionarios y tampoco sus compañeros de régimen, sino exclusivamente los opositores... Y por igual, cual si fuera otra norma del oficialismo de todo tiempo y lugar, los allegados a Dahik, empezando por el propio presidente, echan tierra sobre los escándalos propios y desatan presiones para propiciar su olvido. Lo cual es factible por la debilidad de las instituciones y la fragilidad de la trama social. Lo notable de este delito de blancos, deshuesado meticulosamente por Cornejo, es que en pocas ocasiones como en ésta hemos registrado una situación de corrupción tan flagrante como el manejo de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República: apenas una tercera parte del problema, en tanto faltaría por indagar el destino de los gastos reservados de la Presidencia y del Ministerio de Gobierno; no se diga los gastos reservados correspondientes a anteriores administraciones. Un acto de corrupción indudable y no solo por estar vinculado al mal uso de recursos económicos o porque habría provocado una serie de violaciones, susceptibles de ser castigadas legalmente. Insisto, la corrupción no consiste sólo en la comisión de actos ilícitos, que competen a los tribunales, o en el simple mal manejo o malversación de recursos económicos. La corrupción, en una amplia definición cultural, es la esencia del abuso del poder e incluye también actos incorrectos, aunque éstos no sean antijurídicos. Incluye, por tanto, abusos económicos, sociales y políticos, sea en la órbita estatal o privada. Y en este caso, que lo recordaremos simplemente como el caso Dahik, se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. En tanto representa un claro abuso del poder público, que alcanzó un inusitado nivel en manos del vicepresidente Dahik. Abuso destinado a provocar una serie de transformaciones para reorganizar la sociedad y la economía en función de objetivos aperturistas y liberalizadores a ultranza, útiles a los intereses de reducidos grupos dominantes y de sus aliados externos. Abuso que favoreció a sus allegados políticos y religiosos. Abuso que, también, habría funcionado en beneficio particular de Dahik, de sus amistades y familiares. A pesar de su singularidad, no es un acto de corrupción aislado el que nos preocupa. Hay que ubicarlo en un contexto de multiplicación 8

9 de casos corruptos, en un ambiente de clara consolidación del individualismo y de una extrema valoración del dinero. En un ambiente donde la modernidad justifica los medios, permitiendo que demasiadas personas den muestras públicas de un endurecimiento de su percepción sobre lo corrupto. Tanto, que algunos pretendieron voltear apresuradamente la página del caso Dahik para no afectar la estabilidad económica, otros no siquiera encontraron motivo de crítica en la actuación del vicepresidente y no faltaron algunos -como el cardenal- que se solidarizaron con el vicepresidente. Sin embargo, así como afloró el declive moral o la simple conveniencia crematística, experimentamos también una suerte de progreso social que no podemos negar y que debemos destacar. En esta ocasión, "los medios de comunicación del Ecuador, y diversas organizaciones sociales, jugaron un papel importante para que los presuntos delitos cometidos en el manejo de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República fueran puestos en evidencia y sometidos a los procesos político y penal". Esta acción - según Diego Cornejo- articuló la opinión pública "que, a la larga, imposibilitó que la verdad se esfumara en arreglos de personajes 'notables' y que se mantuviera en reserva, bajo la protección tutelar del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, en una inexpugnable bóveda del Banco Central del Ecuador". Episodio que constituye otro de los capítulos bravos de este libro. Libro escrito con fuerza y singular agilidad, que se inscribe como un texto de obligada elaboración para consolidar la democracia. Sí, la democracia. En tanto ésta no se caracteriza por la ausencia de corrupción, sino por la forma en que la hace frente. Y, también, por supuesto, por la forma en que se la sanciona. Importa, entonces, rescatar la democracia, nuestro frágil y a veces tan vilipendiado proceso democrático, como un espacio donde pueden aparecer y ser denunciados los escándalos de la corrupción. Allí, a pesar de todas las limitaciones, hay posibilidades para descubrirlos y combatirlos, aún en los casos cuando en éstos están involucradas las altas esferas del poder. Si profundizamos nuestra reflexión desde la democracia, podemos llegar a una serie de conclusiones renovadoras. En especial cuando nos adentramos en la corrupción del poder. En ese terreno, la corrupción, desde esta perspectiva democrática, no sería otra cosa que la privatización del poder, en la medida que un burócrata del nivel que sea, o indirectamente un agente privado, instrumenta el 9

10 aparato estatal y sus recursos -los gastos reservados en el caso Dahik- para su beneficio particular o de clase. Entonces, el punto de partida pasa por descubrir e individualizar estas prácticas corruptas, que dependen de mecanismos que garantizan no sólo su funcionalidad sino también su ocultamiento y olvido. Por eso resulta imprescindible reforzar la transparencia y la memoria, como medios para robustecer los espacios orientados a combatir la corrupción individual y la institucional. Entendiéndola en su verdadera magnitud y comprendiendo sus repercusiones, para no quedarnos en la simple denuncia de los culpables y menos aún solo para contribuir a un vulgar ajuste de cuentas entre compadres resentidos: hipótesis de la venganza, que también encuentra cabida en estas páginas de Cornejo. Busquemos la verdad y apoyemos su difusión. Que el control social se concrete en primera línea a través de la opinión pública, con una auténtica de libertad de prensa y de independencia para los medios de comunicación. Permitamos a los comunicadores sociales el acceso a la información. Acabemos con toda forma de secretismo. En este empeñó la transparencia y la memoria asoman como las herramientas de mayor importancia. La transparencia desbrozará el camino si queremos que la corrupción sea la excepción y no la norma. Y la memoria impedirá que la corrupción encuentre su asilo en la impunidad... Entonces, para no perder el sentido de violación moral del caso Dahik, sobre todo cuando la violación política no fue censurada por el Parlamento y la violación legal al parecer no encontrará una salida adecuada, es preciso recurrir a este tipo de investigaciones periodísticas que garanticen la sanción moral a los actores, tanto como a sus pretensiones. Reportajes como éste, de Cornejo, facilitan no solo un expansivo e intensivo conocimiento de los casos de corrupción, sino que ofrecen elementos para combatirlos. Son instrumentos para alertar y comprometer a la sociedad sobre la necesidad de enfrentar a la corrupción y a sus vapores. Un esfuerzo que crecerá en el futuro, en la medida en se multipliquen trabajos como éste y en tanto nuevos investigadores, contando con el respaldo de los medios de comunicación, refuercen esta tarea. 20 de abril de

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12 1. EL ESCENARIO El 28 de septiembre de 1995, durante un "juicio popular" en la Casa de la Cultura de Quito, un ciudadano hizo notar que ninguno los sindicados en el escándalo del presunto mal uso de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República era de raza negra. La inesperada referencia parecería carecer de sentido alguno, si no fuese porque quien habló era un negro y porque, pocos días antes, el sábado 9 de septiembre de 1995, en un país que presume de democrático e igualitario, como es el Ecuador, dos jefes policiales -los coroneles Edmundo Egas, jefe del Regimiento Quito, y Aníbal de la Torre, jefe de la Oficina de Investigación del Delito (OID)- responsabilizaron a la "raza morena" de la ola de violencia delincuencial que vivía la ciudad de Quito. El juicio popular, organizado por la agrupación civil anticorrupción "Manos Limpias", y varias otras organizaciones de la llamada sociedad civil, fue denominado "Etica y Legalidad de los Fondos Reservados". El proceso fue representado al modo de los estrados estadounidenses: un juez, el fiscal, un equipo de defensores y un jurado encargado de evaluar los argumentos de la parte acusadora y de la defensa, para emitir el veredicto. Como juez actuó el escritor y periodista Simón Espinosa. El fiscal fue el abogado Galo Chiriboga. La defensa no concurrió al juicio: se había invitado a Jorge Zavala Egas (un político próximo al vicepresidente Alberto Dahik), a Rodrigo Bucheli (para entonces abogado de Dahik) y a Freddy Bravo (diputado conservador estrechamente vinculado con el vicepresidente). Por ese motivo, Raúl Moscoso hizo de defensor de oficio. En calidad testigo de la parte acusadora actuó Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. 12

13 El fiscal admitió como válido el testimonio del coronel (r) Jorge Cevallos F., ex director nacional del Movilización del Consejo de Seguridad Nacional, con el cual se evidenció que cuando los gastos reservados están sometidos a las leyes y a los fines y objetivos lícitos que persigue un gobierno, "son éticos". "Un país requiere tener una estructura jurídica que le permita tener estos gastos de seguridad si se los utiliza para fines absolutamente éticos en función del bien común de toda la sociedad ecuatoriana y no de una parte de esta", según palabras del fiscal Galo Chiriboga. El Jurado estuvo conformado por personalidades de diversos ámbitos de la cultura, la economía y la política ecuatoriana, como el escritor Jorge Enrique Adoum, el vicealmirante (r) Raúl Jaramillo del Castillo, la periodista Luz Elena Coloma y la economista y profesora universitaria Zonia Palán, entre otros. Mientras ellos deliberaban a puerta cerrada, el público debatió en un foro abierto acerca de la crisis de corrupción que atraviesa el país. Fue en esas circunstancias que un ciudadano negro rechazó las declaraciones racistas de la Policía, e insistió en que "los casos Flores y Miel-Irandina, y gastos reservados, no los hemos cometido los negros". Madres de familia, trabajadores y profesores intervinieron y rechazaron una posible renuncia del vicepresidente Dahik para eludir el juicio político en el Congreso Nacional: a la sazón el Parlamento se alistaba para la audiencia del juicio político al vicepresidente. Finalmente, el Jurado leyó su veredicto: "El Estado es culpable de un manejo poco ético e ilegal de los fondos para los gastos reservados." Este hecho fue comentado por el diario "Hoy" así: "La sociedad se divide. La clase política en el Parlamento, la sociedad civil en un espacio cultural. En el juicio popular la gente tomó la justicia en sus manos -aunque sea de forma simbólica-". La dimensión escénica y teatral del juicio fue una expresión de la crisis institucional que vivía -y vive- el Ecuador como consecuencia de varios escándalos de corrupción y, especialmente, del relacionado con la presunta utilización dolosa de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República, al que, a nivel penal, se añaden otros posibles delitos. 13

14 En una dimensión propiamente política, las irregularidades detectadas fueron juzgadas bajo los cargos de cohecho y grave ofensa al honor nacional: el 5 de octubre de 1995, sin embargo, aunque luzca paradójico, el Congreso Nacional absolvió al vicepresidente Alberto Dahik de tales acusaciones. Pero ya que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, sindicó el 11 de octubre al vicepresidente de la República como presunto autor de los delitos penales que dieron lugar al proceso, y dictó orden de prisión preventiva en su contra, Alberto Dahik renunció a su alta dignidad y fugó subrepticiamente del país, refugiándose en San José de Costa Rica, en donde tramitó con éxito un estatuto de refugiado político. El polémico Alberto Dahik Garzozi, guayaquileño de ascendencia árabe, es matemático y "master" en Economía, graduado en Princeton, EEUU. No tuvo éxito en la empresa privada pero sí en la vida política. Asesor económico de León Febres Cordero, fue en el gobierno socialcristiano de presidente de la Junta Monetaria (febrero-junio de 1986) y ministro de Finanzas (junio-agosto de 1986), antes de cumplir 35 años de edad. Dahik -según lo reveló el ex presidente León Febres Cordero el 14 de julio de fue, luego de haber sido destituido, asesor del Gobierno socialcristiano (aun cuando ya estaba imposibilitado legalmente de serlo). "Se lo mantuvo a sueldo inclusive con gastos de los fondos reservados", precisó Febres Cordero quien, por añadidura comentó que, en una ocasión, como producto del juicio político del que Dahik fue objeto como ministro de Finanzas, "sufrió una crisis de nervios que lo llevó a llorar en mis hombros, por lo que fue trasladado a una clínica ayudado de altos oficiales militares, en una claro acto de cobardía". Autor de radicales medidas de ajuste económico, Alberto Dahik fue objeto de una de las interpelaciones parlamentarias más importantes de la década. Destituido, su prestigio se acrecentó a tal punto que en 1988 fue elegido diputado nacional por el Partido Conservador, al que se había afiliado en julio de Para 1992 estuvo ya enfrentado con León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano, quienes lo califican de "terrorista económico". El Partido Conservador, en alianza con el Partido de Unidad Republicana (PUR), tomó el poder el 10 de agosto de 1992, luego de derrotar en las elecciones al socialcristiano Jaime Nebot: 14

15 Sixto Durán Ballén asumió la Presidencia de la República; Alberto Dahik la Vicepresidencia. Antes de aquello Dahik tuvo notable éxito como diputado en el Congreso Nacional, lo que le permitió "conseguir" presidente para las elecciones de Según algunos analistas, Dahik buscó la presencia de Sixto Durán Ballén como una alternativa a la candidatura socialcristiana de Jaime Nebot, ya que por su escasa popularidad necesitaba alguien que portara la banda presidencial "en su nombre". Tuvo más poder que cualquier otro vicepresidente de la época republicana en el Ecuador. Cerebro del proceso de modernización y de privatizaciones, su gestión y capacidad económica es destacada por los analistas, incluso por los más críticos. Su "fundamentalismo" ideológico lo condujo, sin lugar a dudas, a concebir y desarrollar de una manera muy particular el ejercicio de la segunda más alta magistratura de la Nación. 15

16 2. EL PEZ POR SU PROPIA BOCA MUERE Este delito de blancos, este penoso episodio de la historia política nacional -quizás el más vergonzoso de los últimos años- empezó a tomar la forma de un mayúsculo escándalo la tibia noche del 5 de junio de 1995 en la ciudad de Guayaquil, cuando el vicepresidente Alberto Dahik reveló a un selecto grupo de periodistas -entre los que se encontraba el editorialista y subdirector del diario "Expreso", Jorge Vivanco-, que ciertos diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia exigieron dinero al Gobierno para aprobar leyes y dictar fallos de interés gubernamental. La reunión, según lo reveló el periodista Jorge Vivanco, tuvo lugar en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, en el Banco Central de Guayaquil, "una de las principales oficinas públicas del país". A ella asistieron, además del vicepresidente de la República y de Vivanco, Patricia Estupiñán de Burbano, editora general de la revista "Vistazo"; Nicolás Ulloa Figueroa, director del diario "Extra"; Carlos Pérez Perasso, directo de "El Universo"; Roberto Hanze Salem, director de "El Telégrafo"; Rafael Guerrero Valenzuela, director de la radioemisora CRE; Armando Romero Rodas, director de radio "Cristal"; Carlos Manzur, director de diario "El Meridiano"; Luis Hanna Musse, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER; Manuel Maldonado, editor de Noti 10, el noticiero de Canal 10 de TV y editorialista de diario "El Telégrafo"; Mario Valdez, de Radio "Caravana"; y Carlos Gil Loor. El asunto no tomó mayor gravitación en la opinión pública, hasta que los comentarios de Vivanco sobre las revelaciones vicepresidenciales trascendieron a otros medios. El diario "Hoy" dio la campanada el 4 de julio: "Borrasca política en torno a Dahik", tituló en la primera página. Las denuncias del vicepresidente Dahik, recogidas por Jorge Vivanco, eran las siguientes: 16

17 1. Un bloque legislativo exigió 200 mil millones de sucres para ser canalizados por los organismos seccionales controlados por él y para realizar proselitismo político; 2. Deciséis diputados exigieron medio millón de dólares, cada uno, para aprobar la ley de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL); 3. Ministros de la Corte Suprema exigieron dinero para declarar constitucional una resolución que interesaba al Gobierno; y, 4. Se entregaron varios nombramientos en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) y Petroecuador a cambio de apoyos legislativos. Inmediatamente el régimen se percató de dos peligros, pues la difusión de tales revelaciones obligaba al vicepresidente Alberto Dahik a confirmarlas o negarlas. Si las negaba, varios periodistas que estuvieron en la reunión junto a Jorge Vivanco podían confirmarlas contra la versión de Dahik; si las aceptaba, admitía implícitamente la participación del Gobierno en supuestos actos de cohecho. Entonces se abrió un periodo de silencio por parte del vicepresidente, al que se añadieron maniobras defensivas de funcionarios como Carlos Larreátegui Nardi, entonces secretario general de la Administración, y del ministro de Gobierno para esa fecha, Abraham Romero. Poco después, el 10 de julio, Jorge Vivanco precisó ante la Corte Suprema los términos de las denuncias formuladas por Alberto Dahik. Según Vivanco, el vicepresidente habría llegado a afirmar, inclusive, que se entregaron cinco nombramientos a funcionarios que "se dedicaron a robar desaforadamente". Esa misma fecha, los diputados opositores Santiago Bucaram (PRE), Oscar Célleri (PRE) y Juan José Castelló (MPD) iniciaron el trámite constitucional para llamar a Alberto Dahik a juicio político en el Parlamento. Y tres días más tarde, dos testigos de la conversación en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, ratificaban lo afirmado por el subdirector de "Expreso". Ellos fueron Nicolás Ulloa, director de Diario "Extra", Carlos Armando Romero Rodas, director de radio "Cristal". Esto dio lugar a que el Gobierno, como tal, anunciara el apoyo al vicepresidente. Sin embargo ello no pudo impedir que, el 19 de julio, veinte diputados formalizan ante la Presidencia del Parlamento 17

18 un pedido de enjuiciamiento político a Dahik, bajo las acusaciones de cohecho y de atentado al honor nacional. Como respuesta, Sixto Durán Ballén lanzó una campaña contra la corrupción en las dependencias públicas, y ordenó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas personales de sus colaboradores, los ex presidentes y los ex vicepresidentes, mientras que Alberto Dahik admitía que el Gobierno cedió a presiones políticas "para no poner en peligro el sistema democrático", pero negando haber cometido cohecho. Pero el 15 de agosto de 1995, los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia que dos secretarios de Alberto Dahik depositaron, en cuentas privadas, millones de sucres en veintisiete días, y acusaron al vicepresidente de la República de manejo ilegal de fondos del Estado. Dahik replicó acusando a esos diputados de haber violado el sigilo bancario de las cuentas de gastos reservados de la Vicepresidencia en un banco privado. Y el 16 de agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia - entonces Miguel Macías Hurtado- abrió el sumario del juicio penal contra Alberto Dahik y sus secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. La acusación: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito. Luego de cinco días, el vicepresidente Dahik acudió al Congreso Nacional a explicar cómo la Vicepresidencia usó los fondos reservados, negándose así a comparecer ante la Corte Suprema, como lo había solicitado su presidente. En respuesta, Macías Hurtado dictó auto de prisión preventiva en contra de los secretarios de Dahik, que desaparecieron de inmediato. Poco después, el 29 de agosto de 1995, el propio Miguel Macías Hurtado fue censurado y destituido por el Congreso Nacional -por razones aparentemente lejanas al caso fondos reservados de la Vicepresidencia-. Su censura se produjo en el marco de un juicio político a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el fallo dentro de un juicio que mantenían el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el constructor Jorge Aguilar. El diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Juan José Castelló, acusó a Miguel Macías Hurtado, Jorge Fantoni 18

19 Camba y Alejandro Bermúdez Arturo, ministros jueces de la Sala de lo Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, de "haber incurrido y transgredido expresas disposiciones constitucionales y legales, perjudicando deliberadamente los intereses del IESS y contribuyendo, de esta manera, a desestabilizar económicamente a esta institución de los trabajadores, para así continuar en la campaña de desprestigio, orquestada con el objeto de pretender su privatización." Según el acusador, con el fallo judicial se pretendía que el IESS pagara aproximadamente 9 mil millones de sucres, "no obstante que la acción propuesta se encontraba prescrita". El presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, negó que la Legislatura pretendiera "descabezar" a la Corte Suprema de Justicia para favorecer al vicepresidente Alberto Dahik. Y, por fin, el Congreso, con una mayoría de cuarenta y ocho votos, censuró y destituyó a los acusados. Votaron por la censura los diputados del Movimiento Popular Democrático, Partido Roldosista Ecuatoriano, Partido Conservador, Izquierda Democrática, Democracia Popular, siete independientes, y el socialista Diego Delgado. Por la absolución de los magistrados votaron los diputados socialcristianos, los dos cefepistas y se abstuvo el ex conservador Rodrigo Suárez Morales. 19

20 3. LOS GASTOS RESERVADOS A lo largo de la época republicana, y especialmente en los últimos gobiernos, los mandatarios han dispuesto de recursos del Estado que se los ha manejado en secreto, pues se estima que sirven para ejecutar acciones especificas que tienen que ver con la seguridad pública. Así se los ha venido entendiendo, y utilizando, conforme a un reglamento expedido en Tal documento especificaba que los fondos o gastos reservados son asignado en el Presupuesto General del Estado y su inversión es necesaria para el mantenimiento de la seguridad interior o exterior del Estado, y/o del orden público. Así, los funcionarios autorizados para disponer de estos fondos tenían la obligación de mantenerlos en una cuenta especial, en el Banco Central o en sus agencias, bajo la denominación de "Gastos Secretos o Reservados del Ministerio" tal o cual. El Reglamento advertía que para movilizar los fondos de esta cuenta, tan pronto hubiesen tomado posesión para el desempeño de su cargo, dichos funcionarios debían registrar sus firmas en la institución bancaria depositaria, sin que esta facultad pudiera ser delegada a persona alguna. En cuanto al control de esos gastos, era el contralor general del Estado quien tenía las atribuciones para adoptar las medidas necesarias destinadas a conseguir la identificación de quien suscribiría el o los documentos que respaldasen un egreso, o evacuar las pruebas conducentes a establecer la legitimidad del egreso. Sin embargo, el 19 de julio de 1984 Pedro Pinto, ministro de Finanzas en el Gobierno de Osvaldo Hurtado (DP), expidió una resolución que estableció una nueva definición de los gastos reservados. 20

21 "Son gastos en que se incurre para asegurar la estabilidad del Estado o del Gobierno", decía la referida resolución. "Incluyen también los gastos que el presidente y vicepresidente de la República y el ministro de Gobierno ordenen cubrir con este rubro, así como el resto de ministros de Estado, previa autorización del contralor general del Estado". De modo que los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República se crearon en el mes de agosto de 1984, con el carácter de asignación permanente en el Presupuesto General del Estado. Aunque no se menciona expresamente en ninguna disposición legal, los fondos reservados para la Vicepresidencia constan en una partida del Presupuesto de la Vicepresidencia. Y seguían siendo restringidos a fines específicos de seguridad, hasta que el 10 de junio de 1993, ya bajo el Gobierno de Sixto Durán Ballén, otro ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira, expidió el llamado "clasificador por objeto de gastos para el sector público" (COG), como parte de las Ley de Presupuestos. Lo hizo con conocimiento - y previa autorización- del contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti. El COG es un instrumento contable que rige obligatoriamente en todas las entidades del sector público y busca actualizar los códigos, clasificaciones y la nomenclatura de los gastos según su objeto, para identificar el destino final de los recursos presupuestarios. En el anterior clasificador se tenía un renglón especial para los gastos reservados. Con el COG, esos gastos se incorporaron a la partida de "imprevistos", eliminándose su categoría de "rubro especial". Según explicó al autor de este informe uno de los técnicos que elaboró el sistema, el COG es un instrumento que sirve para fines de formulación presupuestaria, "pero los gastos reservados, durante su ejecución, son desagregados en conceptos específicos para dar mayor transparencia a la acción presupuestaria". Lo claro, según el técnico, es que el clasificador no tiene otro papel que el de nomenclator y codificador, lo que permite una mayor transparencia en el registro de las operaciones presupuestarias. También es evidente que, al momento de ejecutarse la formulación presupuestaria, se les otorga conceptos específicos, aunque estén dentro de la carpeta de imprevistos. Desde ese punto de vista, tienen que ser supervisados por el contralor general del Estado y el ministro de Finanzas. 21

22 Antes de la Ley de Presupuestos y de la vigencia del COG, los gastos reservados de ciertos ministerios de Estado estaban -como se ha dicho- en la categoría de imprevistos, con el carácter de circunstanciales y, en consecuencia, no incorporados en la programación presupuestaria. Incluían también los gastos que el presidente de la República o el ministro de Gobierno ordenaban cubrir con este rubro, así como el resto de ministros, previa autorización del contralor. Pero con el nuevo clasificador se trasladaron a la partida de erogaciones globales, con el criterio de que son gastos que por su naturaleza no son previsibles durante la formulación de los presupuestos. Y solamente pueden ser presupuestadas por el Ministerio de Finanzas. Es decir imprevistos, con un concepto mucha más amplio: "gastos amparados en las leyes vigentes, destinados a cubrir actividades y proyectos para gastos circunstanciales no susceptibles de programación durante la formulación del Presupuesto. Estos gastos se aplican en conceptos específicos durante la ejecución presupuestaria". Un punto de vista ilustrativo, de Andrés Vallejo, ex ministro de Gobierno de Rodrigo Borja, consta en los anexos de este informe. En medio del creciente escándalo que atrapó al ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, el contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti, explicó este tema del clasificador en una comparecencia pública televisada, el 29 de agosto de 1995, y en una entrevista en su despacho de la Contraloría, en Quito, con el autor de este informe, el 11 de septiembre de ese mismo año. Faidutti pretendió entregar toda la responsabilidad al Ministerio de Finanzas respecto a la autoría del COG pero, después, admitió haber puesto el visto bueno a esa ley: Faidutti había firmado un oficio con observaciones al sistema. El contralor insistió en que el nuevo clasificador amplió el horizonte de los gastos reservados y rebasó el concepto de seguridad interna y externa. Señaló, además, que él no había justificado los gastos imprevistos de la Vicepresidencia. Y mencionó que se debería dictar una nueva ley, que dividiera los gastos de seguridad interna y externa del país y los imprevistos. De cualquier manera, Faidutti se vio obligado realizar una serie de reformas al "obsoleto" reglamento de gastos reservados el 25 de noviembre de Se eliminó la disposición que permitía que la Vicepresidencia de la República maneje dichos gastos y quedó establecido que "los fondos asignados para gastos reservados o 22

23 secretos deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y secretas del Banco Central del Ecuador o sus sucursales". Pero ya era tarde. Durante la audiencia del juicio político en su contra, los días 2 y 4 de octubre de 1995, el ex vicepresidente Alberto Dahik insistió en el nuevo carácter "amplio" que se dio a los gastos reservados, para lo cual recurrió al nuevo clasificador por objeto del gasto. De ese modo, Dahik afirmaba que no había cometido ningún delito sino, a lo sumo, ciertos "errores administrativos": se refería con ello a la apertura de cuentas en un banco privado (el Banco del Pacífico), a su nombre o el de sus secretarios, cuentas que se alimentaron con fondos reservados que los obtenía del Banco Central. Según el diario "Expreso", del 22 de febrero de 1996, los peritos designados por la Corte Suprema de Justicia para auditar los microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia y los documentos anexos, revelaron que Alberto Dahik y sus dos secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, mantuvieron siete cuentas en el Banco del Pacífico. En seis de las siete cuentas, Dahik y sus secretarios depositaron un total de 9 mil 281 millones de sucres; giraron 8 mil 798 millones de sucres. De la séptima cuenta salieron 75 mil 681 dólares, en cheques (189 millones 204 mil 450 sucres, al cambio de 2 mil 500 sucres por dólar). Gladys Merchán se desempeñaba de secretaria de la Vicepresidencia de la República. Según diversas publicaciones, ella fue asesora particular de Alberto Dahik desde antes de que Dahik se iniciara en la política. Henry Raad ("El Telégrafo", 31 de agosto de 1995) reveló que ella -que había sido secretaria del diario "El Universo"-, seguía recibiendo sueldo de esa empresa periodística para actuar de secretaria en la Vicepresidencia, donde manejaba todos los asuntos o negocios políticos que tenía Alberto Dahik. Merchán conocía también todos los asuntos privados y bancarios del ex vicepresidente. A la vez, mantenía una estrecha relación con la familia Dahik. Juan Mario Crespo Burgos, especializado en Administración de Empresas, actuó como secretario particular de Alberto Dahik. Conforme a diversas informaciones, su vinculación con el ex vicepresidente se inició cuando Crespo era secretario de Francisco Swett, ex ministro de Finanzas del Gobierno socialcristiano de León Febres Cordero. Cuando Dahik asumió el Ministerio de Finanzas, en junio de 1986, Juan Mario Crespo quedó como legado de Swett para el nuevo ministro. Desde esa época acompañó al ex 23

24 vicepresidente. Manejaba su agenda personal. Diseñaba cada día de Dahik, minuto a minuto. Determinaba todas sus citas y actividades. 24

25 4. LA HISTORIA DE RADIO DEMOCRACIA El 24 de agosto de 1995, cuando se profundizaban las indagaciones en torno a los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, el conocido radiodifusor Gonzalo Rosero -propietario de Radio Democracia, que emite su señal desde Quito- denunció que el ex canciller de la República del Gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes Peña, negoció la compra de su radioemisora con fondos que él, Rosero, presumía que provinieron de gastos reservados del Estado. Fue por esta presunción, según él lo admitió, que decidió hacer público el asunto. El 25 de agosto, el diario "Hoy" registró el siguiente testimonio de Rosero: "Para salvaguardar mi honor hago conocer al magistrado mi preocupación por el origen de los fondos de un cheque girado a mi favor por Gladys Merchán. Me anticipo a las indagaciones que hagan las autoridades de justicia a las cuentas de la Vicepresidencia". Según se conocería más tarde, el 2 de agosto de 1995 el ex canciller Paredes comunicó a Gonzalo Rosero que desechaba el negocio. Se veía venir el escándalo? La denuncia de "cheques calientes" de las cuentas de la Vicepresidencia la hicieron los diputados socialcristianos el 16 de agosto de 1995, catorce días después de que Paredes abortó la compra de la radioemisora. Diego Paredes Peña es un diplomático quiteño de carrera que, siendo un personaje irrelevante de la derecha política, se había desempeñado como subsecretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de León Febres Cordero. También fue embajador del Ecuador ante la Comunidad Económica Europea. Durante el gobierno de Rodrigo Borja fue embajador en Guatemala. Paredes se incorporó al grupo íntimo de Sixto Durán Ballén un año antes de las elecciones presidenciales de Fue un activo propulsor del llamado Partido de Unidad Republicana (PUR), tienda 25

26 política bajo cuyas banderas llegó el ex socialcristiano Sixto Durán Ballén a la Presidencia de la República. Integró el comité que se llamó el Grupo de los Nueve, que dirigía Mauricio Gándara. Luego fue director de campaña electoral en la Sierra de Sixto Durán Ballén y, tras la expulsión de Gándara, director del PUR. Un hermano suyo está casado con Susana Durán Ballén Villalobos, una de las hijas de Durán Ballén. Desde el 10 de agosto de 1992, Diego Paredes fue integrante del gabinete presidencial, ni más ni menos que en calidad de ministro de Relaciones Exteriores. Dos años después, el 30 de septiembre de 1994, el Congreso Nacional lo censuró en un juicio político. Los interpelantes fueron Mauricio Gándara (ex FRA y ex PUR) y Rafael Cuesta (PSC). Entonces, desde el Gobierno se sostuvo que el proceso respondía a "venganzas personales", pues había el antecedente de que Rafael Cuesta recibió presiones para que renunciara a su cargo, cuando era periodista en Gamavisión, luego de una entrevista con el ex canciller; y Gándara -uno de los fundadores del PUR- fue desplazado por Diego Paredes de la Presidencia de ese partido. La censura se produjo después de trece horas de sesión en el Congreso. El Gobierno no pudo impedirlo, aun cuando alcanzó una alianza con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y buscó por todos los medios que Paredes no fuese destituido, pero la sanción se produjo con cuarenta y dos votos a favor de la moción de censura. Los argumentos para procesarlo fueron que Paredes tenía impedimentos legales para asumir el cargo de canciller, por un documento -presentado por Rafael Cuesta- en que constaba como deudor del fisco; se le acusó de "sospechosa" actuación en el arreglo de la devolución de un terreno fronterizo que estaba en manos peruanas; se aseguró que boicoteó la candidatura del ex presidente de la República, Rodrigo Borja, a la Secretaría General de la OEA; también de "política deficiente en la Cancillería" -sin más explicaciones-; y de la compra e internación ilícita al país de un vehículo de lujo, para su uso personal, cuando Paredes era embajador en Guatemala. También se presentaron acusaciones en contra de Paredes por su vinculación con las financieras NAFINSA Y FINANSA, que estafaron 18 mil millones de sucres a sus ahorristas, "sin considerar la cuantiosa cifra en dólares con la que fueron embaucados 26

27 aquellos ecuatorianos ingenuos que a través de FINANSA depositaron en Financiera del Centro de Panamá los ahorros de toda su vida, los ahorristas que fueron engañados por la campaña publicitaria de ECADFIN y NAFINSA y las entidades estatales que adquirieron inexplicablemente certificados financieros cuando FINANSA se hallaba en estado de coma", conforme lo afirma María Albán Estrada en su libro "Las financieras. El atraco del siglo". Luego de haber sido censurado y, por tanto, imposibilitado de ejercer algún cargo público, este hombre de confianza del presidente Durán Ballén mantuvo una oficina en la Presidencia de la República, como discreto asesor político del primer mandatario, invitado permanente a las cenas de Palacio. Desde allí, según se puede presumir, planificó la compra de Radio Democracia con gastos reservados, quizás para usarla como instrumento de la política de difusión del Gobierno, posiblemente en la campaña electoral de La denuncia del radiodifusor Gonzalo Rosero tuvo repercusión en el Congreso Nacional, donde el diputado Heinz Moeller (PSC) la hizo pública ese mismo 24 de agosto. Según testificó ante Fernando Casares, fiscal general de la Nación, Gonzalo Rosero había convenido con Paredes un anticipo de 50 mil dólares "previo a la suscripción de un compromiso de compra-venta notariado y la entrega de alícuotas mensuales de 25 mil dólares cada una, hasta la cancelación definitiva". Aunque las negociaciones del ex canciller empezaron en enero de 1995, el 27 de abril Rosero recibió la primera parte del anticipo, 66 millones 100 mil sucres, equivalente a 25 mil dólares a la cotización de esa fecha. El cheque, firmado y entregado por la secretaria de Alberto Dahik, Gladys Merchán, provenía de la cuenta vicepresidencial en el Banco del Pacífico: luego se llegaría a establecer que el referido cheque era de la cuenta No , calificada por el propio vicepresidente Alberto Dahik como cuenta de gastos reservados. De acuerdo a lo manifestado por el radiodifusor, el ex canciller Paredes le informó -ese 27 de abril de que "en los próximos ocho días se entregarían otros 25 mil dólares en el propósito de suscribir y notarizar el compromiso". Sin embargo, en los tres meses subsiguientes no se concretó ninguna otra entrega. Y el 2 de agosto Diego Paredes descartó el negocio: todo conduce a pensar que lo hizo porque el escándalo en torno a los gastos secretos de Alberto Dahik sacaba del control del 27

28 vicepresidente y sus más cercanos colaboradores el manejo secreto de esos fondos. Nada de esto se pudiera registrar en este informe si no fuese porque, curiosamente, los 25 mil dólares del primer cheque quedaron en manos de Gonzalo Rosero, "como una reposición de los daños y perjuicios causados" al abortar la negociación. A día siguiente de que el asunto se hizo público, es decir el 25 de agosto de 1995, Diego Paredes negó haber intervenido en negociación alguna con el propósito de adquirir Radio Democracia con dineros provenientes de fondos reservados. Y emplazó al diputado socialcristiano, Heinz Moeller, a que demostrara documentadamente sus afirmaciones. Inclusive el ex canciller Paredes pidió ser sindicado en el proceso penal por el presidente de la Corte Suprema y por el fiscal, con el propósito de presentarse a declarar en la etapa sumarial del juicio. Dijo, además, que las afirmaciones del propietario de Radio Democracia no tenían fundamento alguno. Las acciones legales anunciadas por Paredes para defender su honorabilidad "hasta las últimas consecuencias" únicamente fueron dirigidas en contra de Moeller, pero no incluyeron al director de la emisora, Gonzalo Rosero, a quien calificó de "buen amigo" suyo. En días posteriores, los abogados de Paredes procuraron demostrar que el cheque entregado a Gonzalo Rosero correspondía a pagos por servicios prestados durante el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Luego, el 24 de agosto, Diego Paredes testificó ante la Corte Suprema de Justicia y rechazó la versión de una negociación de la radiodifusora con fondos del Estado. Durante el desenvolvimiento del sumario, el 6 de septiembre, Gonzalo Rosero testificó ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El periodista nombró a varios testigos que podían rendir testimonio sobre la frustrada compra de su emisora por parte del ex canciller, y sobre las conversaciones que mantuvo con él con ese motivo. Según Rosero, el principal testigo era el abogado Julián Trueba, funcionario la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. Trueba había redactado la minuta de compra-venta de la radio y fue la persona encargada de recolectar todos los documentos para la transacción. El otro testigo citado por Rosero fue Judith Ramírez, secretaria de los asesores de la Presidencia. Según el denunciante, 28

29 Ramírez incluso conversó con la esposa de Rosero y sus tres hijos sobre los trámites de la venta de la radioemisora. Asimismo, Rosero puso como testigo a Alberto Rivadeneira, técnico de varias radios, quien hizo un informe junto con otro técnico delegado por Paredes (cuyo nombre no recordó) de las instalaciones de la radio. Rosero desvirtuó las afirmaciones de los defensores de Paredes, que afirmaron que a aquél se le pagó por trabajos cumplidos durante el conflicto bélico: la prueba de descargo fue que su emisora no estuvo en el aire durante el conflicto, por lo que rechazó que hubiera podido cumplir cualquier trabajo durante esa circunstancia. También exhibió la minuta del contrato de compra-venta que no se llegó a firmar porque Paredes desistió de la negociación, y porque Juan Mario Crespo y Gladys Merchán -secretarios del vicepresidente Alberto Dahik- desaparecieron. Los testigos mencionados por Rosero, los periodistas Pilar Núñez y Rubén Darío Buitrón -funcionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (SENACOM)- confirmaron que vieron dialogando a Gonzalo Rosero y Diego Paredes en la Vicepresidencia de la República. Eso también lo ratificó el ex secretario de Comunicación del Estado, Enrique Proaño. Con esos antecedentes, el 20 de septiembre, Carlos Solórzano, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, dictó orden de prisión preventiva en contra de Diego Paredes. Esa misma fecha Carlos Julián Trueba ratificó lo que había dicho doce días antes, que redactó el proyecto de minuta compra-venta de Radio Democracia. Al día siguiente, el 21 de septiembre de 1995, Diego Paredes también desapareció. 29

30 5. EL JUICIO EN EL CONGRESO El mes de septiembre de 1995 se le abrió al vicepresidente de la República, Alberto Dahik, con un desafío doble: las amenazas de un juicio político con la intención de destituirlo, por un lado, y el desarrollo del proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, por otro. En esos días ya Miguel Macías había sido relevado en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por Carlos Solórzano Constantine. Solórzano es un abogado manabita (1939) que vivió en Guayaquil desde los dos años de edad. Tiene fama de hombre duro -según una crónica del 1º de enero de 1996 aparecida en "Hoy", publicación que designó "el hombre del año" 1995, luego de una encuesta interna entre 50 periodistas y editorialistas- y durante el sumario del juicio penal contra Dahik se ha demostrado absolutamente parco: "hablo a través de providencias", lo ha repetido una y otra vez. Es un apasionado por lo que él llama "el cumplimiento del deber". Abrumado por los reconocimientos que ha recibido por su insospechada lucha contra la corrupción, ha dicho que "lo que ocurre es que en el Ecuador muy pocas personas cumplen con su deber y cuando alguien lo hace parece algo de otro mundo". Fue compañero de estudios de Derecho -Universidad de Guayaquil- del ex presidente de la República Jaime Roldós ( ), embajador en Italia durante ese Gobierno. También gerente regional del Banco Ecuatoriano de la Vivienda ( ), y por 25 años profesor universitario. Fue designado ministro juez de la Corte Suprema de Justicia en En septiembre de 1995 el Gobierno de la alianza PUR-Partido Conservador pretendió entrampar en sus propios argumentos a la oposición: el juicio político contra el vicepresidente -según los abogados de Dahik- sólo podía tener sustento previa una sentencia 30