XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.7 BIS A CORUÑA

Transcripción

1 XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N.7 BIS A CORUÑA SENTENCIA: 00001/ RÚA CAPITÁN JUAN VARELA, S/N (A CORUÑA); 1º ANDAR Teléfono: , Fax: Equipo/usuario: AM Modelo: N04390 N.I.G.: OR5 ORDINARIO CONTRATACION /2017 Procedimiento origen: ORDINARIO CONTRATACION /2017 Sobre COND.GNRLS.CTRTO.FINAC.GARNT.INMO.PRSTARIO.PER.FIS Actor: ANGEL FRANCISCO AÑON SEIJAS, MARIA ISABEL RUIZ GONZALEZ Procurador/a Sr/a. MARIA DOLORES DOLDAN PALACIOS, MARIA DOLORES DOLDAN PALACIOS Abogado/a Sr/a. TOMY PALACIOS MARTINEZ, TOMY PALACIOS MARTINEZ Demandado: CAJA DE ARQUITECTOS, S. COOP. DE CREDITO Procurador/a Sr/a. JUAN LAGE FERNANDEZ-CERVERA Abogado/a Sr/a. JUAN LÓPEZ FERNÁNDEZ SENTENCIA NÚMERO 1/2017 A Coruña, 28 de julio de 2017 Vistos por mí, Augusto Javier Mosquera Blanco, juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 bis de esta ciudad, los autos del procedimiento ordinario arriba indicados, seguidos a instancia de Ángel Francisco Añón Seijas y María Isabel Ruiz González contra Caja de arquitectos sociedad cooperativa de crédito (ARQUIA), dicto la presente sentencia. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La procuradora, María Dolores Doldán Palacios, presentó demanda el día 5 de junio de 2017 en nombre y representación de Ángel Francisco Añón Seijas y María Isabel Ruiz González. Esta fue admitida y se emplazó al demandado para que la contestase en el plazo legal. SEGUNDO.- El 24 de julio de 2017, el procurador, Juan Lage Fernández Cervera, en nombre y representación de la entidad demandada, presentó escrito, en el que se allanaba a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda, solicitando el dictado de una sentencia estimatoria, sin condena en costas.

2 TERCERO.- El actor presentó escrito el día 24 de julio de 2017, reclamando la condena en costas en la sentencia estimatoria, tras lo que quedaron las actuaciones pendientes del dictado de la correspondiente resolución. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Afirma el artículo 21.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) que cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante. La doctrina ha definido el allanamiento como la declaración de voluntad del demandado aceptando la petición concreta formulada por el actor y que origina la conclusión del proceso mediante sentencia estimatoria de la demanda, salvo los casos exceptuados en la propia norma (fraude de ley, renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero). Esta figura responde al principio dispositivo que fundamento el Derecho Privado, que permite a las partes disponer enteramente del objeto del litigio, salvo ciertas excepciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de enjuiciamiento civil. En consecuencia, ante la existencia de un acto de disposición, como es el allanamiento, el tribunal se encuentra vinculado por la actuación de las partes, por lo que debe dictar sentencia en los términos solicitados, sin que sea posible el control o examen de la disposición efectuada (sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1991, 18 de octubre de 2007 y 28 de enero de 2009, comentadas por la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 17 de julio de 2009). SEGUNDO. En el presente caso, el demandado ha manifestado su conformidad con la totalidad de las pretensiones articuladas de contrario, sin que el allanamiento propuesto entrañe fraude ni perjuicio a tercero, ni a juicio de la actora ni al de este tribunal. En consecuencia, se dan todas las circunstancias exigidas por el precepto transcrito para deba dictarse una sentencia condenatoria en los términos solicitados por las partes.

3 En definitiva, conforme a los escritos de demanda y contestación, debemos dictar sentencia por la que declaramos la nulidad de la cláusula de limitación de la variabilidad del interés aplicable de la escritura de 3 de mayo de 2007 y condenamos a pasar a la demandada por esta declaración. Asimismo, debemos condenar a la demandada a restituir a los actores las cantidades pagadas en exceso, como consecuencia de la aplicación de la cláusula nula, cuya cuantía definitiva se liquidará en ejecución, si bien el demandado la sitúa ya en la suma de 1.813,60 euros, importe que ha consignado en la cuenta del juzgado. TERCERO. En relación a la cuestión de las costas, la única discutida por las partes, habida cuenta del allanamiento previo a la contestación, debe tenerse en cuenta no solo el artículo 395 LEC, sino también la normativa específica contemplada en el artículo 4 del Real decreto ley 1/2017. Conforme a ambos deben distinguirse claramente dos situaciones diversas. Por una parte, si el allanamiento fue precedido de una reclamación al amparo del mencionado decreto, si esta es rechazada total o parcialmente, el artículo 4.1 contempla la imposición de las costas a la entidad, pues el actor está obteniendo una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad. Ello es también conforme con el artículo 395, que indica que concurre mala fe cuando previamente a la interposición de la demanda el demandado rechaza una reclamación extrajudicial, supuesto en el que se le deben imponer las costas, aun cuando se allane en la contestación a la demanda. Por otra parte, en caso de que no se haya tramitado el procedimiento de reclamación previa a la entidad financiera, el artículo 4.2 del decreto excluye la condena en costas, al entender que no cabe apreciar mala fe, en los términos del artículo 395 LEC. En el presente caso, nos encontramos con que los actores formularon reclamación extrajudicial en enero de 2017, a la que obtuvieron respuesta negativa en mayo del mismo año, en la que se rechazaban sus pretensiones (documentos 4 y 7 de la demanda). Debe destacarse que la demandada encauzó la reclamación por el sistema de contestación creado al amparo del Real decreto 1/2017, al que expresamente se remite en su segundo burofax de 15 de febrero (documento 6 de la demanda), si bien dispensa a los actores de volver a presentar un escrito. Es decir, la demandada

4 dio respuesta a las pretensiones de los actores a través del cauce previsto en el Real decreto, pese a haber sido aquellas formuladas con anterioridad a su puesta en marcha. Y a través de este mismo mecanismo, rechazó íntegramente las peticiones de los actores, a las que hoy se allana. En definitiva, la contestación negativa en mayo de 2017 a la reclamación de enero conlleva que el allanamiento hoy formulado, deba reputarse hecho con mala fe y merecedor de la condena en costas, tanto conforme al artículo 395 LEC como el 4.1 del Real decreto 1/2017. En ningún caso puede defenderse la aplicación del artículo 4.2.a) por estar presentada la reclamación antes de la entrada en vigor del decreto: en primer lugar, ello supondría desconocer que el demandado equiparó en su día a los actores con los reclamantes del sistema creado por aquel; en segundo lugar, significaría ignorar el mismo hecho de la reclamación de enero y la respuesta negativa de mayo, y, en suma, hacer a los actores de peor condición que quienes reclamaron a partir de la entrada en vigor del Real decreto 1/2017, de un modo injustificado. Por lo tanto, conforme a lo dicho, procede condenar al pago de las costas a la parte demandada. En atención a lo expuesto, FALLO QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procuradora María José Doldán Palacios en nombre y representación de Ángel Francisco Añón Seijas y María Isabel Ruiz González y, en consecuencia: 1. Declarar la abusividad y nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad del interés aplicable, de la escritura pública de 3 de mayo de 2007 (estipulación financiera 2ª). 2. Condenar a Caja de arquitectos sociedad cooperativa de crédito (ARQUIA) a pasar por esta declaración.

5 Powered by TCPDF ( 3. Condenar a Caja de arquitectos sociedad cooperativa de crédito (ARQUIA) al pago de las cantidades cobradas indebidamente por aplicación de la anterior cláusula, cuyo importe se liquidará en ejecución. 4. Condenar a Caja de arquitectos sociedad cooperativa de crédito (ARQUIA) al pago de las costas procesales devengadas. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme. Contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días que computará desde el siguiente a la notificación de la resolución. El recurso habrá de presentarse en este juzgado y será resuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. fe. PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue esta resolución en el día de la fecha. Doy El juez La letrada de la Administración de justicia