CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN.- Guayaquil, 08 de octubre

Transcripción

1 delecuador Caso N EP Jueza ponente: Dra. Tatiana Ordeñana Sierra í CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN.- Guayaquil, 08 de octubre de 2014, a las 12:26.- Vistos.- De conformidad con las normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el artículo 197 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, y el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte en sesión extraordinaria de 12 de agosto de 2014, la Sala de Admisión conformada por las juezas constitucionales Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote, en ejercicio de su competencia, AVOCA conocimiento de la causa N EP, Acción Extraordinaria de Protección, presentada el 28 de marzo de 2014, por el señor Luis Alberto Ortiz Vásquez, quien comparece por sus propios derechos.- Decisión judicial impugnada.- El demandante formula acción extraordinaria de protección en contra de los autos de 6 de marzo de 2013 y 25 de octubre de 2013, dictados por el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de Los Ríos y por la Unidad Judicial de lo Civil y Mercantil del cantón Quevedo de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, respectivamente.- Término para accionar.- La presente acción extraordinaria de protección es propuesta contra decisiones que se encuentran ejecutoriadas, y ha sido presentada dentro del término establecido en el Art. 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, en concordancia con el Art. 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte, reformado mediante Resolución No CC, emitida por el Pleno de la Corte, el 05 de marzo de 2013 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 906 del 06 de marzo de Identificación de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados.- El accionante señala que se vulneraron los derechos constitucionales contenidos en los artículos 75; 76, numerales 1, 3 y 7, literales 1) y m); y, 82 de la Constitución de la República del Ecuador.- Antecedentes.- El 22 de octubre de 2004, el señor Rafael Torres Mazzini, en calidad de procuradorjudicial del Banco de Guayaquil S.A. presentó demanda ejecutiva en contra del señor Fernando Ortiz Mejía, en su calidad de deudor principal y en contra de los señores Luis Ortiz Vásquez, Luis Ortiz Mejía, Rosely Soledispa Franco de Ortiz, Iván Ortiz Mejía y Karina Andrade Loor de Ortiz, en sus calidades de fiadores hipotecarios. En esta demanda, el actor requirió a la parte demandada el pago de las cuotas vencidas del contrato de préstamo con interés reajustable y de los pagarés N y La demanda propuesta fue conocida por el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de Los Ríos, el cual dictó sentencia el 13 de marzo de 2006, en la que decidió declarar con lugar la demanda y ordenar que los demandados paguen al actor la suma de US$ ,89 (Veintidós Mil Doscientos Cuarenta y Nueve^9/100 Dólares de los Página 1 de 4

2 Caso N EP Estados Unidos de América). En contra de esta sentencia se interpuso recurso de apelación, su conocimiento correspondió a la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos; esta judicatura pronunció sentencia el 3 de abril de 2009, en la que resolvió confirmar en todas sus partes la decisión venida en grado. De este fallo se formuló recurso de casación, el mismo que fue negado con auto de 17 de abril de 2009, emitido por la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Una vez que se ejecutorió la decisión judicial, el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de Los Ríos con auto de 17 de febrero de 2010 ordenó la liquidación de los valores a pagar dispuestos en sentencia, iniciando con ello el embargo de los bienes inmuebles de los demandados. Es así como durante el proceso de embargo, el Juez Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de los Ríos, una vez realizado el avaluó de los bienes inmuebles e iniciado el remate de los mismos, dicta el auto de 6 de marzo de 2013 (auto impugnado), por el cual calificó las posturas presentadas por los interesados en adquirir los bienes ofertados. Respecto de este auto, el señor Luis Alberto Ortiz Vásquez, procurador común de los demandados, presentó recurso de apelación, el que fue negado en auto de 4 de abril de 2013 dictado por el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y Mercantil de los Ríos. De este auto, a su vez, se dedujo recurso de hecho, el cual fue negado con auto de 27 de mayo de Posteriormente se formuló un requerimiento de nulidad siendo conocido por la Unidad Judicial Civil y Mercantil del cantón Quevedo de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos que, en auto de 25 de octubre de 2013 (auto impugnado), negó la nulidad y además ordenó la adjudicación de bien inmueble embargado y rematado. Ante aquello, la parte demandada formuló pedido de revocatoria el que fue negado el 20 de noviembre de Después se planteó pedido de nulidad del proceso desde el folio 411. Este pedido fue negado en providencia de 23 de diciembre de 2013 en la cual adicionalmente se dispuso la tradición material y la entrega del bien inmueble rematado. Sobre este auto se presenta recurso de apelación, mismo que es negado en auto de 3 de enero de Asimismo se dedujo recurso de hecho el cual fue negado el 20 de enero de A continuación existen otras actuaciones procesales que responden a la ejecución de la adjudicación de los bienes inmuebles, objeto del remate efectuado en el juicio ejecutivo, siendo la última providencia la dictada el 28 de abril de 2014 por medio de la cual se convoca a la partes a Junta de Prelación de Créditos.- Argumentos sobre la presunta vulneración de derechos constitucionales.- En lo principal, el accionante señala: "En el informe pericial emitido por el perito, economista Segundo Tapia Carriel, no se toman en cuenta los abones parciales realizados por quienes ostentábamos la calidad de deudores" con lo cual la autoridad judicial demandada actuó %..) ont :ontraviniendo la norma clara, previa y pública establecida en el artículo 458 del Página 2 de 4

3 delecuador Caso N EP Código de Procedimiento Civil (...) el juez al momento de convocar al remate, se va en contra de disposiciones procesales expresas, mismas que encierran una lógica y que no implican una simple solemnidad sustancial (...) En el presente caso se verifica la existencia de normas procesales como las siguientes: Código de Procedimiento Civil: Art (...) Así mismo Art (...)*.- Pretensión.- El accionante solicita: 1) "Que se acepte la demanda planteada respecto de los autos impugnados que violan mis derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; y a la seguridad jurídica (...)*; 2) "Que se deje sin efecto los autos impugnados; y que el proceso se retrotraiga hasta antes del remate; es decir, hasta el momento en que se convoca al remate (...); y, 3) "A manera de reparación integral se sirvan determinar que se me ha causado daños y perjuicios por la violaciones de los trámites judiciales señalados11.- La Sala de Admisión realiza las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo innumerado cuarto, agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte, la Secretaría General de la Corte el 28 de marzo de 2014 ha certificado que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.- SEGUNDO.- El artículo 10 de la Constitución establece "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales*. El numeral 1 del artículo 86 ibídem señala "Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidadpodráproponer las accionesprevistas en la Constitución*.- TERCERO.- El artículo 94 del texto constitucional determina: "La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.*.- CUARTO.- La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, en sus artículos 61 y 62, establece los requisitos de admisibilidad para la acción extraordinaria de protección. De la revisión íntegra de la demanda, y de los documentos que se acompañan a la misma, se observa que en el presente caso los argumentos deducidos por el accionante se encuentran incursos en lo establecido por el artículo 62 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, esto es, que el "fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley*. En efecto, se advierte que el accionante sustenta la vulneración de sus derechos constitucionales en la^errópca aplicación de los Página 3 de 4

4 Caso N EP artículos 457 y 458 del Código de Procedimiento Civil. Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, esta Sala INADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección N EP y se ordena su archivo.- De esta decisión no cabe recurso alguno y la misma causará ejecutoría, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte. Devuélvase el proceso al juez de origen.- NOTIFÍQÜESE.- Dra. Tatiana Ordeñana Sierra JUEZA CONSTITUCIONAL Dra. Ruth Seni Pinoargote JUEZA CONSTITUCIONAL LO CERTIFICO.- Guayaquil, 08 de octubre de 2014, alas 12:26. O ADMISIÓN Página 4 de 4

5 del ecuador CASO Nro EP RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintiún y veintidós días del mes de octubre del dos mil catorce, se notificó con copia certificada del auto de Sala de Admisión de 08 de octubre de 2014, a los señores: Luis Alberto Ortiz Vásquez en la casilla constitucional 333 y en los correos electrónicos diegopazminoabogados@gmailcom: diegoh.pazminol7raforoabogados.ec: carlosperalta9(a)hotmail.com: Moisés Delgado en el correo electrónico mdelgado22@hotmail.es: Gean Magaly Aguirre Benalcazar, procuradora judicial del Banco de Guayaquil S.A. en la casilla judicial 659 y en el correo electrónico smandakovic@falconipuig.com: Alvarito Miranda Martínez en la casilla constitucional 329; Aida Espinoza Flores en la casilla constitucional 710 y en el correo electrónico aidaefena66@hotmail.com: y, Martha Narcisa de Jesús Orellana Coronel en la casilla constitucional 329 y en el correo electrónico ab.alvaritomirandaralhotmail.com: conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.- JPCH/mmm Corte SECRETARÍA GENERAL