RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Recurso nº 240/2017 Resolución nº 319/2017 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 31 de marzo de VISTO el escrito interpuesto por D. A.C.B., en representación de la mercantil AUTOCARES BARAZA, S.L., por el que solicita la revocación de la Resolución de este Tribunal número 257/2017, de 10 de marzo, por la que se desestima su recurso contra el Pliego de Condiciones aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre (Ministerio de Fomento) que ha de regir la contratación de la gestión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Guadalajara ; este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El día 10 de marzo de 2017 este Tribunal dictó Resolución número 257/2017 sobre el recurso nº 107/2017 interpuesto por D. A.C.B., en representación de la mercantil AUTOCARES BARAZA, S.L., contra el Pliego de Condiciones aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre (Ministerio de Fomento) que ha de regir la contratación de la gestión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Guadalajara. La indicada resolución desestimó el recurso interpuesto. Segundo. La mercantil AUTOCARES BARAZA, S.L., mediante escrito presentado el 16 de marzo de 2017 en el correo de este Tribunal, ha interpuesto el presente escrito solicitando la revocación de la Resolución 257/20417, conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015, o en su caso, la declaración de nulidad de dicha resolución en aplicación del artículo 106 de la misma Ley 39/2015, por entender que se encuentra ante uno de los supuestos previstos en el artículo AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 Tercero. El 21 de marzo de 2017, la Secretaría del Tribunal, dio traslado del escrito, para formular alegaciones, a los interesados en el procedimiento, el órgano de contratación y el licitador que presentó alegaciones al recurso nº 107/2017, la mercantil NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L., habiendo presentado alegaciones la mercantil citada. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. El presente escrito se interpone ante este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que es competente para la resolución de los recursos que se interpongan en relación con los contratos del sector público en los términos prescritos por los artículos 40 y 41 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) -aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre-, y en el artículo º del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre. Segundo. La mercantil recurrente ostenta legitimación activa para la interposición de este recurso al haber sido la recurrente en el anterior recurso 107/2017 cuya resolución se impugna. Tercero. La recurrente califica su escrito como REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN nº 257/2017, dictada por ese Tribunal con fecha 10 de marzo de 2017, conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015, o en su caso, la declaración de nulidad de dicha resolución en aplicación del art. 106 de la misma Ley 39/2015, por encontrarnos ante uno de los supuestos previstos en el artículo Sentado lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) de conformidad con el cual El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, el recurso debe calificarse como recurso extraordinario de revisión a que se refiere el artículo 113 de la LPAC. En cuanto a la procedencia del recurso extraordinario de revisión hay que partir de que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 49.1 del TRLCSP:

3 3 Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No procederá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (actual Capítulo I Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos regulados en el artículo Así pues, contra las resoluciones de este Tribunal sólo cabe la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo. Se debe entender por tanto que el recurso extraordinario de revisión entra dentro de la exclusión general de todos los recursos, salvo el contencioso administrativo, proclamada por el párrafo primero del citado artículo Así lo hemos mantenido en numerosas resoluciones (como referencia reciente, con cita de otras, en la nº 47/2016, de 22 de enero). Como se manifiesta en todas ellas, se debe entender que la aplicación supletoria de la LPAC en materia de contratos públicos, presupone siempre la existencia de una laguna legal o vacío normativo en la legislación contractual directamente aplicable. Tal situación no se da en absoluto en estos casos dado que el artículo 49.1 del TRLCSP ya citado, dispone claramente que contra las resoluciones dictadas en los procedimientos del recurso especial en materia de contratación sólo cabe el recurso contencioso administrativo, lo que excluye la posibilidad de interposición de cualquier otro recurso administrativo del tipo que sea y, entre ellos, del extraordinario de revisión. Si este recurso no se regula en la Ley de Contratos, se debe precisamente a que se excluye tajantemente su aplicación. Cuarto. No obstante lo anterior, interesa a este Tribunal dar respuesta a las manifestaciones que hace la recurrente en su escrito de recurso. En primer lugar, se refiere al trámite de alegaciones no realizado a licitadores en el procedimiento, al cual accedió la mercantil NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.. Ello es debido a que, como la citada mercantil manifiesta en sus alegaciones al presente escrito de revocación de la Resolución 257/2017 de este Tribunal, procedió a personarse en el procedimiento solicitando a este Tribunal el traslado del recurso

4 4 interpuesto por la ahora recurrente a los efectos de efectuar las alegaciones que a su derecho convinieran. En la fecha de interposición del recurso, 1 de febrero de 2017, ante la ausencia de licitadores en el procedimiento a esa fecha, solo resulta posible conceder trámite de alegaciones a aquellos interesados, como así fue con NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L., que personándose en el procedimiento solicitaran dicho trámite. Si bien la Resolución 257/2017 de 10 de marzo, en su antecedente cuarto hace constar La Secretaría de este Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a las empresas licitadoras que habían presentado oferta para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público objeto del Pliego recurrido, otorgándolas un plazo común de alegaciones de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, habiendo evacuado el trámite conferido la mercantil NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L., lo correcto sería La Secretaría de este Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a la empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L. personada en el procedimiento. Se trata en consecuencia de un mero error material, susceptible de corrección, de conformidad con lo previsto en artículo 32 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, (en adelante RPERMC) que ha previsto un trámite de aclaración de resoluciones y rectificación de errores, en virtud del cual, si el órgano de contratación o alguno de los interesados en el procedimiento de recurso que hubiera comparecido en él, considera que la resolución contiene algún concepto oscuro o algún error material, podrá solicitar su aclaración o rectificación en el registro del Tribunal dentro del plazo de tres días hábiles a contar desde la recepción de la notificación. Por lo que se refiere a la vista del expediente ante este Tribunal que solicita en su escrito, referido al trámite de alegaciones practicado en el procedimiento, se concede el citado trámite, para que en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación de este Resolución pueda acceder a la citada documentación. En segundo lugar, muestra su disconformidad por cuanto no se han tenido en cuenta en la Resolución 257/2017 un escrito de ampliación del recurso presentado el 17 de febrero de 2017, que entiende presentado en plazo.

5 5 A estos efectos interesa señalar que el plazo para impugnar los pliegos, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 44.2 del TRLCSP: 2. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior: a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso. Por su parte, el artículo 19 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RTACRC), aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (BOE de 25 de septiembre), se refiere específicamente al plazo de interposición de recurso contra el anuncio de licitación y contra el contenido de los pliegos, en los términos siguientes: 1. Cuando el recurso se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que la Ley no exija que se difunda por este medio Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de conformidad con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho constar la publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma para acceder directamente a su contenido....

6 6 En este caso, tal y como se recoge en el antecedente primero de la Resolución 107/2017, Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de enero de 2017, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12 de enero de 2017, la Dirección General de Transporte Terrestre (Ministerio de Fomento) convocó licitación pública, constando la publicidad de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público desde esa misma fecha, e indicándose en los anuncios la dirección de internet del órgano de contratación a los efectos obtener la documentación e información de la licitación. Atendiendo así a la publicación del anuncio que se hizo el 12 de enero de 2017, el plazo de quince días hábiles para la presentación de recurso habría finalizado el 3 de febrero de En consecuencia, habiéndose presentado el escrito de ampliación del recurso el 17 de febrero de 2017, el mismo resulta claramente extemporáneo, motivo por el que no se tuvo en cuenta en la Resolución 257/2017. En tercer lugar, manifiesta el recurrente la no consideración de la solicitud de prueba consistente en la aportación de la ficha técnica y permiso de circulación de los 12 vehículos con posibilidad de subrogación designados por sus matrículas en el pliego. A estos efectos simplemente anotar que del propio contenido de la Resolución resulta la misma innecesaria, por cuanto en el fundamento quinto se da plena validez a la información contenida al respecto en los pliegos. En concreto se señala que: Dicho lo anterior, debe analizarse la alegación que también se contiene en el escrito de interposición del recurso como determinante de desigualdad basada en la falta de información para el resto de licitadores (salvo para el actual prestador del servicio) del estado y características de los doce vehículos que actualmente están adscritos a la prestación del servicio. Este punto (no analizado en la resolución 65/2015 de este Tribunal), debe ser igualmente desestimado, como afirma NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L. en sus alegaciones, el dato de la matrícula permite al licitador realizar consultas a la Dirección General de Tráfico, obteniendo así suficiente información para realizar su oferta en condiciones de igualdad al resto de licitadores. A ello cabe añadir lo ya dicho anteriormente, en cuanto a que, en todo caso, la posibilidad de que el adjudicatario del servicio llegue a un acuerdo con el anterior concesionario para adscribir los vehículos en servicio al nuevo contrato dependerá del acuerdo que puedan alcanzar,

7 7 sin perjuicio de la posibilidad de que los potenciales licitadores puedan disponer de vehículos en sus propias flotas para cubrir ese período inicial. En definitiva, la información a la que se refiere la recurrente influye verdaderamente respecto del acuerdo al que pueda llegar el nuevo adjudicatario del contrato con el actual prestador del servicio, y no tanto a la formulación de las ofertas del contrato que ahora se licita, por cuanto es posible con los datos de la matrícula que figura en el pliego de los vehículos afectados obtener la información necesaria para una adecuada realización de la oferta. Finalmente, plantea la nulidad plena del procedimiento por omisión de trámites de gran trascendencia, así como en su caso falta de motivación de la Resolución, con base a los motivos anteriormente examinados. Al igual que las anteriores, esta alegación no puede ser atendida, pues ya ha quedado expuesto con anterioridad que frente a las resoluciones dictadas por este Tribunal no cabe ejercitar la acción de nulidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1: No procederá la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (actual Capítulo I Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos regulados en el artículo Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA. Primero. Inadmitir, por los razonamientos expuestos, el recurso interpuesto por D. A.C.B., en representación de la mercantil AUTOCARES BARAZA, S.L., contra la Resolución de este Tribunal número 257/2017, de 10 de marzo. Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de temeridad o mala fe en la interposición del este recurso a los efectos de lo dispuesto por el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo dela Audiencia Nacional, en el plazo dos meses a contar desde el día siguiente a la

8 8 recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.