MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO Voto N

Transcripción

1 MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO 2007 Voto N Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas cuarenta minutos del veinticuatro de enero del dos mil siete. Recurso de reconsideración interpuesto por OMAR CASTILLO NARANJO, contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las doce horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil cinco, que corresponde al Voto no

2 COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto N Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas cuarenta minutos del veinticuatro de enero del dos mil siete. Recurso de reconsideración interpuesto por OMAR CASTILLO NARANJO, contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las doce horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil cinco, que corresponde al Voto no RESULTANDO PRIMERO: Mediante Voto no de las doce horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil cinco, la Comisión Nacional del Consumidor dispuso declarar (...) con lugar la denuncia interpuesta...contra OMAR CASTILLO NARANJO (...) (folio 58), específicamente por cuanto se logró determinar en la especie, la infracción al artículo 34 inciso h) de la Ley número 7472, el cual fue notificado a las partes involucradas (folios y 63). SEGUNDO: Que el quince de junio del dos mil seis, OMAR CASTILLO NARANJO, interpuso recurso de reconsideración contra la resolución indicada (Voto no ) (folios 68-69). CONSIDERANDO PRIMERO: Sobre la admisibilidad del recurso de reconsideración. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley número 7472, contra las resoluciones finales emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor cabe el recurso de reconsideración o de reposición, conforme al artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los dos meses siguientes después de notificada a las partes la resolución final, de manera que en vista de que el presente recurso fue interpuesto en tiempo y forma, se procede al análisis y resolución del mismo. SEGUNDO: Sobre el fondo: El recurrente alega que (...) Como bien lo ha manifestado anteriormente esta Comisión mediante la resolución Nº , para sancionar a los vendedores de lotería que incurran en especulación, es indispensable que se configure el cuadro fáctico previsto por la Ley 7472 para el ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional del Consumidor, esto es, la existencia de un consumidor final cuyos legítimos intereses y derechos se hayan visto afectados por las actuaciones de un determinado agente económico. En este sentido, la denuncia puesta en mi contra no fue interpuesta por algún consumidor final ( ) en ningún momento se logró demostrar por parte de la JPS (sic) que verdaderamente existió la infracción de mi parte en contra de algún consumidor final. ( ) (folio 68). Tales planteamientos no son de recibo, pues el Voto número de las dieciocho horas del trece de marzo del dos mil seis, de esta Comisión, dispone: ( ) es indispensable que se configure el cuadro fáctico previsto por la Ley 7472 para el ejercicio de las funciones de la CNC, esto es, la existencia de un consumidor final cuyos legítimos intereses y derechos se hayan visto 2

3 afectados por las actuaciones de un determinado agente económico. En este sentido, la CNC podría sancionar las denuncias interpuestas por consumidores finales, o bien, por terceros en su nombre, que sería el caso de los inspectores de la Junta de Protección Social que dejen en sus actas de comprobación de hechos efectiva constancia de la existencia de un consumidor final perjudicado por las actuaciones especulativas de un determinado concesionario o vendedor de lotería. No tiene potestad la CNC para sancionar los hechos plasmados en un acta comprobación en la cual se consigna la existencia de una compraventa ficticia, provocada por un inspector de la Junta de Protección Social con dinero de la Junta de Protección Social, no con un afán de consumo sino con el único fin de dejar constancia de la falta cometida por el vendedor de lotería. Para este último caso la misma Ley de Loterías ha previsto la posibilidad de revocar la concesión del vendedor como medida directa de la Junta de Protección Social. Únicamente en casos en los cuales exista realmente un consumidor final afectado por la venta a un precio mayor al autorizado, estará esta Comisión en potestad de sancionar, entendiéndose por consumidor final: (...)Toda persona física o entidad de hecho o derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros (...) ( ) (Lo subrayado es nuestro). Por lo consiguiente, dicha resolución no es aplicable al caso en cuestión, pues éste se refiere específicamente a cuando los hechos denunciados son generados por los inspectores de lotería de la Junta de Protección Social de San José (en adelante JPSSJ) y no cuando existe un consumidor destinatario final evidentemente afectado. En el caso que nos ocupa, del expediente administrativo se desprende que en relación a lo denunciado existe un consumidor afectado que se llama Elber Bonilla Díaz cédula de identidad número uno- trescientostrescientos nueve -Ver el escrito de interposición de denuncia, el Informe de Investigación por Presunto Condicionamiento de Venta de Lotería número , el Informe número 9809 y el Oficio número P.D.A. emitido por la Policía de Proximidad de Acosta, visibles a folios 1-8-, por ende no se puede aplicar la jurisprudencia administrativa mencionada. TERCERO: Como punto dos alega ( ) No ha existido en mi contra algún procedimiento disciplinario u ordinario en mi contra por parte de la Junta, violentándose así los contenidos esenciales del debido proceso constitucional en sede administrativa. La JPS (sic) no ha llevado ningún proceso paralelo a este en mi contra, ni me ha notificado nada al respecto. De conformidad con los artículos 39 y 41 de nuestra Constitución Política, no se puede menos que confirmar que la JPS (sic) ha violentado gravemente el debido proceso y de igual manera el principio de legalidad que determina la actuación de la administración. ( ) (folio 68). Lo alegado no es de recibo, pues el procedimiento que sigue la JPSSJ es independiente al seguido en virtud de la denuncia realizada. En la Ley de Loterías se establecen las potestades que tiene la JPSSJ frente a sus concesionarios y en la Ley número 7472 se establecen las potestades que tiene esta Comisión frente a los vendedores de lotería que incumplan la Ley número En consecuencia, por parte de esta Comisión no se violenta nuestra Constitución Política ni el principio de legalidad, al haber sido la resolución final dictada en estricto apego a Derecho. 3

4 CUARTO: Como punto tres alega ( ) Se me está atribuyendo la responsabilidad de infringir la Ley de Loterías por haber firmado el informe Aquí se violentan los artículos 136 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, el artículo 60 de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 383 del Código Procesal Civil, ya que mi firma fue de recibido y en ningún momento fué (sic) para aceptar los cargos que en dicho informe se expresa. ( ) Además por mi condición de no vidente, esas personas debieron, al menos, leerme ese documento y en el momento nunca lo hicieron. ( ) (folio 68). Lo anteriormente alegado no es de recibo, pues en el presente caso esta Comisión no sancionó al recurrente en aplicación a la Ley de Loterías sino en aplicación de los artículos 34 inciso h), 53 inciso a), 57 inciso b) y 59 de la Ley número Aunado a lo anterior, en cuanto a los hechos denunciados, cabe indicar que además de firmar el Informe número 9808 (folio 5), la parte recurrente en la comparecencia oral y privada aceptó haber condicionado la venta de lotería (folios 23-24, 27, 29, 35, 51-52), quedando de esta forma demostrada la infracción al artículo 34 inciso h) en relación con el 36 inciso b) de la Ley número Asimismo, en esa misma comparecencia la parte recurrente indicó que el inspector de la JPSSJ sí le leyó el documento que firmó, según consta a folios 26-27, 29, 35 y 42 del expediente administrativo, por lo que no es procedente venir mediante un recurso de reconsideración a alegar que a pesar de ser él no vidente no le leyeron el documento. QUINTO: Como punto cuatro alega ( ) La prueba testimonial de la parte accionante no fue recibida, de manera que si existen Hechos no Probados. ( ) Las pruebas documentales que se presentaron en el proceso no son plena prueba, pues no son documentos emitidos por funcionarios públicos que tengan fé pública. Y se están tomando como plenas pruebas, se viola el artículo 735 del Código Civil, pues se están teniendo como plena prueba documentos que se han alegado como falsos. ( ) (folios 68-69). Al respecto, se le indica que se rechaza lo alegado, debido a que la prueba testimonial de la parte accionante fue evacuada en la comparecencia oral y privada, tal y como consta a folios del 37 al 48. En tal línea de ideas, al revisar exhaustivamente los autos, se tiene que no existe ningún hecho no probado importante para la resolución de lo denunciado, por lo que en la resolución final se dispuso correctamente que no existen (folio 57). En otro orden de ideas, en lo que respecta a las pruebas documentales presentadas por la parte accionante, se le aclara que al haber sido los documentos emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones se les da el carácter de documento público, por lo que de conformidad con los artículos 369 y 370 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria de conformidad con los artículos 71 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública- tienen carácter de plena prueba, mientras no sean argüidos de falsos en la vía correspondiente. Ante lo cual, de los autos no se desprende que dichos documentos públicos hayan sido argüidos de falsos donde corresponde. Así las cosas, por las razones expuestas, se debe rechazar en todos sus extremos, este recurso de reconsideración interpuesto, como en efecto se hace. POR TANTO 1. Se declara sin lugar el Recurso de reconsideración interpuesto por OMAR CASTILLO NARANJO contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las doce horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil cinco, que corresponde al Voto no , que declaró con lugar la denuncia por condicionar la venta. Téngase por agotada la vía administrativa. 2. En este acto y con fundamento en el artículo 93 del Reglamento a la Ley de 4

5 promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, así como el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, se efectúa SEGUNDA intimación al señor OMAR CASTILLO NARANJO cédula de identidad número unotrescientos cincuenta y dos- ciento ochenta y seis, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de esta notificación, cumpla con lo dispuesto en el POR TANTO del Voto aquí confirmado que textualmente indica (...) se le impone la sanción mínima de pagar, el monto de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS COLONES ( ,00), el cual debe ser cancelado mediante Entero de Gobierno en un banco estatal autorizado y aportar al expediente el recibo original o fotocopia certificada mediante el cual se acredite el pago de la multa. (...). Concluido lo ordenado, remita documento que acredite dicho hecho a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en San José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora trescientos cincuenta metros oeste, para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en la presente intimación y según corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el expediente a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. NOTIFÍQUESE EXPEDIENTE no