DICTAMEN 64 / 2006 ANTECEDENTES

Transcripción

1 DICTAMEN 64 / 2006 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza. ANTECEDENTES Primero.- Mediante escrito de fecha , presentado en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Real y Provincial Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza en esa misma fecha, A.R. formuló reclamación patrimonial por el daño sufrido como consecuencia del incorrecto tratamiento quirúrgico del que fue objeto en dicho Hospital el día al ser intervenido de una fístula anal con anestesia epidural que le provocó dureza en glúteo izquierdo, inflamación de la pierna y pie izquierdo con insensibilidad y molestias en la zona lumbar que imputaba a una incorrecta ejecución del citado sistema anestésico a pesar de conocer el especialista en anestesiología que padecía de lumbociática. Reclamaba que la Seguridad Social se hiciera cargo en el futuro de los gastos que conllevaría el tratamiento de dichas molestias en una clínica privada en Barcelona, así como los gastos de transporte, alojamiento y manutención a dicha ciudad. A esta reclamación adjuntó el interesado partes del Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza de , y en los que se destaca dolor lumbar no irradiado y, asimismo, el mencionado Hospital incorporó informe del Servicio de Anestesia y Reanimación sobre el tratamiento dispensado al paciente y el historial clínico de éste, incluyendo el consentimiento informado al Servicio de Anestesia suscrito por el interesado el 29 de abril de 2004.

2 Segundo.- Por el Secretario General Técnico del Departamento de Salud y Consumo, el , se acordó la incoación del oportuno procedimiento administrativo, notificándose esta incoación al interesado solicitándole aclaración sobre el objeto de su reclamación así como la aportación de facturas o justificantes de los gastos que hubiera conllevado su tratamiento en la sanidad privada. También se dio traslado en esa fecha de la reclamación a la compañía de seguros que cubre estos riesgos a la Diputación General de Aragón, ZURICH ESPAÑA, S.A. El interesado, mediante manuscrito de , insistió en su reclamación, sin concretar el importe de la misma ni aportar justificantes de gastos, aduciendo que en una anterior ocasión, en 1993, con ocasión de una hernia tuvo que acudir a Barcelona donde recibió un tratamiento por el que consiguió que desaparecieran sus problemas. Posteriormente, mediante nuevo manuscrito de , cifró su reclamación en 2.500,00 euros. Finalmente, el Secretario General Técnico por resolución de acordó la continuación del citado procedimiento, abriendo un periodo de prueba y notificándolo al interesado. Tercero.- Constan incorporados al expediente, además de la historia clínica del reclamante y el informe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital que también ha sido mencionado, el informe emitido por el Médico Inspector actuante (Dr. L.) de , en el que se considera que no existieron errores, negligencias o faltas de atención en la asistencia prestada al reclamante, por lo que procedería desestimar su reclamación. Habiéndose trasladado la reclamación a la compañía de seguros que cubre estos riesgos a la Diputación General de Aragón, ZURICH ESPAÑA, S.A., ésta mediante escrito de rehusó el siniestro al encontrarse el importe reclamado fuera de la cobertura de la póliza. Cuarto.- Del conjunto de documentación aportada, resultan acreditados los siguientes hechos: - El reclamante, de 30 años de edad, quien ya había sido intervenido de tabique nasal y fisura anal, se sometió nuevamente a esta segunda intervención el en el antes citado Hospital de Zaragoza dependiente del SALUD, con anestesia intradural, en posición sentado, con aguja 27 G punta Whitacre L4-L5, administrando 10 mg. de bupivacaina hiperbárica 0,5%. La intervención no tuvo ninguna incidencia siendo dado de alta el El interesado refiere dolor en la zona de acceso del anestésico así como en glúteo, pie y pierna izquierdos, lo que atribuye a que no se le practicara la 2

3 anestesia general a pesar de padecer lumbociática, aportando partes del Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza de , y en los que se destaca dolor lumbar no irradiado. - En el mes de noviembre de 2005, según el propio interesado, las molestias habían disminuido notablemente. Quinto.- Por resolución del Secretario General Técnico del Departamento de Salud y Consumo de se concedió a la reclamante el oportuno periodo de audiencia, en el que compareció el interesado, efectuando escrito de alegaciones fechado el , insistiendo en su reclamación, en que se le explicara el informe del Inspector Dr. L. y aportando los antes citados tres informes de Urgencias del Hospital Miguel Servet refiriendo dolor lumbar. Trasladados estos informes al Inspector actuante, éste, mediante escrito de , se ratificó en su criterio inicial. Sexto.- En fecha 18 de enero de 2006, el Secretario General Técnico de Salud y Consumo ha formulado Proyecto de Orden Resolutoria de la reclamación, en sentido desestimatorio, por no admitirse la existencia de una incorrecta praxis médica ni la concurrencia de causa para derivar al paciente a la sanidad privada. Séptimo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, y en el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, la Consejera de Salud y Consumo ha remitido al Órgano Consultivo el expediente y la citada propuesta de resolución, mediante escrito de , que tuvo su entrada en la Comisión el día CONSIDERACIONES JURÍDICAS I El Dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que legalmente tiene atribuido la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón y, según el artículo 56.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, (en lo sucesivo LPGA), esta Comisión habrá de emitir Dictamen preceptivo en los procedimientos que se instruyan sobre reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios cuando el importe de la indemnización reclamada exceda de (art. 24 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre), precepto que ha de ponerse en relación con el artículo 12.1 del Reglamento de 3

4 los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el R. D. 429/1993, de 26 de marzo. Tratándose de una reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria prestada en centros sanitarios públicos, corresponde la emisión del Dictamen a la Comisión Permanente en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1, en relación con el artículo 63.1, de la LPGA. Esta Comisión, a la vista del expediente remitido, en el que documentalmente constan las actuaciones habidas en la instrucción del procedimiento, ha de pronunciarse acerca de si procede o no estimar la reclamación de indemnización efectuada por A.R. motivada por los daños que estima le fueron producidos como consecuencia, según señala, de la incorrecta asistencia sanitaria, en particular, por la indebida aplicación de anestesia epidural en la intervención a la que fue sometido en el Hospital Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza. Por mandato del artículo 12.2 del texto reglamentario, aprobado por el R.D. 429/1993, anteriormente mencionado, se ha de concretar específicamente en este Dictamen si procede entrar a considerar las cuestiones de fondo, sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños alegados, determinando, en su caso, las cuantías y el modo de la indemnización, con base en los criterios legales aplicables. II III Viene señalando esta Comisión que en el Derecho español vigente y en relación con la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración, el artículo de la Constitución atribuye a los particulares el derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y se cumplan los demás requisitos dispuestos en el Ordenamiento Jurídico, constituido a estos efectos por los artículos 139 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LPAC) y las normas con ellos concordantes, lo que constituye una garantía fundamental de la seguridad jurídica, con entronque, como ha significado la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004, en el valor de la justicia, pilar del Estado social y democrático de Derecho. Recientemente ha significado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de noviembre de 2004 (f.d. tercero), lo que han reiterado las de 10 de febrero y 15 de abril de 2005, que a los fines del artículo de la Constitución, la jurisprudencia (sentencias de 5 de junio de 1989 y 22 de marzo de 1995) ha homologado como servicio público toda actuación, 4

5 gestión o actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo. El legislador ordinario, al ejercitar la potestad de configuración de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que la Constitución le encomienda, extrae las debidas consecuencias de los principios que el concepto de responsabilidad comporta. Así es como se ciñe la obligación de soportar el daño a la existencia de algún elemento que extraiga del ámbito de los deberes del perjudicado dicha carga. Con ello se integra el elemento de antijuridicidad que debe acompañar a cualquier daño para que su producción genere la obligación de resarcirlo por parte de aquel sujeto al que puede imputarse causalmente. Esta Comisión de forma reiterada viene señalando que los requisitos para una declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, según consolidada formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen establecido por el Derecho positivo sobre la materia, son los siguientes: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal es indiferente la calificación de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta. Desde el plano procedimental, la primera cuestión que ha de examinarse al analizar la documentación remitida es si el escrito de reclamación ha sido presentado en plazo. En este punto, el artículo de la LPAC dispone: En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En el caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Pues bien, el escrito presentado el día 31 de mayo de 2004 está referido a una reclamación de responsabilidad de la Administración sanitaria, y habiéndose producido la lesión y la atención sanitaria del reclamante el día 5 de mayo de 2004, es evidente que en el momento de presentar la reclamación no había prescrito su derecho a reclamar una indemnización a la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma. IV 5

6 V A la vista de todo lo anterior, sin necesidad de mayores justificaciones, resulta patente la procedencia de la desestimación de la reclamación de una indemnización de 2.500,00 euros formulada por el Sr. R. dado que, en primer lugar, se incumple uno de los requisitos esenciales que antes hemos indicado, esto es, el carácter efectivo de los daños cuyo resarcimiento se solicita y no solamente eventual dado que, solicitando el reintegro de los gastos futuros que presume conllevará su tratamiento en un centro privado en Barcelona, ni se ha producido tal evento ni se conoce qué alcance podrán tener tales gastos; y, en segundo lugar, porque como adecuadamente se indica en la propuesta de resolución no existe relación de causalidad entre el daño alegado y la asistencia sanitaria prestada al reclamante porque ni se ha probado la existencia de relación causa a efecto entre la intervención quirúrgica y las molestias padecidas, ni se produjo ningún tipo de incidencia en la intervención. Tampoco existe ninguna causa justificativa de que la Sanidad Pública no pueda dispensar al reclamante los tratamientos paliativos que eventualmente pudiera necesitar, por lo que no tendría derecho a ningún reintegro de gastos devengados en la sanidad privada. En tanto que el R. D. 63/1995 garantiza en su artículo 5.3 que en los casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital, que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción, el Decreto 83/2003, del Gobierno de Aragón, responde a otros supuestos, para los que reconoce el derecho al reintegro de gastos por asistencia quirúrgica, pública o privada, fuera del Servicio Aragonés de Salud, transcurridos los plazos máximos fijados y cumplidos los requisitos fijados que exige esta disposición, ninguno de los cuales concurre en el presente caso. En consecuencia, una valoración conjunta de las pruebas que obran en el expediente, reseñadas en los antecedentes, así como las consideraciones jurídicas expuestas, llevan a esta Comisión a estimar que no se ha acreditado la existencia de una mala o inadecuada praxis que permita concluir que no fue observada la lex artis ad hoc, por lo que se reitera que no se aprecia la existencia de una lesión antijurídica que el reclamante no haya de soportar. En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, formula el siguiente DICTAMEN: Que, de acuerdo con la propuesta de resolución, procede desestimar la petición de indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de daños y perjuicios por deficiente asistencia sanitaria prestada a A.R. en el Hospital Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza. En Zaragoza, a siete de marzo de dos mil seis. 6

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