Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Transcripción

1 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Resolución núm 148/2017, de 30 de octubre REMC SERV-CABILDO TF Recurso contra propuesta de la Mesa de contratación. No es recurrible la propuesta de la Mesa de contratación de exclusión de un licitador por baja desproporcionada, siendo el órgano de contratación el competente para resolver sobre la exclusión. El hecho de que la recurrente haya interpuesto el recurso indebidamente contra un acto no susceptible del mismo ha obedecido a una conducta errónea de la Administración, debido a lo cual, aunque el recurso haya de ser inadmitido, procede que el órgano de contratación, con sujeción al procedimiento establecido en el artículo del TRLCSP, dicte una resolución sobre el carácter anormal o desproporcionado de la oferta. La UTE, en su caso, podrá interponer recurso especial en materia de contratación contra dicha resolución. Inadmisión. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por don AOPM, actuando en nombre y representación de la mercantil LUMICAN S.A., y don LFAJ, en nombre y representación de la mercantil IMESAPI S.A., contra la propuesta de la Mesa de Contratación, adoptada el 3 de agosto de 2017, de exclusión de la UTE LUMICAN S.A.-IMESAPI S.A; en la licitación del contrato, promovido por el Cabildo de Tenerife, denominado "Servicio de explotación y Mantenimiento del Centro de Información de Carreteras "CIC" y de los Sistemas e Instalaciones de él dependientes instalados en determinados túneles y carreteras de la Isla", (Exp: C-828), se dicta la siguiente Resolución: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. El Cabildo de Tenerife convocó licitación para adjudicar el contrato de referencia. La convocatoria fue objeto de publicación en los medios y fechas siguientes: DOUE,13/08/2016; Perfil del contratante, 17/08/2016; BOE, 25/08/2016. El valor total estimado del contrato asciende a la cantidad de ,21 euros (IVA excluido).

2 SEGUNDO. La licitación se llevó a cabo de conformidad con los trámites previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, -cuyo texto refundido (TRLCSP, en adelante), se aprobó por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre-, y en las normas de desarrollo de la misma. TERCERO. El de 2 de agosto de 2017, a la vista de la documentación aportada por la UTE para justificar la valoración de su oferta, se emite Informe técnico por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje en el que se concluye que no se considera justificada la oferta económica en baja desproporcionada, presentada por la UTE LUMICAN S.A.-IMESAPI S.A. Seguido el procedimiento por el cauce legalmente establecido, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 3 de agosto de 2017, y a la vista de la documentación del licitador y del Informe técnico referidos en el párrafo precedente, acuerda proponer al órgano de contratación, en lo que a esta resolución interesa, la exclusión de la clasificación de la UTE LUMICAN S.A.-IMESAPI S.A, ya que, a la vista de la documentación aportada por la mercantil, así como del informe técnico elaborado, se concluye que no queda justificada la oferta presentada. ; y elevar al citado órgano de contratación la propuesta de adjudicar el contrato a la entidad mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., CUARTO. Mediante escrito de la Jefa del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, fechado el 31 de agosto de 2017, notificado a la UTE el día 4 de septiembre siguiente, se le da traslado del Acta relativa a la reunión de la Mesa, de 3 de agosto de 2017, en la que se adoptó la propuesta de exclusión que nos ocupa. En dicho escrito de la Jefa de Servicio figura un pie de recurso en el que se informa a la UTE que contra dicha propuesta de exclusión de la Mesa el interesado puede interponer el recurso especial en materia de contratación. QUINTO. El 22 de septiembre de 2017 tiene entrada en el registro del Cabildo Insular de Tenerife escrito de interposición del recurso especial en materia de contratación presentado por la UTE LUMICAN S.A.-IMESAPI S.A, contra la Resolución de la Mesa de Contratación firmada por la Jefa del Servicio Administrativo de fecha 31 de agosto de 2017 por la que se dispone la exclusión de la oferta presentada por la citada UTE. SEXTO. El 27 de septiembre de 2017, tiene entrada en el registro de este Tribunal oficio del órgano de contratación, al cual se adjunta expediente de contratación. 2

3 SÉPTIMO. El 25 de octubre de 2017, se recibe en este Tribunal un escrito de la Jefa del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, adjuntando un escrito dirigido a la UTE recurrente, en el que se reconoce que por error se consignó indebidamente, en su escrito de 31 de agosto, un pie de recurso contra la propuesta de exclusión de la Mesa de Contratación. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver el presente recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), y 3 a) del Decreto 10/2005, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; y en el Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, suscrito el 25 de enero de 2016 (BOC núm. 25, de 8 de febrero) SEGUNDO. La legitimación activa de la parte recurrente viene otorgada por aplicación del artículo 42 del TRLCSP. TERCERO. Nos encontramos ante un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, por lo que sería susceptible de impugnación mediante recurso especial en materia de contratación (art a) TRLCSP) CUARTO. Del examen de los requisitos de admisión del recurso establecidos por el artículo 22.1 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, RPERDC), se concluye que en el presente caso no se cumple el requisito de admisión recogido en el artículo º de la citada norma: Que el recurso se interponga contra alguno de los actos enumerados en el artículo 40.2 del texto refundido citado [TRLCSP] Por su parte, el artículo 40.2 del TRLCSP establece que podrán ser objeto de recurso los siguientes actos: a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 3

4 b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores. c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. Pues bien, en el presente supuesto el recurso se dirige en concreto contra una propuesta de la Mesa al órgano de contratación para que excluya de la licitación a la UTE recurrente, fundada en la circunstancia de que la oferta presentada incluye valores anormales o desproporcionados. Pero dicha propuesta de la Mesa de Contratación en ningún caso puede ser objeto del recurso especial toda vez que, de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP, la competencia para excluir a un licitador por el motivo apuntado reside en el órgano de contratación. Así en el citado precepto se señala lo siguiente: 3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada. (...) 4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 4

5 la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior. Por su parte, el artículo 22.1 f) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, dispone que compete a la mesa de contratación, entre otras, la siguiente función: Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto por el artículo de la Ley de Contratos del Sector Público, y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. Por tanto, a la vista de la normativa citada, sólo el órgano de contratación es competente para excluir de la licitación a la UTE recurrente. La propuesta de la mesa de contratación es un mero acto de trámite no recurrible ya que no decide directa o indirectamente sobre la adjudicación, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento y tampoco produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Ahora bien, el hecho de que la recurrente haya interpuesto el recurso indebidamente contra un acto no susceptible del mismo ha obedecido a una conducta errónea de la Administración, debido a lo cual, aunque el recurso haya de ser inadmitido, procede que el órgano de contratación, con sujeción al procedimiento establecido en el artículo del TRLCSP, dicte una resolución sobre el carácter anormal o desproporcionado de la oferta. La UTE, en su caso, podrá interponer recurso especial en materia de contratación contra dicha resolución. Por lo expuesto, visto los preceptos legales de aplicación, este Tribunal RESUELVE PRIMERO. INADMITIR el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la UTE LUMICAN S.A.-IMESAPI S.A, en la licitación del contrato, promovido por el Cabildo de Tenerife, denominado "Servicio de explotación y Mantenimiento del Centro de Información de Carreteras "CIC" y de los Sistemas e Instalaciones de él dependientes instalados en determinados túneles y carreteras de la Isla", (Expte: C-828). 5

6 SEGUNDO. Notificar la presente resolución a todos los interesados en el procedimiento administrativo. Esta resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente al de la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción-Administrativa. EL TITULAR DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 6