Boletín Oficial de Canarias núm. 38, miércoles 23 de febrero de

Transcripción

1 Boletín Oficial de Canarias núm. 38, miércoles 23 de febrero de dependencias del Servicio Canario de Empleo en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, contendrá la documentación establecida en la cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa regional serán por cuenta del adjudicatario, según lo previsto en la cláusula 19.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación. Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de El Director, Claudio-Alberto Rivero Lezcano. 2.- Sobre 2: con el título Proposición económica para concurso suministro de agua mineral para las dependencias del Servicio Canario de Empleo en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, contendrá la proposición económica de conformidad con lo previsto en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación: las proposiciones serán presentadas en los Registros del Servicio Canario de Empleo, sitos en las direcciones indicadas en el apartado 6 del presente anuncio. Asimismo podrán ser enviadas por correo, en cuyo caso habrá de observarse lo previsto en la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación. 9. APERTURA DE LAS OFERTAS. Otros anuncios Consejería de Educación, Cultura y Deportes 477 ANUNCIO de 27 de enero de 2005, relativo a notificación de la Orden de 27 de septiembre de 2004, por la que se acuerda la revocación de la Orden de 25 de marzo de 2003, que declara la caducidad y archivo del expediente de declaración del Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor del Puerto de la Cruz (Tenerife) y de las Órdenes de 20 de febrero de 2004 y de 7 de julio de 2004, por las que se desestiman recursos de reposición contra la anterior. La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en la sede del Servicio Canario de Empleo, sita en Avenida Príncipes de España, s/n, Edificio Gabinete de Seguridad e Higiene, planta alta, Santa Cruz de Tenerife, para calificar la documentación contenida en el sobre 1. En el caso de que no se observaran defectos materiales o los apreciados no fueran subsanables, la Mesa procederá, en el mismo acto, a la apertura de las proposiciones económicas contenidas en el sobre 2. Si por el contrario se apreciaran defectos materiales subsanables en la documentación aportada, la Mesa podrá conceder un plazo no superior a tres días contados a partir del siguiente en que haya tenido lugar la publicación de los mismos en el tablón de anuncios del Servicio Canario de Empleo, para que los licitadores subsanen los correspondientes defectos, señalándose igualmente por la Mesa, el lugar, fecha y hora de apertura y lectura de proposiciones económicas. 10. GASTOS DE ANUNCIOS. Habiendo sido intentada la notificación a los interesados que se relacionan en el anexo, y de conformidad con lo dispuesto en el artº de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación de la siguiente Orden. I. ANTECEDENTES 1.- En virtud de la Orden de esta Consejería de 25 de marzo de 2003, a solicitud del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife mediante Resolución de 14 de febrero de 2003, fue declarada la caducidad y el archivo del expediente de declaración del Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor del Puerto de la Cruz (Tenerife), con efectos de 19 de julio de Por Orden de 20 de febrero de 2004 fue desestimado el recurso de reposición deducido por D. Felipe Machado del Hoyo Solórzano, contra la anterior Orden. 3.- A su vez, por Orden de 7 de julio de 2004 fue desestimado, asimismo, el recurso de reposición de-

2 3186 Boletín Oficial de Canarias núm. 38, miércoles 23 de febrero de 2005 ducido contra la primera de las Órdenes citadas, por el Ilmo. Sr. D. Marcos E. Brito Gutiérrez, Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- Dispone el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Dado que en el presente procedimiento de declaración de B.I.C. no se acredita la preceptiva denuncia de mora, no concurriría uno de los presupuestos de hecho que permitirían tal declaración. En este sentido la mora en su estricta concepción debe ser denunciada por los interesados en dicho procedimiento para que la caducidad produzca sus efectos, sin que conste en el expediente haberse presentado denuncia alguna. No concurriendo, en definitiva, todos los requisitos previstos por el citado precepto para poder declarar la caducidad del procedimiento, las Órdenes a que se hace referencia en los antecedentes de hecho de este acto se hallan incursas, pues, en causa de anulabilidad por lo que con arreglo a derecho procede revocarlas. Vistos los demás preceptos de general aplicación, Segundo.- Al no establecerse norma alguna sobre la competencia para revocar actos administrativos desfavorables o de gravamen, ha de entenderse ésta atribuida al mismo órgano competente para dictar el acto que se revisa. Tercero.- En el supuesto que nos ocupa se está en presencia de unos actos, la declaración de caducidad de un procedimiento de B.I.C. y de dos resoluciones desestimando recursos deducidos contra la misma, que, por razones de legalidad deben ser privados de efectos, por vulnerar el artículo 9.3 por la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, de aplicación al presente procedimiento en virtud de su Disposición Transitoria Sexta, en la interpretación dada por el Tribunal Supremo, por todas Sentencias de 10 de noviembre de 1999, R.J. 1999/9057. Citar que la Ley de 13 de mayo de 1933, de defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico artístico nacional, vigente al iniciarse el procedimiento cuya caducidad se ha declarado, no regulaba el instituto de la caducidad del procedimiento por causa imputable a la Administración. Según aquel precepto el expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiese sido incoado. La caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular. R E S U E L V O: Revocar la Orden de 25 de marzo de 2003, por la que se declara la caducidad y archivo del expediente de declaración del Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor del Puerto de la Cruz (Tenerife), así como las Órdenes de 20 de febrero de 2004 y de 7 de julio de 2004, por las que se desestiman recursos de reposición deducidos contra la anterior. Notifíquese la presente Orden a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Consejería en el plazo de un mes, o bien ser impugnada directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que sea procedente. De optarse por la interposición del recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, José Miguel Ruano León.

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