RESUMEN DE PONENCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL-SECCIÓN DE PUERTO RICO

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1 RESUMEN DE PONENCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL-SECCIÓN DE PUERTO RICO VISTAS PÚBLICAS DEL CAAPR SOBRE LEGISLACIONES SOCIECONÓMICAS APROBADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Ley Núm Enmiendas a Las APP Ley Núm Crea Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Ley Núm Ley Para Atender Las Crisis Económica, Presupuestaria y Fiscal Ley Núm Ley de Transformación Y Flexibilidad Laboral Ley Núm Ley de Descolonización Inmediata (Plebiscito) Ley Núm Ley de Administración Y Transformación de los Recursos Humanos del ELA de PR (Empleador Único) PONENTE: REPRESENTANTE: ASUNTO: Amnistía Internacional - Sección de Puerto Rico Sra. Liza M. Gallardo Martín, Directora Ejecutiva Medidas de austeridad y su impacto sobre los derechos humanos FECHA: 8 de febrero de 2017 LUGAR: Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Miramar, Puerto Rico A. DATOS Y OBSERVACIONES Las medidas de austeridad impuestas en Puerto Rico hasta el momento -o que han sido sugeridas son: la privatización de servicios, políticas fiscales regresivas, despidos en la plantilla pública, la reforma laboral y recortes en los fondos destinados a servicios de salud.

2 2 Los derechos que se ven afectados durante tiempos de crisis son los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Los DESC incluyen los derechos para los trabajadores, el derecho a la seguridad social y a la protección social, el derecho a la familia y a la asistencia a ésta, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación y los derechos culturales. En otros países, especialmente de Europa, han implementado medidas de austeridad iguales a los que se plantean en Puerto Rico para atender la crisis económica, resultando en graves violaciones a los derechos humanos que han desencadenado en más pobreza y desigualdad social. Algunos órganos internacionales han identificado el impacto general de las medidas de austeridad en los derechos humanos teniendo como referencia la crisis económica europea y problemas financieros que presentan muchos países. En España el salario mínimo se ha congelado muy por debajo del necesario para disfrutar de un nivel de vida decente. Esto ha ocasionado que las personas no pueden pagar sus hipotecas incrementando los desalojos, ejecuciones hipotecarias y reposiciones de casas. En Grecia los empleos son cada vez más difíciles de encontrar especialmente para los jóvenes. Según datos recientes ofrecidos por entidades gubernamentales, una cuarta parte de la población de Grecia está sin trabajo. Por otro lado, las medidas de austeridad han provocado que unos 800 mil griegos no tengan acceso médico debido a la falta de seguro o de recursos económicos para sufragar estos gastos (datos de la Organización Mundial de la Salud). Los grupos vulnerables más afectados o sectores de la sociedad particulares son aquellos que viven en pobreza, personas mayores, pensionados, mujeres, niños y niñas, personas con discapacidades e inmigrantes. Ciertas obligaciones básicas mínimas son absolutas y deben ser cumplidas por todos los países,

3 3 independientemente de su nivel de desarrollo o de los recursos disponibles. Entre ellas están el acceso a los alimentos esenciales, atención primaria de salud y educación básica. Esto significa que los programas de austeridad no pueden conducir a una situación que caiga por debajo del umbral de esas obligaciones básicas. Los Estados también deberían velar que sus obligaciones derivadas de cualquier acuerdo o acuerdo de reembolso o reestructuración de deuda no les impidan cumplir las normas básicas mínimas. Las medidas regresivas también deben garantizar que las protecciones dirigidas a los grupos más vulnerables, con recortes a los gastos sociales, económicos y culturales, deben ser proporcionales. La proporcionalidad exige no sólo un equilibrio justo entre el interés individual y el interés colectivo, sino también que la limitación no imponga una carga desproporcionada y excesiva a los individuos o a un sector particular de la población. (Énfasis del relator) Es necesario que los Estados tengan en consideración los principios transversales de los derechos humanos de no discriminación, equidad, participación, transparencia y responsabilidad para responder a una crisis económica. La política a implantarse debe ser una medida temporal que cubra solamente el período de crisis. Esta debe ser necesaria, proporcional y no discriminatoria, esto quiere decir que no solo tenga un impacto en los derechos de los individuos y grupos desfavorecidos y marginados. Además, la política debe asegurar un contenido básico mínimo de los derechos humanos y la protección social. B. ACCESO A LA JUSTICIA: El acceso efectivo a la justicia durante las recesiones económicas debe ser garantizado mediante el mantenimiento de la judicatura y el sistema de asistencia jurídica. Debe prestarse especial atención a la prestación de asistencia jurídica a los grupos vulnerables y marginados para que puedan presentar sus quejas; a las

4 4 instituciones y órganos nacionales de derechos humanos se les debe asignar una financiación suficiente y un mandato adecuado que les permita promover y proteger efectivamente los DESC. Esto incluye la capacidad de involucrar, monitorear y analizar los impactos de la crisis económica en los derechos humanos. Así como asegurar que los marcos regulatorios para los actores privados que proporcionan servicios estatales sean suficientemente sólidos y sujetos a mecanismos de quejas. C. RECOMENDACIONES: Los Estados deben garantizar que los DESC sean justiciables ante los tribunales nacionales. Adoptar un plan de acción nacional para los derechos humanos que garantice que éstos se tengan en cuenta en la legislación y en la formulación de políticas. Toda legislación debe someterse a un escrutinio eficaz para garantizar que cumple los derechos humanos y se rige por las disposiciones de las leyes y normas internacionales, regionales y nacionales pertinentes en materia de derechos humanos, así como las declaraciones de los órganos y expertos pertinentes. También se debería promulgar y aplicar plenamente una legislación amplia sobre la igualdad de trato, el derecho a la información cuando no existan y garantizar que las exenciones sean estrictamente limitadas y sujetas a una justificación rigurosa. Los Estados deberán maximizar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas pública durante todo el ciclo de políticas. Se recomienda realizar evaluaciones del impacto de los derechos humanos, la igualdad de las políticas y presupuestos sociales y económicos. Realizar auditorías de la política fiscal para determinar si los recortes de gasto son estrictamente necesarios identificando todas las posibles alternativas de

5 5 recursos. Además de emplear criterios estrictos para justificar las medidas fiscales regresivas. Establecer y revisar regularmente un núcleo mínimo para todos los derechos humanos, incluido el bienestar social, la asistencia sanitaria, la educación y un nivel de vida adecuado que incluya la vivienda. Como mínimo, este núcleo debe garantizarse a todas las personas, con miras a la realización progresiva de estos derechos. Garantizar la vivienda de protección social para todos, garantizando garantías de seguridad social para los ingresos básicos y la atención de la salud para asegurar el acceso universal a bienes y servicios esenciales durante una crisis económica. Aplicar medidas positivas en favor de los grupos vulnerables como parte de la obligación de darles prioridad, que son necesarias para abordar los efectos desproporcionados y compuestos de la crisis y las medidas de austeridad. Aplicar políticas sensibles al género, para hacer frente tanto al grave impacto de la crisis en las mujeres como a la necesidad de asegurar la inclusión de las mujeres en la recuperación. El impacto de los recortes presupuestarios en la financiación de las ONG debería evaluarse antes de su implementación para no poner en peligro la capacidad de la sociedad civil para controlar las consecuencias de la austeridad y prestar servicios a los grupos afectados. En tiempos de crisis económica los Estados no pueden abandonar los derechos humanos. Estos deben asumir deliberadas medidas para salvaguardar los derechos de los miembros de la sociedad más vulnerables y asegurar la mayor posibilidad del disfrute de sus derechos en las circunstancias por venir. Antes de embarcarse en medidas de austeridad, los Estados están obligados bajo los estándares de derechos humanos internacionales a asegurar que se han puesto a la tarea de examinar exhaustivamente todas las posibles opciones para proteger los derechos humanos antes de tomar las medidas de austeridad.