MAGISTRADO RELATOR: CARLOS RONZON SEVILLA SECRETARIA: ANA MARGARITA MEJÍA GARCÍA

Transcripción

1 DA-35/ AMPARO DIRECTO QUEJOSA: **********, ********** MAGISTRADO RELATOR: CARLOS RONZON SEVILLA SECRETARIA: ANA MARGARITA MEJÍA GARCÍA Ciudad de México, Distrito Federal. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de seis de marzo del dos mil catorce V I S T O S; Y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el seis de enero del dos mil catorce en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el representante de **********, **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada el seis de noviembre del dos mil trece por el magistrado instructor de la Décima Sala Regional Metropolitana del mencionado tribunal en el juicio de nulidad 14173/

2 2 DA-35/ SEGUNDO. Se tuvieron como terceros interesados al Procurador y al Jefe del Departamento de Servicios de la Delegación Veracruz, ambos de la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Directora de Cobranza Coactiva y a la Subtesorera de Fiscalización, ambas de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, quienes fueron emplazados por conducto de este tribunal. TERCERO. Por acuerdo de catorce de enero del año en curso, el presidente de este tribunal colegiado, al que correspondió conocer de la demanda de garantías, la admitió a trámite y ordenó su registro con el expediente D.A.-35/ CUARTO. De la admisión de la demanda se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y no formuló pedimento. QUINTO. Por acuerdo de catorce de febrero siguiente, se turnó el asunto al magistrado relator para que formulara el proyecto de sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del juicio de amparo directo de

3 3 DA- 35/ conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se promueve contra una sentencia definitiva dictada por un tribunal administrativo que reside en la jurisdicción de este órgano judicial. SEGUNDO. El juicio de garantías fue promovido en tiempo, ya que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa el viernes seis de diciembre del dos mil trece, mientras que la demanda se recibió en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el seis de enero del dos mil catorce, esto es, al séptimo día hábil, descontando en el cómputo los días lunes nueve, en que surtió efectos la notificación, del sábado catorce de diciembre del dos mil trece al miércoles uno de enero del dos mil catorce, sábado cuatro y domingo cinco del mes y año en cita, por haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por los acuerdos G/1/2013 y G/1/2014 del Pleno de la Sala Superior del citado tribunal.

4 4 DA-35/ TERCERO. El acto reclamado es cierto, según las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe justificado. CUARTO. La sentencia que constituye el acto reclamado de la sala responsable, en su parte resolutiva, dice: I. Han resultado fundadas y procedentes las causales de improcedencia y sobreseimiento que sobrevinieron en el juicio, en consecuencia; II. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, propuesto en contra de la resolución de 9 de septiembre de 2005, a través de la cual, el Jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, le impuso una multa en cantidad de $5,000.00; así como el oficio **********, de 15 de febrero de 2013 emitido por la Subtesorera de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas, a fin de hacer efectiva la aludida multa. QUINTO. Para definir el tratamiento que deba darse a los conceptos de violación conviene informar las consideraciones en que se apoya el fallo reclamado. El magistrado instructor resolvió que el juicio es improcedente contra la resolución de nueve de septiembre del dos mil cinco, en que el Jefe de Departamento de

5 5 DA- 35/ Servicios de la Delegación Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor impuso multa a la hoy quejosa en cantidad de $5, (cinco mil pesos). Explicó que aun cuando la accionante negó conocer esa resolución, la autoridad demostró habérsela notificado el veintiséis de septiembre del dos mil cinco, sin que hubiera controvertido la legalidad de esa diligencia mediante ampliación de demanda, no obstante que se le concedió plazo para tal efecto. Consecuentemente, dijo que si el juicio fue promovido hasta el dieciocho de junio del dos mil trece, resulta evidente que se promovió fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 58-2, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para controvertir esa decisión, la quejosa aduce que es ilegal que se sobresea en el juicio sin analizar los argumentos en que adujo que la demandada no le notificó debidamente la cita para acudir a la audiencia de nueve de septiembre del dos mil cinco, en que le fue impuesta la multa impugnada. Como se advierte, la quejosa se limita a afirmar que la sala debió analizar los argumentos que propuso contra la resolución administrativa impugnada, sin proponer

6 6 DA-35/ argumentos tendentes a controvertir los motivos dados por el responsable para establecer que el juicio fue extemporáneo y, por tanto, improcedente. Consecuentemente, es inoperante. Apoya la decisión anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 52/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 244, que establece: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. SEXTO. En otro aspecto, el instructor también decidió sobreseer en el juicio respecto del oficio **********,

7 7 DA- 35/ de quince de febrero del dos mil trece, en que la Subtesorera de Fiscalización de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal informó a la contribuyente que estaba en posibilidad de regularizar su situación fiscal con relación a la multa identificada en líneas anteriores, indicándole que sería iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para su cobro coactivo. Explicó que, en términos de los artículos 117, fracción II, inciso b), y 127 del Código Fiscal de la Federación, la impugnación de los actos del procedimiento administrativo de ejecución por no haberse ajustado a ley sólo puede hacerse valer hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, de suerte que el oficio de la autoridad exactora impugnado no constituye una resolución definitiva, motivo por el cual el juicio de nulidad es improcedente en su contra. Contra esa decisión, la quejosa aduce que es ilegal que sobresea en el juicio no obstante que en su demanda propuso como motivo de nulidad que el crédito cuyo cobro pretende la autoridad fiscal a través de la resolución administrativa impugnada está prescrito. Para definir si es fundado o infundado el argumento, se tiene presente que del análisis de la

8 8 DA-35/ demanda de nulidad se advierte que la hoy quejosa adujo que el crédito cuyo pago se le reclama está prescrito, en virtud de que la multa le fue impuesta el nueve de septiembre del dos mil cinco, de suerte que los cinco años a que se refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación concluyeron el nueve de septiembre del dos mil diez. Por otro lado, el artículo 117, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación prevé que el recurso de revocación procede contra actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que se han extinguido, hipótesis distinta a la prevista en el inciso b) del citado artículo y fracción, que establece la procedencia del referido recurso contra actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que no se ajustaron a la ley. El artículo 127 del código tributario invocado dispone que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se apegó a las disposiciones legales aplicables, las violaciones cometidas antes del remate podrán hacerse valer hasta la publicación de la convocatoria del remate.

9 9 DA- 35/ De la interpretación sistemática de las disposiciones invocadas se concluye que sólo en los casos en que se alegue que los actos de ejecución no se apegaron a la ley, el contribuyente tendrá que esperar a la publicación del remate para impugnarlos, pero no cuando se alegue que el crédito cuyo cobro pretende la autoridad se extinguió, caso en el que el afectado podrá impugnar desde luego los actos de cobro. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 99/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 308, que establece: REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO CONTRA LOS ACTOS REFERIDOS EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PROCEDE INDEPENDIENTEMENTE AL DEL INCISO B) DE DICHA FRACCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006). Para el inicio del procedimiento administrativo de ejecución es necesaria la existencia de un crédito fiscal no pagado dentro del plazo marcado por las leyes. Por otra parte, conforme al artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, el requerimiento de pago es la primera fase del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, es uno de sus elementos. Así, el recurso de

10 10 DA-35/ revocación previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 117 del Código referido, procede en contra del requerimiento de pago por el que se exige cubrir un crédito fiscal que ha quedado extinguido o su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización establecida en el artículo 21 del indicado ordenamiento, pues en ese medio de defensa se cuestiona la existencia del crédito fiscal o su cuantificación; en tanto que, el supuesto de procedencia del citado recurso, previsto en el inciso b) de la fracción II del referido artículo 117, se controvierte el procedimiento administrativo de ejecución por no ajustarse a la ley. Así, el legislador otorgó autonomía en términos de procedencia al recurso de revocación, en los supuestos señalados del requerimiento de pago, al regular su procedencia de manera independiente de la prevista en el inciso b). En este sentido, se concluye que cuando el contribuyente alegue que el requerimiento de pago se encuentra en los casos del inciso a) de la fracción II del artículo 117, podrá promover el recurso de revocación de manera independiente y cuando se requiera un crédito fiscal, sin que tenga que esperar hasta la publicación de la convocatoria de remate, en términos del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Bastan las explicaciones anteriores para corroborar que asiste razón a la quejosa en su afirmación de que es ilegal que se sobresea en el juicio con base en la causa de improcedencia invocada por el responsable

11 11 DA- 35/ cuando en su demanda alegó que el crédito fiscal a que se refiere el oficio F/07963/2013, de quince de febrero del dos mil trece, se ha extinguido por prescripción. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado, cuyo efecto inmediato y directo es la ineficacia jurídica de la sentencia reclamada, debiendo el magistrado dictar otra en la que reitere las consideraciones que no son objeto de la protección constitucional y, de no actualizarse causa de improcedencia diversa a la analizada, se haga cargo de los argumentos de ilegalidad propuestos contra el oficio F/07963/2013, de quince de febrero del dos mil trece, en especial el relativo a la prescripción del crédito a que se refiere ese acto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, **********, contra la sentencia dictada el seis de noviembre del dos mil trece por el magistrado instructor de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 14173/

12 12 DA-35/ Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al órgano jurisdiccional de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente. Así, por unanimidad de votos de los señores magistrados Carlos Ronzon Sevilla (presidente), Julio Humberto Hernández Fonseca y, Joel Carranco Zúñiga lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados. autoriza y da fe. Firman los magistrados con la secretaria que "En términos de lo previsto en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

13 El licenciado(a), hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.