RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Recurso nº 32/2017 C.A. Galicia 5/2017 Resolución nº 183/2017 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 17 de Febrero de 2017 VISTO el recurso interpuesto por D. G.A.S., en representación de la Empresa URBASER, S.A., contra la adjudicación adoptada el 16 de diciembre de 2016 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de A Fonsagrada (provincia de Lugo) en la licitación del contrato para el Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. El Ayuntamiento de A Fonsagrada convocó, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 8 de junio de 2016, en el Boletín Oficial del Estado del 4 de agosto de 2016 y en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 7 de junio de 2016, licitación para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de A Fonsagrada. El valor estimado del contrato es de ,56 euros. Segundo. Tras el procedimiento legalmente establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el contrato se adjudicó por el Pleno del Ayuntamiento a la mercantil SERVIZOS DOS CONCELLOS GALEGOS, S.L.U. por un precio anual de ,73 euros, con el IVA correspondiente ya incluido. Dicha oferta resultaba la más ventajosa, con una puntuación total de 93,31 puntos, de los que 37,50 correspondieron a los criterios ponderables mediante juicio de valor (sobre C) y 55,81 a los criterios cuantificables automáticamente (Sobre B), entre los que se incluía la oferta económica. En segundo lugar, quedó la empresa URBASER, S.A., con 93,25 puntos, de los que 33,25 corresponden a los criterios ponderables mediante juicio de valor y 60 a los criterios cuantificables AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

2 2 automáticamente, y en tercer lugar, quedó la empresa SOIL RECOYERY, S.L., con 84,49 puntos, de los que 37,50 son de los criterios ponderables mediante juicio de valor y los restantes 46,99 a los criterios cuantificables automáticamente. Tercero. Con fecha 10 de enero de 2017, la empresa recurrente formuló el preceptivo anuncio previo al recurso especial que fue presentado ante este Tribunal el 11 de enero. Cuarto. La Secretaría del Tribunal en fecha 24 de enero de 2017 dio traslado del recurso interpuesto para alegaciones a las empresas licitadoras, habiéndolas presentado el 31 de enero de 2017 la empresa adjudicataria, SERVICIOS DOS CONCELLOS GALEGOS, S.L. oponiéndose a la estimación del recurso. Quinto. Con fecha 19 de enero de 2017, la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, resolvió mantener la suspensión del expediente de contratación, producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP, de forma que, según lo establecido en el artículo 47.4 del mencionado texto legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Este Tribunal es competente para resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en el artículo º del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC), y en el Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Galicia, publicado mediante resolución de la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas de 12 de noviembre de 2013 en el BOE el día 25 de noviembre. Segundo. El acto objeto del recurso es susceptible de recurso especial en materia de contratación, al tratarse de la adjudicación del contrato, que, además, está sujeto a regulación armonizada (art. 40 TRLCSP).

3 3 Tercero. El recurso ha sido interpuesto en el plazo de quince días establecido en el artículo 44.2 del TRLCSP y se ha anunciado el recurso previo ante el órgano de contratación. Cuarto. La empresa recurrente está legitimada porque presentó oferta a la licitación (art. 42 TRLCSP). Quinto. En cuanto a los motivos en los que se fundamenta el recurso, la empresa recurrente se fundamenta en una errónea interpretación por el órgano de contratación de la cláusula décima del pliego de condiciones administrativas, referente a la valoración de los criterios cuantificables automáticamente, sobre B, correspondiente a la oferta económica que dice: "No se otorgará puntuación ninguna a las ofertas que se presenten por el tipo de licitación. Las demás ofertas se valorarán objetivamente atendiendo a criterios de proporcionalidad matemática, es decir, se le otorgará la mayor puntuación a la empresa que mejor oferta realice, y a los restantes en proporción a ésta, por regla matemática de tres". Pues bien, la empresa recurrente alega que el cálculo de la puntuación de la oferta económica incurre en arbitrariedad. Afirma que la fórmula utilizada por la Mesa de Contratación, según se indica en el documento de resumen con las puntuaciones de todos los licitadores, ha sido una regla de tres inversa, es decir, valora las ofertas inversamente proporcional al precio, otorgándose la máxima puntuación (20 puntos) a la oferta más baja y al resto en proporción inversa a esa mejor oferta. Sin embargo, la empresa recurrente plantea una interpretación distinta del pliego. En ella la distribución de puntos para los licitadores estará entre la puntuación máxima 20 puntos (otorgada a la oferta más económica) y la mínima de 0 puntos (en el caso de que el importe ofertado coincide con el precio máximo del contrato). Los puntos de los restantes licitadores se asignarán en proporción directa a la baja efectuada respecto al precio base del contrato, obteniéndose una menor puntuación cuanto más nos aproximemos al tipo de licitación. La empresa recurrente propone la siguiente fórmula de valoración: Vi= 20*(L-Pi)/(L-Pmin).

4 4 Donde, Pi es el presupuesto de la oferta a considerar, L el presupuesto base de licitación y Pmin, presupuesto de la oferta más baja. La aplicación de una u otra fórmula conduce a consecuencias muy diferentes a las acordadas por la Mesa, puesto que tomando como referencia el precio de licitación: ,76 IVA excluido, la puntuación, según la empresa recurrente, sería la siguiente: EMPRESAS Precio sin IVA % baja Baja económica Puntuación asignada URBASER,S.A , % ,14 20,00 SOIL RECOVERY, S.L ,36 2,00% 2.729,40 3,38 S.C. GALEGOS,S.LU ,76 0,99 % ,67 El resultado, aplicando la fórmula utilizada por la Mesa de contratación, es el siguiente: EMPRESAS Precio sin IVA Puntuación asignada URBASER,S.A ,62 20,00 SOIL RECOVERY, S.L ,36 17,99 S.C. GALEGOS,S.LU ,76 17,80 Sexto. En su informe, el órgano de contratación alega que el recurso debe ser desestimado. Considera que, de acuerdo con el artículo del TRLCSP, los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el Órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo, de lo que hay que concluir que no pueden utilizarse en la valoración de las ofertas criterios o fórmulas distintas de las que figuren en los pliegos. A continuación, añade que en la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas se recoge que a la que mejor oferta realizada se le otorgará la mayor puntuación, y a los restantes en proporción a esta, por regla matemática de tres. Si bien se omitió el término

5 5 inversa y no se especifica explícitamente la fórmula a emplear, se considera que la aplicación de una simple regla de tres directa sobre el precio nos llevaría a resultados incongruentes, otorgando la menor puntuación a la oferta económicamente más ventajosa y viceversa. De lo dispuesto en el pliego se deduce que la fórmula matemática a aplicar se corresponde con una regla de tres inversa, es decir, valora las ofertas en forma inversamente proporcional al precio, de forma que se otorga la máxima puntuación a la oferta más baja y al resto se le asignan en proporción inversa con la misma, sin utilizar como criterio el presupuesto base de licitación. La fórmula que se aplica se corresponde con la siguiente: P= pm * mo/0, Siendo, P= puntuación de la oferta Pm= puntuación máxima para el criterio a valorar 0= valor cuantitativo de la oferta que se valora Esta fórmula arroja un resultado coherente y equitativo con las distintas ofertas presentadas, dado que no existe gran diferencia en las ofertas económicas presentadas por las tres empresas respecto del presupuesto máximo de licitación. Concluye afirmando que de hecho este fue el criterio seguido en la adjudicación del anterior contrato para este mismo servicio, tramitado en el año 2005, y es la fórmula habitual empleada por el Ayuntamiento en los procedimientos de contratación, y por lo tanto se ha aplicado la misma para no apartarse de actuaciones precedentes, tal y como se establece en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de! Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Séptimo. Por su parte, la empresa adjudicataria solicita la desestimación del recurso, con imposición de sanción económica por temeridad en su planteamiento. Entiende que el órgano de contratación ha interpretado adecuadamente el pliego. Subraya que la cláusula décima utiliza la remisión a ésta ; pronombre femenino que,

6 6 evidentemente, se ha de referir a "la mejor oferta realizada" (sustantivo femenino más próximo al pronombre en la oración). Al respecto, no alcanzamos a comprender de dónde deriva la retorcida "interpretación" planteada por URBASER que intenta hacer decir al pliego algo que en ningún lugar del mismo se recoge. Así, no entendemos de dónde proviene la supuesta referencia que se pretende hacer a la valoración de ofertas en relación al presupuesto máximo de licitación. Dicho dato no aparece consignado en ninguna parte del PCAP como elemento a considerar para valorar las ofertas económicas, más allá de que se otorgaría a un 0 a aquellas propuestas económicas que coincidan con dicho presupuesto de licitación (lo que no ocurre en el presente caso, claro está). Añade que el pliego es la Ley del contrato y que, por tanto, los licitadores una vez que presentan oferta a la correspondiente licitación, han de someterse al mismo. Por tanto, no resulta posible que, en este momento, URBASER muestre su disconformidad con la redacción del pliego y la concreta fórmula de valoración a utilizar. Entendemos que tampoco resulta necesario en esta sede aclarar que la normativa vigente en materia de contratación pública exige que las fórmulas de valoración de criterios objetivos hayan de ser proporcionales pero, dentro de dicha proporcionalidad, existen múltiples opciones. Es más, URBASER plantea en su recurso dos opciones perfectamente válidas. El caso es que el pliego ya se había decantado previamente por una de las mismas y, por tanto, tiene que ser esa y no otra la que finalmente se aplique. Así lo ha hecho el órgano de contratación por lo que su actuación resulta exquisita a juicio de esta parte y ningún reproche cabe frente a la misma. Octavo. Este Tribunal considera que la interpretación de la cláusula décima del pliego hecha por el órgano de contratación es correcta. En efecto, partiendo del criterio sostenido reiteradamente por el Tribunal de que los pliegos son la ley del contrato, y que a ellos debe acomodarse tanto la actuación tanto de los licitadores como del órgano de contratación, la cláusula décima PCAP cuando afirma que "no se otorgará puntuación ninguna a las ofertas que se presenten por el tipo de licitación. Las demás ofertas se valorarán objetivamente atendiendo a criterios de proporcionalidad matemática, es decir, se le otorgará la mayor puntuación a la empresa que mejor oferta realice, y a los restantes en proporción a ésta,

7 7 por regla matemática de tres", establece que la valoración debe hacerse de acuerdo con una regla de tres inversa, partiendo exclusivamente de la máxima puntuación que se otorga a la oferta económica más baja. Como afirman tanto el órgano de contratación como la empresa adjudicataria la fórmula que propone la recurrente, hace la valoración en proporción directa a la baja realizada sobre el presupuesto base de licitación, y en el pliego no se hace referencia en ningún momento a la baja sobre el presupuesto de licitación, sino que se refiere en todo momento a la oferta. A mayor abundamiento, si se aplica la fórmula propuesta por la empresa recurrente, se llega a la conclusión antes expuesta en el que al resto de los licitadores se les atribuye una puntuación desproporcionadamente baja de 1,67 puntos y 3,38 puntos para S.C. Galegos y Soil Recovery, respectivamente, frente los 20 puntos que recibiría la recurrente, cuando el precio ofertado por los tres licitadores con respecto a la base de licitación es similar y están todos en un rango de diferencia máxima inferior al 12% con respecto al propuesto en el pliego. Esta conclusión, por arbitraria, no sería aceptable y, lo que es decisivo, no es la prevista en el PCAP. La interpretación que ha hecho la mesa de lo dispuesto en el pliego es correcta y, por tanto, el recurso debe ser desestimado. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. G.A.S., en representación de la empresa URBASER, S.A., contra la adjudicación adoptada el 16 de diciembre de 2016 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de A Fonsagrada (provincia de Lugo) en la licitación del contrato para el Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación de acuerdo con el artículo 47.4 del TRLCSP.

8 8 Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.