Tijuana, Baja California, a nueve de Marzo de dos mil dieciséis.

Transcripción

1 1 ************* VS. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN URBANA DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA Y OTRA AUTORIDAD EXPEDIENTE: 1132/2014 SS Tijuana, Baja California, a nueve de Marzo de dos mil dieciséis. V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del Juicio Contencioso Administrativo número 1132/2014 SS, promovido por ************, en contra de las autoridades SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y DIRECTOR DE CONTROL URBANO, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, y R E S U L T A N D O 1.- Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha diez de diciembre de dos mil catorce, compareció ante esta Sala *************, instaurando demanda en contra de las autoridades SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y DIRECTOR DE CONTROL URBANO, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, señalando como acto impugnado: El ilegal dictamen de invasión en vía pública, así como de orden de desocupar, trasladar, demoler y/o retirar lo que en flagrante violación a las garantías de fundamentación y motivación, dice la autoridad invade la vía pública, con la amenaza de llevar a cabo el retiro o demolición de los obstáculos de que se trate. Dicho acto de autoridad se encuentra contenido en el oficio número **********, de fecha 27 de octubre del año 2014, mismo que fue suscrito por el C.P. ANDRES GOMEZ NAJERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE CONTROL URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, y del cual, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que lo conocí el día 27 de noviembre de 2014, al haberse dejado en forma simple y sin la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento por personal de la misma autoridad demandada, dejado, como digo, sin mayor formalidad en el domicilio, mismo que conocí en la fecha descrita. 2.- La parte actora señaló como hechos constitutivos de su demanda los siguientes: Primero.- El suscrito me encuentro en posesión material y jurídica de un bien inmueble ubicado en avenida López Mateos número 48, carretera libre Tijuana- Ensenada, Colonia Plan Libertador, playas de Rosarito, Baja California, del cual he detentado la posesión de una forma pública, pacífica, continua y a título de dueño, desde el año 2006, bien inmueble en el cual lleve a cabo una construcción, construcción en la que se encuentra instalada una negociación denominada venta de terrenos, y de la cual la suscrita obtiene ingresos de manera lícita que sirven de sustento para mi familia y que es mi única fuente de ingreso. Segundo.- El día 27 de noviembre de 2014, encontré en la puerta de mi negocio, sin formalidad alguna, el oficio número **********, de fecha 27 de octubre del año 2014,

2 2 mismo que fue suscrito por el C.P. ANDRES GOMEZ NAJERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE CONTROL URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, dejado, como digo, sin mayor formalidad en el domicilio, mismo que conocí en la fecha descrita. Tengo el temor fundado de que la autoridad emisora del acto impugnado, cumpla con su amenaza de llevar a cabo, mediante el uso de la fuerza, la demolición o retiro de mi negociación, dejando desamparada a mi familia y al suscrito, pues como ha de notar esta H. Autoridad, me encuentro en un estado de vulnerabilidad ante la inminente posibilidad de que la hoy demandada, abusando de su poder, lleve a cabo actos de imposible reparación en mi perjuicio, máxime que el suscrito desconoce cuales son los motivos, razonamientos lógico jurídicos y fundamentos legales que la autoridad utilizo al momento de decidir emitir el acto administrativo que depara perjuicio a mi esfera jurídica, lo que me deja en un grave estado de indefensión y que me obliga a acudir ante este H. órgano jurisdiccional a solicitar la justicia a que todo gobernado aspira. 3.- La parte actora hizo valer motivos de inconformidad, que por economía procesal se tienen como si a la letra se reprodujeran en el presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y textos siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 4.- La demandante ofreció como pruebas: "1. DOCUMENTAL PUBLICA.- Oficio número **********, de fecha 27 de octubre del año 2014, emitido por el C.P. ANDRES GOMEZ NAJERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE CONTROL URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, dejado simplemente en el domicilio del predio del actuante, y que conocí el día 27 de noviembre de Niego lisa y llanamente tener conocimiento de los documentos que dice la autoridad tener en su posesión y que le sirvieron para emitir el acto de autoridad impugnado, pues no constan en mis archivos ningún antecedente legalmente notificado de dichos documentos. 3.- Solicito de la autoridad administrativa, copia del expediente administrativo de donde emana el acto de autoridad impugnado, para así allegarme de elementos que me permitan llevar a cabo la ampliación de demanda. 4.- Las presunciones legales y humanas que me favorezcan. 5.- Por auto de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, se admitió la demanda, ordenándose emplazar a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la demanda instaurada en su contra mediante escrito recibido en esta Sala el doce de febrero de dos mil quince. 6.- En fecha quince de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, citándose a las partes para sentencia.

3 3 7.- Mediante proveído de fecha veinte de agosto de dos mil quince, se ordenó notificar a las partes el cambio de Magistrado titular de esta Sala, en los términos del artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente en la materia por disposición del artículo 30 de la Ley del Tribunal, y hechas que fueron las notificaciones correspondientes, se está en aptitud de emitir la presente resolución, lo cual se hace al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S I.- Competencia. Esta Sala es competente por materia para conocer del presente juicio, en virtud de promoverse en contra de un acto emanado de autoridad administrativa municipal, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 22 fracción I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, de aquí en adelante referida como Ley del Tribunal; asimismo, es competente por territorio, en virtud de que se promueve por un particular, quien señala domicilio en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, el cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial de esta Sala, que fue fijada por acuerdos del Pleno de este Tribunal, en sesiones de fechas 30 de junio de 1994 y 6 de septiembre de 1997, de conformidad con lo dispuesto por los diversos Artículos 17 fracción VI, 18 fracción II, 21 y 23 de la citada Ley. II.- Existencia del acto o resolución impugnada. La parte actora señala como acto impugnado el dictamen de invasión de la vía pública y orden de desocupar, trasladar, demoler y/o retirar las construcciones existentes en el inmueble que dice poseer desde el año 2006, ubicado en Avenida López Mateos número 48, carretera libre Tijuana-Ensenada, Colonia Plan Libertador de Playas de Rosarito, Baja California. La existencia de dicho acto, quedó plenamente probada en autos con el oficio número ********** de fecha 27 de Octubre de 2014, signado por el Director de Control Urbano del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, consultable en las fojas 15 a 19 de autos, de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 322 fracción II, 323 y 405 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente en la materia, por disposición del artículo 79 de la Ley del Tribunal. III.- Procedencia.- Por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente, se procede a analizar si en el presente juicio se actualiza alguna de las causales de improcedencia, que impida el análisis de fondo del juicio.

4 4 El acto impugnado fue emitido y signado únicamente por la autoridad demandada Director de Control Urbano del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. En la emisión del mismo no se advierte la intervención de la diversa autoridad demandada Secretario de Administración Urbana de Playas de Rosarito, Baja California. En razón de ello, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Tribunal, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio únicamente en lo que corresponde al Secretario de Administración Urbana de Playas de Rosarito, Baja California, en atención a lo previsto en la fracción II del artículo 41 de la Ley mencionada. La diversa autoridad demandada Director de Control Urbano del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, en su escrito de contestación de demanda, solicita el sobreseimiento del juicio, argumentando al efecto que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 40 fracción VIII, en relación con los artículos 41 fracciones II y IV de la Ley del Tribunal. Refiere al efecto que en fecha 27 de Enero de 2015, dejó sin efectos el acto impugnado, mediante oficio sin número, signado tanto por la autoridad mencionada como por su superior jerárquico Secretario de Administración Urbana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, y que tal determinación fue notificada al demandante mediante oficio ********** de fecha 29 de Enero de A efecto de probar lo anterior, exhibió copia simple de la determinación de fecha 27 de enero de 2015, signada por las autoridades Secretario de Administración Urbana y Director de Control Urbano, ambos del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, consultable en la foja 37 de autos; copia simple del oficio ********** signado por las mismas autoridades de fecha 29 de enero de 2015, dirigido a la demandante, con una firma en original al margen de dicho documento, que dice: **********. ; copia simple del oficio ********** dirigido al Inspector de Regulación Municipal de la Dirección de Control Urbano, con la misma firma al margen, así como original del acta de notificación de fecha 29 de enero de 2015 signada en por la hoy actora y el Inspector de Regulación Municipal. La parte actora, en su escrito de desahogo de la vista ordenada por auto de fecha 18 de febrero de 2015 acepta que efectivamente la autoridad demandada dejó sin efectos el acto impugnado, sin embargo sostiene que es improcedente el sobreseimiento del juicio, en razón de que no tiene la certidumbre jurídica de que la autoridad demandada volverá a intentar emitir el

5 5 acto impugnado, porque no obtendría sentencia de fondo, violentando su derecho al acceso a la justicia completa establecido en el artículo 17 Constitucional, pues no se encuentra satisfecha su pretensión. De lo anterior deviene lo siguiente: No es un hecho controvertido por las partes que las autoridades demandadas mencionadas, revocaron el acto impugnado, pues así lo aceptan y manifiestan en los escritos ya referidos. Del contenido del oficio sin número, de fecha 27 de enero de 2015, se advierte que la autoridad demandada razona lo siguiente: una vez que analizamos el dictamen correspondiente al procedimiento de recuperación de la vía pública identificada como calle Adolfo López Mateos de la Colonia Plan Libertador de esta ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, se llega a la conclusión de que se dejaron de observar en su totalidad, las formalidades establecidas en el procedimiento, es la razón por la cual en nombre de nuestras representadas en este acto, se DEJA SIN EFECTOS el documento denominado DICTAMEN DE INVASIÓN EN LA VÍA PÚBLICA contenido en el oficio ********** de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, así como todo lo actuado dentro del procedimiento de invasión de la vía pública identificada como calle Adolfo López Mateos de la colonia Plan Libertador de esta ciudad de Playas de Rosarito, B.C., emitido en contra de la C. DIANA ESTHER MORALES ACOSTA Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora plantea diversos motivos de inconformidad con respecto a las formalidades que dice se incumplieron en la emisión del acto impugnado, y manifiesta que no está fundada y motivada la competencia, que desconoce el origen de la determinación para ordenar el desalojo y que la resolución impugnada contiene una indebida e insuficiente motivación, ya que la autoridad demandada no le dio a conocer los documentos en que se sustenta su decisión, no sólo dice que tiene en su poder documentos que así lo señalan, sin indicar cuáles son estos documentos ni haberle proporcionado copia de los mismos, es decir, que desconoce el origen del acto impugnado, calificando como vaga la motivación del acto. Niega que la autoridad señale que el predio que posee sea propiedad del Municipio de Playas de Rosarito. Así las cosas, la pretensión del demandante se limita a tratar de obtener una sentencia por violaciones de naturaleza formal, porque es evidente que nunca niega que el predio que posee sea vía pública, ni ofreció probanzas para acreditar su legal posesión, limitándose a observar que el acto se encuentra falto de fundamentación y motivación en cuanto a la competencia, que no se le dieron a conocer los documentos que originan el acto, es decir, que se encuentra falto de motivación. Afirma que la

6 6 autoridad no menciona que el predio sea propiedad del Municipio, pero no niega que lo sea. Así las cosas, la resolución que obtendría en este Juicio, sería necesariamente por vicios de naturaleza formal. En las relatadas condiciones, esta Sala estima que la autoridad demandada al revocar el acto impugnado en los términos que lo hizo, dejando sin efectos todos el procedimiento de recuperación de la vía pública que lo originó, satisface la pretensión de la demandante, la cual debe desprenderse de los motivos de inconformidad. Es aplicable la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.18 A (10a.) Página: 1893 REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. PARA VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR ESE MOTIVO, LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE DEBE DEDUCIRSE DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE.", se advierte que, en los casos en los que la autoridad revoque el acto impugnado en el juicio de nulidad, el referente para determinar si ese acto origina el sobreseimiento en el juicio de nulidad es el examen de la pretensión del accionante. Así, en los casos en los que la autoridad revoque el acto impugnado, lo relevante para determinar si lo anterior origina el sobreseimiento en el juicio es atender a la pretensión del actor al promover el juicio de nulidad, la cual se deduce de lo planteado en los conceptos de anulación de su demanda. De este modo, si en la demanda se proponen conceptos de anulación tendentes a evidenciar vicios formales o procesales del acto impugnado, la pretensión que se deduce es la anulación del acto por adolecer de vicios de legalidad de ese orden y, en consecuencia, por lo general, tal nulidad no origina que la autoridad no pueda reiterar ese acto, una vez subsanados tales vicios. Por su parte, si en la demanda de nulidad se proponen argumentos relacionados con vicios de fondo, se deduce que la pretensión del actor es que se declare la nulidad lisa y llana del acto, en contrapartida a la revocación originada por vicios formales, en que la pretensión es que se declare una nulidad para efectos. En consecuencia, en el supuesto en análisis, sólo se considerará satisfecha plenamente la pretensión del actor en el caso de que la revocación del acto administrativo origine los mismos efectos que si se hubiera declarado la nulidad del acto administrativo por ser fundado el concepto de anulación que mayor beneficio le hubiera generado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

7 7 Amparo directo 36/2009. Grupo Staar, S.A. de C.V. 5 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García. Amparo directo 712/2013. Rocío del Carmen Sepúlveda Alzúa. 22 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho. Nota: La tesis 2a./J. 156/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 226. Por consiguiente, esta Sala estima que la autoridad demandada satisfizo la pretensión del demandante, actualizándose la causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 41 fracción IV de la Ley del Tribunal. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 y 82 fracciones I, II y III de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, se R E S U E L V E PRIMERO.- De conformidad con los razonamientos vertidos en los considerandos III y IV de esta resolución, se sobresee el presente juicio contencioso administrativo promovido por Diana Esther Morales Acosta, en contra de las autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y DIRECTOR DE CONTROL URBANO, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas. Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguilés Robert, Magistrada Supernumeraria Titular de la Segunda Sala; y firmó ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos Licenciada Norma Patricia Bravo Castro, quien da fe.

8 8 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1132/2014 S.S., EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN SIETE FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.