PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ VELÁZQUEZ.

Transcripción

1 . QUEJOSA Y RECURRENTE: **********. PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ VELÁZQUEZ. Vo. Bo. MINISTRO: México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al ********** de dos mil quince. COTEJADO: C O N S I D E R A N D O: SÉPTIMO. Estudio. Esta Segunda Sala estima que los agravios que hace valer la recurrente son infundados, como se demostrará a continuación. Se considera que el agravio de mérito es infundado, en tanto que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación no contraviene las garantías de seguridad jurídica y tutela judicial, como correctamente lo estableció el a quo. A efecto de corroborar el aserto anterior, conviene transcribir el texto de la norma acusada de inconstitucional: Artículo 133-A. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente: I. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, éstos se pueden reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. Si se

2 revoca por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. a) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios de procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este Código. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de tres meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos de suspensión a que se refiere el artículo 46-A de este Código, tampoco se contará dentro del plazo de tres meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho precepto, según corresponda, sin que dicho plazo pueda exceder de 5 años contados a partir de que se haya emitido la resolución. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar un nuevo acto o resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la revocación del acto o resolución impugnada. Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la resolución del recurso lo establezca, aun cuando la misma revoque el acto o resolución impugnada sin señalar efectos. b) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución 2

3 sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución impugnada ni puede dictarse después de haber transcurrido cuatro meses, aplicando en lo conducente lo establecido en el segundo párrafo siguiente al inciso a) que antecede. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución para el obligado a cumplirla. II. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo, la autoridad no podrá dictar un nuevo acto o resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto o una nueva resolución. En ningún caso el nuevo acto o resolución administrativa puede perjudicar más al actor que el acto o la resolución recurrida. Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Asimismo, se suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente 3

4 desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo empezarán a correr a partir de que hayan transcurrido los quince días para impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto medio de defensa. Del precepto reproducido se observa, en lo que al caso cobra relevancia, que prevé los términos en que las autoridades fiscales deben cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación cuando el acto o la resolución combatidos se dejen sin efectos dependiendo del tipo de vicio advertido, es decir, de forma, de procedimiento o de fondo. Asimismo, dispone que, cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia, así como que los plazos para dar cumplimiento a la resolución empezarán a correr a partir de que hayan transcurrido los quince días para impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto un medio de defensa. De lo anterior se advierte con claridad que, como lo aduce la promovente, el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación no contiene previsión alguna en torno a la existencia de algún mecanismo a través del cual el afectado pueda inconformarse con el cumplimiento dado por la autoridad administrativa a una determinación tomada en un recurso de revocación, sino que se refiere a la forma en que debe acatarse, según la razón que haya originado la invalidación del acto, así como el plazo con que cuenta la autoridad y la manera en que debe computarse. No obstante, esa circunstancia no implica que el citado artículo 133-A adolezca del vicio de inconstitucionalidad acusado por la quejosa, en tanto que el examen de constitucionalidad no puede efectuarse de manera aislada, como bien lo señaló el Tribunal Colegiado del conocimiento, pues el alcance y sentido que debe darse una disposición no puede sustraerse del que corresponde al 4

5 ordenamiento al que pertenece, al tratarse de una unidad normativa cuyos preceptos se complementan entre sí, y que también es susceptible de integración merced a la institución de la supletoriedad. Sentado lo anterior, conviene remitirse a lo dispuesto por los artículos 116 y 125, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación: Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 125. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía. (...) Del primer numeral transcrito se desprende la procedencia del recurso de revocación contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, mientras que el segundo, en la parte que interesa, prescribe que el interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, directamente en su contra, juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como que, en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá combatir dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía. Si se toma en cuenta lo anterior, a partir de lo dispuesto por los artículos 133-A, 116 y 125, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es clara la existencia de un medio de defensa no sólo 5

6 contra la resolución recaída a un recurso de revocación, como lo aduce la inconforme, sino también en contra de aquella emitida en acatamiento a lo decidido en sede administrativa, pues el último numeral indicado contiene previsión expresa en el sentido de que en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía, es decir, mediante un nuevo recurso de revocación o, en su defecto, en juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en tanto que la revocación resulta de carácter optativo para el afectado. Por tanto, de la interpretación sistemática de las disposiciones analizadas se obtiene que, contrario a lo aseverado por la quejosa, es inexistente la contravención a las garantías de seguridad jurídica y tutela judicial, puesto que en el Código Fiscal de la Federación se prevén los medios de defensa a su alcance para combatir no sólo las resoluciones administrativas que le irroguen un perjuicio en materia tributaria y las recaídas a un recurso de revocación, sino también aquellas que provengan del acatamiento a lo decidido en sede administrativa, sin que la circunstancia de que no se haga mención expresa de que mediante el nuevo recurso de revocación o el juicio de nulidad pueden plantearse vicios sobre el exceso, defecto o repetición del acto, implique que se encuentre impedido para proponer tales violaciones en el cumplimiento, puesto que tanto en el recurso administrativo como en el juicio de nulidad, válidamente pueden hacerse valer dichos aspectos, pues no existe prohibición al respecto ni en el Código Fiscal de la Federación ni en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige el juicio anulatorio federal. Cabe agregar que si bien la omisión de cumplimiento, por su propia naturaleza, no es susceptible de impugnación en la vía ordinaria fiscal, dado que esta es procedente solamente contra actos de carácter positivo, el gobernado se encuentra en aptitud de defenderse a través del juicio de amparo indirecto, en tanto que constituye la vía para reclamar omisiones provenientes de las autoridades, de conformidad con los artículos 1º y 107, fracción II, de la Ley de Amparo. Por las razones apuntadas, debe declararse infundado el agravio 6

7 examinado, pues el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación es acorde con el marco constitucional. OCTAVO. Revisión adhesiva. Por último, queda sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, quien actúa en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, ya que la adhesión al recurso carece de autonomía, por lo que el interés de la parte adherente está sujeto a la suerte del recurso principal; de ahí que si el sentido de la resolución dictada en éste es favorable a sus intereses como sucede en la especie, desaparece la condición a la que estaba sujeto el interés jurídico de aquélla para hacer valer la adhesión. Sirve de sustento a lo anterior a la jurisprudencia de esta Segunda Sala que a la letra dispone: REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA. 1 Así, al resultar infundado el agravio formulado por la inconforme, lo procedente es confirmar el fallo combatido y conceder el amparo en los términos y para los efectos precisados por el a quo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. 1 El texto de la jurisprudencia referida es el siguiente: El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesoria. Registro No. 171,304. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVI, Septiembre de Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 166/2007. Página:

8 SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto y por la autoridad a que se refiere el resultando primero de esta resolución, en los términos precisados por el Tribunal Colegiado. TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva. Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 8