ANTECEDENTES. A la reclamación se adjunta la siguiente documentación: -Facturas de --, S.L.U., de 13 de febrero de 2006, por importe de 180 euros.

Transcripción

1 Dictamen nº 44/2008 El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2008, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, mediante oficio registrado el día 9 de abril de 2007, sobre responsabilidad patrimonial instada por x., en nombre y representación de su hijo, debida a accidente escolar (expte. 69/07), aprobando el siguiente Dictamen. ANTECEDENTES PRIMERO.- Mediante oficio de 8 de noviembre de 2006, la Secretaria del Instituto de Educación Secundaria (IES) Felipe de Borbón, de Ceutí, remitió a la Consejería de Educación y Cultura un escrito formulado por x., de reclamación por los daños y perjuicios sufridos el 25 de octubre de 2006 por su hijo en el citado IES, relatando así los hechos: Estando en la clase 109 el alumno se sienta y se vuelve para coger los libros, en el movimiento de la silla la pieza que sustituye (sic) la persiana se sale golpeando al alumno en la cara. En consecuencia del golpe las gafas de dicho alumno se rompen. A la reclamación se adjunta la siguiente documentación: -Copia compulsada del Libro de Familia. -Facturas de --, S.L.U., de 13 de febrero de 2006, por importe de 180 euros. -Informe de accidente escolar, de 8 de noviembre de 2006, del Director del centro, describiendo los hechos del mismo modo que en la citada reclamación. SEGUNDO.- Con fecha 20 de noviembre de 2006, el Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura resuelve admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y nombrar instructora del expediente, siendo notificada la resolución a la interesada. TERCERO.- Mediante oficio del órgano instructor de 13 de diciembre de 2006 se solicitó informe a la Dirección del centro escolar sobre el acaecimiento de los hechos, siendo cumplimentado mediante oficio de su Director de fecha 29 de enero de 2007, que adjunta informe de un profesor, en el que señala lo siguiente: "Los alumnos entran en el aula y se sientan, la columna de mesas más cercana a la pared sostiene el cajón con la cinta enrollable (de la persiana). Este elemento normalmente está atornillado y embutido en la pared, pero por causas desconocidas no tenía tornillos en este momento. El alumno se sienta y con la silla al moverse golpea el cajetín y éste se sale.

2 El movimiento de subida de la pieza golpea la cara del alumno y le rompe las gafas. Es pues simplemente un accidente, ya que la pieza fue después reparada, como suele hacerse de forma periódica. No sabemos por qué en ese momento la pieza no tenía los tornillos ( ). El material es, como puede verse, de plástico. No estaba defectuosa (la persiana), sólo mal anclada. La distancia (entre la mesa del alumno y la persiana) es de 50 cm. Sí puede considerarse que la proximidad de la silla ha sido determinante (en la producción de los hechos). En el informe se incluyen dos dibujos de la cinta enrollable de la persiana en cuestión. CUARTO.- Con fecha 19 de febrero de 2007 se dirigió oficio a la interesada comunicándole el cambio de instructor, así como la apertura del trámite de audiencia, al objeto de que pudiera examinar el expediente, formular alegaciones y presentar cuantos documentos y justificaciones estimase pertinentes, sin que conste que en dicho plazo haya hecho uso de este derecho. QUINTO.- Advertido por la instructora que la fecha de la factura aportada por la reclamante era anterior a la del accidente, mediante oficio de 2 de marzo de 2007 se requirió a la interesada la oportuna aclaración. Con fecha 20 de marzo siguiente se recibió un escrito de la reclamante, en el que expresa lo siguiente: Las gafas, tras el impacto en el suelo, sufrieron la rotura de los cristales y de una de las patillas. La factura que se presentó (con fecha 13 de febrero de 2006), corresponde a las gafas que se rompieron, creyendo que era ese el gasto que debía cubrir el seguro. Ahora se envía factura de las nuevas gafas cuya compra se efectuó el 1 de febrero de El hecho de haber tardado tanto en adquirir las nuevas gafas se debe a que el niño pasa una revisión anual de graduación de la vista que le correspondía en febrero de 2007, por lo tanto, la óptica nos aconsejó que se podía hacer un arreglo provisional con las gafas rotas hasta que llegase la fecha de la revisión. Por lo tanto, en la óptica pegaron la patilla rota (quedando totalmente rígida, sin poderse doblar) y le puso unos cristales de otras gafas antiguas que tenía el niño. Actualmente el niño lleva sus gafas nuevas, con la graduación que le corresponde desde 1 de febrero de Adjunta a dicho escrito unas facturas de la citada óptica, de fecha 1 de febrero de 2007, por importe de 185 euros (100 por los cristales y 85 por la montura), que es la cantidad que ha de considerarse reclamada. 2

3 SEXTO.- El 27 de marzo de 2007 se formula propuesta de resolución estimatoria de la reclamación; en síntesis, por considerar acreditada la necesaria relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos educativos y el daño por el que se reclama. A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes PRIMERA.- Carácter del Dictamen. CONSIDERACIONES El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP). SEGUNDA.- Plazo, legitimación y procedimiento. I. La acción indemnizatoria ha sido ejercitada dentro del plazo anual que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). II. El hijo de la reclamante, menor de edad (actuando su madre en su representación legal), al sufrir los perjuicios imputados a la actuación administrativa, ostenta la condición de interesado para ejercitar la acción de reclamación, a tenor de lo dispuesto en el artículo LPAC, en relación con el 4.1 RRP. La legitimación pasiva de la Administración regional deriva de la titularidad pública predicable de la actividad educativa con ocasión de la cual se produce el accidente. III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos. TERCERA.- Relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y los daños por los que se reclama. Existencia. I. De las actuaciones practicadas puede afirmarse la conformidad de este Órgano Consultivo con la propuesta de resolución que las concluye, al advertir que concurren en el accidente sufrido por el alumno todos los requisitos que la LPAC exige para que la responsabilidad patrimonial de la Administración sea declarada a causa del mismo. En efecto, según el artículo 139 LPAC, cuando la Administración Pública, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ocasiona un daño 3

4 a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, aquéllos tienen el derecho a que la Administración les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente con relación a una persona o grupo de personas, siempre que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. Ahora bien, a este respecto el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en anteriores dictámenes emitidos en supuestos similares al presente, ha de destacar que si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter marcadamente objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998 y de 27 de mayo de 1999). Por otro lado, el Consejo de Estado, en reiterados Dictámenes, entre los que podemos citar el número 229/2001, mantiene un criterio similar al jurisprudencial, con el que coincide este Consejo Jurídico, al señalar que el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración no implica que deba responder necesariamente de todos los daños que puedan sufrir los alumnos en centros públicos, sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial, deberán darse los requisitos que la caracterizan, legalmente establecidos en los artículos 139 a 146 LPAC. II. Por lo que se refiere al caso objeto de Dictamen, coincidimos con la propuesta de resolución en la procedencia de declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, en cuanto el daño se debió a una deficiencia en las instalaciones del centro; en concreto, a la falta de la necesaria sujeción del cajón de una persiana del aula, motivado por la ausencia de los tornillos destinados al efecto, lo que motivó que, al golpear el alumno tal cajón, un mecanismo de la persiana le golpeara en la cara, rompiéndole las gafas. CUARTA.- La cuantía de la indemnización. Una vez determinado que el importe de reposición de las gafas es de 185 euros, según las facturas reseñadas en el Antecedente Quinto, procede el resarcimiento de dicha cantidad, que deberá actualizarse en su momento conforme con lo establecido en el artículo LPAC. En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las siguientes 4

5 CONCLUSIONES PRIMERA.- Existe relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos educativos y el daño por el que se reclama, por las razones expresadas en la Consideración Tercera de este Dictamen. SEGUNDA.- La cuantía de la indemnización que procede reconocer a la reclamante deberá ajustarse a lo señalado en la Consideración Cuarta del presente Dictamen. En consecuencia, la propuesta de resolución estimatoria de la reclamación se informa favorablemente. No obstante, V.E. resolverá. 5