SENTENCIA n.º 15/2017

Transcripción

1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE ANDÚJAR JUICIO ORDINARIO Nº 339/2016 SENTENCIA n.º 15/2017 En ANDÚJAR, a dos de febrero de dos mil diecisiete. Vistos por mí, Don José Maria Capilla Gallego, Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de Andújar, los presentes autos de Juicio Ordinario seguido ante este Juzgado con el número 339del año 2.016, siendo parte demandante MJRG y MAJJ representado por el/la procurador/a, MARIA MORENO POYATOS, y parte demandada BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.,representado por el/la procurador/a JOSE JIMENEZ COZAR. ANTECEDENTES DE HECHO Primero. Por el/la procurador/a, MARIA MORENO POYATOS, en nombre y representación de MJRG y MAJJ, se interpuso demanda de Juicio Ordinario, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, sobre nulidad de clausulas abusivas y reclamación de cantidad.

2 Segundo. Mediante decreto de 24 de junio de 2016se admitió a trámite la demanda. Por la representación procesal de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. se contestó a la demanda en legal forma dentro de plazo. Tercero. La Audiencia Previa se celebró el día dos de febrero de dos mil diecisiete, en la que tras intentar una solución amistosa sin éxito, las partes se posicionaron sobre los documentos aportados de contrario, y propusieron prueba, que fue admitida en su integridad al ser la documental la única prueba propuesta. Cuarto. Las partes haciendo uso de la facultad prevista en el artículo de la LEC, habiéndose admitido únicamente la prueba documental, solicitaron que las actuaciones quedaran vistas para sentencia sin necesidad de celebrar juicio. Quinto. En el presente procedimiento se han observado, en esencia, todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. En el presente procedimiento se ejercitan de forma acumulada dos acciones, de un lado, una acción de nulidad de una cláusula de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, y, por otro, la que sería consecuencia obligada de dicha declaración que no sería otra que la

3 reclamación de las cantidades recibidas como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula. En fecha 3 de mayo de 2005 los actores, MJRG y MAJJ suscribieron con la entidad financiera BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. un contrato de préstamo con garantía de hipoteca inmobiliaria por importe de euros recayendo la garantía hipotecaria sobre la finca registral n.º , que iba a cosntituir su vivienda habitual. Los actores alegan que el citado contrato contiene cláusulas financieras abusivas, principalmente la denominada clausula suelo. Alega la actora que la inclusión de la citada cláusula creó la apariencia de un contrato de préstamo hipotecario a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución previsible para el profesional, a corto o medio plazo, lo convertían en interés mínimo fijo variable nada más al alza; ello sin contraprestación alguna por parte de la entidad demandada, sin información previa y con absoluta falta de transparencia ante los actores que carecen de los más elementales conocimientos financieros, interesando la declaración de nulidad, por abusiva, de la citada clausula suelo y la restitución de lo indebidamente cobrado. Por su parte, la demandada se opuso a la demanda alegando que se cumplió los requisitos de transparencia e información, que no se trata de una condición general de la contratación, pues fue libremente aceptada y negociada por ambas partes, y que no es abusiva toda vez que se ajusta a las exigencias de la buena fe y no produce desequilibrio de las obligación contractuales; aduce que la redacción de la cláusula litigiosa es clara, sencilla y cristalina, perfectamente comprensible para cualquier persona de

4 una capacidad media. Por todo ello, solicita la desestimación íntegra de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora. Debe analizarse, a la vista de los motivos de fondo alegados, si la escritura pública de hipoteca que constituye el título ejecutivo contiene alguna cláusula abusiva al amparo del artículo º de la LEC con la reforma introducida por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, publicada en el BOE el 15 de mayo de Pues bien, dado el novedoso carácter de la legislación aplicable surgida tras la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de fecha 14 de marzo de 2013 en virtud de cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona al amparo de lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el objeto de la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y su posible confrontación con el contenido de los artículos 695 y 698 de la LEC y la falta de criterios jurisprudenciales en cuanto a la cuestión suscitada, entiende este Juzgador que debe analizarse a la vista de las conclusiones alcanzadas en la Jornada sobre las repercusiones de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria tras la reunión de Jueces y Magistrados celebrada el día 8 de mayo de 2013 y los criterios alcanzados en el Plenillo de la Audiencia Provincial de Jaén, con asistencia de Jueces de Primera Instancia de Jaén y Provincia, celebrado el día 11 de octubre de Así como atendiendo a las recientes resoluciones dictadas por nuestra Audiencia Provincial.

5 Segundo. Se impugna en primer lugar por su carácter abusivo la cláusula suelo pactada en la Clausula financiera 3.3 donde dice: No obstante lo previsto en los aparatados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal mínimo aplicable en este contrato será el 3,25 %. Se trata de las denominadas cláusulas suelo. Estas cláusulas han sido analizadas y enjuiciadas por el Pleno del Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 9 de mayo de y que, a efectos de valorar el carácter abusivo de esta cláusula, cabe concluir que no se ha cumplido el doble control de transparencia atendidos a los parámetros establecidos en la citada Sentencia. En concreto, el Tribunal Supremo considera que las cláusulas no son transparentes porque: a) falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del contrato; b) se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas; c) no existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar; d) no hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo; e) en uno de los casos considerados, se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor. Por este motivo el Tribunal Supremo se decanta por considerar que la falta de transparencia es determinante de abusividad de la cláusula. En este sentido, el contrato de préstamo hipotecario (doc. núm. 1 de la demanda) no destaca tal cláusula como un elemento principal y definitorio del contrato, fijándose un tipo del 2,75 % hasta el 4 de mayo de 2008, y posteriormente un interés variable resultante de agregar al tipo de

6 interés de referencia 0,75puntos y que, en ningún caso será inferior al 3,25%,por lo que en realidad se está contratando un préstamo con interés fijo mínimo que hará ilusorias las expectativas de los demandados en caso de bajar el tipo de referencia por debajo de ese tipo mínimo (aplicando al supuesto enjuiciado el criterio establecido por AAP Jaén de fecha 31 de marzo de 2014, Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Jesús Jurado Cabrera). Además, por la entidad bancaria no se facilitaron al consumidor, o al menos no se han aportado a los autos por ésta, simulaciones sobre el comportamiento futuro de los tipos de interés. Por último, tampoco hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas. En definitiva, la conducta de la entidad bancaria no supera el control de trasparencia por falta de una información previa, clara y comprensible que permitiera un correcto conocimiento de la cláusula suelo en el funcionamiento ordinario del contrato, por lo que debe declararse su nulidad por abusiva, máxime si la persona que suscribe el contrato de préstamo con garantía hipotecaria carece de conocimientos en materias financieras, como es el caso. En el mismo sentido nuestra Audiencia Provincial en autos de fecha , , , de y En conclusión, se ha de declarar la nulidad de la cláusula suelo integrada en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes,

7 sin que ello conlleve la nulidad del contrato en su totalidad, tal y como ya ha expuesto el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 9 de mayo de La siguiente cuestión a resolver se refiere a si se ha de dar un efecto retroactivo o no a la declaración de nulidad. Mediante sentencia de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas suelo, ya que los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían esas cláusulas. No obstante, el Tribunal Supremo decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de esas cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la sentencia. El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, ante quienes se habíanplanteado pretensiones de esa índole, preguntan al Tribunal de Justicia si la limitación de los efectos de la declaración de nulidad a partir de la fecha en que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo es compatible con la Directiva sobre cláusulas abusivas, ya que, según esta Directiva, tales cláusulas no vincularán a los consumidores. En la sentencia que dicta en Luxemburgo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el día 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula. El Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que, según la Directiva, las cláusulas abusivas no

8 podrán vincular al consumidor, en las condiciones estipuladas por los Derechos de los Estados miembros, incumbiendo a éstos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de tales cláusulas. El Tribunal de Justicia explica que incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula abusiva, de tal manera que se considere que dicha cláusula no ha existido nunca y que, de este modo, no produzca efectos vinculantes para el consumidor. La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor. Según el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en aras de la seguridad jurídica, que su sentencia no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores. En efecto, el Derecho de la Unión no puede obligar a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas. Sin embargo, habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión. En este contexto, el Tribunal de Justicia precisa que las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales no podrán afectar a la protección de los consumidores garantizada por la Directiva. Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo priva a los consumidores

9 españoles que celebraron un contrato de préstamo hipotecario antes de la fecha del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo del derecho a obtener la restitución de las cantidades que pagaron indebidamente a las entidades bancarias. Por consiguiente, de tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva. En aplicación de la citada jurisprudencia, se ha de estimar íntegramentela demanda declarando nula y sin efecto, por abusiva, la cláusula suelo recogida en la cláusula financiera 3.3 del préstamo hipotecario suscrito entre las partes el 3 de mayo de 2005, condenando a la entidad demandada a eliminar la misma del contrato, así como a abonar a los actores las cantidades cobradas por su aplicación desde el inicio del préstamo con garantía hipotecaria, según la reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea,la cual se determinará, en su caso,en ejecución de sentencia. Tercero. Según lo establecido en los artículos 1.100, y del Código Civil, cuando se establezca la obligación de pagar una cantidad de dinero, a través de una reclamación, porque el deudor no ha pagado en el tiempo establecido en el negocio jurídico, y por ello, esté incurso en mora, tal situación generará una obligación de indemnización por los daños y perjuicios causados que consistirán en el pago de unos intereses anuales equivalentes al interés legal del dinero, devengados desde que se produce esa reclamación judicial.

10 Cuarto. En virtud de lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas originadas por el presente procedimiento se impondrán a la parte demandada, al haber sido estimadas en su integridad las pretensiones de la parte actora y haber actuado la parte demandada con mala fe y temeridad manifiesta al obligar a la parte demandante a acudir a los Tribunales para satisfacer sus pretensiones, siendo de notorio conocimiento el criterio seguido por todos los Tribunales de Justicia y, fundamentalmente, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de nulidad de clausulas suelo y los consiguientes efectos de dicha declaración. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación. FALLO Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por MJRG y MAJJ, representado por el/la procurador/a, MARIA MORENO POYATOS contra BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., representado por el/la procurador/a JOSE JIMENEZ COZAR y, en consecuencia declaro la NULIDAD DE LA SIGUIENTE CLAUSULA: - La Cláusula Financiera 3.3(Clausula Suelo), con la consiguiente condena a la entidad demandada a que abone a la parte actora las cantidades cobradas de más por su aplicación desde el inicio del préstamo con garantía hipotecaria, más intereses legales desde la interpelación judicial.

11 Se imponen las costas del presente procedimiento a la parte demandada al haber sido estimada en su integridad las pretensiones de la parte actora y haber actuado la parte demandada con mala fe y temeridad manifiesta. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de veinte días desde el siguiente al de su notificación, previo ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado de la cantidad de cincuenta euros, y tasas correspondientes si procedieren, y que será resuelto, en su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo durante ese periodo las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes. autos. Dedúzcase testimonio de esta resolución que quedará unido a los Así lo acuerda, manda y firma D. JOSÉ MARIA CAPILLA GALLEGO, JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE ANDUJAR (JAÉN)y su partido. Doy fe. En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)