RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 1250/2015 C.A. Illes Balears 85/2015 Resolución nº 12/2016 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 12 de enero de VISTO el recurso interpuesto por D. A.C.D., en nombre y representación de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE TRANSPORTE SANITARIO, (AGETRANS), contra el anuncio y Pliegos de condiciones del proceso de licitación para el contrato de Adquisición y mantenimiento de sistemas de información y equipamiento a bordo para el transporte sanitario, expediente de contratación SSCC PA 63/15 bis, este Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente Resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. Mediante anuncio publicado en Tenders Electronic Daily (TED) el 17 de noviembre de 2015, en el Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre y en la plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma de Las Islas Baleares el día 3 de diciembre, se licitó por el Servicio de Salud de las Islas Baleares, el Contrato de mixto de servicios y suministros de adquisición y mantenimiento de sistemas de información y equipamiento a bordo para el transporte sanitario, al que corresponde tramitación ordinaria y procedimiento abierto. Segundo. AGETRANS formula recurso especial en materia de contratación contra el anuncio y Pliegos de Condiciones del proceso de licitación para la contratación del servicio y suministro siguiente: Adquisición y mantenimiento de sistemas de información y de equipamiento a bordo para el transporte sanitario. Sostiene su legitimación en que se está licitando un servicio que ya se encuentra incluido dentro de los que se ofertan por las empresas de transporte sanitario. Y ello porque la contratación de la gestión de servicio público de trasporte sanitario terrestre es objeto de otro pliego. La prestación del servicio público de transporte sanitario incluye la gestión del sistema de información y de AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 equipamiento en los vehículos utilizados para ello. Los motivos de fondo que invoca, en esencia, son: a) indefinición en la forma y manera en la que se van a valorar las mejoras que pueden proponer los diferentes licitadores y que puede llegar a desvirtuar completamente las valoraciones efectuadas para el resto de criterios de valoración; b) contradicción en los pliegos sobre los derechos de propiedad intelectual, de modo que la cláusula 16.1 establece que los derechos de explotación resultan cedidos al Servicio de Salud, mientras que la cláusula 16.2 restringe la cesión al uso, sin que esté permitida la cesión de los derechos de explotación; c)insuficiencia presupuestaria puesto que el presupuesto base de licitación es insuficiente, considerándose inviable a todas luces el proyecto que se licita. Tercero. El órgano de contratación ha emitido el oportuno informe. En él expone, en esencia: a) la falta de legitimación de la entidad recurrente, que no demuestra la existencia de una conexión directa entre los intereses que representa y el objeto del recurso; b) No existe falta de concreción en las mejoras, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el pliego, ya que estos indican cuáles son las que se van a valorar y cómo se va a puntuar cada una de ellas ; c) en relación a los derechos de propiedad intelectual, expone que de la lectura de toda la cláusula se desprende claramente que se distinguen dos supuestos alternativos para el caso de que el objeto del contrato sea la contratación de servicios para el desarrollo de software o suministro de licencias de uso: el primero (regulado por la cláusula 16.1), en que la empresa que desarrolla el software o sus subsistemas cede los derechos de explotación -por no estar protegidos por un derecho reconocido por la Ley de Propiedad Intelectual (son desarrollos no registrados previamente)- y que el Servicio de Salud adquiere; y, por el contrario, el segundo (regulado por la cláusula 16.2) en el que los componentes software adquiridos o desarrollados por el adjudicatarios sí están protegidos por un derecho reconocido por la Ley de Propiedad intelectual por estar registrados y, en cuyo caso, el Servicio de Salud únicamente tendrá el derecho de uso. Por último, el órgano de contratación entiende que existe mala fe en la interposición, cuya finalidad es retrasar la adjudicación de los expedientes de contratación de transporte sanitario. Cuarto. Interpuesto el recurso y tal y como había sido solicitado por la sociedad recurrente, la Secretaría de este Tribunal con fecha 17 de diciembre de 2015, por delegación de éste, acordó conceder la suspensión del expediente de contratación, de

3 3 conformidad con el art. 45 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/3011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP). FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de 10 de diciembre de 2012 y publicado en el BOE el día 19 de diciembre de Segundo. Es necesario examinar la legitimación del recurrente. Éste no aporta certificación del órgano de la asociación competente para la adopción del acuerdo de interposición del presente recurso. No obstante, existe una causa de inadmisión que de ser estimada haría innecesaria la solicitud de subsanación de dicha carencia. El recurrente no adjunta los estatutos de la asociación, sino solo los nombramientos de la persona que lo suscribe en nombre de aquella. Por ello no se tiene conocimiento del objeto de la asociación. No obstante ello, la resolución del Tribunal 612/2015 ha considerado a la recurrente como Asociación representativa de los empresarios de transportes sanitarios. Por tanto, si el objeto del contrato afecta a los intereses de los empresarios de transportes sanitarios habrá que reconocer la legitimación. Si por el contrario la relación entre el objeto del contrato y el transporte sanitario no afecta a los intereses de los asociados, no habrá legitimación. El recurso justifica la legitimación recurrente del siguiente modo: el interés de las empresas de transporte sanitario en el presente concurso radica en que el pliego impugnado -al ofertar la Adquisición y mantenimiento de sistemas de información y de equipamiento a bordo para el transporte sanitario- está licitando un servicio que se encuentra incluido en los servicios que se ofertan por las empresas a la que represento. Y ello porque la contratación de la gestión de servicio público de trasporte sanitario terrestre es objeto de otro pliego. La prestación del servicio público de transporte sanitario

4 4 incluye la gestión del sistema de información y de equipamiento en los vehículos utilizados para ello. La cuestión a analizar es si el objeto del contrato licitado se encuentra incluido en los servicios que se ofertan por las empresas de transporte o si la prestación del servicio público de transporte sanitario incluye la gestión del sistema de información y de equipamiento en los vehículos utilizados para ello. El objeto del contrato está constituido por: 1) Sistema de Información para la gestión del TSNU: dado el volumen de traslados no urgentes diarios que se realizan actualmente se hace necesario un sistema de información para la gestión del trasporte no urgente que ayude a realizar la programación diaria de los vehículos optimizando las rutas para que en el menor tiempo posible se trasladen el máximo número de pacientes. 2) Sistema de Información Transporte Sanitario Urgente: respecto a la Atención Sanitaria Urgente y Emergente realizada en los Transportes Sanitarios Urgentes se solicita un Sistema de Información que permita recoger electrónicamente los informes generados por los diferentes perfiles involucrados en la asistencia del paciente. 3) Equipamiento a bordo: para garantizar la correcta gestión de los servicios de transporte sanitario es necesario la adquisición del equipamiento embarcado de telecomunicaciones en los recursos de Soporte Vital Básico y Avanzado de la flota del Transporte Urgente, así como en los recursos de la flota de Transporte No Urgente. En relación a los números 1 y 2, el recurrente no concreta la razón por la cual esos sistemas de información -que son propios de la organización del servicio sanitario, no de transporte- se encuentran entre los servicios que prestan las empresas de transporte sanitario. A la vista de la descripción del servicio que contiene en los apartados 3 a 6 del PPT, no se trata de un servicio a prestar por los transportistas sanitarios, sino un servicio organizativo propio del Servicio de Salud para obtener la eficiencia del servicio de transporte sanitario. Obviamente este sistema afectará a los transportistas, puesto que lo usarán y tendrán comunicación con él, pero el interés que deriva de esta relación no es el interés propio de un licitador. La legitimación que invoca el recurrente es la propia del

5 5 licitador al señalar en su recurso: se está licitando un servicio que se encuentra incluido en los que se ofertan por las empresas de transporte sanitario. La cuestión del equipamiento a bordo ha sido tratada en la resolución 612/2015. Uno de los motivos esgrimidos por el mismo recurrente en ese recurso, de acuerdo con su resolución era: 5) Por incluir la cláusula 5.14 del PPT la obligación de la adjudicataria de permitir la instalación, previa al carrozado de las nuevas unidades, de los equipos y elementos tecnológicos que la Administración adquiera en un futuro proceso de licitación, acerca de un sistema novedoso de comunicación y localización de vehículos, lo que se califica de incoherente por la recurrente además de producir el riesgo de retrasar la formalización del contrato. El motivo fue desestimado en los siguientes términos: A continuación se solicita por AGETRANS la anulación de la cláusula 5.14 del PPT por incluir la obligación de la adjudicataria de permitir la instalación, previa al carrozado de las nuevas unidades, de los equipos y elementos tecnológicos que la Administración adquiera en un futuro proceso de licitación, acerca de un sistema novedoso de comunicación y localización de vehículos, lo que se califica de incoherente por la recurrente, además de producir el riesgo de retrasar la formalización del contrato. El órgano de contratación señala que es la Administración, conforme la cláusula 5.12 del PPT, la responsable de suministrar, implantar y mantener el equipamiento tecnológico en las 56 unidades descritas en el Pliego, por lo que la instalación prevista lo será sin coste para la adjudicataria. Por lo demás, si ello ocasionara un retraso en la formalización del contrato en ningún caso se vería perjudicado el contratista, pues las penalidades que el apartado S de los PCAP prevén solo se impondrán al contratista cuando el retraso haya sido imputable exclusivamente a él, no en el supuesto que plantea la recurrente. La alegación no puede ser acogida, debiendo convenirse con el órgano de contratación que la cláusula es válida y ningún perjuicio ocasiona a los licitadores. Como resulta del propio PPT, es carga de la Administración mantener el equipamiento tecnológico en todas las unidades adscritas a la prestación del servicio objeto de licitación, siendo por tanto la Administración responsable de instalar e implantar aquéllos elementos que sean precisos para ello, como ocurre con el sistema de comunicación y localización de vehículos a que se refiere la cláusula 5.14 del PPT. Tampoco puede admitirse que ello pueda perjudicar al licitador adjudicatario por retrasar la formalización del contrato, pues en todo caso el retraso en la formalización solo dará lugar a la imposición de penalidades para el

6 6 contratista si lo es por causa a él imputable, lo que excluye el supuesto que contempla la cláusula No pueden, pues, acogerse las alegaciones de la recurrente en este punto. La Administración ha optado por establecer un sistema que consiste en que determinado equipamiento de telecomunicaciones sea adquirido por ella de forma separada y que el mismo se debe instalar por el adjudicatario en los diferentes medios de transporte. Los contratistas de éstos, deben permitir, por su parte, la instalación, todo ello en los términos del contrato de transporte y en este mismo. Por ello, no cabe entender que la adquisición de elementos de sistemas de telecomunicaciones sea parte de la actividad de transporte. La consecuencia de ello es la falta de legitimación del recurrente. Tercero. La Administración plantea la conveniencia de la imposición de sanción por mala fe en la interposición del recurso, cuyo propósito es, según sostiene, retrasar la adjudicación del contrato de transporte. Sin embargo, dejando al margen el carácter genérico de los motivos de impugnación, no resulta acreditado el propósito evidente de que el recurso sea instrumento para retrasar otra adjudicación, sin que proceda por tanto la apreciación de mala fe o temeridad a los efectos de imponer la sanción económica. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Inadmitir el recurso formulado por ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE TRANSPORTE SANITARIO, (AGETRANS), contra el anuncio y Pliegos de condiciones del proceso de licitación para el contrato de Adquisición y mantenimiento de sistemas de información y equipamiento a bordo para el transporte sanitario, expediente de contratación SSCC PA 63/15 bis, por carecer de legitimación. Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento producida por el acuerdo de este Tribunal de 17 de diciembre de 2015, de conformidad con el art del R.D.L. 3/2011. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del presente recurso, por no lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el art del R.D.L. 3/2011.

7 7 Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.