ANTECENTES DE HECHO IMPORTE UNITARIO (SIN IVA)

Transcripción

1 Expte.: 101/2015 ORDEN DEL CONSEJERO DE SANIDAD, DE 18 DE JUNIO DE 2015, POR LA QUE SE ACUERDA DESISTIR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO, DENTRO DEL MARCO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO ANTECENTES DE HECHO PRIMERO.- Mediante Orden del Consejero de Sanidad, de 9 de abril de 2015, se acordó iniciar expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de diagnóstico citológico dentro del marco de desarrollo del programa de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero, con un presupuesto total de ,00 (exento de IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), con un plazo de ejecución de un año, con cargo a la aplicación presupuestaria B , y con la siguiente distribución por anualidades: ANUALIDAD UNIDADES ESTIMADAS IMPORTE UNITARIO (SIN IVA) IMPORTE TOTAL (exento de IVA) , , , ,00 TOTAL , ,00 SEGUNDO.- Tras ser informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con fecha 6 de mayo de 2015, y fiscalizado de conformidad por la Intervención Delegada con fecha 15 de mayo de 2015, el Consejero de Sanidad, con fecha 19 de mayo de 2015, aprobó el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el gasto, acordando asimismo la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en los artículos y 157 del TRLCSP. TERCERO.- La licitación fue anunciada en el BOCYL, BOE y DOUE con fechas 26 de julio, 27 de julio y 21 de julio de 2015, respectivamente, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el 18 de junio de CUARTO.- La cláusula d) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que los licitadores deberán presentar dentro del sobre de documentación general los documentos indicados en el apartado 13 del Cuadro de Características de dicho pliego, que acrediten la solvencia económica o financiera y técnica o profesional o la clasificación requerida. Al respecto de esto, el citado apartado 13 del Cuadro de Características dispone:

2 "13.1. Servicios que no requieren la clasificación de las empresas: Solvencia económica y financiera: Medios de acreditación y condiciones mínimas: Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida de que disponga de dicho volumen de negocios. A estos efectos la empresa deberá acreditar una cifra de negocios anual, igual o superior al presupuesto de licitación en, al menos, uno de los últimos tres ejercicios anteriores, en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato Solvencia técnica: Medios de acreditación y condiciones mínimas: Deberá acreditarse mediante un mínimo de diagnósticos citológicos realizados en los tres últimos años. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario", indicándose a continuación en el apartado 13.2: "13.2. Servicios que requieren la clasificación de las empresas ( según el art. 25 del TRLCAP en relación con la D.T. Cuarta del TRLCSP): Clasificación Empresarial : Grupo/s Subgrupo/s Categoría/s" De conformidad con esto, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no establece en el apartado 13.2 de su Cuadro de Características ninguna clasificación empresarial a aportar por los licitadores para acreditar su solvencia, sino, simplemente, los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional especificados en los apartados y QUINTO.- A tenor de lo anteriormente expuesto, el Secretario General de la Consejería de Sanidad ha propuesto con fecha 17 de junio de 2015 el desistimiento del citado expediente de contratación. SEXTO.- La Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad ha informado favorablemente la propuesta de desistimiento. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En virtud de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el Consejero de Sanidad es el órgano competente para acordar el desistimiento de este expediente de contratación.

3 SEGUNDO.- El artículo 62 del TRLCSP establece que para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. TERCERO.- La regulación contenida en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sobre la forma de acreditar la solvencia económica y financiera, y la exigencia y efectos de la clasificación, ha sido modificada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Publico (en adelante Ley 25/2013), mediante la Disposición final tercera, apartados tres, cuatro y ocho. En concreto se han modificado los artículos 65, 76, 77 y 78 y la Disposición transitoria cuarta, y se ha introducido un nuevo artículo 79 bis. Concretamente, establece el artículo 65 del TRLCSP, tras la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre: 1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: a) Para los contratos de obras b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos. CUARTO.- La Ley 25/2013 demora la entrada en vigor de la reforma, pues el apartado ocho de la Disposición final tercera, modifica la Disposición transitoria cuarta del TRLCSP que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia. El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos,

4 subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79. bis de dicho texto refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a euros». Parece claro que se condiciona la efectividad de la supresión de la exigencia de clasificación como requisito obligatorio para los contratos de servicios a la regulación de los grupos, subgrupos y categorías en las que se clasificarán estos contratos. Por lo tanto, actualmente, en tanto no exista un desarrollo reglamentario de la norma, la clasificación como regla general es exigible en aquellos contratos de servicios cuyo valor estimado supere los euros. La excepción la constituye aquellos contratos a los que hace referencia el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que establece. Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto igual o superior a de pesetas ( ,42 euros), será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. Se exceptúan de este requisito los contratos comprendidos en las categorías 6 y 21 del artículo 206 y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. (Art TRLCAP). Debe señalarse que el importe actualmente vigente a partir del cual es exigible clasificación en los contratos de servicios es de euros de valor estimado, y no el de ,42 euros de presupuesto, al que hace referencia el artículo del TRLCAP, dado que, a pesar de que la disposición transitoria cuarta del TRLCSP en su primer párrafo efectivamente se remite al artículo del TRLCAP, en su tercer párrafo aclara: No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a euros. De conformidad con lo anteriormente expuesto, y dada la cuantía del presupuesto del contrato, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares debía haber exigido la clasificación empresarial correspondiente para acreditar la solvencia de los licitadores que pretendieran presentar proposición en el citado procedimiento abierto. No obstante, en vez de exigir dicha clasificación empresarial se les exigió la acreditación de dicha solvencia por

5 los medios y con los requisitos especificados en los puntos y del Cuadro de Características del PCAP. QUINTO.- Establece el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, "la renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación". Esta infracción de las normas de preparación y adjudicación del contrato puede apreciarse en los pliegos de contratación, entre otros actos que integran el procedimiento de licitación. En la medida en que la decisión de desistir de un contrato puede afectar, como es el caso, a los licitadores, la Ley exige el cumplimiento de los requisitos mencionados que deben ser interpretados de manera restrictiva. El desistimiento regulado en el TRLCSP es una alternativa de revisión de la actuación administrativa específica, en relación con los medios generales previstos en la Ley para la revisión de los actos administrativos como la declaración de lesividad prevista en el artículo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Es por ello que, concurriendo dichas circunstancias, la Administración puede desistir del contrato sin necesidad de acudir a dichos medios de revisión de los actos administrativos, en beneficio de la eficacia de la actuación administrativa, pues no tendría sentido continuar un procedimiento de licitación que infrinja la Ley, ni tampoco demorar en exceso la revisión de la actuación ilegal. Todo ello, claro está, siempre que no se comprometan derechos adquiridos, como sucedería si se hubiera producido la adjudicación del contrato. En este caso, la no exigencia de la clasificación empresarial correspondiente, para la acreditación de la debida solvencia económica y financiera y técnica o profesional, estaría infringiendo lo establecido al respecto en la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCSP y en el artículo 25.1 del TRLCAP. Como bien es sabido, la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares forma parte de la preparación de los contratos, de suerte que, como señala el artículo TRLCSP, deben aprobarse siempre antes de la licitación del contrato o, de no existir ésta, antes de su adjudicación. De hecho, en los artículos 127, 131 y 133

6 TRLCSP se alude, expresamente, a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares como actuaciones preparatorias de los distintos contratos típicos. En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta del Secretario General y a tenor de las competencias que me atribuye el artículo 78 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, DISPONGO El desistimiento del expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de diagnóstico citológico dentro del marco de desarrollo del programa de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero, con un presupuesto total de ,00 (exento de IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), por no haberse exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la clasificación empresarial correspondiente. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 61.1.b) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.3, 14.1 y 46, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad, a tenor de lo dispuesto en los artículos 61.2 de la citada Ley 3/2001, de 3 de julio, y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su notificación. Valladolid, 18 de junio de EL CONSEJERO DE SANIDAD