Texto. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D/Dª. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO

Transcripción

1 Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 5 May. 2005, rec. 1066/2000 Ponente: Pérez Borrat, María Luisa. Nº de sentencia: 414/2005 Nº de recurso: 1066/2000 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LA LEY JURIS: /2005 FUERZAS DE SEGURIDAD. Cuerpo Nacional de Policía. Cese en puesto de trabajo ocupado en comisión de servicios. No es un mecanismo que de derecho a ocuparlo definitivamente, lo que se obtiene mediante los sistemas de concurso o de libre designación. La remoción no necesita la instrucción de un previo expediente contradictorio, puede acordarse discrecionalmente cuando desaparezcan circunstancias que motivaron la comisión o cuando se cumpla el plazo establecido. Suficiente motivación del cese por necesidades del servicio. En Barcelona, a cinco de mayo de dos mil cinco Texto TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Recurso nº 1066/2000 SENTENCIA nº 414 /2005 Ilmos. Sres.: PRESIDENTE D. EDUARDO BARRACHINA JUAN MAGISTRADOS DÑA. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por D. Carlos Francisco en su propia representación y defensa, contra la Administración demandada MINISTERIO DEL INTERIOR. D.G.P, actuando en nombre y representación de la misma el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D/Dª. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por la parte actora, a través de su representación en autos, se interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada.

2 Página 2 de 5 SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. TERCERO.- Se acordó recibir el presente pleito a prueba, con el resultado que obra en autos. CUARTO.- evacuaron. Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes QUINTO.- Se señaló para votación y fallo de este recurso, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se impugna en este proceso la resolución dictada por el Director General de la Policía, de 4 de mayo de 2000, que acordó el cese del recurrente como Jefe del Grupo Operativo en la Brigada de Policía Judicial de Barcelona, y el nombramiento como plantilla transitoria. SEGUNDO.- El funcionario apelante, fue designado Jefe de Grupo Operativo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, adscrito concretamente a los Juzgados y Fiscalía de Menores, por Resolución del Director General de la Policía, de 20 de junio de En la fecha arriba indicada se dictó la resolución de cese en dicho puesto, adscribiéndolo a un nuevo destino. La primera resolución, de cese, tiene su fundamento en la precedente de adscripción, la cual se produjo mediante comisión de servicios. La comisión de servicios como medio de atribución de un determinado puesto de trabajo, con carácter no definitivo, exige la concurrencia de los presupuestos legales y reglamentarios, entre ellos, la necesidad de cubrir un puesto de trabajo que se halla sin cubrir, con carácter urgente e inaplazable. Además en su regulación se perfila como un mecanismo para cubrir una vacante con carácter temporal, por ello, el Real Decreto 997/1989, establece que solo se podrán cubrir puestos de trabajo provisionalmente por razones de servicio de carácter urgente y tal situación no podrá exceder de seis meses. El art. 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, aplicable con carácter supletorio a los puestos de trabajo relacionados con la Seguridad Nacional en el Ministerio del Interior, se regula la comisión de servicios, distinguiéndose según si tiene carácter voluntario o forzoso. En el primer caso, faculta la norma a que se cubra un puesto cuando quede vacante a cubrirlo, en caso de urgente e inaplazable necesidad en comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo; en el segundo caso, la comisión de carácter forzoso podrá también acordarse cuando celebrado un concurso para la provisión de una vacante, ésta se declare desierta y sea urgente para el servicio su provisión, caso en que podrá destinarse con carácter forzoso a un funcionario que también reúna los requisitos establecidos en la norma. En estos casos, el puesto de trabajo cubierto temporalmente será incluido en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda. TERCERO.- Sostiene el demandante que como el puesto que ocupaba era un puesto de trabajo con nivel orgánico de Jefe de Grupo Operativo, Jefe de Grupo Técnico y asimilados que debe proveerse por el sistema de concurso específico, debe acudirse a la causa de remoción que regula el propio reglamento de modo que es necesario que previamente a la remoción se tramite procedimiento contradictorio y se dicte una resolución motivada del órgano que realizó el

3 Página 3 de 5 nombramiento (art. 7 y 14. ambos del Real Decreto Real Decreto 997/1989). Añade que ha ocupado el puesto de trabajo durante más de tres años, con infracción de los preceptos antes citados puesto que el puesto de trabajo no salió a concurso tal como prevé la norma y que se le ha privado de una garantía en su derecho al puesto por el hecho de no ser removido mediante expediente contradictorio. Además, el desempeño más allá del plazo máximo de seis meses supone, a su juicio, un abuso de la Administración y un desconocimiento de los derechos que legítimamente corresponden a los funcionarios. Por ello, sostiene que para remediar esta vulneración de derechos debe considerarse el desempeño del puesto durante más de tres años, como un desempeño del puesto en concurso específico, es decir, dando firmeza a la situación provisional. Al respecto cabe decir que con independencia del plazo durante el que haya desempeñado el puesto de trabajo, el demandante había sido designado para su desempeño mediante el mecanismo de la comisión de servicio que no permite equiparar dicha forma de provisión con el mecanismo de provisión definitiva que, para la plaza en cuestión, era el concurso específico. El hecho de que la citada provisión se prolongara más allá de lo reglamentariamente permitido no constituye una irregularidad que invalide ni su nombramiento en comisión de servicios, ni con mayor razón su desempeño. Tampoco puede comportar la equiparación de la comisión de servicios - de carácter provisional- con un sistema de provisión definitivo. Por último señalar que si el demandante tenía interés en optar por cubrir la plaza de forma definitiva, tenía la posibilidad de interesar del órgano competente que la sacara a concurso ya que sólo mediante este mecanismo de pública concurrencia se podrían respetar de forma absoluta los principios de mérito y capacidad. Por esta razón, el cese en el puesto ocupado mediante una comisión de servicios tiene su propia regulación. Al tratarse la comisión de servicios de un sistema de provisión provisional cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de cubrir un puesto de trabajo - vacante o no de titularpor necesidades del servicio, no es un mecanismo que dé derecho a ocupar definitivamente el puesto ocupado ya que éste derecho solo se obtiene mediante los sistemas reglamentariamente establecidos para ello. En el mismo sentido, el art. 3 del Real Decreto 997/1989, que determina claramente que los puestos de trabajo solo se podrán cubrir por concurso o, en su caso, por el procedimiento de libre designación, sin que se mencione, por razones obvias, la comisión de servicios. Respecto a la segunda cuestión, hemos de partir de que el art. 14 del Real Decreto 997/1989, de 28 de julio establece que "Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso específico de méritos podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente que no, comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La remoción se efectuará previo expediente contradictorio mediante resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, quedando el funcionario afectado a disposición del Director general de la Policía, y percibiendo, en el caso de deberse la remoción a alteración en el contenido del puesto de trabajo, durante un plazo máximo de tres meses las retribuciones complementarias correspondientes a aquel puesto". El texto de la norma es claro y no se aplica a todos los sistemas de provisión, como pretende el demandante, sino solo a los supuestos regulados en él y que queda limitado a los funcionarios que hayan accedido a un puesto de trabajo por concurso específico de méritos pero no a quienes lo desempeñen en comisión de servicios. En definitiva, al tratarse de un puesto desempeñado en comisión de servicios, la cual obedece a unas finalidades muy concretas, el cese de dicha designación puede acordarse discrecionalmente cuando desaparezcan las citadas circunstancias o cuando se cumpla el plazo establecido aunque de persistir la vacante es susceptible de ser renovada. CUARTO.- El segundo punto a examinar es la falta de motivación. Hemos de tener en cuenta que el cese se motiva simplemente en las "necesidades del servicio". A pesar de que puede considerarse una motivación escasa, es, en principio suficiente para entender que queda motivado el cese. El demandante, no cuestiona -y menos aún acredita- que cuando se produjo el

4 Página 4 de 5 cese hubieran desaparecido las necesidades del servicio que existían en el momento en que se le nombró en comisión de servicios. Por ello, esta motivación era suficiente para fundar la legalidad de la actividad administrativa. Nada impedía al demandante en periodo probatorio destruir la presunción de legalidad de la actividad administrativa impugnada, aunque no debemos olvidar que se trata de un sistema de provisión temporal por lo que la situación de vacante no debe prolongarse indefinidamente en el tiempo. En consecuencia, este motivo debe también ser rechazado. QUINTO.- El último argumento a examinar es la consiguiente adscripción del demandante (nombrándosele Plantilla transitoria) ya que fue destinado a la Comisaría de Distrito 1 de Sant Martí que, según afirma, es un puesto de trabajo inexistente, por no estar contemplado en el Catálogo de Puestos de Trabajo, cuando "en esa y en otras Comisarías de Distrito existen puestos de trabajo vacantes con Nivel de Complemento de Destino 22 (para Inspectores - Jefe) y que en la actualidad se hallan desempeñadas en Comisión de servicio por Inspectores, es decir, por funcionarios que no reúnen los requisitos legales para ser nombrados". Esta segunda impugnación parte de unos presupuestos fácticos que no han sido acreditados puesto que la prueba interesada venía exclusivamente referida a determinar los funcionarios de la Escala Ejecutiva, por categorías destinados en la plantilla de Barcelona, a los puestos de trabajo que ocupaban con mención del carácter de la adscripción, y al numero de concursos específicos convocados en aplicación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde su entrada en vigor, referido a la plantilla de Barcelona. Esta prueba, ciertamente acredita una situación anómala pues a fecha 14 de junio de 2002, había destinados en la plantilla de Barcelona 396 funcionarios de la Escala Ejecutiva, de los que 95 pertenecen a la Primera Categoría (Inspector - Jefe) y 301 pertenecen a la Segunda Categoría (Inspector), del Cuerpo Nacional de Policía. Además, que del citado número de Inspectores - Jefes, 17 habían sido designados por libre designación para ocupar los puestos que desempeñaban y 2 en virtud de resolución del oportuno concurso específico. El resto estaban ocupando las plazas en comisión de servicios. De igual modo, del número de Inspectores, 4 habían sido nombrados por libre designación para ocupar el puesto que desempeñaban, 3 en virtud de resolución de concurso específico de méritos, 2 en virtud de resolución de concurso general de méritos, 75 en comisión de servicio y el resto ocupaba un puesto de trabajo no singularizado. Y, finalmente, sí ha resultado acreditado que la Administración no convoca los concurso específicos de méritos ofertando la totalidad de las plazas vacantes, con la particularidad de que desde el año 1995 hasta el año 2000, solo se habían convocado siete concursos. Ahora bien, esta prueba en nada afecta a este recurso puesto que permite detectar una actividad administrativa en cierto modo irregular en lo que se refiere a la actividad de convocar concurso específicos de méritos, la cual solo tiene una proyección indirecta en la actual situación del demandante, en la medida en que si no se desarrolla esta actividad de provisión los funcionarios afectados tienen limitado su derecho a la movilidad (sin olvidar que, como se ha dicho más arriba, pueden los funcionarios afectados interesar que se provean las plazas en los términos que impone el Reglamento). Pero ello en modo alguno puede implicar la anulación de la resolución de adscripción del demandante por lo que el recurso ha de ser desestimado. SEXTO.- Por todo lo dicho, el recurso ha de ser desestimado, sin que proceda imponer las costas causadas al amparo del art. 139 de la LJCA. F A L L A M O S 1º) Desestimar el recurso contencioso - administrativo interpuesto por D. Carlos Francisco contra la Resolución arriba indicada. 2º) Sin imponer las costas. Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley. Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

5 Página 5 de 5 PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, estando la Sala celebrando audiencia pública el día 10 de mayo de 2005, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma, de lo que yo el Secretario, Doy fe.