DICTAMEN Nº. 144/2003, de 18 de noviembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 144/2003, de 18 de noviembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública iniciado a instancia de D. X, en nombre y representación de las mercantiles X e Y, como consecuencia de la denegación de concesión de explotación minera derivada de anterior permiso de investigación. ANTECEDENTES El 12 de junio de 2003 D. X presentó reclamación de responsabilidad patrimonial, en nombre y representación las mercantiles X e Y, en la que se solicitaba una indemnización de Euros, cantidad en la que se valoraban los perjuicios supuestamente sufridos, que debería ser debidamente actualizada, y en su caso, incrementada con los intereses legales que pudieran proceder. La citada petición se basó en las siguientes circunstancias: El 31 de octubre de 1996 X obtuvo el permiso minero de investigación de cuatro cuadrículas, ubicadas en los términos municipales de Menasalbas y San Martín de Montalbán. Presentado un plan de labores, en septiembre de 1998, la sociedad titular del permiso inició los trabajos de investigación. El permiso de investigación fue prorrogado el 15 de diciembre de 1999, y X presentó planes de labores en sucesivos años. [...] Los trabajos de investigación minera demostraron de modo suficiente la existencia de granito y episenitas en las citadas cuadrículas. X solicitó, por ello y con fecha 5 de octubre de 2001, la concesión de explotación [...]. Sometido el proyecto de explotación minera de X al procedimiento de evaluación ambiental regulado en la Ley de Castilla-La Mancha 5/1999, de 8 de abril, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Comunidades, en resolución de 8 de febrero de 2002, consideró no viable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de explotación de granitos y episenitas [...]. A consecuencia de la evaluación ambiental negativa, el director General de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha denegó a X la concesión minera derivada del permiso de investigación para granitos y episenitas por resolución de 12 de junio de Interpuesto recurso de alzada contra la resolución denegatoria de la concesión minera de explotación, fue desestimado por resolución de la Excma. Consejera de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 9 de octubre de 2002, notificada a X, al parecer, el 23 de octubre de [...] * Ponente: Juan Martínez Martínez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha La decisión de la Administración castellano-manchega que se deja señalada en los hechos anteriores supone que, por considerarse prevalente el interés público medioambiental, al titular de un permiso de investigación minera como el descrito se le deniega el derecho a obtener una concesión de explotación tal y como la Ley de Minas lo configura [...]. Esta decisión es la actuación administrativa a la que se imputa la causación de la lesión patrimonial que se pretende sea indemnizada. [...] Y adquirió los derechos mineros de X en contrato de cesión y transmisión fechado el 1 de marzo de 2002 y elevado a público en la misma fecha [...]. La adquisición tuvo lugar, pues solicitada ya la concesión de explotación, pero antes de publicarse la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 8 de febrero de Consta a la Administración minera de la Comunidad Autónoma la transmisión de derechos mineros a Y, puesto que a esta sociedad se ha otorgado trámite de audiencia en el expediente de caducidad del permiso de investigación permiso convertido en un mero papel sin valor económico alguno tras haber sido denegada la concesión de explotación por haberse reconocido prevalencia a la tutela de los intereses medioambientales. Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, el órgano instructor propuso la estimación parcial de la reclamación. 2 EXTRACTO DE LA DOCTRINA Se cree conveniente aclarar que en este caso, la actuación administrativa a la que se imputa la causación de la lesión patrimonial que se pretende sea indemnizada es el acto de denegación de la concesión minera, al considerarse prevalente el interés público medioambiental, a la entidad reclamante X, que ya era titular de un permiso de investigación. Asimismo, las lesiones alegadas consisten en el daño emergente derivado de los gastos realizados para la realización de las tareas de investigación amparadas en el permiso concedido, que no se cuantifica en la reclamación, y el lucro cesante y que si fue objeto de valoración, consiste en las ganancias dejadas de percibir al no poder explotar los recursos investigado como consecuencia de la denegación de la concesión de explotación. El permiso de investigación de recursos mineros no comprende el derecho de su titular a que le sea otorgada la concesión de explotación, ya que, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1995 (RJ 1995/2061), al ser imprescindible, para llevar a cabo una concreta explotación minera, el previo juicio administrativo de prevalencia de los indicados intereses enfrentados (minero y medioambiental), no cabe considerar que existan ni derechos consolidados ni expectativas ciertas y seguras de explotación hasta tanto no se haya efectuado el mencionado juicio de valor, y por consiguiente, hasta que la Administración se pronuncia al respecto, no se han incorporado al patrimonio del titular de los permisos de investigación otros derechos que los que de éstos se deriven ni pueden ser indemnizados otros perjuicios que los nacidos de la propia actividad realizada como consecuencia de tales permisos. Teniendo en cuenta que la entidad X no era titular del derecho de explotación sobre los recursos investigados, tampoco podía transmitirlo a la sociedad Y. Por otra parte, la indemnización reclamada por las ganancias dejadas de percibir a consecuencia de la imposibilidad jurídica de llevar a cabo la explotación solicitada (lucro cesante), no procede que sea concedida, ya que, como se recoge en la precitada Sentencia, el titular de los permisos de investigación no puede exigir el reconocimiento del lucro

3 cesante por la imposibilidad de llevar a cabo la explotación minera, dado que legalmente está condicionada a que resulte su interés prevalente frente a la protección del medio físico, y, en consecuencia, ni X ni Y tenían derechos consolidados a la concreta explotación, ni tampoco expectativas ciertas y seguras por cuya desaparición deba indemnizarse, en aplicación de la doctrina jurisprudencial mantenida en Sentencias del Tribunal Supremo como la de 18 de octubre de 1993, entre otras, según la cual no son objeto de reparación las expectativas remotas, por ser meramente posibles, inseguras, dudosas o contingentes, al ser desprovistas de certidumbre. Queda por determinar si, tal y como acuerda la propuesta de resolución, es posible indemnizar a X. por los gastos soportados al ejercer los derechos asociados al permiso de investigación del que era titular. La precitada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1995, dictada en un supuesto similar, otorga a la sociedad demandante una indemnización por las inversiones realizadas como consecuencia del permiso de investigación, al considerar que la negativa de la Administración a declarar la utilidad pública del Proyecto de Explotación Minera [...] ha impedido a la entidad titular de los permisos de investigación llevar a cabo la explotación de los recursos mineros puestos de manifiesto y definidos por los estudios y trabajos realizados, aplicando el artículo CE que configura la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública como objetiva o por el resultado. Aplicando la doctrina contenida en esta resolución judicial al caso que nos ocupa, debe entenderse que X tiene derecho a que sea indemnizada por el valor de las inversiones llevadas a cabo al amparo del permiso de investigación otorgado, no sólo por las razones esgrimidas por la Sentencia cuyos razonamientos se aplican, sino también porque tales gastos se realizaron con la confianza legítima por parte de la sociedad mercantil indicada de que la Administración, al permitir la investigación de recursos, presumiblemente concedería la explotación de los mismos a dicha entidad -que gozaba de un derecho preferente a su concesión-, en el caso de que tal investigación diese frutos. Puede pues afirmarse que la concesión de un permiso de investigación minera inútil, en terminología del Tribunal Supremo, pues del mismo no podía derivarse una concesión de explotación al impedirlo las normas de protección medioambiental, configuran, como recoge el Tribunal Supremo en la Sentencia citada un supuesto de responsabilidad de la Administración otorgante del permiso que alcanza al conjunto de los gastos realizados por la entidad titular de dicho permiso. En consecuencia, existe relación de causalidad entre el acto administrativo de otorgamiento del permiso de investigación seguido de la denegación, por motivos medioambientales, de la concesión minera, y los perjuicios sufridos por la entidad X, derivados de las inversiones realizadas al amparo del permiso de investigación del que era titular, debiendo determinarse la valoración de los perjuicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre la actuación de la Consejería de Industria y Trabajo sobre concesión del permiso de investigación minera a la mercantil X. y los perjuicios ocasionados a la misma por sus trabajos de investigación procede reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración en montante igual al coste de los citados trabajos de investigación que deberá determinarse de forma contradictoria, sin que se aprecie la existencia de responsabilidad patrimonial por la denegación de la concesión de 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha explotación minera, y en consecuencia no procede el reconocimiento de responsabilidad alguna por el lucro cesante solicitado. 4

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