Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo)

Transcripción

1 Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo) Sentencia núm. 674/2011 de 1 julio JUR 2011\ SUELO Y ORDENACIÓN URBANA-URBANISMO: Intervención en la edificación y uso del suelo: infracciones urbanísticas: expediente sancionador: plazo para resolver: se sanciona una infracción detectada hace cuatro años sin que haya causa alguna que justifique este alargamiento injustificado del plazo: manifiesto abuso de derecho: nulidad procedente. Jurisdicción: Contencioso-Administrativa Recurso de Apelación núm. 45/2011 Ponente: Ilma. Sra. Mª Consuelo Uris Lloret T.S.J. MURCIA SALA 1 CON/AD ROLLO DE APELACIÓN nº 45/2011 SENTENCIA nº 674/2011 LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA SECCIÓN PRIMERA compuesta por los Ilmos. Sres.: D. Mariano Espinosa de Rueda Jover (Presidente), Dª. María Consuelo Uris Lloret, Dª. María Esperanza Sánchez de la Vega (Magistrados) ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente S E N T E N C I A nº 674/2011 En Murcia, a uno de julio de dos mil once. En el rollo de apelación nº 45/11 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia nº 414/10, de 4 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 791/09, tramitado por las normas del procedimiento ordinario, en cuantía indeterminada, en el que figuran como parte apelante Dña. Piedad, representada por el Procurador D. José María Hurtado López y dirigida por el Letrado D. Francisco Escobar Giner, y como parte apelada el Ayuntamiento de Murcia, representado por la Procuradora Dña. Carmen Rosagro Sánchez y dirigido por el Letrado D. Javier Vidal, sobre infracción urbanística; siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. María Consuelo Uris Lloret, quien expresa el parecer de la Sala. I.- ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la parte apelada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el día 24 de junio de 2011.

2 II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO La sentencia apelada estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución del Teniente de Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia de 24 de septiembre de 2009, por la que se impuso a la recurrente, en su calidad de promotora, una sanción de multa de ,06 por la comisión de una infracción urbanística grave consistente en la realización de construcción de vivienda unifamiliar de 3 plantas en Valle del Sol, Gea y Truyols, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. Mediante el citado acto se ordenaba, asimismo, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción. En la demanda se alegaban los siguientes motivos del recurso: 1) Infracción del principio de seguridad jurídica, al haberse iniciado procedimiento sancionador por los mismos hechos en dos ocasiones, declarándose su caducidad. 2) No ha resultado acreditado que la recurrente sea la promotora de las obras. 3) Vulneración del principio de proporcionalidad. El Juzgado estima en parte el recurso, acogiendo éste motivo de impugnación y reduciendo la sanción a una multa del 30% del valor de las obras. En el recurso de apelación se reproducen, en esencia, los motivos alegados en la primera instancia. La parte apelada se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos. SEGUNDO En lo que se refiere al primer motivo del recurso, alegaba la parte demandante, y reitera en la apelación, que se habían tramitado dos expedientes sancionadores por los mismos hechos, que finalizaron con sendas declaraciones de caducidad dictadas por el Ayuntamiento por haber transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento. Entiende la apelante que el reinicio de un nuevo procedimiento sancionador, en el que se ha dictado la resolución recurrida, infringe el principio de seguridad jurídica, y además constituye un abuso de derecho por parte de la Administración. En la sentencia apelada razona el juzgador de instancia que no existe inconveniente legal para el reinicio de expedientes caducados, debiendo hacerse en tanto no haya prescrito la infracción, y la propia actuación de la Administración encuentra su sanción en la medida en que los expedientes anteriores caducados no interrumpen el plazo de prescripción. La apelante invoca la sentencia de la Sala Tercera, Sección 4ª, del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2002, en la que se señala lo siguiente:

3 <<Desde luego, es cierto como alega el Abogado del Estado que resulta de aplicación el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 Nov., en virtud del cual la prescripción de las infracciones se produce a los cinco años. En términos estrictos fue, por tanto, conforme a derecho reiniciar los expedientes, ya que se había producido la caducidad de los mismos pero no había prescrito la infracción. Sin embargo, aunque ello sea cierto, esta Sala no puede dejar de apreciar que reiniciar varias veces un procedimiento tras sucesivas declaraciones de caducidad, al provocar una situación de inseguridad jurídica del administrado, puede dar lugar a que se aprecie la existencia de un abuso de derecho por parte de la Administración. No obstante, al resolver éste como otros recursos, estamos obligados por el mandato del artículo 33.1 de la Ley de la Jurisdicción (que reproduce el artículo 43.1 de la Ley de 1956) según el cual debemos juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamentan el recurso. En el caso de autos la parte recurrente no plantea de manera frontal este posible abuso de derecho, limitándose a hacer un relato de cómo ha transcurrido la tramitación de los procedimientos, relato salpicado por comentarios sobre el proceder del Consejo Regulador, y a argumentar en el sentido de que desde la incoación del expediente en 1999 hasta su resolución en 1999 han transcurrido más de seis meses. Por tanto, ya que debemos resolver dentro del límite de las alegaciones y pretensiones de las partes, no podemos apreciar la existencia del mencionado abuso de derecho." TERCERO Es evidente, y así se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo antes citada, que la cuestión planteada requiere un examen de las actuaciones en cada caso concreto. Así, mediante tal examen podrá determinarse si esa caducidad y reinicio sucesivo de procedimientos sancionadores, posible en principio mientras no prescriba la infracción, obedece a una causa o causas que le dan una razonable justificación, o por el contrario es resultado de una dejadez o abandono en el ejercicio de las potestades administrativas al no tramitar en plazo y en debida forma el procedimiento, recurriendo con posterioridad al mecanismo de reinicio del expediente para nuevamente dejar transcurrir el plazo máximo de resolución y así sucesivamente mientras no prescriba la infracción, intentando corregir en definitiva esa incorrecta tramitación con la apertura de un nuevo procedimiento. Un proceder de tal naturaleza supone una patente vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución), y el ejercicio de una potestad con abuso de derecho, pues como tales han de calificarse aquellos casos en que por la intención de su autor, por el objeto o por las circunstancias, se sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero (artículo 7 del Código Civil). En el presente caso consta que en fecha 8 de octubre de 2004 se extendió parte de infracción a la recurrente por la realización de vivienda unifamiliar con una superficie de 150 m2 en bajo, con porche de 40 m2, planta alta de 100 m2 y torreón de 12 m2, con altura de 9 metros. Ello dio lugar a la incoación de expediente sancionador nº 500/05, en el que se emitió informe técnico por el Servicio de Disciplina Urbanística en fecha 23 de marzo de El día 14 de septiembre siguiente se giró visita de inspección, haciéndose constar que las obras se encontraban en fase de terminación. Mediante Decreto de 15 de diciembre de 2006 se declaró la caducidad y archivo del expediente, y el día 8 de febrero de 2007 se

4 inició un nuevo procedimiento sancionador, el nº NUM000. El día 3 de mayo de 2007 se giró visita de inspección, y se utilizó en el procedimiento el mismo informe del Servicio de Disciplina Urbanística de 23 de marzo de Por Decreto de 16 de febrero de 2009 se declaró la caducidad del procedimiento, sin perjuicio del inicio de otro nuevo al no haber prescrito la infracción. Efectivamente, al día siguiente se dictó Decreto acordando la incoación del procedimiento sancionador nº NUM001, en el que ha recaído la resolución recurrida. De lo anterior se desprende que, si bien no se cumplió por el infractor la orden de suspensión de las obras continuándose con su ejecución, las mismas se encontraban finalizadas en septiembre de Por otra parte, el informe técnico tenido en cuenta en todos los expedientes sancionadores ha sido el mismo. Es decir, que en el último procedimiento la Administración demandada se ha servido del mismo informe que ya constaba en el primero de los expedientes. No consta nada nuevo en el procedimiento que ahora nos ocupa, ni tampoco ninguna razón para que los dos procedimientos sancionadores anteriores caducasen. En definitiva, una infracción que fue detectada en octubre de 2004 ha venido a sancionarse en el año 2009, es decir, casi cuatro años después, lo que supone un injustificado alargamiento del plazo de un año de que dispone la Administración para resolver y notificar el procedimiento sancionador (artículo de la Ley del Suelo de la Región de Murcia), y ello sin causa alguna que lo justifique pues nada se ha acreditado en tal sentido. Esta actuación constituye a juicio de esta Sala un manifiesto abuso de derecho, siguiendo la tesis del Tribunal Supremo en la sentencia antes citada, lo que determina la estimación de este motivo del recurso. CUARTO En razón de todo ello procede estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia apelada, sin necesidad de resolver sobre los restantes motivos del recurso, y entrando a conocer de las pretensiones formuladas en la demanda, se estiman, y se anula el acto impugnado en el procedimiento, sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta apelación (artículo 139 de la Ley Jurisdiccional). En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, F A L L A M O S Estimar el recurso de apelación interpuesto por Dña. Piedad contra la sentencia nº 414/10 de 4 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia dictada en el recurso contencioso administrativo nº 791/09, que se revoca, y entrando a conocer de la demanda formulada por la recurrente, se estima, y, en consecuencia, anulamos el acto impugnado en el procedimiento por no ser conforme a derecho en lo aquí discutido; sin costas. Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno, y devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente.

5 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.