RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES Recurso nº 648/2016 C.A. Región de Murcia 52/2016 Resolución nº 711/2016 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES En Madrid, a 16 de septiembre de VISTO el recurso presentado por D. F. B. A., actuando en nombre y representación NAUTILUS, S.A., contra la resolución que acuerda adjudicación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro de fabricación de mobiliario escolar para centros docentes públicos de la CARM y la exclusión de su oferta, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente Resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. El 7 de marzo de 2016 por Orden de la Consejera de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se acordó iniciar la tramitación del expediente para la celebración por un procedimiento abierto de un Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro de fabricación de mobiliario escolar para centros docentes públicos. Segundo. La resolución de la Consejería por la que se hace pública la licitación citada se publicó en el DOUE el 8 de abril, en el BOE el 19 de abril y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 21 del mismo mes. Tercero. En la sesión de la mesa de contratación de 31 de mayo de 2016 para el examen de la documentación contenida en el sobre nº 1, respecto del recurrente se observan los siguientes defectos: - No presenta escritura de poder debidamente bastanteada - El sello que aparece en la firma de los documentos no corresponde con la empresa licitadora. AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 -No acredita solvencia económica y financiera por no justificar la presentación de cuentas en el registro Mercantil o el equivalente en su país. La documentación aportada no está traducida. -No acredita solvencia técnica o profesional por haber presentado los certificados de ensayo de laboratorio en fotocopia sin compulsar, así como los certificados de calidad. Asimismo, presenta relación de suministros de los últimos 5 años indicando importe, fechas y destinatario, pero no certificados acreditativos, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, siendo requisito mínimo que el importe anual sea igual o superior a ,00. Cuarto. Solicitada la oportuna subsanación de las deficiencias apreciadas y presentada documentación, la mesa de contratación, en sesión de 14 de junio, acuerda la exclusión de NAUTILUS, S.A. por considerar que: - No acredita solvencia económica y financiera por no justificar la presentación de cuentas en el registro Mercantil o el equivalente en su país. Ha presentado documentos traducidos pero ninguno de ellos expedido por el Registro competente. Por tanto, los documentos presentados no acreditan el depósito de cuentas en dicho Registro, que sería el competente para emitir un certificado sobre dicha presentación. -No acredita solvencia técnica o profesional por haber presentado los certificados de ensayo de laboratorio en fotocopia. Quinto. Por Orden de 1 de julio de 2016 se acuerda la adjudicación del Acuerdo Marco y la exclusión de dos empresas, entre ellas, NAUTILUS, S.A. Disconforme ésta con dicha resolución presenta recurso especial en materia de contratación. El órgano de contratación ha emitido informe al recurso presentado solicitando la desestimación del recurso. Sexto. En fecha 28 de julio de 2016, la Secretaría del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP) dio traslado del recurso a los restantes licitadores a fin de que alegaran lo que tuvieran por conveniente, sin que se haya evacuado el trámite por ninguno de ellos.

3 3 Séptimo. El 28 de julio de 2016, la Secretaria del Tribunal, en ejercicio de competencias delegadas, acordó conceder la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación, de conformación con lo establecido en los artículos 43 y 46 del TRLCSP. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. La competencia para resolver corresponde este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del TRLCSP, en el artículo º del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC), y en el Convenio suscrito al efecto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 4 de octubre de 2012, publicado en el BOE, mediante Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia. Segundo. El acto objeto del recurso es susceptible de recurso especial en materia de contratación. Tercero. El recurso ha sido interpuesto en el plazo de quince días establecido en el artículo 44.2 del TRLCSP. Cuarto. La empresa recurrente está legitimada porque presentó oferta a la licitación y la misma fue excluida. Quinto. La recurrente ha sido excluida por no acreditar ni la solvencia económica y financiera ni la solvencia técnica y profesional. En el recurso NAUTILUS, S.A. alega, en relación con la primera cuestión, que el pliego de cláusulas administrativas particulares establecía en el punto que la solvencia económica y financiera se acreditaba con las cuentas anuales de la empresa aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. La empresa excluida tiene nacionalidad portuguesa y el depósito se hace forma telemática ante la Informaçao Empresarial Simplificada (IES), de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 8/2007, de 17 de enero, del Ministerio de Justicia. Ha presentado el documento justificativo de la entrega de la declaración IES de cuentas anuales. Por tanto, la resolución de exclusión, a su juicio, no se ajusta a Derecho, porque la IES es el organismo competente en Portugal, a través del cual se depositan las cuentas anuales de la

4 4 sociedad. En segundo lugar, la resolución no motiva por qué no se considera a IES como organismo competente para el depósito de las cuentas en Portugal y cuál entiende que es el órgano competente. En tercer lugar, la resolución infringe el principio de igualdad porque a otra sociedad licitadora de nacionalidad portuguesa (Woodone Mobiliario, S.A.) no se le puso objeción a la presentación de la misma documentación (fue excluida pero por otras razones). Por último, se vulnera el principio de confianza legítima, pues en licitaciones celebradas en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares y en la de Andalucía, la misma documentación se ha considerado como suficiente. Por lo que se refiere a la acreditación de la solvencia técnica y profesional señala que toda la documentación presentada lo ha sido mediante exhibición ante la Administración del original y copia de la misma, previo cotejo por la Administración. Sexto. El órgano de contratación mantiene en su informe en relación con la solvencia económica y financiera que lo que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares para acreditarla es algo más que el documento presentado a efectos de depósito de cuentas anuales, puesto que dicho documento puede ser luego considerado como presentado correctamente o no por el Registro correspondiente. Es necesario un documento emitido por el organismo oficial competente para el depósito de cuentas. En Derecho español se solicita una nota simple del registro mercantil. Por lo que se refiere a la diferencia de trato con la otra empresa portuguesa dice el informe que fue excluida por un defecto no susceptible de subsanación y no se entró a hacer valoración sobre el resto de la documentación presentada, por lo que no se admitió la presentación del documento ante el IES como prueba de la solvencia, simplemente no enjuició su suficiencia o insuficiencia como medio probatorio. En relación con la vulneración del principio de confianza legítima considera que cada Administración tiene la posibilidad de fijar los criterios de solvencia y los medios para acreditarla que considere apropiados para el contrato concreto dentro de los fijados en la Ley, por lo que en este caso se fijó como prueba las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Séptimo. Como hemos expuesto, NAUTILUS, S.A. considera que la resolución ha decidido erróneamente que la IES carece de competencia para el depósito de las cuentas anuales en

5 5 Portugal. Sin embargo, tanto de la lectura de la resolución de exclusión como del informe emitido para el recurso por el órgano de contratación, no resulta que se esté cuestionando dicha competencia. El motivo de exclusión es que el documento presentado para acreditar la solvencia es el justificante de la presentación de las cuentas ante la IES y no uno emitido por ésta, bien una certificación o nota simple. Por tanto, la cuestión a resolver es si el documento presentado por la recurrente basta a efectos de lo exigido por el Pliego de Cláusulas Administrativas para probar el depósito de cuentas. En este sentido, tiene razón el órgano de contratación en lo que se refiere a la insuficiencia de la documentación presentada inicialmente. Sin embargo, en el expediente administrativo consta un documento en formato pdf denominado 16 SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS en el que junto con la escritura de apoderamiento y los estatutos de la sociedad, consta un certificado permanente del Registro Comercial de Gondomar donde se recogen (página 60 y siguientes del pdf y folio 40 y siguientes de la escritura) el depósito de las cuentas desde 2010 debidamente registradas. A la vista de ello, debe entenderse subsanado el defecto observado inicialmente en la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, pues no sólo se ha aportado el documento presentado por la empresa ante la IES, sino que consta una certificación del Registro. Octavo. Distinta ha de ser la solución respecto de la no aportación de originales o copias compulsadas de los certificados de ensayo de laboratorio. El pliego de cláusulas administrativas particulares establece en su punto relativo a la forma de acreditar la solvencia técnica o profesional, en negrita y subrayado que el licitador podrá presentar la documentación exigida en documento original, copia y fotocopia del mismo, debidamente legalizada o compulsada. La falta de presentación de los documentos relacionados podrá determinar la exclusión del licitador. En la documentación contenida en el sobre 1 los certificados de ensayo fueron presentados en fotocopia simple a color. En la documentación presentada en la subsanación no consta que dichos documentos fueran compulsados. Tal y como señalamos en la resolución del recurso 974/2015 era, por tanto, un requisito plasmado en los pliegos que la documentación que acredite la solvencia del licitador se presentara en documento original o copia compulsada o autenticada. La presentación de fotocopias simples no cumple fielmente el requerimiento hecho por el órgano de contratación para la subsanación. Y en la resolución 893/2014 indicábamos que permitir que la subsanación se hiciera en distintas condiciones que las previstas en el pliego correspondiente aplicable para todos los licitadores, supondría una clara contravención del

6 6 principio de igualdad de trato y del de no discriminación de los licitadores, que resulta de plena aplicación en nuestro ordenamiento contractual público. Por tanto, la oferta fue correctamente excluida. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. F. B. A., actuando en nombre y representación NAUTILUS, S.A., contra la resolución que acuerda adjudicación del Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro de fabricación de mobiliario escolar para centros docentes públicos de la CARM y la exclusión de su oferta. Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 47.4 del TRLCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.