Página 1 de 5. Texto. En Oviedo a veintiuno de enero de dos mil nueve T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) OVIEDO SENTENCIA: 00044/2009

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1 Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 21 Ene. 2009, rec. 1333/2006 Ponente: Salto Villén, Francisco. Nº de Sentencia: 44/2009 Nº de Recurso: 1333/2006 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LA LEY 37167/2009 ADMINISTRACIÓN LOCAL. Anulación de la creación del Puesto de Trabajo de Técnico de Recursos Humanos. La pertenencia a la Subescala de Servicios Especiales implica que a tales funcionarios no se les exija, con carácter general, la posesión de títulos o profesiones determinados. Por ello, al exigirse para dicho puesto el título de Graduado Social, se está infringiendo la normativa aplicable. El TSJ Asturias estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución del Ayuntamiento, anulando la creación del Puesto de Trabajo de Técnico de Recursos Humanos. Texto En Oviedo a veintiuno de enero de dos mil nueve T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) OVIEDO SENTENCIA: 00044/2009 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS Sala de lo Contencioso-Administrativo RECURSO: 1333/06 RECURRENTE: CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS CSI-CSIF PROCURADORA: Dª. CARMEN MARÍA LÓPEZ ÁLVAREZ RECURRIDO: AYUNTAMIENTO DE AVILÉS PROCURADOR: D. LUIS DE MIGUEL-BUERES Y FERNÁNDEZ SENTENCIA nº 44/09 Ilmos. Sres.: Presidente: D. Jesús María Chamorro González

2 Página 2 de 5 Magistrados: Dña. María José Margareto García D. Francisco Salto Villén La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1333/06 interpuesto por el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSI- CSIF, representado por la Procuradora Dª. María del Carmen López Álvarez, actuando bajo la dirección Letrada de D. José Alberto Pérez Alonso, contra el Ayuntamiento de Avilés, representado por el Procurador D. Luis de Miguel- Bueres y Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de D. Francisco J. Sánchez Hernández. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Francisco Salto Villén. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia por la que estimando el recurso interpuesto revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba. SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso o, en su caso, desestimatoria del recurso y de la demanda, declarando conforme a derecho el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente. TERCERO.- Por Auto de fecha 20 de junio de 2007, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos. CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma. QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día 19 de enero pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Por la representación procesal del Sindicato CSIF, se interpuso recurso contencioso administrativo tramitado por el procedimiento ordinario, contra el Anexo de personal aprobado por Acuerdo de 16 de febrero de 2006, del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Avilés por el que se aprueba el presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2006, presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura y Fundación Deportiva Municipal y la plantilla y relación de puestos de trabajo, recurso del que dio traslado a la Administración demandada. SEGUNDO.- Que como principales argumentos impugnatorios, sostiene la parte recurrente, primero, que en la RPT se da la situación que a los funcionarios que se concretan sombreados pertenecientes a la Administración General, subescala administrativa y los pertenecientes a la Administración General subescala técnica, ambos del Grupo C se

3 Página 3 de 5 les asigna un complemento de destino Nivel 18 y un complemento específico en el que se valoran las dificultades técnicas y propias de un PT de Auxiliar Administrativo del Grupo D, cuando las funciones del grupo C realmente son más especializadas y de más responsabilidad que las del D; y que esa errónea valoración lo demuestra el que se exija la titulación de Bachiller o Equivalente para el puesto de Auxiliar Administrativo, que es la que se debería exigir para el Grupo C, que lleva a la paradoja de que la promoción interna de un Auxiliar Administrativo a Administrativo o Delineante le exigiría tener un título superior al Graduado Escolar o Equivalente exigido a un Auxiliar Administrativo, sin embargo la promoción interna supondría hacer funciones superiores pero teniendo los mismos títulos, todo lo cual demuestra que la resolución impugnada no es conforme a Derecho por cuanto que entendía que las funciones de esos puestos de trabajo y las circunstancias de su desempeño no habían sido adecuadamente valoradas en la RPT impugnada, determinándose unos complementos retributivos inadecuados así como un trato discriminatorio en relación con otros puestos de trabajo; segundo, impugna en dicha RPT la creación de un PT de Técnico de Recursos Humanos (folios 159 y 160) del Grupo B en el que se requiere formación específica de Graduado Social, criticando que no esté abierto el PT a otras titulaciones como Licenciado en Derecho, Ciencias de la Administración, y alegando que la valoración del PT no es correcta, conforme dispone el artículo 172 del TRRL, que establece una lista cerrada que no permite el encuadramiento de este PT como de servicios especiales; tercero, que la RPT impugnada configura los PT de Jefe de Negociado que concreta con el Nivel 18 igual a los de Auxiliar Administrativo y Administrativo, lo que no es correcto ya que deben de tener un Nivel superior a los PT que están a su mando, y que, además, entre esos PT y otros Jefes de Negociado que concreta de Nivel 20 se da una discriminación no justificada en la asignación de esos dos distintos niveles; y cuarto y última alegación, que existen PT en el estudio económico del Presupuesto municipal que luego no aparecen en la RPT estructural o no estructural. Por su parte, la Administración Pública demandada, en este caso representada a través del Procurador Sr. De Miguel-Bueres Fernández y defendida por el Sr. Abogado Consistorial, contestó en tiempo y forma oponiéndose y solicitando que se dictase una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la parte recurrente. TERCERO.- Por lo que respecta a las causas de admisibilidad opuestas por la Administración demanda sabemos que el acto impugnado es formalmente distinto a otras relaciones de puestos de trabajo anteriores aunque tengan un contenido similar, lo que impide que podamos acoger la inadmisiblidad fundada en la existencia de un acto consentido y firme habida cuenta de esa falta de identidad formal. Lo mismo cabe decir en relación al acto que fue objeto de decisión en la sentencia dictada con fecha 10 de enero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que en ningún caso pudo posicionarse con respecto a una Disposición General cuál es el caso de la RPT objeto de este pleito, no constando en esta Sala, ni habiéndose acreditado por la demanda, que en aquel proceso seguido ante el juzgado se hubiera planteado cuestión de ilegalidad alguna. CUARTO.- Que este Órgano Judicial tras valorar con detenimiento las alegaciones formuladas por las partes litigantes en este proceso, debe manifestar los parámetros que va a tener en cuenta para decidir y que han sido fijados en numerosas ocasiones por esta Sala al declarar naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo, como en la reciente sentencia dictada con fecha 30 de mayo de 2008 en el P.O. 661/03. Insistíamos allí cómo el art. 15 de la Ley aplicable a este supuesto 30/84, de Medidas de Reforma para la Función Pública y la propia Ley 3/85 de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias en su art. 30 señala la naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo como instrumentos de ordenación y gestión del personal al servicio de las Administraciones Públicas en las que la Administración actuante ejerce además sus potestades de autoorganización diseñando y modulando un modelo de empleo público que a su entender satisfaga

4 Página 4 de 5 de la mejor forma posible los intereses generales que esa Administración sirven con carácter general. Esa potestad de autoorganización supone un amplio margen de decisión para la Administración que la aprueba que por tanto ha de valorar las circunstancias concurrentes y sus necesidades para finalmente tomar la correspondiente decisión. Como hemos dicho también en numerosas ocasiones y vamos a citar por todas la dictada con fecha 19 de septiembre de 2008 en el P.O 710/05 es posible un control de la actuación discrecional de las Administraciones Públicas, pero siempre será necesario que se acredite con claridad y evidencia una falta de racionalidad en la actuación administrativa que provoque una actuación arbitraria en perjuicio de un interesado. Será por tanto necesario probar que la relación entre los hechos determinantes que llevaron a la Administración a adoptar una decisión y esa propia decisión, pueda ser calificada de incoherencia e irracional. Esa carga de la prueba incumbe a quien pretende la anulación de la decisión y que en casos y supuestos como los de las relaciones de puestos de trabajo se centra fundamentalmente en acreditar y permitir concluir que todo trabajo de campo y toda la documentación y circunstancias que conducen a una determinada valoración de los puestos de trabajo, incurre en esa desviación o incoherencia. QUINTO.- En el caso que decidimos en lo que respecta a la primera alegación, lo primero que se observa es que la afirmación de la parte actora, base de su argumentación, relativa a que se exige la misma titulación en la ficha para el PT de Auxiliar y Administrativo, no se compadece con lo que se expresa en la documentación que acompaña con el escrito de demandada, pues en dichos documentos se dice que el título exigido para el Auxiliar Administrativo es el de FP I, mientras que para el PT de Administrativo se exige el título de FP II; lo que también se puede comprobar examinando el Expediente Administrativo, por ejemplo en sus folios 9; 21, etc.. Lo mismo ocurre en lo que concierne a las funciones que se encomiendan a uno y otro funcionario, pues del documento 1 de los acompañados con la demanda, se observa que el Administrativo realiza unas funciones distintas que las expresadas en el documento 3 para el Auxiliar Administrativo, razones todas que llevan a desestimar la presente alegación. SEXTO.- En lo que se refiere a la segunda, relativa a la errónea creación del PT de Técnico de Recursos Humanos, es lo cierto que el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 781/1986 establece que pertenecerán a la Subescala de Servicios Especiales, los funcionarios que desarrollen tareas que requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio no se exija, con carácter general, la posesión de títulos o profesiones determinados, de modo que al exigirse para dicho PT el título de Graduado Social se está infringiendo el meritado precepto, y en este extremo ha de declarase nula. SÉPTIMO.- En lo que concierne a la tercera alegación, relativa a los Jefes de Negociado, es lo cierto que se acredita en los autos que los PT 32 y 29 tienen mando directo, lo que no ocurre en el caso de los restantes PT de Jefe de Negociado que se cita por la actora, de lo que deriva que no puede predicarse discriminación alguna al ser términos de comparación desiguales; y como no tienen mando directo esos concretos PT de Jefes de Negociado, queda invalidado el argumento de la recurrente pues éste se basa precisamente en que no deben de tener el mismo Nivel 18 que los Auxiliares por tener mando directo, pues los Jefes de Negociado que lo tienen sí que tienen asignado un Nivel 20 y por ello superior al de los Auxiliares y Administrativos. OCTAVO.- Por último, en cuanto a la cuarta alegación, se ha de rechazar ya que es alegación absolutamente inconcreta al no especificar que puestos de trabajo son los que constando en el Estudio Económico Financiero, luego no aparecen en la RPT, ni tampoco cita para el caso que así fuera, que preceptos son los que se infringen con esa diferencia. NOVENO.- No ha lugar a una expresa condena en costas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la LJ al no concurrir los requisitos para tal pronunciamiento.

5 Página 5 de 5 Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, F A L L O En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar, en parte, el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal del Sindicato CSIF, contra el Anexo de personal aprobado por Acuerdo de 16 de febrero de 2006, del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Avilés por el que se aprueba el presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2006, que se declara nulo parcialmente por no ser totalmente conforme a Derecho, al ser nula la creación del Puesto de Trabajo de Técnico de Recursos Humanos, número 28 de orden en la RPT impugnada, confirmándose en lo demás la resolución recurrida. Sin costas Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.