Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 24 Ene. 2006, rec.

Transcripción

1 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 24 Ene. 2006, rec. 84/2003 Ponente: Sospedra Navas, Francisco José N.º Sentencia: 64/2006 N.º Recurso: 84/2003 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LA LEY JURIS: /2006 Texto En Barcelona, a veinticuatro de enero de dos mil seis TRIBUNAL SUPE- RIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Recurso nº 84/2003 Parte actora: Dª. Leticia Parte demandada: DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SO- CIAL SENTENCIA nº 64/2006 Ilmos. Sres.: PRESIDENTE D. EDUARDO BARRACHINA JUAN MAGISTRADOS D. FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS Dª. MARÍA ABELLEIRA RODRÍGUEZ VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUAR- TA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo nº 84/2003, interpuesto por Dª. Leticia que en su calidad de funcionaria asume su propia representación y defensa, contra la Administración demandada DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, actuando en nombre y representación de misma la Letrada de la Generalitat de Catalunya. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D/Dª. FRANCISCO JOSÉ SOS- PEDRA NAVAS, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Procede los presentes autos del Juzgado de lo Contencioso LA LEY 1

2 Administrativo nº 7 de Barcelona, que por auto de 21 de noviembre de 2002, se inhibió a favor de esta Sala. SEGUNDO.- Por providencia 5 de febrero de 2003, se tuvo por comparecidos al Letrado de la Generalitat y a Doña. Leticia. TERCERO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. CUARTO.- Se acordó recibir el presente pleito a prueba por auto de 8 de abril de 2003, practicándose las pruebas propuestas y declaradas pertinentes con el resultado obrante en autos. QUINTO.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas, con el resultado que es de ver en autos. SEXTO.- Se prosiguió el trámite, y se señaló para votación y fallo de este recurso para el 10 de enero de 2006, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se impugna en este recurso la resolución de fecha 2 de enero de 2002 del Gerente del Institut Català de la Salut que impuso a la demandante la sanción de separación de servicio por la comisión de una falta muy grave de las previstas en el art a) del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social. En la demanda se alega la infracción del principio de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en el ejercicio de la potestad disciplinaria. SEGUNDO.- Atendidas las alegaciones de las partes en este recurso, debemos acudir a la prueba obrante en el expediente administrativo, de donde resulta que los hechos que motivan la sanción se asientan fundamentalmente en el acta levantada por el Subinspector de Empleo y Seguridad Social que se personó en la consulta privada de la demandante el día 25 de abril de 2001, sobre las horas. De los hechos que constan relatados en el acta, cuya veracidad en absoluto ha quedado desvirtuada, resulta lo siguiente: 1) la consulta de la demandante estaba abierta, anunciándose al público por medio de un cartel que había en la pared del portal de acceso a la escalera; y 2) la demandante se encontraba dentro de la consulta atendiendo a un paciente; tal hecho intentó ser ocultado por la demandante en un primer momento cuando se persona el Subinspector actuante, manifestándole que no estaba trabajando y que estaba solventando cuestiones documentales; sin embargo, en el periodo en que permanece el Subinspec- LA LEY 2

3 84/2003 tor el paciente que estaba atendiendo la demandante reclamó su presencia, lo que fue oído por el Subinspector actuante, quien así lo hizo constar en el acta. La presencia de la demandante en su consulta privada atendiendo a un paciente aparece como totalmente acreditada de los datos obrantes en el acta alzada al efecto, así como el hecho de que tal situación se produjo en el periodo en que se encontraba de baja por incapacidad en su puesto de trabajo en el Hospital. Se alega que el alta estaba programada dos días antes para el día 25 de abril de 2001; sin embargo, lo cierto es que ese día no podía trabajar y es claro que no se reincorporó a su puesto de trabajo, por lo que debe concluirse que los hechos rellenan el tipo de falta grave contemplado en el art b) del Estatuto del Personal Médico de la Seguridad Social. Por tanto, debemos ahora analizar si es de aplicación el tipo de falta muy grave, al haberse cualificado la conducta infractora por apreciación de la reincidencia en la comisión de faltas graves, aplicando el tipo del art a) del Estatuto del Personal Médico de la Seguridad Social. TERCERO.- En orden a la apreciación de la reincidencia, la misma se funda en una sanción por falta grave que había sido impuesta en el año 1996 a la demandante, por lo que, en el año 2001 en que se producen estos hechos, ya había transcurrido el plazo de cancelación de dos años prevenido en el art del Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre. El motivo de impugnación en relación a la apreciación de la reincidencia ha de ser estimado, por cuanto es indudable la incompatibilidad de la norma reglamentaria (art. 74.3) que hace ineficaz la cancelación a los efectos de la apreciación de reincidencia con el marco constitucional y con las propias normas reguladoras de la responsabilidad disciplinaria. En efecto, los principios constitucionales penales se proyectan sobre el derecho sancionador, incluyendo el derecho disciplinario, al tener análoga naturaleza. Dentro de estos principios, se encuentran los de legalidad, tipicidad, "non bis in idem", proporcionalidad y el de seguridad jurídica, a partir de los cuales se construyen una serie de instituciones comunes al Derecho Penal y al sancionador. Entre ellas se encuentra el instituto de la cancelación de los antecedentes -penales o sancionadores- que impide la apreciación de la reincidencia una vez han sido cancelados los antecedentes o debieran haberlo sido, apareciendo como sustrato común de la regulación de la responsabilidad disciplinaria, con las únicas salvedades de dos normas preconstitucionales, como son la Ley de Funcionarios Civiles de 1964 y la norma reglamentaria ahora aplicada (art Decreto 3160/1966). En el ámbito del derecho administrativo sancionador, la reiteración o reincidencia es un elemento a ponderar en la aplicación de las sanciones, que en ocasiones cualifica la conducta, pasando de ser leve a grave o de grave a menos graves, si bien en unos casos se requiere la rei- LA LEY 3

4 teración de la conducta en un determinado espacio temporal o, en otros, que el antecedente no haya sido cancelado. Ello tiene su fundamento en que ni el principio de seguridad jurídica ni el principio de proporcionalidad admiten la pendencia indefinida del antecedente a los efectos de reiteración o reincidencia, como sucede en el caso contemplado en el art citado y que resulta aplicado en la resolución sancionadora recurrida. Así, en el ámbito del derecho sancionador, el art de la Ley 30/1992 establece un término de un año en la comisión de infracciones a los efectos de apreciar la agravante de reincidencia (apartado c). Por su parte, en el ámbito del derecho disciplinario, es común a toda la regulación la delimitación temporal de la comisión de infracciones a la hora de cualificar la conducta por reincidencia, ya sea fijando un periodo temporal (generalmente un año), ya sea proscribiendo la apreciación de reincidencia cuando el antecedente disciplinario está cancelado o debiera de haberlo sido, de forma análoga a la que se regula en el Código Penal. De esta forma, aunque el art de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 recogía, en los mismos términos que el Estatuto del Personal Médico, que la cancelación no impediría la apreciación de la reincidencia, lo cierto es que el desarrollo reglamentario del RD 33/1986 se adecuó a los principios que rigen la normativa sancionadora, por cuanto tal prescripción debía entenderse incompatible con los principios constitucionales. Así, en el ámbito de la función pública estatal, el art. 51 del RD 33/1986, de 10 de enero, cuando establece que en ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo. En el mismo sentido, la Ley de Función Pública catalana (Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre) establece la misma prescripción en orden a la reincidencia, cuando en su art se preceptúa: "Las inscripciones de faltas y sanciones en el Registro General de Personal se cancelan de oficio, o a petición del funcionario, una vez transcurrido un período equivalente al de la prescripción de la falta, si durante este período no ha habido ninguna sanción. La cancelación produce los efectos pertinentes, incluidos los relativos a la apreciación de reincidencia". Finalmente, y en el ámbito la regulación que sucede a la del Estatuto de 1966, el art de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que aprueba el Estatuto marco del personal de los servicios de salud, tras establecer la cancelación de oficio de las sanciones, preceptúa que "en ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las anotaciones canceladas"; en el mismo sentido, el art de la misma Ley al regular los principios de la potestad disciplinaria. De lo expuesto resulta que la norma reglamentaria aplicada es contraria a los principios constitucionales vigentes en la materia, que resultan recogidas de forma pacífica en la normativa disciplinaria conforme se ha expuesto, infringiendo asimismo la regulación legal contenida en LA LEY 4

5 84/2003 la Ley de Función Pública catalana, a la que debía subordinarse la norma reglamentaria por aplicación del principio de jerarquía normativa, por tratarse de personal comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Ley; lógicamente, no es óbice a la aplicación del art de la Ley catalana al presente caso el hecho que la Disposición Adicional quinta se remitiera a la regulación del Decreto de 1966 pues es obvio que, tratándose de una norma reglamentaria, tal regulación está subordinada a la norma con rango de ley, no pudiendo aplicarse el citado art en tanto que contraviene lo dispuesto en el art de la Ley catalana. Por lo expuesto, es de acoger este motivo de impugnación que resulta alegado en la demanda, lo cual nos lleva a estimar en parte el recurso interpuesto, aplicando el tipo de falta grave al no poder apreciarse la reincidencia, entendiendo el Tribunal ante la gravedad de los hechos que resultan acreditados debe imponerse la sanción prevista en el grado máximo, es decir, la de un año de suspensión de empleo y sueldo, con los efectos inherentes a tal pronunciamiento. CUARTO.- No se aprecian motivos para hacer una especial condena en costas a ninguna de las partes, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional. F A L L A M O S Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Leticia contra la resolución del Gerente del Institut Català de la Salut de fecha 2 de enero de 2002 arriba expresada, la cual anulamos parcialmente, acordando la imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo por un año por la comisión de una falta grave del art b) del Estatuto del Personal Médico de la Seguridad Social, con los pronunciamientos inherentes, sin hacer imposición de costas. Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley. Así por esta nuestra sentencia, de la se llevará testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PU- BLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, estando la Sala celebrando audiencia pública el día 27 de enero de 2006, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma, de lo que yo el Secretario, Doy fe. LA LEY 5