Antecedentes. Indicaba a este respecto que él no tenía la nacionalidad española y que, por lo tanto, su matrimonio no consta en el Registro Civil.

Transcripción

1 Resolución 2018R del Ararteko, de 3 de enero de 2018, por la que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que se revise la declaración de desistimiento de una solicitud de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda. Antecedentes 1-. Un ciudadano presentó una queja ante el Ararteko con motivo de la disconformidad con la declaración por la que se acuerda el desistimiento de su solicitud para el reconocimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV) por parte de Lanbide. El 29 de octubre de 2015 Lanbide resolvió declarar desistida la solicitud de reconocimiento de la RGI y la PCV. El motivo que se hacía constar en la resolución era el de: No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido: Certificado oficial que acredite su estado civil en España. El reclamante presentó un recurso potestativo de reposición el 9 de diciembre del mismo año. En el escrito manifestaba que había informado debidamente de su situación familiar en diferentes ocasiones. Señalaba, asimismo, que ha acreditado debidamente mediante el extracto del acta de Mauritania que está casado y que tiene tres hijos, al igual que con la aportación del certificado de residencia quedaba acreditado el lugar de residencia de su mujer y de sus hijos en aquel país, no en España. Indicaba a este respecto que él no tenía la nacionalidad española y que, por lo tanto, su matrimonio no consta en el Registro Civil. Igualmente, añadía que en varias ocasiones había acudido a la Oficina del Registro Civil en Donostia-San Sebastián y que en todas ellas le habían informado de que no es posible expedir dicho documento si no se ostenta la nacionalidad española. 2-. El Ararteko solicitó información a Lanbide sobre los hechos que el interesado puso en conocimiento de la institución; el organismo autónomo de empleo respondió mediante escrito del director general: 1

2 ( ) La persona que ha formulado la queja presentó el 9 de septiembre de 2015 la documentación que se le requirió el 19 de agosto de Concretamente, presentó la documentación de su país de origen, pero no la correspondiente a su estado civil en España. En consecuencia, no cumplió con la obligación de presentar toda la documentación solicitada en el requerimiento de documentación. ( ) Como ha podido observarse anteriormente, consideramos desistida la solicitud realizada, al no aportar la documentación relativa a su estado civil en España. 3-. En las últimas comunicaciones mantenidas con el promotor de la queja, éste informó al Ararteko de que había hecho una nueva solicitud de RGI y PCV, y de que Lanbide había procedido a solicitarle una nueva documentación; en esta ocasión, el trámite de audiencia se debía a la posibilidad de que pudieran existir más de dos unidades de convivencia en la vivienda en donde el solicitante tenía establecida su residencia. El promotor de la queja presentó un escrito de alegaciones y aportó certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Errenteria, en donde constaban únicamente dos personas empadronadas, él mismo y otra persona. Aportaba, igualmente, justificante de haber presentado una solicitud de baja de la tercera persona titular de prestaciones que vivía en el mismo domicilio, fechado un año antes del citado trámite de audiencia de Lanbide. El Ararteko desconoce si se le ha concedido la prestación de RGI dado que el reclamante no ha respondido a la comunicación remitida por esta institución con fecha 5 de julio de Entendiendo, no obstante, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho necesarios en cuanto a la primera de las solicitudes, la cual fue desestimada por no entregar un documento acreditativo del estado civil del solicitante en España, se procede a la emisión de las siguientes: 2

3 Consideraciones 1-. La normativa sobre la RGI y PCV establece que las personas unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal deben vivir juntas para constituir una UC. En el caso de las personas inmigrantes, la regulación prevé que cumplen el requisito de constituir una UC durante dos años como máximo, aunque su cónyuge o persona con la que mantenga una forma de relación permanente análoga a la conyugal no reside en territorio español. No obstante, tras los dos años, si su cónyuge o pareja no vive en el mismo domicilio, no pueden renovar el derecho a la prestación de RGI. Así, conforme al artículo 5.1.a) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, que establece lo siguiente en cuando a la figura de la unidad de convivencia a efectos de la RGI y/o PCV: Cuando se trate de personas inmigrantes, y su cónyuge o persona con la que mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio estatal, siempre que exista un informe social favorable del Servicio Social de Base correspondiente; en tales supuestos, la condición de unidad de convivencia podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses. Cabe señalar las dificultades que para cumplir con este requisito tienen que superar las personas extranjeras cuyo país de origen no forma parte de la Unión Europea, ni de los Estados que forman parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; deben cumplir las previsiones establecidas en Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta normativa obliga a las personas extranjeras a solicitar a la Administración General del Estado autorización para entrar, residir, trabajar, o reagrupar al cónyuge que vive en el país de origen. En este sentido, cuando la pareja es extranjera debe reunir determinados requisitos previstos en dicha normativa, por lo que la reagrupación familiar no depende únicamente de su voluntad, a diferencia de las parejas autóctonas. 2-. En el caso que nos ocupa, el titular de prestaciones ha reconocido abiertamente que su situación familiar era la de casado y con tres hijos, siendo la residencia habitual de todos ellos la de su país de origen. De la documentación que obra en el expediente, se constata que el reclamante entregó en su oficina de Lanbide un extracto del acta de matrimonio de Mauritania y un certificado de residencia de su esposa. 3

4 A pesar de ello, el 29 de octubre Lanbide resolvió declarar desistida la solicitud de reconocimiento de la RGI y la PCV, por: No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido: Certificado oficial que acredite su estado civil en España. Lanbide ha considerado que el hecho de no aportar certificado sobre su estado civil en España es motivo para proceder a la denegación de su prestación. 3-. Tal y como ya se ha apuntado con anterioridad, el promotor de la queja pidió en la oficina del Registro Civil de Donostia-San Sebastián que le expidieran un documento que acreditara cuál era su estado civil. La respuesta fue negativa, basándose en el hecho de que él no tenía la nacionalidad española ni había celebrado matrimonio alguno en España. En efecto, el artículo 15 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil señala que en el Registro constarán los hechos inscribibles que afectan a los españoles y a los acaecidos en territorio español, aunque afecten a extranjeros. En este supuesto, las dos personas contrayentes carecen de la nacionalidad española, una de ellas ni siquiera tiene la residencia habitual en el país, y el acto de matrimonio no ha ocurrido en España, sino en Mauritania. Por tanto, no es un hecho inscribible. 4-. A juicio del Ararteko, Lanbide debe exigir la aportación únicamente de aquellos documentos considerados indispensables; en el Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide del 2017, al que me remito, al analizar esta misma cuestión se señalaba que: ( ) las previsiones relativas a la subsanación, art. 68 LPAC y art del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, hacen referencia a la detección de errores o contradicciones en la solicitud, o en el supuesto de que la misma esté incompleta o no cumpla con los requisitos de los arts. 28 y 29 del citado Decreto se requerirá a la propia persona solicitante o a otras instituciones o entidades públicas y privadas cualquier otro dato, documento o informe que considere necesario para completar o subsanar el expediente. ( ) Se trata en todo caso de documentación que es indispensable para que la Administración resuelva la solicitud. Es importante tener en cuenta que la documentación que Lanbide puede pedir es, exclusivamente, la indispensable para dictar una resolución. 4

5 En este sentido, se mencionaba la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 6ª) de 7 de julio de 1997 según la cual: la omisión de datos y errores exige, según el artículo 71, que el órgano administrativo competente se lo haga saber al interesado, señalando dichos errores y omisiones y concediéndole un plazo de diez días para la subsanación, con la advertencia de que si no lo hiciere se archivará el expediente con los efectos prevenidos en el artículo 42, pero como advierte la Sentencia de esta Sala (antigua Sala Cuarta) de 16 de marzo de 1988, la Administración no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino aquella que sea indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución 1 y esos datos han de ser ignorados por la Administración, ya que si ésta los conoce, por haber presentado el interesado los documentos que se le piden, no tiene alcance la indicada consideración, tratándose de datos suficientes para resolver y para dictar la correspondiente resolución (FD4). En consecuencia, el requerimiento de mayor documentación debe responder a dudas razonables, y siempre a documentos que puedan conseguirse de forma efectiva por los titulares de prestaciones. 5-. En este caso, Lanbide ha requerido la presentación de un documento que no se puede expedir por una Administración Pública española, ya que se trata de un ciudadano extranjero casado que contrajo matrimonio en su país de origen. El promotor de la queja aportó el documento que acreditaba que su estado civil es el de casado y que su matrimonio en Mauritania era vigente; igualmente, informó en numerosas ocasiones a Lanbide de que era imposible conseguir el documento que le pedían, ya que en el Registro Civil no le facilitaban documentación sobre su estado civil al no tener la nacionalidad española. Aun así, Lanbide declaró desistida su solicitud por entender que no había aportado la documentación necesaria que ayudara a definir su estado civil. En opinión del Ararteko, la declaración de desistimiento de la solicitud y el archivo de la misma por no presentar un documento que no se puede expedir por la Administración competente, no es conforme a Derecho. En consecuencia de todo lo expuesto: 1 El énfasis es nuestro. 5

6 RECOMENDACIÓN El Ararteko recomienda que se revise la resolución que declaró desistida la solicitud de RGI y PCV del reclamante. 6