Expte. DI-1451/2008-5

Transcripción

1 Expte. DI-1451/ EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Camino de las Torres, Zaragoza 11 de diciembre de 2008 I. Antecedentes Primero.- Tuvo entrada en esta Institución escrito de queja que quedó registrado con el número de referencia arriba indicado en el cual se refiere que en Junio de 2008 recibió por correo ordinario la resolución de valoración de dependencia de su hijo D. xxxcon 29 años y número de expediente Z-xxx-07. No presentaron recurso al haber pasado el plazo de un mes cuando la recogieron del buzón. En dicha resolución a su hijo se le valoraba con 89 puntos. La interesada no esta de acuerdo con esta valoración y no entiende qué diferencia existe entre los 89 y 90 puntos, ya que su hijo es completamente dependiente de ella desde que se levanta hasta que se acuesta. La interesada es la única cuidadora, además dependen de ella su marido enfermo y su madre de 90 años, por lo que ella destina todo el tiempo a cuidar a su hijo y resto de familiares. Su hijo tiene reconocido un grado minusvalía del 99%. La trabajadora social, que acudió a su casa para valorar su Plan Individual de Atención, le informó que con esta valoración se le puede asignar un servicio de ayuda a domicilio, del que hasta ahora no ha tenido ninguna resolución. Solicita que El Justicia de Aragón, interceda en esta situación, para que desde la Dirección General de Dependencia se le informe de qué criterio 1

2 se ha seguido para que su hijo obtenga 89 puntos de valoración en lugar de 90 y se proceda a darle comunicación de su Plan Individual de Atención donde se contemple mas ayudas aparte del servicio a domicilio, como podría ser una ayuda monetaria al depender de un único sueldo la recuperación de su hijo y el mantenimiento de la familia. Segundo.- Habiendo examinado el contenido del escrito de queja presentado, se resolvió admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Departamento de Servicios Sociales con la finalidad de recabar información sobre la cuestión planteada en la queja. Tercero.- El IASS remitió informe de fecha 20 de noviembre en el que constaba lo siguiente: PRIMERO.- El Servicio de Valoración y Reconocimiento de los Grados de Dependencia de esta Dirección General, previa realización de las actuaciones de valoración por parte de su personal técnico, dictó resolución por la que se reconocía la situación de dependencia de xxx, en GRADO III NIVEL 1 (GRAN DEPENDENCIA), de acuerdo con los 89 puntos resultantes de la aplicación del Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD). SEGUNDO.- La puntuación resultante de la aplicación del Baremo de Valoración de la Dependencia se corresponde con el peso relativo que se concede a cada una de las diferentes tareas y actividades contenidas, en dicho instrumento de valoración, conforme a lo especificado en los correspondientes anexos del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, sin que los órganos administrativos se hallen facultados para modificar en un caso concreto dichos criterios de valoración o las puntuaciones resultantes, al estar legalmente excluida la derogación singular de reglamentos. 2

3 TERCERO.- Con relación al grado de discapacidad alegado en el escrito de queja, ha de señalarse que tales circunstancias son tomadas en consideración por el propio instrumento de valoración, si bien no cabe establecer una correspondencia entre el grado de discapacidad y el grado de dependencia, salvo que se tenga reconocido,expresamente complemento de necesidad de concurso de tercera persona, con una puntuación que se corresponda con la tabla de homologación que se establece en la Disposición adicional primera del citado Real Decreto 504/2007. En el caso concreto del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de xxx no se acredita el posible reconocimiento de tal complemento. CUARTO.- La determinación concreta de los servicios o prestaciones que puedan resultar más adecuadas a la situación de dependencia del interesado ha de ser objeto de determinación en el Programa Individual de Atención que corresponde aprobar a esta Dirección General, a la vista de la propuesta que se formule por la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, barajando para ello el conjunto de servicios y prestaciones que para el correspondiente grado y nivel posibilita la normativa aprobada, en particular, el articulo 5 de la Orden de 7 de noviembre de 2007, dei Departamento de Servicios Sociales y Familia. QUINTO.- Finalmente, y por lo que respecta a la forma de notificación de resolución, debe señalarse que la misma se efectuó por correo ordinario, sin acuse de recibo, dado el gran volumen de resoluciones acumulado en esas fechas y al entender que, en aquellos casos en que la resolución contenía el reconocimiento de un grado y nivel de dependencia con efectividad, conforme al calendario de implantación progresiva del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la continuidad del procedimiento quedaba garantizada con el impulso de oficio de la elaboración del Programa Individual de Atención. 3

4 II.- Consideraciones jurídicas Primera.- Es objeto de este expediente la solicitud de la Sra. xxxy de que se conceda a su hijo Jxxx, reconocido dependiente de grado III nivel 1, las prestaciones a las que tiene derecho. Alega que su hijo carece de cualquier autonomía por cuanto tiene un grado de minusvalía de un 99 % y se le debería de haber concedido 90 puntos en lugar de los 89 que le han sido asignados. La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en desarrollo del mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan esa efectiva igualdad, ha regulado por primera vez en nuestro país un sistema para la protección de las personas en situación de dependencia con la participación y colaboración de todas las Administraciones Públicas. Se trata, como expresa la Exposición de Motivos de la Ley, de configurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales del país que amplíe y complemente la acción protectora de este sistema, potenciando el avance del modelo de Estado social que consagra la Constitución Española, potenciando el compromiso de todos los poderes públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales. La Ley regula tres grados de dependencia con dos niveles en cada grado y prevé reconocimiento progresivo de los derechos en ella reconocida. Así, a partir del 1 de enero de 2007, dentro del primer año, quienes sean valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1 podrán hacer efectivo su derecho a percibir las prestaciones incluidas en la Ley; en el segundo y tercer año, serán los dependientes de Grado II de Dependencia 4

5 Severa, nivel 2, quienes puedan hacer efectivo su derecho; en el tercero y cuarto año, los dependientes de Grado II, de Dependencia Severa, nivel 1; serán las personas reconocidas como dependientes de Grado I de Dependencia moderada, nivel 2 quienes en el quinto y sexto año podrán hacer efectivos sus derecho; y por último, en el séptimo y octavo año, años 2013 y 2014, los de Grado I de Dependencia Moderada, nivel. Por consiguiente, todas personas reconocidas dentro del Grado III, cualquiera que sea su nivel, cumplidos los trámites legales, tienen derecho a percibir las prestaciones dependencia incluidas en la Ley, e igualmente tendrán este derecho algunas que hayan sido reconocidas como dependientes de grado II, nivel 2. En el caso planteado en la queja, Jxxx tiene reconocido el grado III, nivel 1 y a pesar de que la resolución de reconocimiento se notificó el 9 de junio la Dirección General de Atención a la Dependencia no ha dictado el Programa Individualizado de Atención. Si observamos la fechas de las resoluciones aportadas en el expediente, resulta que la petición de reconocimiento se presentó el día 10 de diciembre de 2007, la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia se dictó el día 28 de marzo pero tiene fecha de registro de salida el 9 de junio de 2008 y todavía no se ha dictado la resolución aprobando el PIA. La Orden de 15 de mayo de 2007 del Departamento de Servicios Sociales y Familia regula la tramitación que debe darse a las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, en orden a la realización de las actuaciones de valoración y posterior resolución de reconocimiento de tal situación y en su artículo 11.3 establece que el plazo máximo de resolución de toda solicitud de reconocimiento de situación de dependencia será de tres meses a contar desde la recepción de solicitud en el registro del órgano 5

6 competente para su tramitación sin perjuicio de los supuestos legales de suspensión del citado plazo. Y de otro lado, el artículo 4 que la aprobación del PIA se efectuará por la Resolución de la Dirección General de Atención a la Dependencia, a propuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en el plazo máximo de tres meses a partir de la notificación de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia. Esta Institución carece de medios para determinar si el baremo de valoración ha sido o no correctamente aplicado, al tratarse de un criterio técnico pero sí que tiene competencia para controlar que el procedimiento administrativo se tramite de acuerdo con las normas legales. Y del expediente resulta que en este supuesto la tramitación del expediente no se ajusta a la Ley por cuanto la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia ha sido notificada casi tres meses después de ser dictada por lo que no se ha cumplido el plazo de tres meses a que alude el artículo 11.3 antes referido. Además, la notificación no se ha hecho en legal forma con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y Procedimiento Administrativo Común que exige que la notificación se efectúe de cualquier forma que permita tener constancia de su recepción por el interesado o su representante así como de la fecha, la identidad y contenido del acto notificado, extremo que ha reconocido la Administración. Y por último, han transcurrido más de tres meses desde que se notificó y todavía no se ha dictado el PIA. Esta Institución reconoce las dificultades de implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no sólo por su complejidad sino también porque la situación económica actual dificulta la obtención de 6

7 recursos económicos suficientes para realizar las grandes inversiones que la Ley exige. No obstante, no podemos olvidar que los derechos regulados en la Ley se contemplan como verdaderos derechos subjetivos cuya efectividad está bajo la salvaguarda de los Tribunales de Justicia. No nos encontramos, por consiguiente, ante principios programáticos orientadores de las políticas sociales que se están aplicando en nuestro país sino que la Ley configura un sistema que garantiza la protección de todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos. Por ello, esta Institución considera que si durante el año 2007, los llamados grandes dependientes valorados en el grado 3 tenían derecho a percibir las prestaciones y servicios previstos en los artículo 17 a 25 de la Ley, en los términos previstos en el apartado 2 de la Disposición Final Primera, debería haberse dotado al órgano administrativo encargado de la gestión, de los medios personales y materiales para que el expediente de reconocimiento de la situación de personas dependientes se tramite con respeto a los plazos legales y los titulares de los derechos reconocidos en la Ley puedan hacerlos efectivos. III.- Resolución Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, considero conveniente formular la siguiente SUGERENCIA: -Para que por el Gobierno de Aragón habilite los medios personales y materiales necesarios a fin de que se respeten los plazos legales previstos para el reconocimiento de la situación de dependencia, aprobación del PIA y pago de las prestaciones o servicios a que las personas reconocidas como dependientes tengan derecho. 7

8 - Para que se dicte la resolución aprobando el Plan Individualizado de Atención de D. xxx al haber transcurrido más de tres meses desde la notificación de la resolución reconociendo su situación de dependencia. - Para que todas las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia y de aprobación del PIA se notifiquen legalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la LRJAP y PAC. Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, las razones en que funda su negativa. EL JUSTICIA DE ARAGÓN FERNANDO GARCÍA VICENTE 8