DICTAMEN Nº. 221/2006, de 4 de diciembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN 221 DICTAMEN Nº. 221/2006, de 4 de diciembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X, por los daños y perjuicios derivados de la atención que le ha sido dispensada en el Complejo Hospitalario de H, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES El día 12 de noviembre de 2003, D. X presentó reclamación en la que solicitaba una indemnización de euros, por las secuelas que padece como consecuencia de la mala práctica médica por parte de la sanidad pública. El interesado expresa en su reclamación que comenzó a ser tratado de una próstata benigna hace aproximadamente 15 años, mediante un control rutinario en asistencia ambulatoria, añadiendo que a partir del año 1998 comenzó a presentar dolor por lo que fue remitido a la consulta jerarquizada de urología. Se le efectuó una operación que hubo de ser seguida, tras mucho sufrimiento y múltiples visitas a los servicios especializados en los que fue tratado de mala manera, de otra, ya que en la primera se había obstruido el conducto de la orina. [] Como consecuencia de dichas intervenciones al dicente se le ha destrozado el pene, se le ha generado impotencia y le han quedado testículos duros y dolorosos. EXTRACTO DE LA DOCTRINA El reclamante fundamenta la responsabilidad sanitaria de la Administración en la mala práctica médica en la asistencia prestada, en la que le han realizado diversas intervenciones quirúrgicas que han resultado completamente inútiles, las cuales le han destrozado el pene, se le ha generado impotencia y le han quedado los testículos duros y dolorosos. Con carácter previo al examen de la relación causal, debe tenerse presente que, como manifestó el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de noviembre de 2002 (Ar. RJ 2003,61), para dilucidar si existe responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria es necesario fijar un parámetro que permita determinar el grado de corrección de la actividad administrativa a la que se imputa el daño; es decir, que permita diferenciar aquellos supuestos en que el resultado dañoso se puede imputar a la actividad administrativa (es decir, al tratamiento o a la falta del mismo) y aquellos otros casos en que el resultado se ha debido a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de garantizar la salud en todos los casos, siendo el criterio básico utilizado por la jurisprudencia para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial el de la lex artis, el cual se basa en el principio sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo. * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha El paciente venía siendo tratado desde el año 1997 en la consulta especializada de cupo de Urología por la dificultad y aumento de la micción, estando por ello bajo control farmacológico. Ante la persistencia clínica y la aparición de dolor en el pene y en los genitales, fue derivado a consulta hospitalaria del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de H, donde se le realiza exploración física se objetiviza una próstata fibroelástica de volumen I-II/IV sin nódulos, una PSA de 1,02 mg/ml, por lo que se inicia un tratamiento de alfabloqueantes, fitoterapia y antibioterapia por la sospecha de una prostatodinia-prostatitis crónica. El 15 de mayo de 2000 se efectúa una uretrocistoscopia por agravamiento de la dificultad miccional. Posteriormente, el 23 de noviembre de 2000, con el diagnóstico de síndrome obstructivo del tracto urinario inferior por Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP), se realiza, con consentimiento informado, una resección transuretral (RTU). Esta técnica, según se dice en el informe del Inspector Sanitario, es la más utilizada para el tratamiento de la RTU, estando indicada ante una disminución en el flujo de la orina, ya que la persistencia de una obstrucción compromete de forma importante la función renal. En el mes de febrero de 2001, ante la sospecha diagnóstica de posible estenosis uretral post- RTU, se realiza una uretrocistoscopia, sin evidencia de lesiones. En el mes de julio de 2001, apreciando dolor en testículos y pene se efectúa estudio por imagen encontrando hidrocele y varicocele bilateral, proponiendo cirugía ante esta patología, que se acompaña de disfunción eréctil, si bien cuando se va a realizar en diciembre de 2001 se desestima por remisión del cuadro. En abril de 2002 se realiza una exploración objetivando testículos y próstata dentro de la normalidad, revelando el estudio urodinámico posterior una gran cantidad de residuo postmiccional. Con el diagnóstico de patrón obstructivo miccional, por posible esclerosis cervical, el día 18 de octubre de 2002 se realiza una RTU cervical. Tras una revisión en la consulta de Urología, el paciente solicita revisión y segunda opinión médica en otro centro, la cual es realizada el día 19 de diciembre de 2002 y según manifiesta el reclamante, coincide con la expresada por los médicos del Complejo Hospitalario de H, por lo que le remiten a la Unidad de Dolor, en la cual está siendo atendido en la fecha de la presentación de la reclamación. La atención prestada al paciente, en la vertiente diagnóstica es, según se dice en el informe del Inspector Médico correcta en tanto se han utilizado los medios y las técnicas apropiadas que incluyen pruebas de imagen y funcionales, incluidos los estudios urodinámicos, que en todo momento han identificado la situación del paciente y ha posibilitado una propuesta terapéutica. Por lo que a la impotencia se refiere, el Dr. H dice que la misma, como complicación de la RTU, es excepcional y que su aparición con posterioridad al año de ser intervenido induce a pensar que la RTU no es la responsable de ella. Por su parte, el Inspector Sanitario manifiesta que en la historia clínica se comprueba que el paciente en esos momentos estaba tomando Dormodor, que también puede influir en su libido. A ello se une que el tratamiento para su hipertensión arterial con el antihipertensivo Prinivil también puede producir como efectos secundarios dicha impotencia, lo que le lleva a afirmar que a la vista de estos factores no podemos establecer categóricamente una causa única y precisa, pues en mayor o menor grado cualquiera de ellas o asociadas puede determinarla. En cualquier caso, aun en el supuesto de que la impotencia fuera una complicación de la RTU, la misma se encontraba incluida como un riesgo inherente, aunque excepcional, en el consentimiento firmado por el interesado el día 21 de junio de 2000 (letra I), por lo que el daño carecería de

3 DICTAMEN 221 la nota de la antijuridicidad exigida en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el que se establece que Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, habiendo señalado el Tribunal Supremo a este respecto en su Sentencia de 10 de mayo de 2005 (Ar. RJ 2005, 9332), que el daño debe reputarse antijurídico y por tanto no tendría el paciente el deber jurídico de soportarlo si no se actuó con la diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc, aspecto que no se da en el presente supuesto como se acredita con los informes médicos que obran en el expediente. En conclusión, del contenido de los informes médicos que obran en el expediente se deriva que la asistencia sanitaria prestada al paciente se ajustó lex artis ad hoc, por lo que las secuelas que padece no se deben a negligencia médica, sino que son debidas a la evolución de la patología que venía padeciendo, lo que supone que no procede declarar la relación causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y la misma. DICTAMEN Que no existiendo relación de causalidad entre el servicio público dispensado en el Complejo Hospitalario Universitario de H y los daños sufridos por D. X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.

4

5