PARLAMENTO EUROPEO. Comisión de Peticiones COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Transcripción

1 PARLAMENTO EUROPEO 2004 Comisión de Peticiones COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS Asunto: Petición 0392/2007, presentada por Brenda Marshall, de nacionalidad española, sobre los impuestos de cuantía excesiva pagados para sufragar los costes de infraestructuras relacionados con el creciente desarrollo urbanístico en Cádiz (España) Petición 0451/2007, presentada por Allan Gulliver, de nacionalidad británica, en nombre de Valle Romano, sobre las tasas injustas cobradas por la construcción de nuevas infraestructuras en Estepona (España) Petición 0538/2007, presentada por Gillian Wilson, de nacionalidad española, sobre las tasas excesivas pagadas por las nuevas infraestructuras en Estepona (Málaga, España) 1. Resumen de la petición 0392/2007 La peticionaria denuncia la excesiva cuantía de los impuestos que se ve obligada a pagar para cubrir los costes de las nuevas infraestructuras necesarias como resultado del creciente desarrollo urbanístico en Cádiz (España). Afirma que se han construido nuevas viviendas en San Roque (Cádiz), en su mayoría ilegales, y que los residentes se ven obligados a pagar grandes cantidades de dinero (en algunos casos de hasta euros) para sufragar los costes de la nueva infraestructura. Asimismo, la peticionaria se queja de la mala calidad de las infraestructuras y de la incertidumbre de la legislación que está facilitando los abusos. Por tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo. Resumen de la petición 0451/2007 El peticionario solicita que se prohíban las importaciones de carbón vegetal de países que no cuentan con legislación sobre deforestación o que exportan madera y carbón vegetal de tal modo que agotan sus propios recursos forestales, especialmente del África subsahariana. Por tanto, propone que el carbón vegetal importado esté sometido a controles estrictos, que se CM\ doc PE v01-00

2 exija entre la documentación la presentación de un certificado de origen y que se obligue a los comerciantes a etiquetar su carbón vegetal, especificando su origen a modo informativo para los consumidores finales. Resumen de la petición 0538/2007 La peticionaria, que lleva 18 años viviendo en Estepona (Málaga, España), protesta por las tasas excesivas que se ha visto obligada a pagar para atender los costes de nuevas infraestructuras. Explica que las nuevas infraestructuras cubren la necesidad del desarrollo del terreno adyacente. Solicita la intervención del Parlamento Europeo para impedir lo que considera una gran injusticia. 2. Admisibilidad Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2007 (0392/2007), 20 de septiembre de 2007 (0451/2007), 28 de septiembre de 2007 (0538/2007). Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento). 3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de «Los peticionarios se oponen a proyectos de desarrollo urbanístico que han supuesto la imposición de tasas excesivas y el abuso de sus derechos de propiedad (07/0392, 07/0451 y 07/0538), el pago de un impuesto sobre la compra excesivo (451/2007) y el comportamiento abusivo de un abogado (451/2007), en Estepona (Málaga) y San Roque (Cádiz), en España (las tres peticiones proceden de la Comunidad Autónoma de Andalucía). - Contratos públicos Las cuestiones planteadas en estas peticiones son similares a las abordadas en el contexto del procedimiento de infracción iniciado por la Comisión contra España por disconformidad de la Ley valenciana reguladora de la planificación urbanística (antigua LRAU, actualmente LUV) con las normas comunitarias sobre contratación pública. El 27 de junio de 2007, la Comisión decidió elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este procedimiento de infracción abarca varios aspectos de la citada ley valenciana. Estos aspectos hacen referencia al hecho de que la Comisión considera que los PAI (programas de actuación integrados) deberían autorizarse con plena observancia de las normas y principios comunitarios en materia de contratación pública. La Comisión desea destacar que el citado procedimiento de infracción se limita en su alcance a la infracción de las normas comunitarias sobre contratación pública. No cuestiona las disposiciones de la citada ley valenciana relativas a las competencias de expropiación de las autoridades locales, ya que esta cuestión no es competencia de la Comunidad, en virtud del artículo 295 del Tratado CE relativo al régimen de propiedad en los Estados miembros. En interés de los peticionarios, como ya se destacó en la respuesta a la pregunta oral O-031/07 y a la pregunta escrita E-4434/07, el asunto citado constituye un caso de prueba para la Comisión. Una vez que el Tribunal de Justicia dicte sentencia al respecto, la Comisión PE v /5 CM\ doc

3 analizará los siguientes pasos que hay que dar en relación con otras disposiciones regionales sobre el suelo en España. En todo caso, la acción de la institución guardiana de los Tratados es independiente de los recursos a disposición de los particulares, en su caso, sobre la base de los derechos reconocidos y protegidos antes las jurisdicciones nacionales. En este caso, la Comisión recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de adopción de medidas provisionales, según la cual: «el juez que conoce de un litigio regido por el Derecho comunitario debe estar facultado para conceder medidas provisionales que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho comunitario (sentencia Factortame y otros, antes citada, apartado 21, y de 11 de enero de 2001, Siples C-226/99, Rec. p. I-227, punto 19)» (Unibet C-432/05. P.67) En cualquier caso, conviene asimismo señalar que «en caso de duda sobre la conformidad de disposiciones nacionales con el Derecho comunitario, la concesión de medidas cautelares para suspender la aplicación de dichas disposiciones hasta que el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la conformidad de éstas con el Derecho comunitario se rige por los criterios establecidos por el Derecho nacional aplicable ante el órgano jurisdiccional competente, siempre que dichos criterios no sean menos favorables que los referentes a recursos semejantes de naturaleza interna ni hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil la tutela judicial cautelar de tales derechos» En interés de los peticionarios, la Comisión mantendrá plenamente informada a la Comisión de Peticiones de la evolución del procedimiento de infracción relativo a la legislación valencia en materia de suelo. - Tasas impuestas a propietarios particulares y prácticas de los abogados, desde el punto de vista de la legislación comunitaria de consumo: La Comisión Europea desarrolla una amplia gama de actividades para lograr un nivel elevado de protección del consumidor en todos los Estados miembros, incluida la adopción de medidas legislativas para conferir determinados derechos a los consumidores. Sin embargo, la legislación comunitaria en este ámbito se limita a determinados aspectos de las relaciones comerciales entre empresas y consumidores. La cuestión de la imposición de tasas excesivas a propietarios privados para cubrir los costes de infraestructuras públicas no se enmarca en dicha legislación y está más bien relacionada con el uso de los poderes públicos por parte de las autoridades nacionales en el contexto del urbanismo. En la petición 0451, lo que se plantea es la calidad de los servicios prestados por un abogado. No existe ningún acto legislativo comunitario en materia de consumo que aborde esta cuestión, pero puede que haya normas nacionales que regulen la profesión jurídica y los contratos de servicios. En este caso en particular, la Comisión desea aconsejar al peticionario que solicite la asistencia de uno de los centros europeos de los consumidores para conseguir información sobre la legislación nacional y los posibles recursos a su alcance. La Red de centros europeos de los consumidores ha sido creada por la Comisión y los Estados miembros CM\ doc 3/5 PE v01-00

4 para ayudar a los ciudadanos europeos a hacer frente a problemas transfronterizos en materia de consumo. 1 - Derechos de propiedad En virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea, la Comisión no tiene competencia general para intervenir en casos concretos de violaciones de derechos fundamentales. Solo puede hacerlo si se ve afectada la legislación comunitaria. No ha sido posible establecer, sobre la base de la información proporcionada por los peticionarios, ninguna relación entre las preguntas relacionadas con el uso de sus inmuebles en España y la legislación comunitaria. En cualquier caso, las cuestiones de propiedad quedan fuera de las competencias de la Unión Europea, como se establece en el artículo 295 del Tratado CE. - Aspectos fiscales En virtud de la legislación comunitaria en vigor, la fiscalidad sigue siendo básicamente competencia de los Estados miembros. Sin embargo, en el ejercicio de esta competencia, los Estados miembros han de respetar las obligaciones impuestas por el Tratado CE. La Comisión solo puede emprender medidas jurídicas o intervenir cuando se infringe la legislación comunitaria. Por tanto, los ciudadanos deben recurrir a las autoridades administrativas o judiciales nacionales. La financiación de las entidades públicas locales en España está regulada principalmente por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El objetivo de este acto legislativo es garantizar que las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos) disponen de financiación suficiente. Este instrumento establece un marco regulador común aplicable a todas las entidades locales y aborda una amplia gama de cuestiones. Por ejemplo, define, entre otros, el procedimiento que las entidades locales han de seguir para crear nuevos tributos locales y para establecer quiénes han de soportar los costes de la construcción de nuevas infraestructuras y la forma de calcular estos costes. En lo que respecta a la recaudación de los tributos locales (incluida la venta pública en subasta de los bienes de los contribuyentes), la legislación vigente no establece diferencias importantes con respecto al régimen aplicado a escala nacional para otros impuestos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Los interesados pueden recurrir ante los tribunales las decisiones de los ayuntamientos de creación de nuevos tributos si consideran que no se ha seguido el procedimiento definido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo de Debe señalarse que la legislación concede un amplio margen de actuación a los ayuntamientos en materia de política fiscal. Por ejemplo, pueden subir o bajar los impuestos y establecer 1 Para información sobre la Red CEC e información de contacto, consúltese el sitio web de la Comisión PE v /5 CM\ doc

5 nuevas desgravaciones fiscales. Por este motivo, los tributos locales pueden variar de un municipio a otro.» CM\ doc 5/5 PE v01-00