DICTAMEN Nº. 126/2006, de 26 de julio. *

Transcripción

1 DICTAMEN 126 DICTAMEN Nº. 126/2006, de 26 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X, como consecuencia de las lesiones sufridas en el Colegio Público de H. ANTECEDENTES Se somete a dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de D. X, como consecuencia de las lesiones sufridas en el Colegio Público de H, en el que manifiesta: En el ejercicio de su anterior cargo, el día 27/02/2003 sufrió un accidente laboral impartiendo una clase de Educación Física con un grupo de Tercero de Educación Primaria, producida durante un juego de locomoción, en el que un alumno le dio por detrás en la pierna de apoyo, provocando una caída que le ocasiona una multifractura de tibia y peroné con desplazamiento. Inmediatamente se produjo el traslado a Urgencias en ambulancia al Hospital de H, donde se le realiza una intervención quirúrgica de urgencia. Permaneciendo de baja laboral ininterrumpida ocasionada por el mismo accidente, en agosto del año 2004 vuelve a ser intervenido quirúrgicamente al presentar un Osteofito en el borde la tibia fracturada. Solicitando ser indemnizado con la cantidad de (sic) euros, más sus intereses legales. Se incorporan al expediente informes médicos del Servicio de Traumatología del Complejo Hospitalario de H y del Director del C.P. que informó lo siguiente: Que el día 27 de febrero de 2003 el profesor de Educación Física de este Centro D. X se encontraba dando una clase a los alumnos de 3º de Primaria en el campo de deporte de tierra, dentro del recinto escolar, y un alumno, al entrar al balón le dio en la pierna y la caída le produjo la lesión de rotura de tibia y peroné. No hubo ninguna persona responsable presenciando los hechos por ser una hora donde todos los profesores se encontraban impartiendo clase. Los alumnos avisaron al Director y rápidamente se llamo al 112 para su traslado al hospital de H. La información es la relatada en su momento por el profesor y sus alumnos. Sustanciado el trámite de audiencia se incorpora al procedimiento la propuesta de resolución estimando que no procedía declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración a causa del accidente sufrido por el interesado, al entender que carecen de la nota de antijuridicidad las lesiones alegadas producidas como consecuencia del accidente laboral. EXTRACTO DE LA DOCTRINA - Prosiguiendo con el estudio de las legitimaciones activa y pasiva inherentes a la reclamación formulada, ha de tenerse en cuenta en relación con la primera que el perjudicado está vinculado con el centro educativo en el que aconteció el hecho lesivo * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha mediante una relación de empleo de carácter funcionarial. Debe, en consecuencia, ponderarse la eventual operatividad del instituto de la responsabilidad patrimonial como instrumento indemnizatorio compatible con la consideración del percance como accidente de trabajo, teniendo presente que de dicha calificación ya ha derivado el reconocimiento y pago de las correspondientes prestaciones a través de los mecanismos de cobertura del régimen de seguridad social aplicables al lesionado. La admisibilidad de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial efectuadas por empleados de la propia Administración imputada es cuestión que ha sido tratada en anteriores dictámenes de este Consejo tales como el 28/2000, de 18 de abril; 52/2002, de 9 de abril; 32/2004, de 30 de marzo, 52/2005, de 13 de abril, o de 92/2006, de 14 de junio-, aceptándose que dentro del concepto particulares utilizado para la configuración normativa de dicho instituto jurídico artículo 106 de la Constitución y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre- cabe encuadrar a los propios empleados de la Administración ante la que se reclama que han sufrido daños con ocasión de su prestación de servicios. En el caso ahora analizado los efectos lesivos por los que se pretende la indemnización derivan de un evento que ha recibido la calificación y el tratamiento de accidente laboral, circunstancia ésta que ha venido planteando ciertas dudas en relación con el grado de compatibilidad de las compensaciones procedentes de ambas vías: las prestaciones inherentes al sistema de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y la eventual indemnización correspondiente al instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Los efectos lesivos por los que se pretende reparación han contado con la asistencia sanitaria prestada por el SESCAM, lo cual no es incompatible con otras indemnizaciones que pudieran derivarse de la diversidad de acciones civiles, penales o administrativas que surgen de un accidente. - Es preciso señalar que al igual que ocurre con otros servicios públicos, las instalaciones o el espacio en los que éstos se desarrollan no pueden concebirse como el centro de imputación automática y omnicomprensiva de cualesquiera hechos que acaecen en el área material de aquellos. Como ya ha puesto de manifiesto este Consejo en anteriores dictámenes, el hecho de que la responsabilidad patrimonial de la Administración haya sido calificada de objetiva no quiere decir que este instituto jurídico se transforme en una obligación universal de resarcimiento a cargo de la Administración pública de todo perjuicio sufrido por los particulares por la utilización de un servicio público. Así lo ha manifestado la jurisprudencia del Tribunal Supremo al señalar que La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario [...], se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. (Sentencia de 5 de junio de 1998, Ar. R.J. Aranzadi 5169). - Los daños alegados son consecuencia directa del funcionamiento del servicio educativo mencionado, si bien este funcionamiento debe calificarse como normal por ser normal que los alumnos durante la clase de Educación Física hagan deporte, y en este caso como parte de la misma, supuestamente ordenada por el propio profesor reclamante-.

3 DICTAMEN 126 Aceptar la existencia de responsabilidad en el presente supuesto sería tanto como admitir que lo acaecido en las dependencias de la Administración supone un título universal de imputación a la misma del resultado lesivo. - Tratándose de un funcionamiento normal del servicio público de educación, y aplicando la doctrina jurisprudencial citada anteriormente y contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2003, el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación funcionarial, pues de lo actuado se desprende que el profesor afectado por el accidente se encontraba en la realización de sus funciones ordinarias y cotidianas como profesor de Educación Física y en el lugar destinado para esta función los alumnos practican el juego del balón como actividad reglada, y organizada expresamente como actividad escolar-, actividades que la legislación establece deben ser vigiladas para evitar incidentes o lesiones, sin que por ello la Administración venga obligada a prever todas y cada una de las situaciones que puedan producirse o prever resultados insospechados. DICTAMEN Que no revistiendo carácter antijurídico el daño irrogado a D. X a consecuencia del accidente laboral sufrido por éste en el Colegio Público de H, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.

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