COMPETENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, ACTAS DE MEDIACIÓN Y ACTAS TRANSACCIONALES. RESOLUCIÓN No

Transcripción

1 COMPETENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, ACTAS DE MEDIACIÓN Y ACTAS TRANSACCIONALES RESOLUCIÓN No ANTECEDENTES JURÍDICOS: El Código Orgánico General de Procesos, COGEP, promulgado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015, tiene por objeto regular la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal. Constituye una herramienta sustancial en la transformación del sistema procesal, pues significa pasar del proceso escrito al proceso oral en aplicación de los principios constitucionales de oralidad, inmediación, simplificación, uniformidad, celeridad y economía procesal contemplados en los Arts. 168 y 169 de la Constitución de la República, así como para garantizar el derecho de los ciudadanos para acceder al sistema de administración de justicia y obtener de aquella una tutela efectiva y eficaz de sus derechos, acorde a lo previsto en el Art. 75 de la Constitución. En el Título V, Capítulo I EJECUCION, del Código Orgánico General de Procesos, se contempla una normatividad procesal específica que regula el procedimiento para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución (Art. 362 del COGEP). Debemos entender que estas regulaciones tienen como objetivo hacer efectiva las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros, así como las decisiones de otros mecanismos de resolución de conflictos previstos en la Constitución y las leyes (arbitraje, mediación, etc.), como efecto consustancial de la justicia, para un estricto cumplimiento de las facultades jurisdiccionales que comprenden hacer ejecutar lo juzgado, de acuerdo con el Art. 167 de la Constitución de la República y el Art. 150 del Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos señala cuáles son los títulos de ejecución; en tanto que, en el Capítulo II del Título V se regula el mecanismo de ejecución de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. En la práctica se han presentado dudas en las unidades judiciales de primera instancia respecto de la competencia para conocer y tramitar las peticiones para el cumplimiento de títulos de ejecución, pues en ciertos casos, cuando las solicitudes se han presentado ante el juzgador de la materia a la que corresponde el título, se han inhibido de conocerlas por estimar que la competencia corresponde a la instancia civil; y, por el contrario, las juezas y jueces de lo civil, por su parte, consideran que la facultad corresponde al juzgador de la materia sobre la que versa

2 el título de ejecución. Esta situación origina conflictos de competencia y un retardo en la resolución de este tipo de procesos. El artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, establece que corresponde al Pleno de la Corte Nacional de Justicia: Expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial ANALISIS JURIDICO: El artículo 362 del Código Orgánico General de Procesos define a la ejecución como el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución. El Art. 363 del Código Orgánico General de Procesos establece que son títulos de ejecución: 1. La sentencia ejecutoriada. 2. El laudo arbitral 3. El acta de mediación. 4. El contrato prendario y de reserva de dominio. 5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero, homologados conforme las reglas de este Código. 6. Las actas transaccionales. 7. Los demás que establezca la ley. Por otra parte, el Art. 102 inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos establece que la ejecución de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, corresponderá a la o al juzgador de primer nivel del domicilio de la demandada competente en razón de la materia; disposición que no consta en la parte pertinente a la ejecución de títulos de ejecución nacionales. El Art. 18 regla 4ta. del Código Civil, sobre la interpretación judicial de las leyes, señala: El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. El Art. 29 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES.- Al interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. 2

3 Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y generales del derecho procesal. En cuanto a la ejecución de la sentencia ejecutoriada, prevista como título de ejecución en el numeral 1 del artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, existen normas claras que establece que aquella compete al juez de primera instancia que ejerce jurisdicción y competencia en la materia de la que trate esa sentencia. Así, el artículo 142 del Código del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: Corresponde al tribunal, jueza o juez de primera instancia ejecutar las sentencias. No obstante, cuando la Corte Nacional de Justicia o Cortes Provinciales hayan conocido de una causa en primera instancia, se remitirá el proceso a una jueza o juez de la materia de primer nivel competente del lugar donde tenga su domicilio el demandado para que proceda a la ejecución del fallo. De haber dos o más juezas o jueces de la materia, la competencia se radicará por sorteo.. Respecto de la ejecución de los títulos previstos en el numeral 4 del artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, que son el contrato prendario y de reserva de dominio, al ser asunto de carácter mercantil regulados en el Código de Comercio, la competencia corresponde a los jueces de las unidades de lo civil y mercantil. En los casos de los numerales 2 laudo arbitral, 3 acta de mediación y 6. Las actas transaccionales; aplicando el criterio de analogía y los principios de oportunidad, eficacia y eficiencia, contemplados en el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial; la ejecución de aquellos corresponde al juez de la materia del domicilio del ejecutado sobre la que verse el laudo arbitral, acta de mediación o acuerdo transaccional, aplicando así el mismo principio que contempla el artículo 102 del Código Orgánico General de Procesos. 3. CONCLUSIÓN: Aplicando en su contexto las reglas del COGEP y los principios generales de aplicación de las normas procesales, sobre la ejecución de laudos arbitrales y actas de mediación, se deberá asimilar lo previsto para las sentencias, laudos o actas dictadas en el extranjero y homologadas, para los casos de títulos de ejecución, determinando que la competencia corresponde al juez de la materia. 3

4 RESOLUCIÓN No APROBACIÓN DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo previsto en el Art del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial. Que el artículo 362 del Código Orgánico General de Procesos, define a la ejecución como el conjunto de actos procesales para cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución; en tanto que el artículo 363 enumera como títulos de ejecución: 1. La sentencia ejecutoriada. 2. El laudo arbitral 3. El acta de mediación. 4. El contrato prendario y de reserva de dominio. 5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero, homologados conforme las reglas de este Código. 6. Las actas transaccionales. 7. Los demás que establezca la ley; Que han surgido dudas en los juzgadores de las unidades judiciales de primera instancia respecto de la competencia para conocer y tramitar las peticiones para el cumplimiento de títulos de ejecución referidos en los numerales 2, 3 y 6 del Art. 363 del Código Orgánico General de Procesos, pues en ciertos casos, cuando las solicitudes se han presentado ante el juzgador de la materia a la que corresponde el título de ejecución, se han inhibido de conocerlas por estimar que la competencia corresponde a la instancia civil; y, por el contrario, las juezas y jueces de lo civil, por su parte, consideran que la facultad corresponde al juzgador de la materia sobre la que versa el título de ejecución; no así en los casos de los numerales 1 y 4 en los que se aplica lo dispuesto en los Arts. 142 y 240 del Código Orgánico de la Función Judicial; Que, cuando se trata de la ejecución de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, el artículo 102, inciso segundo del Código Orgánico General del Procesos, establece que la ejecución corresponderá a la o al juzgador de primer nivel del domicilio de la o el demandado competente en razón de la materia; y, en su inciso tercero dispone que si la o el demandado no tiene su domicilio en el Ecuador, será competente la o el juzgador del lugar en el que se encuentren los bienes o donde deba surtir efecto la sentencia, laudo arbitral o acta de mediación;

5 Que el Art. 18 regla 4ta. del Código Civil, sobre la interpretación judicial de las leyes, señala: El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Que el Art. 29 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES.- Al interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y generales del derecho procesal ; Que, en aplicación de los principios previstos en el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, en los casos de los títulos de ejecución contemplados en los numerales 2 laudo arbitral, 3 acta de mediación y 6 las actas transaccionales del artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, la ejecución de aquellos corresponde al juez de la materia del domicilio del ejecutado sobre la que verse el título de ejecución; y En ejercicio de la facultad contenida en el artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, RESUELVE: Art. 1.- En aplicación de los principios previstos en el Art. 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, y las reglas del Art. 102 del Código Orgánico General de Procesos, las solicitudes para la ejecución de los títulos contemplados en los numerales 2. laudo arbitral, 3. acta de mediación y 6. actas transaccionales del Art. 363 ibídem, serán conocidas por la o el juzgador de primera instancia de la materia del domicilio del ejecutado. Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir su publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. Merck Benavides Benalcázar, Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dr. Wilson Andino Reinoso, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dra. Rocío Salgado Carpio, Dr. Jorge Blum Carcelén, Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana María Crespo Santos, Dr. Luis Enríquez Villacrés, Dr. Miguel Jurado Fabara, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y JUEZAS NACIONALES; Dr. Marco Maldonado Castro, Dra. Beatriz Suárez 5

6 Armijos, Dr. Efraín Duque Ruiz, CONJUECES Y CONJUEZA NACIONALES. Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL 6