LA INTEGRACIÓN SOCIO-EDUCATIVA COMO FIN DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL

Transcripción

1 LA INTEGRACIÓN SOCIO-EDUCATIVA COMO FIN DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL La justicia penal juvenil tiene como finalidad fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal y a la vez promover su integración social mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas. Para conseguir estos fines, el juez especializado tiene que tener en cuenta a la hora de imponer la sanción no sólo la infracción cometida, sino toda una serie de factores psicológicos, familiares y sociales en base a los que se determinarán las medidas que mejor incidan en su educación y formación. Cabe mencionar que la psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte inimputable, sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos delictivos no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar su integración social y evitar en todo momento que sea privado de su derecho fundamental a la educación y la participación en la vida social. La razón de ser está en el reconocimiento de la adolescencia como una etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional, educativa y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que implica la necesidad de buscar alternativa en clave de inserción social. El sistema penal juvenil debe propiciar que el adolescente repare el daño causado, realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente y sólo frente a la comisión de delitos graves se aplique la pena privativa de la libertad como último recurso, únicamente para delitos muy graves y por el tiempo más breve posible.

2 Ello así puesto que el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos de conducta, contribuye a su desarraigo, a su estigmatización y a su desocialización. La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores recomiendan la organización de una justicia especializada que permita una intervención interdisciplinaria para poder determinar medidas o salidas alternativas a la sanción privativa de la libertad. El corpus juris internacional propicia que las medidas en libertad en el entorno social y comunitario al que pertenece el adolescente infractor ocupen el grueso de los posibles listados: evitar que se inicie un proceso penal por hechos insignificantes, la utilización de la mediación penal o la probation o suspensión del juicio a prueba (la realización de tareas comunitarias, la reparación del daño y el deber de cumplir ciertas reglas de conducta a cambio de la extinción de la acción penal). Este tipo de salidas alternativas es denominado en las Reglas de Beijing como remisión. Asimismo, en aras de reducir el efecto de estigmatización del proceso y la sanción penal el juicio oral no es público y rige la confidencialidad respecto del nombre del adolescente en conflicto con la ley penal. La amonestación; la multa; la reparación del daño causado; la prestación de servicios a la comunidad; la libertad asistida son otras de las medidas alternativas expresamente previstas por la comunidad internacional. Se estima que las medidas alternativas facilitan la inserción social de los adolescentes en un número muy elevado de casos. El hecho de que se cuente con su consentimiento y su participación en la elaboración del plan educativo y con la participación de los padres o representantes y de la comunidad a lo largo del cumplimiento permiten que el adolescente infractor reflexione sobre las consecuencias de sus acciones y reciba y se sienta estimulado ante el reconocimiento que la comunidad le brinda si cumple con el plan pactado. APLICACIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS EN LA ARGENTINA

3 En la Argentina aún hoy impera el decreto ley como ley de fondo, la que no ha fue concebida para propiciar la inserción social de los jóvenes infractores. Dicha norma no garantiza la existencia de una justicia especializada ni de medidas alternativas con contenido socioeducativo en todo el país Aún así, es cierto que muchas provincias se han aggiornado a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y al resto del corpus iuris internacional dictando normativas de forma en las que en algunos casos se contempla expresamente la aplicación de medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad. También es cierto que pese a ciertos avances normativos también se observe cierta resistencia a la aplicación de medidas que no sean la privación de libertad, falta de capacitación en especialidad en operadores, dificultades presupuestarias y de articulación entre los poderes judiciales y los organismos de protección de derechos de niñez y adolescencia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en principio tiene previsto para el primer semestre del año 2017 elaborar un nuevo proyecto de ley penal juvenil acorde a los estándares internacionales de la CDN y a la ley nacional de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Subsecretaría de Política Criminal ha coorganizado con Unicef Argentina unos Diálogos Federales hacia una nueva Ley Penal juvenil al que concurrieron al menos dos representantes de cada Provincia. En el marco de los mismos se realizaron mesas de debate, dos de las cuales versaron sobre medidas alternativas al proceso y medidas alternativas a la privación de libertad, respecto de las cuales se están realizando relatorías. El contenido de las mismos son un primer insumo para abordar el proyecto de ley, pero también, relevar necesidades de las provincias para abordar mejoras, pues entendemos que más allá de una futura ley, las prácticas pueden adecuarse progresivamente al paradigma de derechos instalados por la Convención.

4 Asimismo la Dirección de Política Criminal y la Subsecretaría de Política Criminal participaron activamente del Seminario internacional Derechos de la infancia, seguridad ciudadana y penas no privativas de libertad: dimensión sociojurídica y comunicacional organizado por Unicef Uruguay y la Oficina del Representante especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, realizado los días 30 y 31 de agosto de 2016 en Montevideo. En el mismo se realizaron talleres de trabajo en los que participaron expertos y operadores de los sistemas penales adolescentes de varios países de la región, así como reconocidos expertos internacionales, con el objetivo de elaborar recomendaciones para que los sistemas de justicia penal adolescente limiten la utilización de la privación de libertad y fortalezcan las sanciones de tipo no privativas. Las recomendaciones fueron las siguientes: Reducir la privación de libertad; Los Estados deben contar con un sistema especializado de justicia penal adolescente alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño, así como leyes, tribunales, fiscales, abogados y operadores sociales con conocimientos específicos sobre niñez y adolescencia; Los Estados deben garantizar el presupuesto necesario para asegurar la especialización del sistema de justicia penal juvenil; Las políticas de justicia penal juvenil requieren la creación de mecanismos que aseguren la coordinación permanente entre los ejecutores directos de los programas, el sistema judicial y los servicios sociales; Los sistemas de justicia penal juvenil deben contar con sistemas de información y estadística confiables establecidos por ley, que generen evidencia empírica para su diseño, implementación, gestión, monitoreo y evaluación; Comunicación de las penas no privativas de libertad. Los sistemas penales juveniles deben dar a conocer a la opinión pública las penas no privativas de libertad como sanciones eficientes y eficaces para gestionar la conflictividad adolescente, con efectos menos nocivos que la privación de libertad. En tal sentido es menester realizar un relevamiento a nivel federal sobre la existencia, aplicación y modalidad de todas las medidas socioeducativas y

5 restaurativas que puedan considerarse de aplicación en la justicia penal juvenil como alternativas al proceso y/o a la privación de libertad y como respuestas integradoras a las víctimas y a la comunidad. PROPUESTA DE RELEVAMIENTO - En ese marco se propone realizar un relevamiento vía telefónica, así como también in situ en las distintas Provincias y CABA, con el objetivo de determinar qué medidas restaurativas de resolución de conflictos se aplican en cada una de las jurisdicciones y las especificidades de cada caso. A continuación se detalla el contenido de la entrevista a realizarse a distintos actores relevantes de la materia de cada jurisdicción.