Exp: CO Res: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y siete minutos

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David Gómez Guzmán
hace 5 años
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1 Exp: CO Res: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta y siete minutos del dieciocho de mayo del dos mil cinco.- Recurso de habeas corpus interpuesto por Marta Zárate, mayor, nicaragüense residente en Costa Rica, portador de la cédula de residencia 135-RE a favor de Diego Marín Salazar, mayor, soltero, colombiano, vecino de Barrio México y portador del pasaporte contra el Jefe de Puesto de la Primera Comisaría del Ministerio de Seguridad Pública. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:57 horas del 6 de mayo del 2005, el recurrente interpone recurso de habeas corpus y manifiesta el tres de mayo de este año, al momento en que el amparado se encontraba haciendo fila en el Banco Nacional de Costa Rica, a fin de cambiar unos dólares, fue detenido por oficiales de seguridad y trasladado a la Primera Comisaría, en donde permanece a la fecha privado de su libertad, sin que para ello, exista razón o fundamento legal alguno. Solicita el recurrente que se acoja el recurso y se ordene la libertad inmediata. 2.- Informa Eduardo Guzmán López, en su calidad de Director de la Policía de Proximidad de San José (folio 12), que el 3 de abril del 2005 a las 17:20 horas Diego Salazar Marín fue aprehendido por agentes de la policía motorizada a su cargo. Se recibió llamada del funcionario del Banco Nacional que reportó que un sujeto trató de realizar una transacción bancaria utilizando dólares falsos. Ya en la

2 Unidad Policial el amparado mostró identificación personal de la República de Colombia con número con su nombre Marín Salazar Diego y fotografía. Solicita que se desestime el recurso planteado. 3.- Por resolución de las 11:34 horas del 10 de mayo del 2005 la Magistrada Instructora tuvo como parte recurrida a la Dirección General de Migración y Extranjería (folio 18). 4.- El Lic. Marco Badilla Chavarría, en su condición de Director General de Migración y Extranjería, rindió el informe de ley y manifestó que el amparado Marín Salazar fue puesto a la orden de migración remitido por el Oficial Danilo Fonseca de la Fuerza Pública destacado en Delta 1, a las 17:47 horas del 3 de mayo del Se procedió a tomarle la declaración de las 13:45 horas del 5 de mayo del 2005 mediante la cual manifestó que había ingresado legalmente por el puesto migratorio en Sixaola, el 22 de abril del 2005 en forma legal, pero al día de hoy no ha presentado trámite alguno ante la Dirección General de Migración tendiente a regularizar su situación migratoria en el país, aunado a lo anterior no tiene familiares en primer grado costarricenses. Indicó además el ampara que cuando ingresó a territorio nacional una persona, le indicó que trabajaba para el Registro Civil y con Migración y que por 150 y dos fotos le conseguía la cédula de residencia. Le dio el dinero siendo que días después le entregó un sobre cerrado que contenía una cédula de identidad costarricense y licencia de conducir a nombre de Leiner Umaña Lacayo, pero con su fotografía insertada. Sin embargo revisado el sistema de registro de movimientos migratorios se constató que el

3 foráneo no registraba movimientos de ingreso al país y en su pasaporte figuraba sello de entrada a Costa Rica, por lo que su ingreso y permanencia en el país eran ilegales. En consecuencia se dictó la orden de deportación, mediante resolución DPI PEM/FNCC de las 14:27 horas del 5 de mayo del 2005 que le fue notificada a las 17:25 horas del 6 de mayo del 2005 la cual quedó firme de forma inmediata. Por ello no es cierto que el amparado permanezca detenido sin razón o fundamento alguno. Solicitó que se declare sin lugar el recurso. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y, Considerando: I.- Objeto del recurso.- La recurrente acusa que el 3 de mayo Diego Marín fue detenido mientras hacía una transacción en el Banco Nacional, cuando fue detenido y trasladado a la Primera Comisaría a pesar de que no estaba competiendo delito alguno, por lo que considera que permanece privado de su libertad ilegítimamente. II.- Del informe rendido bajo fe de juramento por las autoridades recurridas se desprende que los pormenores de la detención del amparado son los siguientes: A las 17:20 horas del 3 de mayo del 2005 Diego Marín Salazar fue aprehendido por agentes de policía de la Policía de Proximidad de San José, por aviso de un funcionario del Banco Nacional de Costa Rica que reportó que trató de realizar una transacción bancaria con una cédula de identidad costarricense falsa (informe a folio 10). El amparado fue trasladado a la Policía

4 de Proximidad de San José del Ministerio de Seguridad Publica donde se constató que en la base de datos de la Dirección General de Migración y Extranjería no reportaba ingreso legal. Fue puesto a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería, e ingresó al Centro de Aseguramiento de Extranjeros en Tránsito a las 17:47 horas del 3 de mayo del 2005 (folio 30). Esa dependencia, luego de tomar su declaración, dispuso su deportación por resolución N DPI PEM/FNCC de las 14:27 horas del 5 de mayo del 2005, notificada al recurrente el 6 de mayo del 2005, contra la cual no cabe recurso alguno (folio 38-40). III.- A juicio de la Sala la aprehensión del recurrente y su traslado a la Delegación de Policía de Proximidad de San José, por parte de oficiales de la Policía Administrativa no constituyó una restricción ilegítima de su libertad personal, pues se trata de un caso de flagrancia, contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política. Esta norma constitucional establece tres garantías en relación con la detención de las personas: a) sólo se puede detener a una persona cuando contra ella exista, al menos, un indicio comprobado de que ha participado en la comisión de un hecho que constituya delito; b) que la orden sea dada por escrito por un juez o autoridad encargada del orden público, a menos de que se trate de un delincuente prófugo o detenido en flagrancia y c) que dentro de las veinticuatro horas, contadas a partir de la detención, se le ponga a la orden de Juez competente. En el caso del recurrente, el mismo día de su detención a las 17:47 horas del año en curso fue puesto a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería,

5 que dispuso su deportación por resolución dictada dos días después. En consecuencia a la fecha la detención del amparado no es ilegitima, sino que tiene por objeto asegurar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Migración y Extranjería, sin embargo, visto que el amparado tiene ya quince días de estar detenido la Dirección debe proceder a ejecutar la deportación en un plazo razonable, pues de lo contrario puede incurrir en infracción de los derechos fundamentales del amparado. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese. Luis Fernando Solano C. Presidente Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. AVC/65/ccg

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