Conferencia del ministro Montas en Marsella, Francia. Es conveniente una regulación financiera homogénea a nivel global?

Transcripción

1 Conferencia del ministro Montas en Marsella, Francia Es conveniente una regulación financiera homogénea a nivel global? Resulta simpática la pregunta si partimos del hecho de que hace apenas unos años la idea predominante en los círculos financieros mundiales era la de reducir al mínimo la regulación del sistema financiero De manera que mi respuesta a la pregunta es, en principio, sí. Una regulación global de referencia es necesaria, pero las normas regulatorias sin interpretaciones y adaptaciones locales pueden dejar fuera de competencia a bancos pequeños por no contar con una masa critica para los desarrollos requeridos y los niveles de capitalización necesarios. Dada la importancia del sector financiero para el desarrollo económico, es necesario encontrar un balance en la regulación de forma tal que permita aprovechar los beneficios que genera el sector, sin descuidar una gestión efectivas de los riesgos relacionados con el mismo. Por esa razón, a la hora de hablar de una regulación uniforme a nivel mundial hay que tomar en cuenta las asimetrías de los mercados en cuanto a su tamaño; grados de competencia; conformación, arquitectura y cultura institucional; grados de apertura y exposición a los choques aleatorios; sofisticación de los productos financieros comercializados; nivel de ahorro de la economía (público y privado); productividad de la economía y de los sectores que la componen; valor agregado de los bienes y los servicios producidos; tamaño de los intermediarios financieros, y grado de utilización de los servicios financieros por parte de los individuos. 1

2 La severidad de la crisis económica y financiera que explosionó en 2007 se debió, entre otros factores, a la acumulación de apalancamiento excesivo dentro y fuera de balance en sectores bancarios de varios países desarrollados así como a la mala gestión de los riesgos que se asumían con instrumentos derivados. Esto se combinó con una caída en el nivel y la calidad de la base de capital de las instituciones bancarias así como en una reducción de sus niveles de liquidez, imposibilitando que el sistema bancario absorbiera las perdidas sistémicas sufridas en los activos negociables y en la cartera de crédito, y que no pudiera aguantar la re intermediación de las enormes exposiciones fuera de balance que se habían ido acumulando en sus áreas mas opacas o menos reguladas, tal y como lo expresa el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Además del aumento del apalancamiento y el mal manejo de los riesgos, sucedieron otros factores que contribuyeron a la crisis como: el poco aporte de las agencias calificadoras en cuanto a la cuantificación del riesgo de los productos derivados, la poca supervisión de los fondos de cobertura (hedge funds) y la fundamentación irracional de las remuneraciones en el sector financiero. En adición, muchos productos financieros, fundamentalmente los derivados, no eran sometidos a ningún tipo de vigilancia. En síntesis, el sistema de supervisión no disponía de los instrumentos necesarios para enfrentar el riesgo sistémico. Lo anterior ha conducido a que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea haya endurecido el marco regulador internacional por la vía de una serie de reformas fundamentales que incluyen aumento de la calidad del capital; aumento del nivel de los requerimientos de capital; constitución de colchones de capital; mejora de la gestión del riesgo, del proceso supervisor y de la disciplina de mercado; mejora en la gestión de la liquidez con la introducción de un ratio de apalancamiento y nuevo 2

3 estándar de liquidez y; requerimientos de más transparencia de la información. Para poner en vigencia de manera gradual esta reformas se ha acordado un período transitorio que abarca desde el 1 de enero de 2013 hasta el 1 de enero de 2019, fecha en el que el nuevo marco regulatorio deberá estar totalmente implantado. Queda claro que los cambios normativos que se están planteando han sido pensadocomo consecuencia de los problemas de los sectores financieros sistémicos de los países desarrollados del Hemisferio Occidental. Por lo tanto, la pregunta que emerge de inmediato es si los mismos pueden ser aplicados mecánicamente a los sectores financieros de los mercados emergentes, en donde la naturaleza de los problemas es, en muchos casos, diferente a la que confrontan los sistemas financieros de los países desarrollados. Un aspecto a tomar en cuenta es que Basilea III, en el diseño de los requerimientos de capital no distingue respecto al grado de desarrollo de los mercados financieros. En muchos países emergentes las instituciones financieras no tienen características propias de las instituciones financieras globales ni tienen tampoco las implicaciones sistémicas que tienen las instituciones de los países desarrollados para el sistema financiero global Con todo y lo anterior, es saludable que luego de la crisis haya cobrado fuerza el interés por lograr una regulación y supervisión coordinada del sistema financiero a escala global, y resulta muy positivo que el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria se haya ampliado en 2009 con la inclusión de Argentina, Australia, Brasil, Hong Kong, Sudáfrica, India, Indonesia, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia 3

4 Saudita, Singapur, Turquía y China. Esto pone de relieve la importancia que han venido cobrando las economías emergentes. Para tener una idea de la importancia de las realidades nacionales en lo atinente al cumplimiento de las normativas internacionales, no estaría mal pasar revista a la implantación de Basilea II, que se inicio en 2004 y que muchos países no habían podido poner en marcha al momento de iniciarse la crisis financiera mundial. En el caso de América Latina, una encuesta llevada a cabo por FELABAN entre noviembre 2009 y junio 2010, que abarco a 121 bancos e instituciones financieras pertenecientes a 18 países de la región, arrojó que si bien la mayoría de los bancos latinoamericanos habían definido acciones destinadas al cumplimiento de los requisitos de Basilea II, el 57% de los bancos de países latinoamericanos que forman parte del G-20 respondieron que aun nose encontraban en las etapas previas a la implementación de Basilea II; solo un 27% de estos bancos respondieron que si. En el caso de los bancos de los países de la región que no forman parte del G-20, el 52% respondieron que no y 42% que si. Las mayores dificultades que la banca de la región enfrentaba para poder implementar Basilea II, según la encuesta, eran, preponderantemente, las siguientes: dificultad para la medición del riesgo porque no hay en la región mercados de capital o por la mayor volatilidad de los mismos; los costos involucrados en el equipamiento tecnológico que implican los requerimientos de Basilea II; la carencia de bases de datos históricos de riesgo para la aplicación de modelos internos; insuficientes guías por parte de los Organismos regulatorios locales; etc. 4

5 Los países que mas avanzaron en la dirección de poner en vigencia Basilea II fueron los de la Unión Europea así como Japón y varios países asiáticos. En lo que tiene que ver con los Estados Unidos, la implantación ha sido asimétrica pues no se han aplicado a todos los bancos. De lo anterior queda claro que las particularidades regionales y locales jugaron un papel fundamental en la puesta en vigencia de Basilea II y esto debería ser tomado muy en cuenta ahora que se plantea Basilea III. Un dato que no debe ser subestimado es el hecho de que hay diferencias en los modelos de negocio de los sistemas financieros a nivel mundial. Eso explica porque los reguladores de cada país a la hora de aplicar las reglas de adecuación de capital toman en cuenta las diferencias de las estructuras financieras, legales e impositivas de cada país. Esto no debería conducir a una aplicación discrecional de la regulación al interior de cada país con el propósito de evitar el arbitraje institucional. Lo que resulta claro es que los países de América Latina no podrán quedarse fuera de las reformas que traerá consigo Basilea III, especialmente los países con sistemas bancarios con fuerte presencia de entidades bancarias extranjeras. La adopción de los nuevos estándares por las casas matrices presionara a sus filiales o sucursales. Para el sistema financiero dominicano los nuevos requerimientos de calidad y cantidad de capital patrimonial no parecen ser un reto mayor; ya que el marco regulatorio actual contempla requerimientos de capital similares a Basilea III en cuanto a cantidad y composición de éste. Por ejemplo el coeficiente de solvencia mínimo actual es de 10% versus 10.5% que es el que propone Basilea III; adicionalmente la composición del capital patrimonial en el sistema financiero local incluye más de un 70% de capital primario (acciones comunes ó nivel 1). 5

6 Sin embargo, en cuanto a las consideraciones de gestión de riesgo, Basilea III introduce una serie de conceptos y nuevos métodos de cálculo y medición de riesgos que nos obligan a reflexionar sobre varios aspectos de los reglamentos actuales. Por ejemplo: La revisión de los métodos de evaluación de activos, incluyendo la discriminación de niveles dentro de una misma clasificación. Aplicar un tratamiento diferenciado de riesgo según la entidad emisora de deuda soberana. Implementar cambios en los factores de ponderación de activos. La inclusión del riesgo de mercado adicional que se genera por las actividades de tesorería. Introducir una reglamentación para operaciones con instrumentos derivados. Implementar el uso de los ratios de liquidez y control de apalancamiento para valorar el riesgo de las instituciones. La introducción de nuevas metodologías de valoración de riesgo ofrecen un reto importante para los sistemas financieros; cuya aplicación podría resultar en necesidades de capital, tanto cuantitativamente como cualitativamente. En conclusión para la República Dominicana, Basilea III representa más un desafío desde el punto de vista cualitativo en lo que respecta a los procesos de gestión y valoración de riesgos; que los inconvenientes que conlleva los cambios en la cantidad y composición del capital patrimonial de las instituciones. 6

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