Tijuana, Baja California, a treinta de Agosto de dos mil dieciséis.

Transcripción

1 1 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACTOR: ********** AUTORIDAD DEMANDADA: SUBREGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Y OTRA AUTORIDAD EXPEDIENTE 144/2015 SS Tijuana, Baja California, a treinta de Agosto de dos mil dieciséis. SENTENCIA DEFINITIVA que se emite en los autos del Juicio Contencioso Administrativo número 144/2015 SS, promovido por **********, en contra de las autoridades Sub-Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana, Baja California y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California, mediante la cual se confirma la validez del acto impugnado, por inoperancia de los motivos de inconformidad planteados, y R E S U L T A N D O 1.- Que mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil quince, compareció ante esta Sala **********, instaurando demanda en contra de las autoridades Sub-Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana, Baja California y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California, señalando como acto impugnado: Resolución que contiene el rechazo a la petición que hice respecto de CERTIFICADO DE INSCRIPCION, de fecha 20 de febrero de 2015, solicitud a la que le recayó rechazo emitido por EL SUB-REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO **********. 2.-La parte actora señaló como hechos constitutivos de su demanda los siguientes: 1.- Con fecha de 20 de febrero del presente año, presenté la solicitud de CERTIFICADO DE INSCRIPCION a fin de que se me extendiera el documento antes descrito y acreditar la propiedad del mismo, mi solicitud la acompañe de la copia de mi credencial expedida por el INAPAM (Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores) acreditando con este hecho la edad del suscrito a la fecha tengo 64 años cumplidos, el motivo de este hecho es para que se me otorgue una reducción de 50% sobre los derechos que se cobran en el RPPC, esto de acuerdo al artículo 173 de la Ley de Hacienda Estatal el cual establece: Artículo Las exenciones que este Título otorga a los jubilados y pensionados, así como a las personas con discapacidad que realicen alguna actividad económicamente activa, siempre que sus ingresos no excedan de 5 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, personas que tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad, así como las Madres Jefas de Familia, serán del 50% del monto del crédito fiscal de las contribuciones reguladas por esta Ley, que a continuación se detallan y, se otorgarán dentro de los lineamientos siguientes: V.- DERECHOS POR SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; únicamente a los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad.

2 2 2.- Al presentar dicha solicitud y mi credencial con la cual acredito ser persona jubilada y mayor de 60 años, se me extendió recibo de pago No. Volante de fecha 20 de Febrero de 2015 y con sello de pago de caja por la cantidad de $ pesos, ingresando el trámite a fin de obtener el CERTIFICADO DE INSCRIPCION que la solicitud describe. 3.- Como se acredita, ingresé el trámite el 23 de Febrero de 2015 y se estableció la fecha de entrega del trámite el 25 de Febrero de 2015 a las 10:15 horas, a lo que puntualmente acudí a recibir el CERTIFICADO DE INSCRIPCION, a lo cual recibí REPORTE DE IMPROCEDENCIA del cual se lee SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE NO FUE POSIBLE EXPEDIR CERTIFICADO DE LA PARTIDA SOLICITADA, TODA VEZ QUE DEBERA CUBRIR PAGO COMPLETO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO, EN VIRTUD DE QUE NO PROCEDE EL 50%, YA QUE EL PREDIO QUE AMPARA DICHA PARTIDA NO ES PROPIEDAD DEL SEÑOR **********, FAVOR DE VERIFICAR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 Y DE LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 173 DEL DECRETO 93 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 4.- Es el caso que debido a lo antes expuesto y toda vez que considero es procedente el aplicar a mi caso en particular la reducción en el cobro del certificado solicitado, es que vengo a demandar a través del presente juicio la nulidad de la resolución recaida a la solicitud de expedición de CERTIFICADO DE INSCRIPCION, y en su lugar se instruya a la autoridad demandada aplique lo establecido en el art. 173 de la Ley de Hacienda Estatal vigente, por ser procedente la aplicación de dicho numeral al asunto planteado. 3.- La parte actora señala los motivos de inconformidad que precisa en el escrito inicial de demanda, sin que sea necesario hacer su trascripción por no constituir una exigencia legal, ni ser causa de afectación a la esfera de derechos del demandante. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º.J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 4.- La actora ofreció como pruebas: Con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se ofrecen y se exhiben como tales, las documentales que desde estos momentos se relacionan con todos y cada uno de los hechos y argumentos legales expuestos y Ad-Cautelam con el escrito de contestación de la presente demanda, las siguientes: 1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el rechazo administrativo dictado a la solicitud administrativa cuya respuesta se impugna, misma documental que se agrega a la presente en original, prueba que se relaciona con los hechos de la presente demanda. 2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Recibo volante ********** con fecha de pago veintitrés de febrero de dos mil quince, prueba que se relaciona con los hechos de la presente. 3.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Escrito de solicitud de CERTIFICADO DE INSCRIPCION de fecha de presentado 23 de febrero de 2015, prueba que se relaciona con los hechos de la presente. 4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en este expediente y se relaciona a los hechos. 5.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente en todo lo que de hechos conocidos y acreditados en autos, se desprenda para deducir los desconocidos que en mi favor se actualicen. 5.- Por auto de fecha veintitrés de marzo, se admitió la demanda, ordenándose emplazar a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la misma, mediante escritos recibidos

3 3 en esta Sala en fechas veintitrés abril y siete de mayo de dos mil quince. 6.- Con fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de ley, citándose a las partes para sentencia. C O N S I D E R A N D O S I.- Competencia. Esta Sala es competente para conocer de este juicio por materia, en virtud de promoverse en contra de un acto administrativo emitido por una autoridad estatal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la Ley que rige a este Tribunal, y por territorio en virtud de que promueve un particular, quien señala domicilio en esta ciudad, el cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial de esta Sala, que fue fijado por Acuerdo del Pleno de este Tribunal, en Sesión de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, conforme lo dispuesto por los diversos artículos 17 fracción VI, 18 fracción II, 21 y 23 de la citada Ley. II.- Existencia del acto o resolución impugnada. La existencia del acto impugnado, quedó plenamente probada en autos, con el original de las determinaciones emitidas por la autoridad demandada, rechazando la emisión de los certificados de inscripción solicitada por demandante, consultables en las fojas 11, 15 y 19 de autos, instrumentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno en los términos de lo dispuesto por los artículos 322 fracción II, 323 y 405 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente en la materia, por disposición del artículo 79 de la Ley del Tribunal. III.- Procedencia. La autoridad demandada Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California expresa en su escrito de contestación de demanda, que el juicio debe sobreseerse en razón de que no emitió el acto impugnado, ni participó en su elaboración. Del contenido de los documentos públicos en que constan los actos impugnados, se advierte que fueron emitidos por el Sub- Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en **********, sin que se evidencie la participación de la diversa autoridad demandada. En razón de ello, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción VI del artículo 40 de la Ley que rige a este Tribunal, debiéndose decretar el sobreseimiento en el juicio, únicamente en lo que respecto a la autoridad demandada Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de **********, en atención a lo establecido en la fracción II del artículo 41 de la Ley mencionada.

4 4 IV.- Análisis. De los hechos marcados con los numerales 1 y 4 del escrito de demanda, así como de las documentales que exhibió con la misma, se advierte que la pretensión del actor es que en los trámites administrativos que realizó, la autoridad acepte como pago total de los derechos correspondientes, el que efectuó mediante los recibos oficiales visibles en las fojas 10, 14 y 18 de autos, en los que se le efectuó un descuento del 50% en aplicación de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. En el único motivo de inconformidad (señalado en la demanda como PRIMER MOTIVO DE INCONFORMIDAD), refiere que los actos impugnados se encuentran indebidamente fundados y motivados, toda vez que, el que los inmuebles respecto de los que se solicita el certificado de inscripción sean propiedad del solicitante, no se establece como requisito para la aplicación del descuento del 50% de los derechos, en los artículos 43 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de ********** y 173 de la Ley de Hacienda del Estado de **********, mismos que sirvieron de sustento en la emisión de los actos impugnados. Por lo tanto, sostiene que debe declararse la nulidad lisa y llana de dichos actos, solicitando se condene a la autoridad demandada a que acepte la aplicación el 50% del descuento al demandante en aplicación de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, y proceda a expedirle los certificados solicitados. Ahora bien, conviene referir que en la emisión de los actos impugnados, la autoridad se sustenta en los preceptos señalados por el demandante, cuyo texto es el siguiente: Artículo 43.- La solicitud de expedición de certificación deberá: I. Presentarse por escrito o por vía electrónica; II. Adjuntar el comprobante del pago de derechos, en caso de solicitud vía electrónica, proporcionar el número de control progresivo de pago; III. Contener los datos que sean necesarios para la localización de los asientos sobre los que deba versar la certificación y, en su caso la mención del folio electrónico correspondiente; IV. Expresar el tipo de certificación que solicite; V. Señalar el antecedente registral de que se trate; VI. Señalar el predio o titular según corresponda; y VII. Indicar el periodo que deberá comprender la certificación. Este precepto legal en comento no establece ningún descuento con respecto al pago de los derechos correspondientes. Artículo Las exenciones que este Título otorga a los jubilados y pensionados, así como a las personas con discapacidad que realicen alguna actividad económicamente activa, siempre que sus ingresos no excedan de 5 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, personas que tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad, así como las Madres Jefas de Familia, serán del 50% del monto del crédito fiscal de las contribuciones reguladas por esta Ley, que a continuación se detallan y, se otorgarán dentro de los lineamientos siguientes:

5 5 I.- IMPUESTO SOBRE COMPRA VENTA Y OPERACIONES SIMILARES que excedan de un año de salario mínimo diario general vigente en el Estado; II.- Derogada; III.- Derogada; IV.- DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR: A.- LICENCIAS PARA CONDUCIR. B.- PLACAS O CALCOMANÍAS, para un solo vehículo de su propiedad. C.- OTROS SERVICIOS. V.- DERECHOS POR SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; únicamente a los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad. VI.- DERECHOS POR LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES. VII.- Impuesto sobre servicios de hospedaje. Este precepto normativo establece que el descuento que el descuento que pretende el demandante se le aplique, se estableció a favor de jubilados y pensionados, así como a las personas con discapacidad que realicen alguna actividad económicamente activa, siempre que sus ingresos no excedan de 5 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, personas que tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad, así como las Madres Jefas de Familia. No señala como requisito para aplicar el descuento, que el o los inmuebles respecto de los cuales se solicita el servicio de registro e inscripción, sean propiedad del solicitante. Así las cosas, resulta evidente que los actos impugnados se encuentran indebidamente fundados y motivados, en la medida en que los hechos en que se sustentan, no se adecuan a la normativa aplicada, lo cual resulta en la actualización de la causal de nulidad prevista por el artículo 83 fracción IV de la Ley que rige a este Tribunal. No obstante que los argumentos planteados son fundados, son inoperantes para cambiar el sentido de la resolución impugnada. En efecto, la pretensión del actor o causa petendi, es que se le aplique un beneficio económico, es decir, el descuento del 50% en el pago de derechos por certificados de inscripción. El mencionado artículo 173 no establece que las personas de la tercera edad o adultos mayores, por ese sólo hecho, sean beneficiarias del descuento que nos ocupa. El demandante afirma en su escrito de demanda, particularmente en el hecho 2 de la misma, que con la credencial emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) acredita ser persona jubilada y mayor de 60 años. Lo anterior es inexacto, toda vez que, si bien con la credencial que nos ocupa el hoy actor probó ante la autoridad ser una persona mayor de 60 años, ello no implica necesariamente que acredite ser una persona pensionada o jubilada, y le aplique así el descuento que

6 6 como beneficio se obtiene en los términos del artículo 173 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Es de precisar que el precepto legal mencionado, se encuentra íntimamente ligado al texto del artículo 172 del mismo ordenamiento que establece la forma en que se deberá probar la condición de pensionado o jubilado: Artículo Los jubilados, pensionados e indigentes mayores de sesenta años, personas viudas en situación de indigencia mayores de cincuenta años, personas con discapacidad, personas que tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad, Madres Jefas de Familia, y empresas, quedarán exentas del pago de contribuciones a que se refiere este Título, en los términos y condiciones que en el mismo se establecen. Para efectos de esta Ley se consideran: I. Jubilados o Pensionados: aquellas personas que acreditan la calidad correspondiente a través de la documentación oficial expedida por las Instituciones Públicas de Seguridad Social que a continuación se señalan: a) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. b) Instituto Mexicano del Seguro Social. c) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. d) Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de Ferrocarriles Nacionales de México. e) Otras instituciones de seguridad social que presten estos servicios en las diversas entidades federativas del país, o a diversas agrupaciones sindicales. La credencial a que se refiere el actor no constituye ninguno de los documentos mencionados, pues no es emitida por ninguna de las Instituciones de Seguridad Social que se refieren. Así las cosas, ante la inoperancia de los motivos de inconformidad, deberá confirmarse la validez de los actos impugnados. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82 in fine, 83, fracción IV de la Ley que rige a este Tribunal, se: R E S U E L V E ÚNICO.- Con base en lo expuesto en el considerando IV de esta resolución, se confirma la validez de los actos impugnados. Notifíquese personalmente a la parte actora, y por oficio a las autoridades demandadas. Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguilés Robert, Magistrada titular de la Segunda Sala, y firmó ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos Licenciada Norma Patricia Bravo Castro, quien da fe.

7 7 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 144/2015 S.S., EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN SEIS FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. DOY FE.