********** P R I N C I P A L. Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil dieciséis.

Transcripción

1 ********** VS DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y OTRAS AUTORIDADES EXPEDIENTE 130/2015 P R I N C I P A L Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil dieciséis. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo número 130/2015, promovido por ********** en contra del Director de Seguridad Pública Municipal y otra autoridad, y R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil quince, la parte actora promovió demanda de juicio contencioso administrativo en contra del Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Mexicali y Agente de Tránsito **********, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, señalando como acto impugnado, la boleta de infracción número ********** de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, impuesta por el Agente de Tránsito ********** adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, en que se le impuso multa de quince días de salario mínimo vigente al actor por conducir a exceso de velocidad. II.- Demanda y contestación. Los motivos de inconformidad expresados por la parte actora en el escrito de

2 demanda y la contestación de demanda producida por la autoridad demandada se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, al no existir precepto legal que establezca como obligatoria su inclusión, sin perjuicio de que, para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien tales argumentos, así como los de defensa expuestos por la demandada. Es aplicable, en lo conducente, por las razones que la integran, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, que a continuación se transcribe. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.

3 III. La parte actora ofreció como pruebas la documental pública, instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. IV. Mediante auto dictado el tres de junio de dos mil quince, se admitió la demanda por haberse presentado en tiempo y forma, procediéndose a emplazar a las autoridades, quienes al contestar sostuvieron la legalidad del acto impugnado. V. La audiencia de pruebas y alegatos, se celebró el veintiocho de agosto de dos mil quince, conforme a lo dispuesto por la ley que rige a este Tribunal, en la que se desahogaron las pruebas admitidas y se hizo constar que las partes no formularon alegatos. Por lo tanto, se procede a dictar la resolución correspondiente, de acuerdo a los siguientes C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Esta Primera Sala es competente para resolver el presente juicio, en virtud de la naturaleza jurídica del acto impugnado y de la autoridad emisora, así como por la ubicación del domicilio señalado por el actor, el cual se encuentra en la circunscripción territorial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 22, fracción I, 21, 23 y 45, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. SEGUNDO.- Existencia del acto impugnado. La existencia del acto impugnado quedó debidamente acreditado en autos, con la documental pública consistente en la copia simple de la Boleta de

4 Infracción número **********, de veinticuatro de abril de dos mil quince, emitida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, visible a foja 11, que tiene pleno valor probatorio conforme el artículo 328 en correlación a los artículos 411 y 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria atento lo dispone el artículo 30, primero y tercer párrafo y 79, ambos de la Ley que rige a este Tribunal, y que tiene la eficacia demostrativa para acreditar los términos en que se emitió. TERCERO.- Procedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se analizarán, en primer término, las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades demandadas. El Director de Seguridad Pública Municipal hizo valer la causal de improcedencia y sobreseimiento dispuesta en el artículo 40, fracción VI, de la Ley que rige al Tribunal, argumentando que no existe acto que reclamar en su contra. La causal es infundada, ya que, como se desprende del artículo 31, fracción III, de la ley que rige a este Tribunal, de subsecuente transcripción, el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado es parte en el juicio contencioso administrativo. Por lo tanto, tomando en consideración que el aludido Director es superior jerárquico del agente de tránsito que emitió la boleta de infracción que hoy se impugna, lo que se deduce de lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Mexicali, y que, además, como dispone el artículo 31, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al ser parte en el juicio, con tal carácter se puede imponer condena, se concluye que no opera el sobreseimiento solicitado. El artículo 31, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dispone lo siguiente: ARTÍCULO 31.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

5 I.- [ ] [ ] III.- El Titular de la Dependencia o Entidad Administrativa Pública Estatal o Municipal, de la que dependa la autoridad mencionada en la Fracción anterior; y [ ] El artículo 7 del Reglamento citado establece: Artículo 7.- Corresponde a la Dirección a través de sus agentes el ejercicio de las siguientes facultades: [ ] II.- Aplicar las sanciones que correspondan por las infracciones que se cometan; [ ] CUARTO.- Estudio. El actor sostiene, esencialmente, que el acto impugnado carece de las formalidades esenciales, contraviniendo lo expresado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional. Señala que se omitió citar el fundamento legal aplicable y precisar las circunstancias particulares tuvieron en cuenta para fijar las multas impuestas. que se Del cuerpo del acto impugnado se desprende que la autoridad emisora, agente de tránsito, señaló el artículo 74 del Reglamento de Tránsito como fundamento de la infracción y multa determinada por el mismo, empero, omitió señalar la fracción, párrafo o inciso del artículo que tipifican la conducta sancionadora. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito siguientes: TRANSITO MULTAS DE. Para que una multa por infracción al Reglamento de Tránsito esté debidamente fundada y motivada, se requiere que se haga la descripción clara y completa de la conducta que satisface la hipótesis normativa y que se dé con

6 absoluta precisión el artículo, y la fracción e inciso, en sus casos, que tipifican la conducta sancionadora. Y sería inconstitucional mermar o anular la garantía del artículo 16 constitucional por razones de aptitud o comodidades burocráticas, permitiendo la imposición de sanciones con motivaciones imprecisas y como en clave interna administrativa, o con la mención de varios preceptos, o de varias fracciones, o de varios incisos, o en reenvío a un grupo de infracciones, sin precisar con toda exactitud cuál fue la conducta realizada y cuál fue la disposición legal aplicada. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 84/79. José Rubén Aguirre. 11 de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes , página 224. Amparo directo 237/78. Francisco Pedro González García. 10 de mayo de Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. El motivo de inconformidad es fundado y suficiente para declarar la nulidad de la boleta de infracción **********. El artículo 147 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Mexicali, prevé una multa equivalente en salarios mínimos, siguiente: ARTICULO CONCEPTO DE INFRACCION GRADO DE LA INFRACCION *74 Conducir con exceso de velocidad o no respetar el límite señalado LEVE 1 A 3 LEVE 4 A 5 MEDIA 6 A 10 GRAVE 11 A 15 X De lo anterior, se observa que la tabla transcrita prevé sanciones con distinta cuantía establecida según el grado de la infracción cometida y que, a su vez, se pueden sancionar entre un mínimo y un máximo de días de salario mínimo general vigente. Por lo anterior, la autoridad demandada, Agente de Tránsito adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al establecer como sanción, una equivalente a 15 salarios mínimos, debió justificar las razones y circunstancias particulares que tomó en

7 consideración para imponer la sanción máxima, consistente en 15 días de salario mínimo, como consta en el apartado correspondiente de la boleta de infracción ********** (foja 11), para satisfacer la garantía de motivación que todo acto de autoridad debe cumplir, pues su omisión transgrede lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no haber sido así, el acto adolece del vicio de indebida motivación en la sanción. Apoyan lo anterior lo criterios siguientes: MULTA, FALTA DE MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DEL MONTO DE UNA. Si al imponer una multa se dan los motivos que orillaron a la autoridad administrativa a la aplicación de la sanción que se encuentra regulada por precepto legal entre un máximo y un mínimo; es decir, se funda y motiva la procedencia legal de la imposición de una multa, pero no aparecen en la resolución contenida en el oficio que constituye el acto reclamado, los motivos y razones por las cuales, se le impone a la sociedad quejosa el máximo de la multa debe estimarse no motivada e infundada la resolución reclamada. El arbitrio de la autoridad administrativa para la fijación del monto de la multa, sin establecer grados y sin referirse a circunstancias atenuantes, ni a la gravedad de la infracción para sancionarla conforme a una escala, debe entenderse como la facultad discrecional de dicha autoridad administrativa de razonar la imposición de una multa máxima, lo cual es lógico y jurídico, para que no se llegue a la arbitrariedad. Es decir, que una escala que regula el monto de una sanción, implica el supuesto lógico de que el mínimo debe corresponder a una infracción de menor cantidad que aquella que debe ameritar el máximo, como infracción grave. Es por lo anterior, que existe la obligación de motivar debidamente la gravedad de la infracción cuando se aplica el máximo de la sanción establecida por el precepto. No vale el argumento en el sentido de que la ley no establece grados ni circunstancias atenuantes, porque aunque así fuere por encima del precepto aludido, impera el artículo 16 Constitucional al establecer categóricamente la obligación de las autoridades de motivar debidamente sus actos. 1 MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCION. Para la correcta imposición de una sanción no basta la simple cita del precepto legal en que se funda, ya que debe determinarse la gravedad de la infracción y para ello es menester que las autoridades razonen pormenorizadamente las peculiaridades del infractor y de los hechos motivo de la infracción especificando la forma y manera como influyen en su ánimo para detenerla en cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificando así el ejercicio de su arbitrio para la fijación de las sanciones con base en la gravedad de la infracción. 2 1 Época: Sexta Época, Registro: , Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXII, Tercera Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis:, Página: Época: Séptima Época, Registro: , Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis:, Página: 88.

8 Al no advertirse la existencia de algún de motivo de inconformidad que mejore lo alcanzado con la declaración de nulidad por vicios formales, resulta innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad, en seguimiento al principio jurisprudencial del mayor beneficio. Apoya lo anterior el criterio siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso. 3 QUINTO. Condena. En congruencia con lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es procedente condenar a la parte demandada Director de la Dirección de Seguridad Pública 3 Época: Novena Época, Registro: , Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/83, Página: 1745

9 Municipal a que ordene la cancelación de la boleta de infracción ********** de sus registros y sistemas de cómputo a efecto de evitar que, eventualmente, se obstaculice a la parte actora realizar trámites de su interés, tales como la expedición de la constancia de no adeudo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 82, 83, fracción II, y 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es de resolverse y se... R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara la nulidad de la boleta de infracción **********, emitida por el Agente de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. SEGUNDO. Se impone a la autoridad demandada Director de Seguridad Pública la condena establecida en los términos que han sido expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad demandada. Así lo resolvió la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y firmó el Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos, Rosario Elena Parada Prieto, quien da fe. CRMV/REPP

10 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 130/2015, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDFIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN NUEVE FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS. DOY FE.